Santo Domingo, R.D.-Fue  aplazado por juez Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional para el lunes 15 de julio a la nueve de la mañana el juicio preliminar que se le sigue a Elizabeth Silverio, imputada de falsificar títulos universitarios para impartir clases a niños con trastornos del autismo.

El aplazamiento fue motivado por el abandono de su abogado, Cándido Simón, quien será sustituido por Waldo Paulino.

Según el propio Paulino, el magistrado Timoteo Peguero procedió al aplazamiento a los fines de que este pueda preparar la defensa y conocer el expediente a fondo.

La Fiscalía afirma que Silverio prescribía terapias a niños especiales en el hoy cerrado centro Kogland, ubicado en Gascue, alegando ser neurocientífica, psicoterapeuta y psicológa.

Además de Salud Pública y la Fiscalía del Distrito Nacional, se querellaron contra Silverio unas 13 personas que alegan haber sido estafadas por la imputada.

La acusada habría ejercido la neurociencia y la psicología desde «el mes de enero de 2021 hasta junio de 2023» sin estar autorizada y sin poseer los títulos de universidades extranjeras que alegaba poseer.

De acuerdo con la investigación, la imputada no ha recibido formación académica al respecto, tampoco posee certificaciones expedidas por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mescyt), ni cuenta con registros como profesional acreditada tanto en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia social (Mispas).

Santo Domingo, R.D.-El proyecto del Código Penal aprobado en segunda lectura por el Senado fue calificado como un retroceso por el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ya que contiene artículos que representan un atraso significativo y violan la Ley 136-03 Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar.

Explicaron que consideraron alarmante que en el párrafo III del artículo 123 se plantee que “no se considerará violencia intrafamiliar la corrección y disciplina a los hijos, ejercida por los padres o tutores, sin patrón de violencia o abuso físico”, sugiriendo que la violencia contra niños, niñas y adolescentes no será penalizada si no hay agresiones recurrentes.

De acuerdo con las instituciones, el planteamiento es contrario a lo establecido la Ley 136-03, en el artículo 12: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad personal. Este derecho comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales”.

Asimismo, contradice el párrafo del artículo según el cual “Es responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad protegerlos, contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal”.

En la misiva enviada a los medios de comunicación informaron que el proyecto también contradice el compromiso del Estado contra el castigo corporal de los niños, las niñas y adolescentes, contraído a través de la Convención de los Derechos del Niño, en cuyo seguimiento más reciente, el país recibió la recomendación de prohibir por ley explícitamente el castigo corporal en todos los contextos como cuestión prioritaria, y ofrecer capacitación a los padres y a todos los profesionales que se ocupan de la infancia sobre formas alternativas de disciplina.

Citaron que la sugerencia se basa en lo dispuesto en la Observación general N ° 8 (2006) del Comité sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles y degradantes (CRC/C/GC/8).

Con esto, de acuerdo con las entidades, el país además desconocería la evidencia científica acumulada por la Humanidad en las últimas décadas sobre el impacto negativo que tiene el maltrato en el desarrollo apropiado de los niños, las niñas y adolescentes, por su potencial para deteriorar sus cerebros a través de la intoxicación por cortisol -la hormona del estrés- y la atrofia de las células cerebrales; lo que les convierte, generalmente, en personas adultas incapaces de manejar adecuadamente sus emociones, poco o nada empáticas y/o violentas, entre otras características perjudiciales para la sociedad democrática y pacífica que debemos construir.

Santo Domingo.- Testigos presentados por el Ministerio Público en el caso Antipulpo revelaron que hay auditorias alteradas de las realizadas en el  Fonper, cuyo juicio avanzó el miércoles con la presentación de testimonios como parte del juicio de fondo contra los acusados en el entramado de corrupción encabezado por Alexis Medina Sánchez, que defraudó al Estado dominicano con más de RD$5,000 millones, desmantelado mediante la Operación Antipulpo.

Durante la audiencia, el tribunal escuchó a Enlly Caridad Santos Ureña, quien reveló que se alteraron los datos de una auditoría financiera realizada en el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper) durante el período 2016-2017.

La testigo indicó que realizó el cambio a solicitud del entonces director del Departamento de Auditorías de la Cámara de Cuentas, Henry Batista, quien le dio la instrucción de cambiar la certificación por otra que ocultara las irregularidades detectadas, obedeciendo a supuestas órdenes del pleno de ese organismo de control, presidido en ese entonces por Hugo Francisco Álvarez Pérez.

Ambas actas, con fecha del 19 de marzo de 2019, fueron incorporadas como prueba por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Santos Ureña señaló ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que, aunque realizó los cambios requeridos por su supervisor directo al sentirse “acorralada”, procedió a guardar el acta que arrojaba las irregularidades, por no estar de acuerdo con alterar los resultados de la auditoría realizada.

Testimonio del exmiembro del Consejo de Directores del Fonper

Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional además escucharon a Rafael Gómez Medina, quien fungió como viceministro del Tesoro en el Ministerio de Hacienda, durante el período 2012-2020 y fue miembro del Consejo de Directores del Fonper.

El testigo Rafael Gómez Medina explicó que, al igual que otros miembros del Consejo, su función era “velar por el equilibrio de los recursos que le pertenecían al Fonper”, revisando los estados financieros de las empresas reformadas, dado que el Estado es accionista de esas empresas. Además, aclaró que el consejo no incidía en los procesos internos, como compras y contrataciones, y que ni siquiera conocieron a quiénes ganaron las licitaciones en esa entidad.

Dichas declaraciones van en consonancia a lo declarado por Rafael Paz durante su intervención. Así mismo, dejan en evidencia que la parte administrativa de la entidad era que tomaba las decisiones relacionadas a las compras y licitaciones, tal como ha indicado el Ministerio Público en la acusación que señala al expresidente de la entidad, Fernando Rosa y a la exvicepresidenta administrativa, Magalys Medina Sánchez.

Será el próximo lunes 8 de julio, cuando las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo continúen escuchando a los testigos del Ministerio Público, tras ser aplazada la audiencia por una emergencia que se le presentó a una paciente de la acusada Libni Araldi Valenzuela Matos.