Editorial
La Cultura de la Tolerancia con lo Mal Hecho
El presidente del Colegio Dominicano de Abogados se ha empeñado en exigir un mejor trato para los jueces inculpados de presuntamente cometer irregularidades en el desempeño de sus delicadas funciones.
En reiteradas ocasiones el Colegio ha exigido a través de su presidente un trato más tolerante con los jueces que conforman los tribunales del país cuando son acusados de la comisión de irregularidades que empañan la imagen de la Justicia.
El Colegio ha llegado tan lejos que ha sostenido que muchos jueces son sometidos a juicios disciplinarios sumarios y que el Consejo del Poder Judicial ha caído en grandes y serios atropellos en contra de muchos magistrados.
La posición del Colegio difiere profundamente con los amplios sectores nacionales que consideran que el Consejo del Poder Judicial debe aplicar con mayor severidad las reglas impuestas por la Suprema Corte de Justicia e incluso por la propia Constitución de la República y las leyes adjetivas de la Nación.
Lo que pasa en el sistema de justicia es una vergüenza nacional y ha puesto en peligro el estado de derecho, dado que son cientos los casos, por no decir miles, en que se emiten sentencias y se toman otras medidas en los procesos judiciales que constituyen razones suficientes para generar una gran preocupación por el derrotero que toma el Poder Judicial.
No se puede hablar sólo de aquellos jueces que inexplicablemente emiten sentencias que favorecen a políticos, narcotraficantes y empresarios seriamente comprometidos con hechos que se califican como del bajo mundo, sino también del largo tiempo de espera para los fallos de asuntos no ordinarios como los referimientos, los cuales se tardan hasta más de seis meses a pesar de que la Ley 834 sobre la materia es bastante clara del carácter de urgencia y la celeridad que demanda este tipo de recurso legal.
El Poder Judicial, sin lugar a dudas, es uno de los órganos del Estado más desacreditado, porque la denegación y la mala administración de justicia promueven un salvajismo social que se caracteriza por lo que se conoce en derecho como vía de hecho o hacer justicia con sus propias manos.
Quién se atreve a negar en la República Dominicana que la deficiencia y la complicidad de la Justicia con lo mal hecho no constituyen una de las peores desgracias de la sociedad, donde se ha impuesto la expresión popular de que por la plata vale el mono.
El problema de la Justicia no sólo es de complicidad, sino también de ineptitud de una gran cantidad de jueces, que se agarran de cualquier tecnicismo legal para fallar en favor de lo mal hecho.
De manera, que el Colegio Dominicano de Abogados, cuya ley que lo crea, establece que esta institución es asesora en asuntos jurídicos del Estado, no debería convertirse en promotora de una mayor tolerancia con aquellos jueces que no sólo se merecen que sean suspendidos sin disfrute de sueldos, sino que su paga sólo sea restablecida si resultaran inocentes cuando la cosa sea irrevocablemente juzgada.
Se impone que haya cero tolerancia con aquellos jueces que hayan tomado decisiones a través de sus sentencias que generan dudas en torno su honestidad e integridad ética, a fin de devolver la confianza a la sociedad y la credibilidad al sistema de justicia.
Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.
Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.
Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.
Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.
Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.
Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.
De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada la suerte de los países latinoamericanos.
Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.
Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.
De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.
El Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no pegan una, actúan como si no tuvieran la menor idea de lo que quieren y de sus metas.
Buscan combatir la corrupción, pero al propio tiempo la promueven, cuyo mejor ejemplo de ese comportamiento es que ahora andan de las manos de los corruptos que hace poco fueron acusados de incurrir en este flagelo.
Porque la verdad es que Abinader y el PRM no tienen ninguna diferencia con el PLD, la Fuerza del Pueblo y otras crápulas de la política vernácula.
Puede asegurarse que la diferencia sólo tiene que ver con el nombre de los actores, tal vez el color de la piel u otros detalles de poca trascendencia, porque en el fondo tienen el mismo comportamiento ante el patrimonio público.
Aunque de alguna manera se cuidan de no exhibir su doble moral, pero su conducta los traiciona, como ocurre ahora que hablan de derechos constitucionales, pero los violan cuando entienden que deben hacerlo.
Hace prácticamente horas que en un acto solemne proclaman una nueva Constitución, pero luego viene la violación de los derechos más sagrados del ser humano, el de la intimidad, el honor y el buen nombre.
La desfachatez es tan grande que a los pocos días repiten los mismos errores, aunque con una poderosa razón para incurrir en los mismos, como es la torpeza, lo cual, incluso, va en contra de lo que proclaman, porque es que no saben diferenciar una cosa de otra.
Lo grave de todo esto es que Luis Abinader y el PRM con su comportamiento legitiman a una oposición que no tiene derecho hablar, porque es igual que los que hoy ocupan el gobierno.
De manera, que los que buscan llegar al poder a través de sus críticas al Gobierno sólo tienen como consigna “quítate tú pa ponerme yo y nada más, pero lo propio hacen los que ahora están arriba y que luego se ven abajo.
El presidente Luis Abinader ha hecho un gobierno dependiente casi totalmente del endeudamiento público, cuya falta de planificación estratégica lo convierte en una víctima de esta peligrosa vía.
Su desenfrenada política de endeudamiento es una forma de irse por lo más fácil, siempre a partir de los ejemplos de países de la zona que también se apoyan en una opción que si no hay calidad del gasto sumerge la nación en una situación insostenible.
De acuerdo a economistas nacionales que se manejan al margen del partidarismo político, consideran que ya el país tiene comprometido de sus ingresos alrededor de un 72 o 74 por ciento.
Es decir, es una situación de coger más préstamos para cumplir con los ya asumidos, lo cual crea un circulo vicioso en la economía que conlleva grandes sacrificios para los dominicanos.
Ahora mismo el país se encamina a un endeudamiento público, tanto interno como externo, realmente insostenible, pero el peligro no para porque el Poder Ejecutivo sigue con un reforzamiento irracional de esa vía.
El Congreso Nacional no para de aprobar préstamos, lo cual ya ha preocupado hasta a los propios legisladores oficialistas, cuyo último en pronunciarse fue Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
Evidentemente que no se miden las consecuencias de un endeudamiento público insostenible, máxime sin una reforma fiscal integral y que sea más progresiva que regresiva.
Parece que el Gobierno ha armado su propia trampa, la cual no luce que pueda ser superada, porque la escogencia de la vía más fácil del endeudamiento que procurar aumentar la producción nacional y en consecuencia mejorar los niveles de las exportaciones el país se inclina por lo más peligroso.
El dominicano es bueno que entienda que así como resultada de peligroso un gobierno corrupto, igual ocurre cuando el mismo también es incapaz, porque es un riesgo doble, porque si bien una cosa es mala la otra todavía es peor.
Ojos pelaos.