Conecta con nosotros

Opinión

La corrupción y el despilfarro atrapan al Gobierno y al país

Published

on

Por: Juan Bolivar Díaz

Aunque el ministro de Hacienda lo estimara exagerado, el informe de Oxfam Internacional de que el Gobierno malgasta este año más de 90 mil millones de pesos en corrupción, clientelismo y dispendio fue recibido con preocupación y renueva la necesidad de dar vigencia al Pacto Fiscal que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

El informe reactiva la preocupación por la sostenibilidad económica del país, sobre todo a la luz del proyecto de Presupuesto para el 2018 que replica un enorme déficit fiscal cubierto con endeudamiento que en el último año crece a ritmo de 12 millones de dólares por día, equivalentes a 571 millones de pesos.

Contradictorio crecimiento. En la introducción del estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos”, Raúl del Río de Blas, director de Oxfam para República Dominicana, una prestigiosa institución que opera en más de 90 países, comienza por resaltar que a pesar del sostenido crecimiento económico de los últimos 30 años, el país no ha podido reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad que afectan a una amplia mayoría de la población.

De ahí que desarrollaran un amplio proceso de investigación y análisis del gasto público y de determinadas partidas del Presupuesto Nacional, determinando que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales”.

Entre sus objetivos señala elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, ante el pendiente Pacto Fiscal dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, del 2012, llamando a restablecer la confianza de la población y su actitud para contribuir fiscalmente.

República Dominicana ocupa el tercer lugar en la región en la escala de justificación de la evasión de impuestos, y el segundo que menos recauda, 13.1% del PIB en 2016.

La debilidad de las instituciones del Estado y la desconfianza en la clase política son señaladas como obstáculos para el Pacto Fiscal que debió estar en vigencia desde el 2016, y que sigue relegado por el Gobierno, aunque la conclusión esta semana del Pacto Eléctrico, arduamente negociado durante casi tres años, concentrará la atención en el fiscal. El tercero, el Pacto por la Educación, está en vigencia hace dos años.

Costo de la malversación. El estudio analiza cinco renglones para establecer lo que se podría ahorrar el Estado dominicano con políticas de eficiencia, honradez y racionalidad: la nómina púbica, la corrupción, entidades que sobran, gasto clientelar y otros, donde se incluye el subsidio eléctrico. Para el año en curso el dispendio en esos renglones es cuantificado en 90,920 millones de pesos, que subirían a 96,872 en 2018 y alcanzarían a 117 mil en 2020.

El renglón de mayor malversación es el de las botellas, o uso político de la nómina pública, estimada para este año en 39,250 millones de pesos, 1.1% del PIB. Resalta que RD es el sexto país de América Latina y el Caribe en mayor proporción de empleados públicos por habitante, con 58,313 por cada millón, aunque el promedio regional es de 48,351, y que es 28% mayor en relación con los países centroamericanos. Señala que la Presidencia de la República tiene más empleos que 9 ministerios juntos, con incremento del 62% del 2016 al 17, que el Despacho de la Primera Dama suma tantos empleos como los ministerios de la Mujer y de Administración Pública juntos, y que el Inespre, con casi 2 mil empleados, tiene más personal que los sumados por cuatro ministerios.

La corrupción es estimada solo en 0.7 por ciento del PIB, montando 26,292 millones de pesos. Ese estimado es conservador, ya que el mismo informe indica que el Fondo Monetario Internacional la estima a nivel mundial en promedio del 2% del PIB, y la RD figura entre los países de mayor corrupción en los índices del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional.

Por la duplicidad de funciones u organismos que sobran, la malversación alcanzaría este año 12,821 millones de pesos. Se agregan otros RD$5,123 millones en gasto “potencialmente clientelar”, y RD$7,434 en otros, como el subsidio eléctrico. Señala una serie de entidades que sobran y concluye en que su eliminación podría ahorrar RD$31 mil millones por año.

Déficit y endeudamiento. El informe de Oxfam, elaborado por los economistas Rafael Jóvine y Rosa Cañete, llegó en una coyuntura apropiada al estar pendiente la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el próximo año, bastante relegado en el debate público por los escándalos de corrupción y la distracción del proyecto de Ley de Partidos. Esta semana los dos mayores partidos de oposición, el Revolucionario Moderno y el Reformista Social Cristiano, insistieron por separado en denunciar el proyecto como ratificador del rumbo fiscal insostenible.

Para el PRM el Gobierno prosigue el modelo aplicado desde el 2008, de presupuesto deficitario, altamente clientelar, mala distribución, centrado en el gasto corriente en detrimento del capital, sin variación proporcional en lo institucional, bajo nivel en los servicios sociales, sobreestimación de los ingresos y aumento en el financiamiento bruto.

El PRSC puso acento en el carácter altamente deficitario del proyecto de presupuesto, el cual conllevaría un déficit de 4,265 millones de dólares, sosteniendo que requerirá un financiamiento real de 9,419 millones de dólares en 2018.

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, rescató la preocupación del sector por los déficits y el galopante endeudamiento, señalando que este “se está tornando en algo que debemos ponerle atención”.

La deuda pública se incrementó en 2016 en 3,459.7 millones de dólares, según el registro oficial, lo que implicaba 288.3 millones por mes y 9.61 millones de dólares diario. Pero de abril del 2016 a igual mes de 2017 el crecimiento se elevó a 4,326 millones de dólares. Eso significa 12 millones de dólares cada día, equivalentes a 571 millones de pesos. La deuda consolidada del Estado alcanza ya el 50% del PIB, lo que ha generado reiteradas advertencias, incluyendo las del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El difícil proyecto de Faride. La joven diputada del PRM Faride Raful se montó sobre la ola de preocupaciones por el dispendio y la sostenibilidad fiscal cuando esta semana sometió al Congreso un proyecto de ley “de reorganización de la administración pública” que pretende disolver 57 instituciones, comisiones u organismos públicos considerados inoperantes o redundantes, lo que ahorraría unos 15,700 millones de pesos anuales. Aunque ella misma adujo que han sido identificados más de un centenar que deberían ser disueltos.

Los más significativos de esos organismos aparecen señalados también en el informe de Oxfam y han sido objeto de cuestionamientos durante años. Son expresiones concretas del reparto clientelar y rentista en que se ha fundado el partidarismo político.

El proyecto de la abogada Faride Raful es más que nada un llamado de atención, pues ella misma debe ser consciente de que la mayoría oficialista del Congreso Nacional no aprobaría ni la décima parte de su propuesta.

El aferramiento a ese reparto es lo que determina que el Gobierno no haya querido convocar al Pacto Fiscal, consciente de que sectores políticos y la mayoría de las instituciones sociales, llamadas a ser parte de la concertación, comenzarían por reclamar la disolución de las agencias de repartición, como paso preliminar para hablar de las mayores cargas fiscales que requiere el desarrollo nacional. Fue lo que ocurrió en el 2012 al comienzo del Gobierno de Danilo Medina, que rápidamente revocó el propósito.

La evasión del mandato legal del Pacto Fiscal se ha convertido en una trampa para el Gobierno, necesitado de mayores recursos, que los intenta mejorando la gestión recaudatoria, obviamente insuficiente. La salida ha sido el incremento del déficit fiscal financiado con endeudamiento progresivo que atrapa también al país y cuestiona la sostenibilidad fiscal. El informe de Oxfam es otra campanada, pero pocos creen que será tomado en cuenta.

hoy.com.do

Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

Published

on

La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

Continue Reading

Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

Published

on

Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

……………………………………..

Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
…………………………………………

El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

…………………………………………

 

Continue Reading

Opinión

La Constitución como medida del poder

Published

on

Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

Continue Reading

Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
www.larepublicaonline.com  / Email: periodico@larepublicaonline.com
Copyright © 2021 Blue National Group