Análisis Noticiosos
Ante Cambio Climático Escuchan en Brasil responsabilidad de Estados.
El tribunal hará una serie de audiencias para responder a la opinión consultiva que le hicieron Chile y Colombia. Se trata del proceso más participativo de su historia
Bogotá.-El sur de Brasil vive actualmente una de sus peores crisis. El 80% del territorio del Estado de Rio Grande do Sul está bajo el agua y hay cerca de 1,5 millones de damnificados. Más al norte, en las ciudades de Brasilia y Manaos, desde este viernes 24 de mayo y hasta el miércoles 29, estará ocurriendo algo que está profundamente relacionado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), estará realizando consultas públicas sobre las obligaciones que tienen los estados frente a los derechos humanos relacionados a la emergencia climática.
Durante estos días, la Corte aterrizará en Brasil para escuchar lo que tienen que decir 116 delegaciones, unos testimonios que servirán como insumo para la respuesta que dará el tribunal a Chile y Colombia, países que, a principios de enero de 2023, le pidieron una inédita opinión consultiva a la Corte sobre este tema. “Una opinión consultiva es un manual, una hoja de ruta muy comprensiva que les dirá a los estados de la región [no solo a Chile y a Colombia] qué tener en cuenta a la hora de proteger el conjunto de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática”, explica a América Futura Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y una de las expertas que expondrá sus ideas ante la Corte esta semana.
El documento que, se espera que sea presentado a final de este año, no solo orientará a los estados sobre cómo actuar frente a la emergencia climática, sino que guiará a la sociedad civil, a la academia y generará una suerte de precedente para litigios climáticos que se den a nivel nacional y local. “La opinión consultiva que salga de este proceso también orientará al poder judicial, porque tendrán una herramienta esencial para los litigios que se planteen en los países”, agrega Soledad García Muñoz, quien ejerció hasta hace poco como la primera Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). García fue invitada a dar sus aportes por la misma Corte IDH en unas primeras audiencias sobre cambio climático y derechos humanos que se hicieron en Barbados en abril de este año y en la que participaron 63 delegaciones.
Aunque la expectativa está puesta sobre la opinión consultiva final, ambas expertas creen que lo que sucedió en Barbados y está por repetirse ahora en Brasil, las mismas audiencias públicas, son enriquecedoras de por sí. “Se está dando un debate plural, airado y profundo no solo sobre el impacto que la crisis climática tiene en los derechos humanos, sino cómo estos pueden apalancar la acción climática”, cuenta Krsticevic, recordando que líderes indígenas, científicos, campesinos, los mismos estados y ONGs están siendo escuchados por la Corte. De hecho, según el alto tribunal, este ha sido el proceso más participativo de la Corte Interamericana, ya que, además de las 179 delegaciones que serán escuchadas, se han recibido 262 observaciones escritas que provienen de más de 600 personas.
Una revolución jurídica climática
La crisis climática es también una de derechos humanos. La emergencia afecta el derecho a la vida digna, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua, al trabajo y, con un enorme énfasis, vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por esto, las recomendaciones que se le están dando a la Corte tienen varios frentes. Krsticevic, por ejemplo, cuenta que Cejil hace parte de varios grupos que presentarán durante estos días cuatro informes: uno sobre niñas, niños y nuevas generaciones, otro sobre defensores de derechos humanos, uno más sobre acceso a la justicia y, finalmente, un último sobre acceso a la información y producción climática.
“Le estamos remendando a la Corte que genere unas pautas especificas sobre la protección de personas que defienden el ambiente y de indígenas”, comenta. “Buscamos que se desarrolle en cierta medida lo planteado con el Acuerdo de Escazú, que se entienda que los estados tienen la obligación de defender a los defensores de la naturaleza”. Pero hay también otros temas que, cree, son urgentes y en los que se puede avanzar más en la práctica. “Esperamos una opinión consultiva en la que la Corte guíe a los estados a que generen sistemas de información que permitan una respuesta más adecuada a la emergencia climática, información que es clave para la prevención y para las medidas de adaptación”.
García lanza un aporte en la misma línea. “Hay algo que no se ha explorado tanto y es el derecho humano a la ciencia, a beneficiarse del mejor conocimiento científico”, explica. En su intervención ante la Corte que hizo en Barbados, la experta también planteó que el enfoque que se tome sobre derechos humanos en la emergencia climática debe ser “indivisible, interdependiente y digno”. En pocas palabras, lo que propone es que se aplique esa interrelación entre los derechos humanos, en la que se entienda que, cuando se vulnera un solo derecho, se que están vulnerando varios a la vez. “Por ejemplo, cuando fui a La Guajira (Colombia), se hablaba principalmente de la afectación al derecho al agua o del hambre, pero en el contexto de la emergencia climática también se están vulnerando derechos civiles y políticos”, comenta.
Además, dice que espera que la Corte, en su documento final, hable de una perspectiva interseccional de los derechos. “Se debe reconocer que ha existido una discriminación histórica y de situaciones de vulnerabilidad contra ciertos grupos de personas que son, también, las más expuestas ante el cambio climático”. Las mujeres, los indígenas, los campesinos, y “los niños y niñas, así como las generaciones futuras, los que no han nacido, pero a los que les hemos dejado esta casa así”.
Desde su punto de vista, lo que está pasando con estas consultas y con lo que diga la Corte será una “revolución jurídica donde, por fin, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales dejan de ser derechos de segunda categoría”. Y no solo por lo que se está viviendo en el sistema interamericano, sino a nivel mundial. En 2022, la República de Vanuatu, un estado insular y altamente afectado por la crisis, también le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático. Hace pocos días, también, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una corte de Naciones Unidas, dictaminó que los gases de efecto invernadero generados por el humano y que causan el cambio climático pueden considerarse un contaminante marino.
El cambio climático lo está cambiando todo. Y los sistemas de justicia y de litigio tendrán también que adaptarse a esto para tomar decisiones más urgentes, quizá más radicales. No es casualidad que la Corte IDH haya llegado a estos lugares tan clave en la discusión climática. Barbados es una isla del Caribe amenazada por la erosión costera y el aumento del nivel del mar, pero muy local sobre la reparación y las pérdidas y daños que trae el cambio climático. “En todos lados ves señales de qué hacer ante un tsunami”, recuerda García. Brasil, por su parte, es el país que más selva Amazónica tiene, esa sobre la que se habla en casi cualquier discurso climático. Pero como lo vemos hoy, Brasil no solo acaba de salir de una alerta por sequías, sino que acaba de sumergirse en una inundación histórica. La crisis climática es palpable.
elpais.com
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.