Santo Domingo, RD.- La Suprema Corte de Justicia inicia hoy la audiencia para conocer del reclamo de extradición formulado por la justicia de Estados Unidos contra cuatro dominicanos acusados del delito de narcotráfico, Nacionales
Cúpula del «Cartel del Abusador» a un paso de la extradición a EEUU
Santo Domingo, RD.- La Suprema Corte de Justicia inicia hoy la audiencia para conocer del reclamo de extradición formulado por la justicia de Estados Unidos contra cuatro dominicanos acusados del delito de narcotráfico, El proceso de condena que se inicia con el pedido de una medida de coerción para luego entrar en la aportación de pruebas y la demostración por parte del Ministerio Público de que ciertamente existen serios elementos de pruebas en contra de los imputados para posteriormente continuar su camino hacia la cárcel.
La primera responsabilidad recae en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la cual tiene la cual conocerá hoy, viernes, a las 10 de la mañana, la solicitud de extradición hecha por los Estados Unidos contra cuatro del grupo implicado en la red de narcotráfico de César Peralta “el Abusador”.
Los imputados en el expediente proveniente de los Estados Unidos son Baltazar Mena, José Jesús Tapia Pérez, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier, este último ahora bajo encierro por otros cargos.
El grupo, que alegadamente pertenece a una estructura criminal que utilizaba a la República Dominicana como puente para el tránsito e ingreso ilícito de drogas a los Estados Unidos, provenientes de América del Sur, se encuentra detenido en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), por asuntos de seguridad.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, aplazó para el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra cuatro imputados del caso recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Por el momento figuran como detenidos, por sus presuntos vínculos con la red criminal, el expelotero Octavio Dotel Díaz, José Bernabé Quiterio, Obispo Manuel Feliz, Roberto José Cáceres (Mameluco) y Pedro Luis Cordero.
Estos imputados están acusados de asociación ilícita para cometer tráfico de heroína y supuestamente haber utilizado bienes, a pesar de saber que eran producto de un delito de tráfico de drogas; porte y tenencia de arma ilegal, y porte de armas ilegal de las Fuerzas Armadas, y la Policía Nacional y de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas desde Sudamérica, utilizando a República Dominicana como punto de distribución, Estrados Unidos, Puerto Rico y Europa.
El ministerio público está solicitando, como medida de coerción, 18 meses de prisión y 20 años de cárcel, ya que los “hechos por los cuales se les imputa están revestidos de una gravedad indudable”.
Están prófugos César Emilio Peralta; Yeimi Verónica Núñez Rodríguez, Nathanael Castro Cordero, Edward Patricio Montero Cabral, Rodolfo Cedeño Ureña, Alan Gilberto Bueno Alcequiez, Rafael Reyes, Pablo Antonio Polanco Mateo, Yadhel Rafael Jáquez Araujo, Heriberto de la Cruz Pérez, Lidio Peña Mota, Ana Gregoria Pérez Then y Manuel Sánchez Pérez.
El Ministerio Público asegura, en el grueso de un expediente acusatorio, haber identificado a Obispo Feliz Lorenzo (Manuel) como el encargado de dirigir y administrar la parte financiera de los miembros de la red de narcotráfico que presuntamente encabeza César Peralta (César el Abusador).
En la solicitud de medida de coerción depositada contra Feliz, el Ministerio Público manifiesta que este hombre, empleando sus conocimientos en contabilidad, contribuyó en el mantenimiento de los registros contables, al tiempo que, según las autoridades, maquilló los estados financieron de las empresas, a fin de impedir que se descubriera el esquema de lavado de activos.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.