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Opinión

La Declaración  de la  Paz  y Cese de Guerras  y los derechos humanos

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Por Rommel Santos Díaz

Los principios fundamentales de la Declaración de Paz y Cese de Guerras  consisten en en reconocer que todo miembro de la familia humana desfruta de la dignidad humana y de derechos iguales e inalienables, y que estos derechos representan  un principio necesario para la  preservación  de la libertad, la justicia y la paz en todo el mundo.

La Declaración de Paz y Cese de Guerras  reafirma la fe en los derechos humanos, en   la dignidad y el  valor del ser humano, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en la promoción del progreso  social y la mejoría de los estándares de vida para la gente y las futuras generaciones, y la necesidad de facilitar  la coexistencia pacífica entre las religiones, las creencias y las etnias del mundo.

Para el contexto de América Latina y el Caribe es importante destacar que la Declaración de la Paz  y Cese de Guerras  reconoce que el  principio de la igualad de derechos y la libre determinación de las personas constituye una contribución significativa  al derecho internacional  contemporáneo, y  que su aplicación efectiva  en los países de la región es de primordial interes  para Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luz (HWPL).

En la Declaracion de la Paz y Cese de Guerras  se establece como una cuestión de principio general  que las  condiciones bajo las  que la justicia de operar de prevalecer el respeto  a las obligaciones derivadas del derecho internacional, de conformidad  con  un espíritu común en el  plano religioso a todas las  religiones  y a las  reglas del derecho internacional , incluidos los derechos  fundamentales garantizados; a proceder con la acusación  y la sanción  de actos de violencia graves y sistemáticos

El  objetivo fundamental de Cultura Celestial, Paz Mundial, Restauración de la Luaz (HWPL) es lograr que los Estamos miembros de la Organización de las Naciones Unidas se aboquen a adoptar la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras y que la misma sea respetada  por todos los Estados del mundo.

Los Estados en sus relaciones internacionales deben abstenerse de hacer uso de la amenaza  o de la fuerza militar contra la integridad territorial  o la independencia política de cualquier Estado,  o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas  o el derecho internacional general.

En la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras (DPCW) los Estados deben asegurarse de  que las armas de destrucción masiva, capaces de causar sufrimiento general e innecesarios,  y armas incompatibles con el derecho internacional humanitario, desmanteladas  o  destruidas. En ese orden  todas estas medidas  de destrucción  y  desarmes  deben servir para propósitos beneficiosos para la humanidad.

Otra cuestión de principios de la Declaración de la Paz y Cese  de Guerras (DPCW), consiste en que los Estados  deben tener en cuenta la igualdad  soberana, y procurar consultar a todos los demás Estados sobre la base del respeto reciproco  en relación a temas que le puedan concernir para resolver y evitar  disputas  que puedan surgir  observando los derechos humanos  y la dignidad humana.

Finalmente, la Declaración de la  Paz y Cese de Guerras  es un documento inspirador para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas unirse para fortalecer los esfuerzos internacionales para fomentar un dialogo mundial en busca de una cultura de la tolerancia y de paz a todos los niveles, basado en el respeto  a los derechos humanos y la diversidad de creencias  religiosas.

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Opinión

La Procuraduría General de la República y el MP deben amarrar el toro por los cuernos.

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Por José Cabral

Nadie sabe cómo se produce la formación de jueces y fiscales en la República Dominicana, a pesar de la existencia de las escuelas nacional de la judicatura y del Ministerio Público.

Cuantos disparates jurídicos se ven en los tribunales y las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del territorio nacional, en unos más que en otros.

Cuando se tiene que litigar o acudir a los tribunales, por la razón que sea, llena de mucha amargura al que tiene que hacerlo.

Pero la asistencia a un palacio de justicia no sólo causa preocupación con ver a simple vista lo que allí ocurre, sino también por la forma en que se manejan las leyes en estas instancias.

Es un escenario donde los fiscales y los jueces hacen las cosas como a ellos les da la gana, muchas veces por irresponsabilidad y otras por incapacidad.

Tanto es así, que hay fiscales que tienen el cliché de que todo lo penal que proviene de una ley del derecho civil no es competencia del Ministerio Público.

Es decir, que el que comete fraude o falsifica documentos en el marco de una junta directiva de un condominio, el caso no es penal, sino civil, siempre de acuerdo a la visión del Ministerio Público.

Entonces, frente a esa incapacidad es como si no existiera la razonabilidad para determinar que cualquier ley del derecho civil tiene situaciones que por sus propias características entran en el derecho penal.

Esta situación genera en la actualidad una verdadera crisis con las actuaciones del Ministerio Público, cuyos miembros tienen unas actitudes que van a generar muchas vías de hecho por el manejo equivocado que se les da a los casos.

En el próximo artículo buscaré analizar el comportamiento de los jueces de los tribunales inferiores y de las cortes de apelación, quienes siempre recurren a la palabra clave para evitar la consecuente queja por una sentencia arbitraria emitida en contra de una serie de valores, principios y derechos constitucionales fundamentales, que es si no está de acuerdo con la decisión, recurra.

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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