Editorial
La Democratización de la Impunidad.
En un país pobre como la República Dominicana la impunidad era hace algunas décadas un privilegio de todo el que cometía un delito o crimen, pero que tenia dinero para pagar una alta fianza o que sobornaba a fiscales, jueces y cualquier otro funcionario de la judicatura.
En pocas palabras la impunidad estaba reservada para los que tenían dinero, pero esa realidad cambió en la medida en que el Estado ha perdido capacidad represora y reguladora en contra de los que tienen vocación criminal.
Sin embargo, ahora la impunidad se ha generalizado y ya cualquier ratero goza de la misma, porque se beneficia de los tres fenómenos que ha planteado este periódico, ineptitud, negligencia y complicidad
La ineptitud, la negligencia y la complicidad tienen su razón de ser en el hecho de que no hay más ciego que el ignorante, mientras que la segunda condición tiene que ver con la crisis que padece la sociedad dominicana, donde prácticamente desapareció la cultura del trabajo.
Nadie quiere cumplir con su obligación y con su deber, porque ya lo hemos dicho, que la sociedad dominicana luce resignada, cansada y enferma, cuyas debilidades hace que todo quede como en un limbo.
El régimen de consecuencia es tan pobre en la República Dominicana que hasta el ratero que comete un crimen o delito, no bien es despojado de lo robado, y sin que sea así, es dejado en libertad, cuya aprensión se convierte en un gran dolor de cabeza para la víctima, aunque existan las pruebas en contra del antisocial.
La impotencia del dominicano descansa precisamente en el deterioro que se observa en el sistema de justicia, en el que resolver cualquier caso por sencillo que sea, si es que se resuelve, dura meses y hasta años.
Es más la mayoría de los casos se quedan impune, lo cual estimula al que actúa al margen de la ley a continuar su carrera delincuencial porque sabe que no hay un régimen de consecuencia.
Todo parece indicar que todavía es muy poco lo que ocurre en términos de robos a mano armada y de atracos callejeros, porque como lo hemos planteado la sociedad luce bandalizada, donde la propia autoridad pública no asume la responsabilidad que le confiere la ley.
Es un asunto que cada día toma una dimensión más preocupante, porque el ladrón ya no solo despoja de cualquier propiedad a su víctima, sino que no tiene ninguna compasión para quitarle la vida.
La pregunta que se impone frente al cuadro de peligro que asalta a la sociedad es ¿y acaso los fiscales, jueces y alguaciles no son parte de los conglomerados sociales impactados por la delincuencia?.
Si la respuesta es sí, entonces habría que concluir que estos funcionarios amuelan cuchillos para su propia garganta, es decir, que en cualquier momento ellos podrían pasar de cómplices a víctimas.
La impunidad se ha democratizado o generalizado, por lo que se podría decir que tanto logra con facilidad su libertad el que cometen una infracción a ley con el robo de un objeto de poco valor económico que el delincuente de cuello blanco.
Así anda la cualquerización de la sociedad dominicana que sólo manda decir que a Dios que nos coja confesaos, porque tiene mucha lógica que el delincuente de cuello blanco pague mucho dinero para no caer preso, ya que este fenómeno entra en el contexto de cualquier sociedad donde pueden ocurrir estas cosas, pero no así para una persona que no tiene en que casarse muerta, aunque lo natural fuera, como lo dice el enunciado jurídico, de que la ley es igual para todos.
Lo cierto es que los delincuentes de cuello blanco y los ladrones de bajo monta ya son iguales frente a la autoridad, porque definitivamente el dominicano tiene una sociedad cansada, enferma y donde cae como anillo al dedo la expresión que dice “nada es nada”.
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.