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Las garras de la cultura del robo se ha vuelto integral y transversal a toda actividad en el país y también impacta al cooperativismo.
El fenómeno constituye un obstáculo muy grande en contra de la aspirada prosperidad nacional, ya que el peso de la corrupción es tanto que el mismo representa una permanente amenaza en perjuicio del crecimiento y el desarrollo nacional.
El movimiento cooperativo es una expresión mundial que se inició en Inglaterra en 1844 cuando un grupo de tejedores se ve afectado con el desplazamiento de su trabajo como consecuencia del inicio de la revolución industrial.
A partir de ese acontecimiento se formó la primera cooperativa de consumo, la cual tuvo como nombre Pioneros de Rchdale de Inglaterra.
En lo que respecta a la República Dominicana, el cooperativismo se inicia a mediados del año 1946, cuya motivación provino de la orden sacerdotal Padre Scarboro, tras el envío del experto en esta materia padre Pablo stell, quien a través de la Semana Social del Caribe, auspiciada por la Iglesia Católica, se planteó la fomentación del cooperativismo en el país.
La Ley 127 del 27 de enero de 1964 y el decreto 623-86 contiene el marco jurídico que regula las cooperativas, instrumentos legales que instruyen el funcionamiento oficial de las asociaciones de este género en el país.
El órgano regulador de las cooperativas de ahorros y préstamos fue creado entonces mediante la Ley 31 de 25 octubre de 1963, la cual facultad al IDECOOP como ente del Estado para que estimule, fomente, organice, fiscalice y supervise las instituciones de este género, cuyo principal soporte se encuentra en el artículo 8, literal 15, de la Constitución de la República Dominicana.
Las cooperativas de ahorros y préstamos son calificadas por el Estado como un modelo de alto interés social y familiar, de distribución y de consumo, así como de cualquier otra fuente de utilidad.
Todo hasta ahí luce sumamente interesante, pero la cultura de sustraer lo ajeno es tal vez el principal enemigo de este tipo de organización sin fines de lucro, porque el «tíguere» que no tiene en que caerse muerto se introduce en la misma con mucha facilidad para manipular todas sus actividades, principalmente los grandes recursos económicos acumulados a través del ahorro de sus miembros.
De manera, que en la medida de que las cooperativas se convierten en un instrumento ideal para mejorar las condiciones de vida de sus miembros y que con el tiempo se produce una componenda entre los que las dirigen para apropiarse del dinero ahorrado por los socios y de esa manera desnaturalizar su propósito, muchas veces con la participación en los ilícitos del órgano regulador, como se estila en el país cuando de articular redes para hacer fraudes mediante la figura jurídica de la asociación de malhechores.
La cuestión toma un curso poco transparente en la medida en que las cooperativas se empoderan y crean una cartera de créditos y de ahorros envidiables por el alto capital acumulado, lo cual ha provocado que en algún momento se pretendiera convertirlas en instituciones lucrativas para que las capten los grupos económicos e incorporarlas al sistema financiero convencional, porque hay sectores que entienden que los pobres no tienen derecho a manejar sumas de dinero tan altas.
Pero, aunque ese plan de los grupos financieros nacionales no ha tenido éxito por la reacción de los que se oponían a tal cosa, los llamados «tígueres» que ganaban espacios en el interior de las cooperativas de ahorros y préstamos, se la ingenian para convertirse en poderosos hombres de negocios con los recursos que controlan de las cooperativas de ahorros y préstamos.
Escasamente han surgido escándalos en torno al manejo de las cooperativas de ahorros y préstamos, aunque es innegable que muchos de esos «tígueres» que las han asaltado no sólo han sabido apoyarse en la cultura de la impunidad que prevalece en el país, sino también que se han hecho multimillonarios y se retiran del control que tienen sobre ellas sólo cuando se enferman o se ponen viejos.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, las cooperativas de ahorros y préstamos San José y la Altagracia son controladas por los mismos grupos de «tígueres» que se apoyan en el mismo modus operandi que consiste en asaltar la presidencia de estas instituciones y su administración con personas de su extrema confianza que perduran en esas ´posiciones y en otros cargos, muchas veces, hasta que enferman o mueren como si se tratara de un negocio personal y con fines de lucro, pero se supone que deben ser elegidos por los socios, lo cual nadie puede asegurar, ya que operan como las más sofisticadas mafias que les permite evitar que el que ingresa como miembro tenga una participación activa sencillamente no invitándolos a las asambleas electoras.
Estas asociaciones desde hace mucho tiempo que cobran sospechosamente intereses muy parecidos a los que aplican las instituciones de intermediación financiera, lo cual no debe ser por su profundo contenido social, y los mismos se constituyen en una fuente de grandes ingresos, cuyas mafias que se mueven en su entorno son muy beneficiadas mediante las vías de ejecución inmobiliaria con personas reclutadas para ese fin.
Son verdaderas mafias que representan uno de los principales escollos para que este tipo de organización sin fines de lucro pueda cumplir su rol de contribuir con el ahorro familiar y con su misión profundamente social.
Naturalmente, este tipo de comportamiento no sólo es encontrado en las cooperativas de ahorros y préstamos, sino en todas las actividades comerciales y económicas del país, lo cual indica que el sostenido crecimiento nacional descansa en una verdadera vocación delincuencial.
En los actuales momentos ha explotado un escándalo con un fraude en contra de sus socios en la Cooperativa de Ahorros y Créditos COOP-HERRERA que supera los dos mil quinientos millones de pesos, cuyo caso ya está en la fase de presentación de cargos en contra de un numeroso grupo de directivos, incluido un expresidente de la misma que aspiró a ser juez del Tribunal Superior Electoral y la Suprema Corte de Justicia.
La cuestión es que si las autoridades ponen algún empeño encontrarán que la mayoría de las cooperativas de ahorros y créditos están impactadas por el mismo fenómeno de que un grupo de «tígueres» se han apropiado de ellas para sustraer los recursos de los socios que se dan cuenta del problema cuando ya es muy tarde.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.