Análisis Noticiosos
La declaración jurada de patrimonio
Por Juan Bolívar Díaz
La Dirección de Etica fue encargada de solicitar informes financieros anuales a los funcionarios que debían hacer declaraciones juradas para evaluar su consistencia, lo que nunca se ha cumplido. El titular mismo de esa dirección, doctor Vincho Castillo, presentó una declaración jurada a todas luces ridícula que fue objeto de cuestionamientos públicos no respondidos.
Debe ser saludada y ponderada la Ley 311-14 promulgada por el Presidente Danilo Medina el pasado 8 de Agosto que instituye el “Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio” con el expreso objetivo de promover la gestión ética y proveer a los órganos statales de prevención y control de la corrupción administrativa las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.
La nueva legislación forma parte de un paquete promovido por los senadores Charles Mariotti y Julio César Valentín como respuesta a los reclamos ciudadanos de mayores esfuerzos para prevenir y reducir la enorme corrupción administrativa que tanto ha degradado la actividad política y la gestión estatal, generando una enorme decepción y rechazo.
Se trata de un importante paso de avance en relación a la ley 82 de 1979 que establecía la declaración jurada para los altos funcionarios del Estado, pero que adolecía de mecanismos de control y sobre todo de sanciones para quienes obviaran la burlaran.
Se otorga un plazo máximo de 30 días para presentar la declaración ante notario público, tanto al inicio de la función estatal como al concluirla, y para darle seguimiento se crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como un órgano especial de la Cámara de Cuentas.
El delito de falseamiento de datos es sancionado con penas de uno a dos años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos del gobierno central y los funcionarios que sean responsables de enriquecimiento ilícito son sancionables con penas de 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y con la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.
Una de las novedades es que los altos funcionarios están en “la obligación de probar el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente”, misma que podrá solicitar la confiscación de los bienes que no sean justificados.
Lo primero que resulta imperativo ahora es el estricto cumplimiento de la nueva ley, que debe partir de la promulgación de su reglamento, dentro del plazo establecido de 90 días.
Es obvio que esta legislación puede ser otro simple pedazo de papel, o constituirse en un mecanismo más eficiente de promoción de transparencia y prevención de corrupción. Se toma con cierto escepticismo por la escasa voluntad política de sancionar la corrupción y la prevalencia de todo un sistema de impunidad.
Se acredita esta ley a las manifiestas intenciones del actual gobierno de promover mayor transparencia y contener el enriquecimiento ilícito, lo que ha quedado en entredicho por incumplimientos importantes de la Ley de Función Pública, de la Ley de Salarios Públicos y de dos decretos de austeridad y del decreto 486-12 que crea la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental.
El Decreto de austeridad 499-12 responsabilizó a la Contraloría General de la República de presentar informes trimestrales de evaluación de sus previsiones, y nunca se conoció siquiera el primero. La Dirección de Etica fue encargada de solicitar informes financieros anuales a los funcionarios que debían hacer declaraciones juradas para evaluar su consistencia, lo que nunca se ha cumplido. El titular mismo de esa dirección, doctor Vincho Castillo, presentó una declaración jurada a todas luces ridícula que fue objeto de cuestionamientos públicos no respondidos.
Por los anteriores señalamientos es que muchos han tomado con reservas la promulgación de la nueva ley sobre declaración jurada. El tiempo dirá si esta vez hay decisión política o simple entretenimiento de la opinión pública.-
Artículo publicado originalmente en el periódico Hoy.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.