Editorial
La democracia dominicana seriamente amenazada por la conducta de los partidos políticos
El sistema de partidos y la democracia dominicana corren peligro por la incoherencia de sus dirigentes de prometer una cosa cuando están en la oposición y hacer todo lo contrario cuando llegan al Gobierno.
El descrédito de la democracia dominicana parece que será total y que no dejará espacio para que la gente crea por lo menos en el actual sistema de partidos.
La conducta en muchos aspectos iguala a perremeístas y peledeístas en lo que respecta al manejo del Estado, porque si existiera alguna diferencia sólo puede ser atribuible a la presión social que reciben los partidos para que cambien su forma de comportarse.
Pero en un solo mes de Gobierno perremeista se puede comprobar que el criterio para manejar la cosa pública no difiere mucho entre los dirigentes de los partidos que más incidencia tienen en estos momentos en la vida nacional.
Sin entrar en detalles, sólo basta ver como los peledeistas y los perredeistas se reparten el botín público desde perspectiva muy similares, ya que lo primero es nombrar a todos los miembros de una familia en la administración gubernamental como si se tratara de una herencia dejada por sus abuelos.
Ambos, peledeistas y perremeistas, tienen un discurso de maravillas durante las campañas electorales, de solución de todos los problemas nacionales y luego lo cambian por acciones que contradicen todo lo prometido, lo cual crea una gran frustración entre los votantes.
En un sólo mes los perremeístas han dejado claro que son portadores de un ADN, tal vez heredado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de donde provienen, que no deja espacio para que se pueda confiar en ellos.
Se percibe que el Gobierno de Luis Abinader se desvanece a una velocidad impresionante, ya que el propio mandatario camina como un barco sin brújula, cuyas buenas intenciones en algunas cosas, no aleja la imagen de que parece que el Estado le ha quedado grande.
Abinader ha ocupado más su tiempo en nombrar personas en funciones que no son vitales para la sociedad dominicana, como ejemplo la enorme cantidad de asesores, hasta para limpiar una cuneta o para sacrificar animales en un matadero, lo cual genera dudas e incertidumbres en medio de una situación tan delicada como la que vive el país.
Son muchas las acciones que generan pesimismo en las actuales autoridades, incluidas su falta de lealtad con unos aliados que posibilitaron de alguna manera sacar del Gobierno a un PLD que cree más en lo mal hecho que en enderezar el camino equivocado que toma la nación.
Lo otro es que Luis Abinader se ha inclinado por entregar su Gobierno a un sector privado que ha demostrado que sólo le interesa defender sus intereses corporativos o personales, tal vez por falta de conciencia o por el hambre que tiene de acumular o ensanchar sus grandes fortunas.
En su momento este periódico hablará con más detalles al respecto, porque lo que está tan claro no necesita luz para que se vea.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.