El documental ‘Patrullaje’ muestra la lucha para frenar el avance de la ganadería ilegal. Uno de sus directores denuncia la “complicidad del Estado” con los invasores

México.-“Nosotros amamos la reserva, amamos la naturaleza… No queremos perder lo que tenemos”. Armando John es uno de la docena de guardabosques que patrulla la Reserva Biológica Indio Maíz en Nicaragua para documentar la invasión de sus territorios y el avance de la ganadería ilegal. Su historia la cuenta en el documental Patrullaje, una producción de los cineastas Camilo de Castro Belli y Brad Allgood.

Indio Maíz es uno de los bosques tropicales húmedos más importantes de Centroamérica con una extensión de 2.639 kilómetros cuadrados (263.980 hectáreas), donde viven los pueblos indígenas Rama y afrodescendientes Kriol y donde habitan más de 500 especies de animales.

La carne bovina es el tercer producto de exportación en Nicaragua, después del oro y el café y su principal mercado es Estados Unidos. Esa carne, denuncia el documental, proviene de áreas protegidas como Indio Maíz que están siendo deforestadas. “Hay una complicidad del Estado de Nicaragua con estos grupos que están invadiendo el territorio. Las autoridades han sido bien explícitas en decirle a los comunitarios que ellos no van a sacar a nadie del territorio”, dice el codirector Camilo de Castro, periodista y cineasta exiliado a quien el régimen de Daniel Ortega despojó de su ciudadanía en febrero de este año. “Prevalece la impunidad, la ilegalidad y mientras tanto el bosque se sigue despalando, las fuentes de agua se siguen contaminando y se sigue degradando el medioambiente”, añadió.

Sobre el Río Indio, en canoas y en medio de la vegetación navegan los guardabosques. “Hace cuatro, cinco años, cuando navegábamos en el río no había gente, pero hace dos años comenzamos a ver gente y después de este año, está lleno de gente”, dice uno de ellos. El objetivo de los guardabosques es salvar sus tierras, intentar frenar la llegada de los invasores, pero no cuentan con recursos, ponen en riesgo sus propias vidas y no tienen apoyo de las autoridades. “Ellos invitan al Marena (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales) y Ejército a acompañarlos en los patrullajes y nunca hay un acompañamiento”, asegura De Castro.

Los pueblos rama y kriol resisten. “Hoy en día en Nicaragua hay muy poco que se pueda hacer. Las comunidades están amenazadas por el Ejército, la Policía y por personas afines al Gobierno que están armadas dentro de los territorios. Lo que queda es hacer presión desde afuera y sobre todo trabajar para lograr que las empresas que están haciendo negocios, que están comprando la carne en Nicaragua paguen un costo por el daño que están provocando”, afirma De Castro.

La grabación del largometraje, que fue promovido en redes sociales por el actor estadounidense Leonardo DiCaprio, finalizó en marzo de 2018. Un mes después, un incendio en la reserva dio origen a las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y que marcaron el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Un grupo de jóvenes salió a las calles a protestar ante la negligencia de las autoridades para controlar el incendio que se originó el 3 de abril. El incendio duró 10 días y consumió 6.000 hectáreas de bosque, según un estudio realizado por el Centro Humboldt y la Fundación del Río.

En las últimas dos décadas, según Global Forest Watch, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques y, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica.

Patrullaje, dice su director, hace un intento por crear conciencia de este problema y trata de ejercer presión sobre los actores claves que están involucrados en la industria de la carne. “Hay un gran desconocimiento acerca de la crisis ambiental que estamos viviendo en Nicaragua, hay un desconocimiento acerca de la situación en Nicaragua en general”, reconoce De Castro, pero tampoco le sorprende tanto. Con este proyecto lo que más le impacto fue darse cuenta como nicaragüense “qué tan poco” se sabe “acerca de la realidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua y de su lucha por proteger los bosques” en el país.

elpais.com

La mayoría de presas bolivianas en Brasil están acusadas de transportar cocaína. Son el eslabón más débil de un negocio en el que estas mujeres encuentran una salida económica

São Paulo.-Al igual que sus 34 compatriotas bolivianas privadas de libertad en la Penitenciaría Femenina de Sant’Anna, en São Paulo, la vida de Gabriela A. dio un giro luego de aceptar llevar una maleta: un equipaje ajeno que, en medio de la ropa, escondía dos paquetes con casi dos kilos de cocaína. Para la policía brasileña, el hallazgo fue parte de un procedimiento de rutina en la ruta que une Corumbá, en la frontera con Bolivia, y la capital paulista. Para Gabriela, entregar el encargo significaba la posibilidad de cobrar 500 dólares para empezar una nueva vida junto a sus hijos de 20 y 15 años.

“No me gustaría que vengan otras personas. No se lo deseo a nadie porque es muy triste y muy difícil estar aquí”, dice. Su llanto se pausa cuando se traslada a los platos que cocinaba y que en los tres meses que lleva privada de libertad se han convertido en un anhelo constante: charque, lambreado de conejo, pique macho. Su relato zigzaguea entre recuerdos como esos y mensajes de arrepentimiento.

Lo que más le preocupa en la cárcel es que nadie nunca más supo de ella. Ni su madre, ni su hijo menor, con quienes vivía en Cochabamba, en el centro de Bolivia, ni su hijo mayor, que vive en Santa Cruz, en el oriente del país. Gabriela cruzó la puerta de su casa y se despidió de los suyos avisando que estaría afuera apenas unos días, pero nunca más volvió.

Cuando la detuvieron, la policía retuvo todas sus pertenencias incluyendo su celular, donde tenía los contactos de sus familiares, de sus jefes, de sus amigos… “Ahorita es como si estuviera desaparecida para ellos”, dice angustiada.

De acuerdo a la Constitución brasileña, el protocolo de encarcelamiento incluye una notificación a los familiares directos de las presas, pero no todos los agentes lo ofrecen. En el caso de Gabriela y otras mujeres bolivianas en prisión, es el consulado de Bolivia quien tiene la misión de hacer llegar esta información a su círculo cercano, pero en este caso eso nunca sucedió.

Gabriela no entiende bien el portugués. Pasa sus días trabajando en el taller de manualidades de la cárcel esperando que ocurra algún milagro: que sus hijos tengan noticias sobre ella o que el tiempo pase rápido. Gabriela está desaparecida para su familia.

****

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Políticas Penales del Brasil (Senappen), en diciembre de 2022 se contabilizaron 27.547 mujeres en presidios femeninos del país y 91 son bolivianas. “La droga no es de ellas, sino de alguien que las contrata para pasarla. En el puesto fronterizo Esdras, entre Brasil y Bolivia, durante el primer semestre de 2023, fueron realizadas 12 aprehensiones de droga. Podría asegurar que la mitad fueron mujeres bolivianas usadas como mulas”, dice Erivelto Alencar, el jefe de la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil en la ciudad de Corumbá.

Según estudios citados por un informe del Instituto Transnacional y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), alrededor del 70% de las mujeres privadas de libertad “se encuentran en prisión por estar involucradas en actividades de microtráfico no violento”. Muchas de ellas son cabeza de familia. En el caso de las migrantes bolivianas en Brasil, muchas son también víctimas de tráfico de personas, amenazas, engaños, violencia y hasta retención de documentos.

Una vez detenidas, son descartadas por el sistema de pandillas que las contrataron o forzaron a entrar a esa situación, pero sobre todo se convierten en desaparecidas para sus familias. Ante esa situación de indefensión, las asistentes sociales y redes de apoyo conformadas en gran parte por Iglesias y grupos de mujeres cargan al hombro la responsabilidad de ayudarlas en la cárcel.

****

A unos 1.400 kilómetros de São Paulo, en Corumbá, en el límite fronterizo con Bolivia, otra boliviana figura como desaparecida para su familia. Wara Pérez Zapana, una mujer de 23 años, mirada quieta y que habla a susurros, salió un día a principios de mayo de su casa en Irupana, una localidad de la provincia de Sud Yungas, en el departamento de La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años y no volvieron a saber de ella.

Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco. Los 60 bolivianos (unos 8 dólares) diarios que recibía por un trabajo de ocho horas en el campo no eran suficientes. Los gastos asociados a una enfermedad de su padre y las ganas de invertir en un terreno que su suegra les había entregado la motivaron a endeudarse. Luego, la presión por pagar se transformó en un infierno que la hizo entrar en otro: tomó una maleta, subió a un taxi, fue detenida por la policía brasileña y su familia no volvió a verla.

Wara dice que no quiere preocupar a su familia, pero aunque quisiera enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.

La ausencia de noticias de familiares se convierte en un pasaje progresivo hacia la violencia emocional. En el caso de las mujeres bolivianas, existe un limitante aún mayor. La norma permite realizar llamadas sólo dentro del territorio brasileño. “Son abandonadas. Y cuando intentamos llamar a las familias y uno de los números está incorrecto es muy frustrante”, dice Marciene Amorim, psicóloga en el Patronato Penitenciario de Corumbá.

“La mayoría de las bolivianas hacemos esto por necesidad, por nuestros hijos”, se lamenta Wara. Aceptó llevar 6 kilos de cocaína por unos 600 dólares, aunque nunca llegó a recibir más dinero que el necesario para pagar el transporte hasta su destino final en São Paulo.

En Brasil, la criminalización de drogas se aplica mediante la llamada Ley de Drogas. El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a dicha cantidad, y de las circunstancias de transporte, hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “La guerra contra las drogas encarcela a personas negras, pobres, mujeres vulnerables”, explica Cátia Kim, coordinadora del Instituto Tierra Trabajo y Ciudadanía (ITTC).

En términos generales, la pena base es de cinco años pudiendo llegar a 15 en función de las causas que agraven la condena. “Cualquier práctica relacionada a la droga es crimen. Sobre esa base, se construyó el sistema punitivo de la legislación del Brasil”, concluye Kim.

El hecho de que no exista regla que especifique la pena en función a la cantidad de droga y circunstancias de transporte en la legislación brasileña hace que cada caso sea analizado de manera individual. Rige la interpretación de la ley de cada juez. “Sabido es que muchas mujeres bolivianas trabajan como mulas. A veces son liberadas, en el caso de tener hijos, cuidados de familia, pero si tienen grandes cantidades de droga, se debe constatar con otras informaciones”, explica el juez Idail de Toni Filho de la primera sala penal de Corumbá.

El tribunal es cauteloso a la hora de sacar conclusiones: contrapone el relato de las detenidas con las pruebas y las contradicciones de cada caso. “Objetivamente, si la mujer está con maleta y droga en dirección a São Paulo y admite que la estaba cargando, es un hecho. Dicen que fueron engañadas y es posible, pero no hay como constatar. Debe ser demostrado. ¿Recibieron dinero siendo engañadas?”, analiza el juez.

Wara entró a la penitenciaría femenina de Corumbá en régimen de prisión preventiva. “Mi proceso está abierto. El juez me dijo que debía comprobar que tuviera hijos”. El pasado 2 de junio, el juez le otorgó libertad provisional pero con la condición de presentarse mensualmente al juzgado para informar dónde vive y qué actividades hace.

La ausencia diplomática

Es lunes por la mañana y apenas se ve movimiento a las afueras de la Penitenciaría Femenina Carlos Alberto Jonas Giordano de Corumbá. Un guardia se asoma por la rejilla de la puerta principal del penal de mujeres. No hay nadie en el frontis. Apenas pasa una carreta y casi no hay movimiento de carros en este lado de la ciudad. Se escuchan algunas voces a pocos metros, justo donde comienza la cárcel masculina, separada solo por un muro de la femenina: unas cuantas mujeres –novias, esposas, hermanas, madres, amantes– asisten para saber información de sus seres queridos o entregar algo de comida o útiles de higiene personal.

El contraste se manifiesta en cada día de visita: el lado masculino no da abasto. El femenino apenas recibe algunas visitantes, casi siempre hermanas o madres, pocas veces el marido o pareja. En la cárcel, se replican dinámicas que también se dan en libertad: los cuidados y las visitas suelen ser asumidos por mujeres.

“Cuando encarcelamos a las mujeres, castigamos a familias enteras”, dice Jorge López Arenas, ex director nacional del Régimen Penitenciario de Bolivia, en el informe Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. En los casos de Gabriela y Wara, ambas jefas de hogar, su aprehensión ha significado un terremoto familiar cuyas secuelas no son capaces de dimensionar.

La red externa de apoyo a las reclusas también es de mujeres. Judite Sales y Consuelo Clavijo son voluntarias de la Pastoral Carcelaria, una organización de la Iglesia católica que trabaja en prisiones. Ellas y el padre Khac visitan a las reclusas de la prisión de Corumbá para darles asistencia religiosa. “Estamos para escucharlas y apoyarlas espiritualmente”, dice el sacerdote. Sin embargo, para aliviar la angustia de la mayoría de las mujeres migrantes reclusas, tratan de ayudarles a contactar de nuevo con sus familias. “Intentamos ayudarlas, están aisladas y lo peor es que fueron engañadas”, dice Sales.

Ella y su compañera se sostienen, incansables, con la misma fortaleza de las reclusas. En la mañana del 24 de mayo se reunieron con el juez local de Corumbá para conversar sobre algunos de los casos. Buscan apoyo logístico y trabajan con las asistentes sociales de la penitenciaría, contactan con los defensores públicos y organizan donaciones. “Queremos ligarlas a sus familias. Para las personas migrantes encarceladas es muy difícil”, dice Clavijo, boliviana que vive hace 45 años en Corumbá.

La soledad de las internas tiene varias capas. No solo asumen el aislamiento social por la reclusión, sino que muchas veces se agudiza por la falta de diligencia de la burocracia y los representantes oficiales de su país. “Nunca escuché que el cónsul de Bolivia fuera a la prisión femenina”, dice Marciene Amorim, psicóloga del Patronato Penitenciario de Corumbá.

En la ciudad con la mayor proporción de habitantes bolivianos en Brasil, el rol del consulado es fundamental. “No es una obligación pero lo hacemos para no llegar con las manos vacías”, dice Simons William Durán, cónsul de Bolivia en la ciudad fronteriza, mientras exhibe sobre su escritorio un kit de higiene que, según dice, entrega a sus compatriotas. Su oficina tiene apenas tres funcionarios, pero Durán dice que se las arreglan para darles acompañamiento. “Yo no soy dios para juzgarlas. Les doy un abrazo a todas por igual”, asegura el cónsul. La pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.

Las más castigadas

“En América Latina, es más grave contrabandear cocaína […] que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino”, comienza el prólogo de Adicción Punitiva (2012), un estudio de Rodrigo Yepes, Diana Guzmán y Jorge Parra Norato. “En América Latina existe desde 1950 una tendencia generalizada a incrementar los montos de penas con los que se castigan los delitos de drogas”, concluyen los autores.

Por otro lado, este delito en Brasil es una causa de encarcelamiento más frecuente en mujeres que en hombres. “Brasil es el tercer país en el mundo con más encarceladas. El tráfico de drogas representa el 56,16% de los crímenes por los cuales las mujeres cumplen penas mientras que en los hombres ese porcentaje es del 38,72%”, dice Rosângela Teixeira, socióloga del Grupo de Investigación en Seguridad, Violencia y Justicia de la Universidad Federal del ABC en São Paulo.

“El sistema falla con todas ellas, no sólo con las bolivianas. Se encarcela mucho, y a los ojos de la defensa, de forma innecesaria. La ley procesal penal prevé varios requisitos para que una persona sea presa y muchas veces se los pasa por arriba”, dice Vítor Calasanz, defensor público de la ciudad de Corumbá que atiende a un promedio mensual de 50 internas en la penitenciaría femenina de esa ciudad.

****

María Cerrudo Gómez lleva dos meses en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, pero ya ha aprendido ciertos códigos del encierro. Baja la vista, toma sus manos por detrás de la espalda y espera paciente frente al muro de la sala. Se encuentra en prisión preventiva y dice que su única preocupación son sus tres nietos que quedaron solos a cargo de su madre en silla de ruedas. Aceptó llevar casi dos kilos de cocaína por 500 dólares que nunca recibió. Antes de llegar a destino, en São Paulo, fue interceptada por la policía y no sabe bien si fueron sus nervios, su falta de experiencia o alguien más que la delató.

“Realmente no me explicaron. Pido perdón por el error que cometí. Me arrepiento porque son mis nietos los que están pagando ahorita esto. No sé nada de ellos”, dice. “Me dejé tentar con el diablo, no lo escuché a Dios”. La mujer aceptó llevar la droga porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de las que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile. “Supuestamente se fue a trabajar, a darles una vida mejor a mis nietos. Pero hace más de dos años que no sé nada de ella. No sé si estará viva, si estará muerta”, dice Cerrudo.

La mujer está desaparecida para su familia desde el pasado 8 de abril, cuando salió de su casa en Santa Cruz y nunca más supieron de ella. En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias. Mientras espera a conocer su condena, sigue atenta a cualquier mensaje que la conecte de nuevo con los suyos.

elpais.com

Los agentes emprenden el viaje por el Darién hacia Estados Unidos decepcionados de los bajos salarios, la politización y la inestabilidad laboral

Caracas.-Los cuerpos policiales en Venezuela se están vaciando. Renuncias, solicitudes de bajas y deserciones se multiplican en los últimos meses. La crisis económica se agrava, luego de una difusa recuperación durante 2022, y los policías se están yendo uno tras otro, de las instituciones y del país sudamericano, quizás con mejores condiciones físicas para cruzar la peligrosa selva del Darién entre los cientos de miles migrantes que lo han intentado este año. Así lo hizo el oficial jefe Omar Rincón, funcionario de una policía local de Caracas, que empezó la travesía a mediados de julio y hace una semana llegó a Estados Unidos vía Arizona. “Esperé más de un mes a que me dieran mi baja, vendí mi moto, agarré unos pocos ahorros y me vine”.

Rincón llevó enlatados, galletas y mudas de ropa. Tomó lanchas, piraguas y buses; caminó por trochas de noche, esquivó las migraciones en los países más complicados en el trayecto hacia el norte y llegó a Ciudad de México donde hizo la cita para la solicitud de ingreso a través de la aplicación CBT One que implementó este año el Gobierno de Estados Unidos para intentar encausar el enorme flujo de migrantes que se acumula en la frontera sur. El dinero que llevó lo fue dejando cada parada para pagar transportes, coyotes y guías. Caracas, Cúcuta, Medellín, Necoclí, la selva del Darién, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, “otro país que se llama Guatemala”, Tapachula, Ciudad de México, Hermosillo, Nogales, Arizona, Nueva York, y pronto viajará a Atlanta donde ha conseguido un trabajo. “En el camino me encontré a seis compañeros de la policía esperando sus citas, algunos de ellos tomaron la bestia (tren de carga que recorre México y al que se suben de forma irregular los migrantes para llegar a la frontera). Hasta ahora, de mi grupo, soy el único que ya entró a Estados Unidos. Creo que he tenido suerte”.

Este grupo de migrantes venezolanos no solo comparten su pasado de uniformados, sino también las motivaciones para irse. “Tenía 15 años de servicio y todo iba en picada. Me fui por mí, por mí hija”, dice Rincón por teléfono. “La injerencia de la política en la policía ha complicado las cosas. La remuneración salarial, las condiciones, no cuentas con la logística para ejercer la profesión como un funcionario digno”. La dotación de uniformes y botas, a veces incluso hasta las municiones dentro de un mercado informal, corren por cuenta del funcionario en muchas instituciones, cuyos salarios rondan los 20 dólares al mes en promedio.

El grupo de los 618 “cursos”

Durante uno de los tantos operativos emprendidos contra la peligrosa banda del Koki en el barrio Cota 905, en el oeste de Caracas, las esquirlas de una granada impactaron a otro policía, que prefiere no identificarse. La institución para la trabajaba no tenía activo el seguro médico por falta de pago, por lo que tuvo costearse la atención de las heridas con los 14 dólares mensuales que percibía entonces. Hace un año y dos meses que está en Estados Unidos, tras 11 años de servicio en varios cuerpos policiales de Venezuela y después de haber cruzado el Darién en una de las temporadas más duras, cuando todavía no se habían instalado los campamentos de agencias humanitarias y el trayecto se hacía en más de una semana caminando. “En el camino vi como 12 muertos y le salvamos la vida a una cubana que estaba descompensada con las herramientas de primeros auxilios que yo sé como policía”, recuerda por teléfono desde New Jersey, donde hace delivery en su propio coche.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha hecho una enorme inversión en dinero y recursos para las policías del país, sobre todo para la Policía Nacional Bolivariana, fundada en 2009 junto con la universidad, fundamentado en el principio de la “unión cívico-militar- policial” como fuente de poder y control social del chavismo. El pie de la PNB está en unos 40.000 funcionarios. Las policías estatales y regionales, que alguna vez fueron poderosas y autónomas, están regidas ahora al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Salvo excepciones, se han ido debilitando en recursos y personal en estos años, particularmente si son gobernadas por políticos opositores, puesto que el Gobierno central les niega los recursos que les corresponden. Tienen menos atribuciones y armamento para enfrentar al hampa que la PNB, aunque la precariedad salarial los iguala.

El abogado y criminólogo Luis Izquiel apunta que los salarios de la policía venezolana son los más bajos de Sudamérica. Y son más bajos aún en las policías regionales. “Un policía gana un salario que ronda entre los 100 y los 20 dólares mensuales si está comenzando. Hay primas, beneficios, seguros, pero son modestos. Sin embargo hay filas, muchos voluntarios que quieren entrar a la PNB”. En esto coincide Javier Gorriño, experimentado comisario, criminólogo y profesor universitario, que dirige el área de seguridad ciudadana de la Alcaldía de El Hatillo, una zona de clase media-alta en el este de Caracas. “A los muchachos les gusta mucho el trabajo, pero con los sueldos no se puede tener una familia, pues el principal dolor de cabeza aquí es la comida diaria”, reconoce.

“Hay que considerar el espíritu de aventura de todo policía, su vocación implica todo eso. Por eso hay unos que toman caminos como el Darién, muy de moda entre los policías, pero hay otros que lamentablemente toman el camino de la izquierda, que es el de la corrupción, el llamado matraqueo (cobro de coimas en dinero, favores o servicios a comerciantes y particulares), para redondearse los ingresos y hasta para paliar las propias deficiencias de las instituciones, lo que lleva a una confusión de valores”.

Esta semana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, la segunda ciudad del país, ubicada en Zulia, estado fronterizo con Colombia, también reconocía el éxodo con preocupación. “Nuestros funcionarios policiales son los primeros en sentirse en condición física de irse por el Darién. La semana pasada se habían ido al menos 22 funcionarios, piden la baja y cruzan por el Darién”, dijo en una rueda de prensa en la que agregó que el número de agentes era insuficiente para resguardar la ciudad y que con los policías activos cubrían apenas 10% del territorio.

Desprofesionalización y letalidad

“Es difícil tener data del número de policías o agentes de seguridad que han emigrado, porque el Gobierno no publica esa información desde 2012″, afirma Rocío San Miguel, abogado y directora de la ONG Control Ciudadano. “Pero es muy evidente que aumenta el número de oficiales que pide baja, de policías que emigran por zonas fronterizas, sobre todo regionales”. Control Ciudadano distingue como causas, tanto para policías como para militares, “salarios insuficientes, estabilidad laboral, participación política y desprofesionalización”. El oficial jefe Rincón, recién llegado a Nueva York, dice que las generaciones que se están formando ahora no tienen expectativas y que no hay posibilidades reales de un ascenso. “No están recibiendo el entrenamiento y la disciplina que recibimos otros”.

Esta desprofesionalización y politización también tiene su correlato en otras cifras alarmantes que describen a las instituciones policiales venezolanas como las más letales en la región: 1 de cada 3 homicidios en Venezuela son cometidos por agentes de seguridad del Estado, según un informe del Monitor del Uso de Fuerza Letal en Venezuela presentado el año pasado. A esto se suma el expediente de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Misión de Determinación de los Hechos ordenada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se exhortó a la supresión del cuerpo élite de la PNB, las Fuerzas de Actuaciones Especiales (FAES).

Oficiales de policía durante un operativo de seguridad en Caracas, en 2018.FERNANDO LLANO (AP)

El propio Maduro ha declarado que quiere llevar a 100.000 funcionarios la PNB, una institución con filtros “muy amplios” para graduar funcionarios, que reciben formación doctrinaria chavista. “En la Democracia había un diseño policial más débil, pero con más dinero, los policías hacían carrera, tenían seguros fuertes, compraban apartamentos”, afirma Izquiel. “Ahora, el cuerpo crece, pero muchos funcionarios abandonan la carrera con rapidez o emigran buscando opciones”. Maduro ha militarizado completamente todas las funciones policiales en el país, recuerda Izquiel. Esto ha tenido consecuencias en el funcionamiento y recelos entre el personal de carrera policial, con una preparación distinta. “Un policía dura años estudiando para ser director y vienen y le ponen un militar encima”, comenta el ex policía reinventado como repartidor en New Jersey.

Un funcionario activo de una policía municipal en Caracas dice que la decepción es generalizada. Ha decidido tomar sus vacaciones para poder rebuscarse en otros oficios como la mecánica, pero no tiene ninguna motivación para volver a su comando. Han perdido las bonificaciones por procedimientos extraordinarios, las primas por hijos o estudios, las dotaciones y otros beneficios establecidos en los contratos, manuales y normas laborales, que la administración pública en Venezuela ha dejado de cumplir. Otros policías también trabajan como repartidores, mototaxistas o escoltas, sacando provecho del horario de 24 horas de servicio por 48 horas libres que se ha estandarizado en varias instituciones para aligerar la carga y administrar el déficit. En algunos cuerpos policiales han empezado a retrasar el otorgamiento de bajas, para frenar el éxodo. Pero ante el avance de la crisis, cada vez hay más policías que simplemente desertan.

https://elpais.com/