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Ante Cambio Climático Escuchan en Brasil responsabilidad de Estados.

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El tribunal hará una serie de audiencias para responder a la opinión consultiva que le hicieron Chile y Colombia. Se trata del proceso más participativo de su historia

Bogotá.-El sur de Brasil vive actualmente una de sus peores crisis. El 80% del territorio del Estado de Rio Grande do Sul está bajo el agua y hay cerca de 1,5 millones de damnificados. Más al norte, en las ciudades de Brasilia y Manaos, desde este viernes 24 de mayo y hasta el miércoles 29, estará ocurriendo algo que está profundamente relacionado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estará realizando consultas públicas sobre las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos humanos relacionados a la emergencia climática.

Durante estos días, la Corte aterrizará en Brasil para escuchar lo que tienen que decir 116 delegaciones, unos testimonios que servirán como insumo para la respuesta que dará el tribunal a Chile y Colombia, países que, a principios de enero de 2023, le pidieron una inédita opinión consultiva a la Corte sobre este tema. “Una opinión consultiva es un manual, una hoja de ruta muy comprensiva que les dirá a los estados de la región [no solo a Chile y a Colombia] qué tener en cuenta a la hora de proteger el conjunto de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática”, explica a América Futura Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y una de las expertas que expondrá sus ideas ante la Corte esta semana.

El documento que, se espera que sea presentado a final de este año, no solo orientará a los estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, sino que guiará a la sociedad civil, a la academia y generará una suerte de precedente para litigios climáticos que se den a nivel nacional y local. “La opinión consultiva que salga de este proceso también orientará al poder judicial, porque tendrán una herramienta esencial para los litigios que se planteen en los países”, agrega Soledad García Muñoz, quien ejerció hasta hace poco como la primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). García fue invitada a dar sus aportes por la misma Corte IDH en unas primeras audiencias sobre cambio climático y derechos humanos que se hicieron en Barbados en abril de este año y en la que participaron 63 delegaciones.

Aunque la expectativa está puesta sobre la opinión consultiva final, ambas expertas creen que lo que sucedió en Barbados y está por repetirse ahora en Brasil, las mismas audiencias públicas, son enriquecedoras de por sí. “Se está dando un debate plural, airado y profundo no solo sobre el impacto que la crisis climática tiene en los derechos humanos, sino cómo estos pueden apalancar la acción climática”, cuenta Krsticevic, recordando que líderes indígenas, científicos, campesinos, los mismos estados y ONGs están siendo escuchados por la Corte. De hecho, según el alto tribunal, este ha sido el proceso más participativo de la Corte Interamericana, ya que, además de las 179 delegaciones que serán escuchadas, se han recibido 262 observaciones escritas que provienen de más de 600 personas.

Una revolución jurídica climática

La crisis climática es también una de derechos humanos. La emergencia afecta el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, al trabajo y, con un enorme énfasis, vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esto, las recomendaciones que se le están dando a la Corte tienen varios frentes. Krsticevic, por ejemplo, cuenta que Cejil hace parte de varios grupos que presentarán durante estos días cuatro informes: uno sobre niñas, niños y nuevas generaciones, otro sobre defensores de derechos humanos, uno más sobre acceso a la justicia y, finalmente, un último sobre acceso a la información y producción climática.

“Le estamos remendando a la Corte que genere unas pautas especificas sobre la protección de personas que defienden el ambiente y de indígenas”, comenta. “Buscamos que se desarrolle en cierta medida lo planteado con el Acuerdo de Escazú, que se entienda que los estados tienen la obligación de defender a los defensores de la naturaleza”. Pero hay también otros temas que, cree, son urgentes y en los que se puede avanzar más en la práctica. “Esperamos una opinión consultiva en la que la Corte guíe a los estados a que generen sistemas de información que permitan una respuesta más adecuada a la emergencia climática, información que es clave para la prevención y para las medidas de adaptación”.

García lanza un aporte en la misma línea. “Hay algo que no se ha explorado tanto y es el derecho humano a la ciencia, a beneficiarse del mejor conocimiento científico”, explica. En su intervención ante la Corte que hizo en Barbados, la experta también planteó que el enfoque que se tome sobre derechos humanos en la emergencia climática debe ser “indivisible, interdependiente y digno”. En pocas palabras, lo que propone es que se aplique esa interrelación entre los derechos humanos, en la que se entienda que, cuando se vulnera un solo derecho, se que están vulnerando varios a la vez. “Por ejemplo, cuando fui a La Guajira (Colombia), se hablaba principalmente de la afectación al derecho al agua o del hambre, pero en el contexto de la emergencia climática también se están vulnerando derechos civiles y políticos”, comenta.

Además, dice que espera que la Corte, en su documento final, hable de una perspectiva interseccional de los derechos. “Se debe reconocer que ha existido una discriminación histórica y de situaciones de vulnerabilidad contra ciertos grupos de personas que son, también, las más expuestas ante el cambio climático”. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, y “los niños y niñas, así como las generaciones futuras, los que no han nacido, pero a los que les hemos dejado esta casa así”.

Desde su punto de vista, lo que está pasando con estas consultas y con lo que diga la Corte será una “revolución jurídica donde, por fin, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dejan de ser derechos de segunda categoría”. Y no solo por lo que se está viviendo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En 2022, la República de Vanuatu, un estado insular y altamente afectado por la crisis, también le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. Hace pocos días, también, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una corte de Naciones Unidas, dictaminó que los gases de efecto invernadero generados por el humano y que causan el cambio climático pueden considerarse un contaminante marino.

El cambio climático lo está cambiando todo. Y los sistemas de justicia y de litigio tendrán también que adaptarse a esto para tomar decisiones más urgentes, quizá más radicales. No es casualidad que la Corte IDH haya llegado a estos lugares tan clave en la discusión climática. Barbados es una isla del Caribe amenazada por la erosión costera y el aumento del nivel del mar, pero muy local sobre la reparación y las pérdidas y daños que trae el cambio climático. “En todos lados ves señales de qué hacer ante un tsunami”, recuerda García. Brasil, por su parte, es el país que más selva Amazónica tiene, esa sobre la que se habla en casi cualquier discurso climático. Pero como lo vemos hoy, Brasil no solo acaba de salir de una alerta por sequías, sino que acaba de sumergirse en una inundación histórica. La crisis climática es palpable.

elpais.com

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Extración minera en Perú: Deforestación y extremos daños ambientales

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El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

El desastre ambiental que dejó la minería en la Amazonía peruana salta a la vista cuando uno revisa las fotos satelitales.

En Madre de Dios, sureste de Perú, la extracción ilegal de oro dejó un paisaje lunar de cráteres, lagos de lodo y manchas cafés en medio del bosque verde de la Amazonía.

El aumento exponencial de los precios del oro y el descontrol territorial ha llevado a miles de mineros ilegales a invadir los ríos amazónicos de varias regiones peruanas.

Desde la región amazónica de Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal, la veterinaria y científica Claudia Vega, del Centro de innovación científica Amazonia CINCIA calcula que 128.000 hectáreas fueron deforestadas por la minería formal e informal, desde 1985, una superficie que equivale a alrededor de 80.000 canchas de fútbol.

“El oro está en el subsuelo, entonces, los mineros van desforestando para llegar al área de subsuelo para poder buscar el oro en ese en ese substrato”, constata Vega.

A la deforestación, se suma otro impacto devastador: la contaminación por mercurio. Desde la organización sin fines de lucro CINCIA, basada en Puerto Maldonado, la científica monitorea en particular la contaminación por esta sustancia en la región.

“Los mineros colocan mercurio en el sustrato para que se una con el oro, forma una amalgama, se extrae, se quema, el oro se queda y el mercurio se libera. Cuando se hace este proceso, puede haber contaminación al ambiente y a los ríos”, explica Claudia Vega, en entrevista con RFI.

CONCENTRACIONES DE MERCURIO 5 VECES MÁS ALTAS DE LO NORMAL

A través de muestras en peces, murciélagos, aves, aire y agua, la científica ha demostrado que “cuando hay actividad minera, las concentraciones de mercurio aumentan significativamente.

En aves, estas concentraciones son por lo menos el doble y en ciertas especies que tienen capacidad de concentrar más mercurio, puede haber 5 veces más concentración de mercurio comparado con otros lugares”, detalla Claudia Vega.

La presencia de mercurio en los organismos de la población de la región de Madre de Dios ha sido comprobada en 2012 por un estudio de la Universidad de Duke a través de muestras de cabello. Sin embargo, no se ha medido aun el impacto en la salud de la población.

“Puede haber disminución de la respuesta inmunológica, de la capacidad de aprendizaje en las poblaciones humanas. Uno de los principales focos son las comunidades indígenas que pueden llegar a consumir más de 200 gramos de pescados diario”, explica Claudia Vega.

A lo largo del río Cenepa, un afluente del río Marañón en el departamento de Amazonas, fronterizo con Ecuador, la minería ilegal parece haber llegado para quedarse.

“Se vive esto desde el 2014 pero en pequeña proporción, con un par de dragas, y desde 2022 estamos prácticamente invadidos por los mineros ilegales, habiendo en cada comunidad 15 dragas como mínimo”, constata el líder autóctono. “Es ahí donde empieza el boom de la corrupción, pago, el consumo de alcohol, prostitución, consumo de marihuana y la división de los pobladores. Un caos total. [La minería] ha traído no solamente problemas sociales sino también altos índices del VIH, una enfermedad que es difícil de tratar”, alerta Dante Sejekam Espejo, en entrevista con RFI.

“Ya no podemos bañarnos ni consumir el pescado del río. Peor aún, ya no podemos consumir agua”, alerta el líder comunitario quien exige al estado peruano estudios de la calidad del agua.

El uso masivo de dragas ha perturbado también la circulación en el río.

“Hay pirámides de piedras en el río que impiden el paso”, denuncia Dante Sejekam. Y el desplazamiento de grandes masas de aluviones fragiliza las orillas y causa deslizamientos de tierras, reporta Sejekam.

REFORESTAR LAS ÁREAS DESTRUIDAS

En septiembre de 2023, la organización local ODECOFROC llevó a cabo un operativo, conjuntamente con el gobierno local y las fuerzas del orden, para expulsar a los mineros ilegales.

“Ha disminuido la cantidad de dragas, pero todavía están trabajando [los mineros] y generando caos, sin embargo, no tenemos presupuesto”, reconoce Dante Sejekam.

El líder autóctono llama ahora a las autoridades políticas a movilizarse para ofrecer alternativas económicas:

“Algunas comunidades pro mineras han dejado la minería y necesitan nuestro respaldo para encontrar alternativas productivas como la piscicultura, el cultivo del caco o la hortaliza”.

En algunas regiones peruana, la minería ha penetrado tanto el tejido económico que se ha convertido en un sustento económico para muchas familias. Y en algunos casos, las ONG buscan incentivar al menos practicas más sostenibles.

En la región de Madre de Dios, la ONG CINCIA apoya por ejemplo a las familias que practican la minería sin mercurio e incentiva la reforestación de parcelas degradadas por la minería.

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

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América Latina lidera la agenda ambiental en un mundo en crisis

Muy a menudo, cuando pensamos en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad, o la contaminación, estos grandes problemas se nos antojan abstractos, etéreos e incluso lejanos. Esto pasa en gran medida porque nosotras, como la mayoría de quienes nos leen, vivimos en áreas urbanas con poco contacto diario con la naturaleza. No obstante, esta distancia física con nuestro entorno natural no cambia el hecho de que la salud de la población y de nuestras economías dependa directamente de la salud de la naturaleza.

Esto lo estamos entendiendo en América Latina, por las malas, con las “guerras del agua” que nos embisten en diferentes latitudes, así como con señales alarmantes de que ecosistemas vitales para el equilibrio planetario se están acercando a un punto de no retorno ecológico. Por ejemplo, de continuar el índice actual de deforestación, la Amazonia podría convertirse en desierto, afectando a regiones como Los Andes, la Plata y los humedales en el Pantanal; e incluso induciendo cambios en los patrones de agua a nivel global, pérdidas irreparables de biodiversidad y liberación de carbono, lo que exacerbaría el cambio climático y pérdidas en los medios de vida de comunidades locales y pueblos indígenas.

En el otro lado de la moneda, hay algo positivo de estas interrelaciones. En nuestra región, presenciamos historias sorprendentes de quienes se han convertido en jardineros de corales en Colombia y creadores de guarderías bajo el mar para recuperar estos ecosistemas en Brasil. Los arrecifes de coral, seriamente afectados por el calentamiento de los océanos, pueden a su vez cuidar la salud de las personas proveyéndoles de alimento, protegiéndoles de tormentas, promoviendo el turismo basado en naturaleza y siendo fuente de componentes medicinales para combatir diversas enfermedades.

Este es el caso de la gran mayoría de nuestros ecosistemas naturales: son sumamente frágiles, están siendo afectados directamente por las actividades humanas con grandes riesgos hacia el futuro y la salud de estos ecosistemas, que también es la nuestra, invita a una responsabilidad de cuidado conjunta.

En 2024 y 2025, América Latina tiene la oportunidad de liderar acciones contundentes a nivel global en estos temas. Dos países latinoamericanos serán epicentro de los esfuerzos de Naciones Unidas para hacer frente a estas problemáticas: Colombia organizará la Cumbre de Biodiversidad en octubre de este año (COP16), mientras que Brasil albergará la Cumbre de Cambio Climático en noviembre de 2025 (COP30).

La región está bien posicionada para jugar un papel de líder y predicar con el ejemplo, pues aunque genera menos del 10% de las emisiones globales de los gases causantes del cambio climático, tiene uno de los más altos niveles de biodiversidad del planeta, con una increíble riqueza de especies, particularmente endémicas.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben, pues, demostrar un liderazgo responsable, que aborde de manera integral la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y asegure condiciones habilitantes para el desarrollo sostenible. En este sentido, es indispensable avanzar en procesos conjuntos de planificación, implementación y financiamiento, alrededor de las siguientes acciones:

  • Primero, garantizar que los procesos nacionales de planificación de políticas sobre clima y biodiversidad se integren en el desarrollo de estrategias sectoriales;
  • Segundo, priorizar y establecer estrategias financieras con participación de banca nacional de desarrollo, banca multilateral, sector privado y cooperación internacional de países desarrollados, con miras a implementar soluciones basadas en la naturaleza que puedan contribuir tanto a los objetivos climáticos como a los de biodiversidad y el ejercicio de los derechos humanos;
  • Tercero, aumentar la representación y recursos para que pueblos indígenas y comunidades locales afrodescendientes, campesinas, pesqueras, mujeres, jóvenes, niñas y niños y otros actores afectados desproporcionadamente por su vulnerabilidad o nivel de marginación, actúen sobre el cambio climático y la biodiversidad a través de enfoques holísticos;
  • Cuarto, apoyar las asociaciones público-privadas, junto con las iniciativas no estatales, como catalizadores clave para una acción integradora.

El futuro de Latinoamérica y del planeta depende de nuestra acción inmediata. Es obligación de los tomadores de decisión y líderes regionales seguir el ejemplo de proteger ecosistemas vitales para asegurar la salud de las personas en los acuerdos de la COP16, y la futura COP30, y posicionar una voz latinoamericana fuerte y sólida.

elpais.com

 

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Cuba, el país “más seguro del mundo” es cada vez más inseguro

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Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos y peleas callejeras

Cuba.-Decenas de jóvenes hacen fila cerca de la calzada de Santa Catalina, en La Habana. Se han anunciado actividades por la inauguración del verano este 8 de junio en La Finca de los Monos. En los videos que varios usuarios han compartido en redes sociales, se empieza a notar un alboroto. La gente corre de un lado a otro. Gritan. Varios se han ido a las manos. Un grupo de mujeres se jala del pelo. Lo que prometía ser un sábado de recreación ha terminado en una orquesta de golpes. Se divisan unos jóvenes caminando con machete y armas blancas. Hay personas heridas, tiradas en el suelo. En algún momento llegan los oficiales de la policía. La gente habla de varios muertos y heridos. El gobierno se resta responsabilidad y desmiente el hecho de que hubiera algún fallecido. La pelea tumultuaria de la Finca de los Monos, de la que incluso habló la prensa estatal cubana cuando la norma es que se haga silencio ante este tipo de sucesos, despertó una vez más el debate por la violencia que, según muchos, se está viviendo últimamente en las calles de Cuba.

Con cada vez más frecuencia, la prensa independiente publica titulares sobre robos con fuerza, asesinatos, peleas callejeras. Sobre un joven del municipio de Campechuela, al oriente del país, cuyo cuerpo destrozado han encontrado sus propios familiares y amigos ante la “ineptitud” de la policía, según dijeron en Facebook. Los dos jóvenes que planearon el asesinato de un señor en Camagüey para robarle su triciclo eléctrico. La sentencia a cadena perpetua de un ciudadano cubano por asesinar a un campesino para robarle sus reses. El saldo de un muerto y varios heridos durante un concierto del cantante Jerry La Bandera. Y otros.

En medio de la crisis económica que atraviesa Cuba, la peor de su historia, según dijo en una reciente entrevista a EL PAÍS el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, ha aumentado también la percepción de la violencia. “Es muy difícil acceder a las estadísticas, tener una referencia estadística para decir que sí ha aumentado el crimen. Ahora, es innegable que se percibe no solo el aumento de la criminalidad, sino también la naturaleza de la violencia”, asegura el abogado defensor Nelson González, con más de 30 años trabajando en el sistema judicial cubano. “Unos dirán que siempre han existido robos con violencia, asesinatos, homicidios, o cualquier otra manifestación de crimen violento, pero hoy en día se ven más esas expresiones. El país tiene un deterioro de todo. Un deterioro del sistema de valores, una crisis económica que impacta todas las áreas de la vida”.

Entre los logros de los que siempre presumió la Revolución cubana estaba el de la seguridad social. En una ocasión, en un acto por el 45 aniversario del Ministerio del Interior (MININT), Fidel Castro aseguró que “Cuba es el país más seguro del mundo”, algo que repitió no pocas veces en muchos de sus discursos. Varios rankings mundiales siguen ubicando a Cuba entre los países más seguros. La plataforma Numbeo asegura que la isla tiene el más bajo índice de criminalidad en la región, junto a Panamá y Canadá.

A inicios de año, la politóloga española Arantxa Tirado expresó en X que Cuba era “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”, luego de desmentir al gobernante Nayib Bukele, quien quiso reservar ese lugar para El Salvador. El comentario de la politóloga generó reacciones por parte de usuarios cubanos, quienes avivaron una vez más el debate sobre el sentimiento de inseguridad que, quizás por primera vez, se está experimentando de manera colectiva en el país.

Los resultados de una encuesta digital de la plataforma Cubadata, que midió la inseguridad ciudadana en la isla, muestran que el 61% de los encuestados aseguró haber sido víctima de algún tipo de violencia o delincuencia en Cuba en 2022. De ese grupo, solo el 14,6% dijo haber denunciado el hecho ante las autoridades del país.

Aun así, la posición del Gobierno cubano ha sido no solo la de silenciar, sino la de desmentir que realmente exista un aumento de la violencia. Hace unos días el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que en Cuba “no hay desaparecidos ni asesinatos”. El pasado marzo una funcionaria de la Fiscalía de la República aseguró que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la apertura gradual de internet y el acceso de más cubanos a las redes sociales incrementa “la visibilidad” de este tipo de sucesos que antes quedaban a las sombras, y son “espacios donde también se distorsionan los acontecimientos”.

En medio de esta situación, no pocas veces el gobierno sale públicamente a desmentir que haya un aumento de la violencia en el país, y culpa a la prensa independiente o a las supuestas campañas orquestadas por los opositores a la Revolución de difundir este tipo de noticias. Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, dijo en un programa estatal que solo el 9% de los delitos que se cometen en Cuba son violentos. Especificó además que solo el 1% son homicidios y el 3% son asesinatos, de los cuales el 89% están relacionados con problemas personales y un 11% se cometen por ánimo de lucro. Estas son cifras imposibles de verificar por la poca transparencia con que el Gobierno cubano maneja y publica sus datos. “En números, en cuantía, en proceso, no hay mayor cantidad de asesinatos”, dijo la funcionaria, quien también relaciona el acceso a internet con la percepción del aumento de la violencia.

A falta de espacios estatales para visibilizar este tipo de crímenes, y de una respuesta muchas veces ineficiente por parte de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior, los cubanos han creado grupos en redes sociales para denunciar los crímenes. De manera independiente al Estado, los observatorios de género en Cuba también se han hecho cargo de llevar un registro de las víctimas por violencia feminicida, algo que las autoridades suelen esconder, pero que ha despertado las alarmas en los últimos tiempos.

En 2023, se registraron 89 feminicidios en Cuba, casi el triple de las que pudieron registrar cada uno de los dos años anteriores. En lo que va de 2024, las víctimas de feminicidio verificadas suman 23, de acuerdo con el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de Yo Sí te Creo en Cuba (YSTCC). Incluso en medio de este panorama, que supera las cifras de feminicidios de países con una población mayor como España (22 mujeres en 2023, según el Ministerio de Igualdad), el Gobierno cubano no solo no aprueba la tan aclamada Ley integral contra la violencia de género por parte de las activistas, o esconde las cifras de mujeres ultimadas por parejas o exparejas, sino que Díaz-Canel ha insistido en que los feminicidios son “una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana”.

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