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Pedido de Leonel Luce Poco Razonable, pero legítimo y sirve para evaluar equipos de cara al 2020.
Los resultados arrojados por las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las que salió derrotado el expresidente Leonel Fernández han generado un reclamo de reconteo manual de los votos que no es razonable, pero si legítimo.
La denuncia de Leonel parece poco razonable a partir de los elementos que se citan para justificar la comisión del fraude y de cuya irregularidad se busca acusar a la Junta Central Electoral (JCE), la cual ha sido la más elogiada por la eficiencia mostrada en el proceso de votación y conteo de los votos.
Incluso, la JCE quedó tan bien parada que no ha habido quien no haya reconocido que el conteo fue muy rápido, como nunca antes en la historia electoral del país, entre cuyas felicitaciones está la de la propia Comisión Electoral del PLD, que ha reconocido el trabajo del árbitro comicial y de la tecnología usada para el conteo automatizado
Sin embargo, la reclamación de Leonel se coloca en el marco del tradicional pataleo por razones que tocaremos en este reportaje interpretativo, pero que la misma no deja de tener un efecto importante para el uso futuro de los equipos que permitieron la implementación del voto automatizado.
Lo primero es que con los equipos cuestionados por Leonel también fueron utilizados para contabilizar la votación del otro partido que participó en las primarias, el Revolucionario Moderno, pero con la diferencia de que eran cerradas, donde el candidato perdedor se ha acogido a los resultados sin quejas, por lo que se podría alegar que si no hubo fraude en un caso tampoco pudo haberlo en el otro.
Es de sentido común que el alegado algoritmo ocurrido en el softtware que sirvió para transmitir los votos del PLD, también debió impactar al PRM, lo cual no ha sido así, quitándole de esa manera razonalidad al reclamo de Leonel.
Lo segundo es que los votos emitidos eran observados y fiscalizados por los delegados de los precandidatos que participaron en la contienda y ahí había un representante de Leonel en cada mesa de votación, lo cual hubiera generado algún tipo de reclamo frente a cualquier irregularidad y no hubo uno solo en el territorio nacional.
Lo tercero tiene que ver con las publicaciones que se han hecho en el sentido de que en diversos distritos municipales aparecen más votos que votantes, cuya distorsión proviene del sector del expresidente, porque ellos saben muy que por tratarse de una multiplicidad de opciones es normal que así sea.
Por ejemplo, un votante cuando acude a su colegio va seleccionar no solo al aspirante presidencial, sino también a los que buscan una senaduría, una diputación o una regiduría, entonces es normal que haya más votos emitidos que votantes, lo cual no constituye un fraude.
Es decir, que en cualquier colegio donde hayan más de dos opciones habrá una cantidad de votos por encima de los votantes, porque solo no fuera así si el sufragante lo hace por todos los presentados en una boleta electoral, lo que parece difícil a partir de lo que se conoce como el voto preferencial.
Entonces visto de esa manera en cualquier colegio de votación o municipio cuando aparezcan cinco mil votantes habrá una cantidad de votos que pudiera superar tres veces esa cantidad, quitándole razonalidad al reclamo de Leonel, pero habría que reiterar que eso no le quita legitimidad a la solicitud.
Lo otro es que no tiene lógica el hecho de que el algoritmo alegado por Leonel solo funcionara para una parte de los colegios cuando el sistema era uno solo, es decir, que en las primarias intervino un solo software y en consecuencia debió impactar toda la votación.
Sin embargo, en este caso también hay una falta de razonalidad de Leonel porque varios candidatos del que supuestamente hizo el fraude, que es el grupo del Presidente Danilo Medina, salió perdedor en la contienda con varios de sus aspirantes a senador, por ejemplo, su propia hermana que buscaba ser la candidata en la provincia de San Juan de la Maguana y Sonia Mateo en Dajabón.
De manera, que la denuncia de fraude de Leonel es poco razonable, pero legítima y que además la misma sirve para que se haga un conteo manual de los votos para comprobar si los equipos usados en las primarias son tan idóneos como ha sido percibido por todos los dominicanos y los observadores internacionales.
Tanto es así, que la Junta Central Electoral hizo un conteo manual de un 20 por ciento de los votos como se comprometió con el candidato perdedor y el mismo no tuvo ninguna diferencia, la más mínima, con el conteo y la transmisión automatizada.
Todo esto dice que Leonel ha recurrido a un pataleo que no es razonable, sobre todo porque él cuenta con una serie de personajes que saben perfectamente por qué puede haber más votos que votantes, como ejemplo Roberto Rosario, entre otros.
Habría que preguntarse y por qué ninguno de los dos grupos no han argumentado fraude sobre la base de la compra de cédulas, aparentemente porque los dos hicieron lo mismo
Empero, a la Junta Central Electoral (JCE) le conviene este pataleo de Leonel porque le permitirá legitimarse en el proceso de primarias, pero además para las elecciones generales de febrero y mayo, lo cual va eliminar cualquier derecho al pataleo como el que ha recurrido ahora con Leonel, quien hoy ha anunciado una protesta pacífica frente al edificio que aloja el órgano arbitral.
De cualquier modo, es importante auditar los equipos utilizados para evaluar si son realmente tan útiles para los procesos electorales en la República Dominicana y en otros lugares del mundo, pero además ello también posibilita que la Junta Central Electoral se someta a su propia legalidad, porque se podrán cumplir con aquellas cosas que no se hicieron.
Estas explicaciones ubican como un derecho al pataleo de un candidato que ha perdido en las primarias internas celebradas en todo el país para escoger los candidatos de los partidos que habrán de controlar el Estado a partir del año 2020, guste o no guste.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.