Editorial
La Democratización de la Impunidad.
En un país pobre como la República Dominicana la impunidad era hace algunas décadas un privilegio de todo el que cometía un delito o crimen, pero que tenia dinero para pagar una alta fianza o que sobornaba a fiscales, jueces y cualquier otro funcionario de la judicatura.
En pocas palabras la impunidad estaba reservada para los que tenían dinero, pero esa realidad cambió en la medida en que el Estado ha perdido capacidad represora y reguladora en contra de los que tienen vocación criminal.
Sin embargo, ahora la impunidad se ha generalizado y ya cualquier ratero goza de la misma, porque se beneficia de los tres fenómenos que ha planteado este periódico, ineptitud, negligencia y complicidad
La ineptitud, la negligencia y la complicidad tienen su razón de ser en el hecho de que no hay más ciego que el ignorante, mientras que la segunda condición tiene que ver con la crisis que padece la sociedad dominicana, donde prácticamente desapareció la cultura del trabajo.
Nadie quiere cumplir con su obligación y con su deber, porque ya lo hemos dicho, que la sociedad dominicana luce resignada, cansada y enferma, cuyas debilidades hace que todo quede como en un limbo.
El régimen de consecuencia es tan pobre en la República Dominicana que hasta el ratero que comete un crimen o delito, no bien es despojado de lo robado, y sin que sea así, es dejado en libertad, cuya aprensión se convierte en un gran dolor de cabeza para la víctima, aunque existan las pruebas en contra del antisocial.
La impotencia del dominicano descansa precisamente en el deterioro que se observa en el sistema de justicia, en el que resolver cualquier caso por sencillo que sea, si es que se resuelve, dura meses y hasta años.
Es más la mayoría de los casos se quedan impune, lo cual estimula al que actúa al margen de la ley a continuar su carrera delincuencial porque sabe que no hay un régimen de consecuencia.
Todo parece indicar que todavía es muy poco lo que ocurre en términos de robos a mano armada y de atracos callejeros, porque como lo hemos planteado la sociedad luce bandalizada, donde la propia autoridad pública no asume la responsabilidad que le confiere la ley.
Es un asunto que cada día toma una dimensión más preocupante, porque el ladrón ya no solo despoja de cualquier propiedad a su víctima, sino que no tiene ninguna compasión para quitarle la vida.
La pregunta que se impone frente al cuadro de peligro que asalta a la sociedad es ¿y acaso los fiscales, jueces y alguaciles no son parte de los conglomerados sociales impactados por la delincuencia?.
Si la respuesta es sí, entonces habría que concluir que estos funcionarios amuelan cuchillos para su propia garganta, es decir, que en cualquier momento ellos podrían pasar de cómplices a víctimas.
La impunidad se ha democratizado o generalizado, por lo que se podría decir que tanto logra con facilidad su libertad el que cometen una infracción a ley con el robo de un objeto de poco valor económico que el delincuente de cuello blanco.
Así anda la cualquerización de la sociedad dominicana que sólo manda decir que a Dios que nos coja confesaos, porque tiene mucha lógica que el delincuente de cuello blanco pague mucho dinero para no caer preso, ya que este fenómeno entra en el contexto de cualquier sociedad donde pueden ocurrir estas cosas, pero no así para una persona que no tiene en que casarse muerta, aunque lo natural fuera, como lo dice el enunciado jurídico, de que la ley es igual para todos.
Lo cierto es que los delincuentes de cuello blanco y los ladrones de bajo monta ya son iguales frente a la autoridad, porque definitivamente el dominicano tiene una sociedad cansada, enferma y donde cae como anillo al dedo la expresión que dice “nada es nada”.
La sentencia del Tribunal Constitucional permite que en el panorama político dominicano tenga vigencia la figura de las candidaturas independientes.
Esta decisión sí que impacta de una forma importante la democracia nacional, la cual está agonizante por la conducta de los actores del sistema de partidos tradicionales.
Quién le puede quitar el carácter de depredadora de la partidocracia, la cual se aprovecha de todo y lleva inexorablemente al país a otra Grecia, Argentina o Puerto Rico.
Los robos del patrimonio público no son moderados, lo que de ninguna manera es aceptable, dado que los políticos tradicionales no se conforman con cien millones de dinero del pueblo dominicano, sino que hacen hasta lo imposible para sustraer miles de millones.
Para ilustración al respecto, los ejemplos están a la orden del día, con el agravante de que los que hacen turno desde la oposición sólo persiguen apoyarse en la expresión muy popular que dice: “quítate tú, pa ponerme yo”.
Ahí están los ejemplos de Danilo que se peleó con Leonel por esa causa y ahora la de Abinader que reproduce en muchos aspectos la misma conducta de los dos primeros.
Si bien es cierto, que la crisis de valores de que adolece el país podría llevar al poder a cualquier degenerado que se proyecte como buena gente, lo cierto es que las candidaturas independientes es un mecanismo más democrático y participativo,
Es decir, que aun en el caso de que la figura de las candidaturas independientes conlleve riesgos, pero lo cierto es que es una vía más acorde con el proceso de democratización de la política, sobre todo en Latinoamérica, donde hay profundos antivalores que ponen en peligro la cultura cívica, moral y ética de estos pueblos.
De manera, que La República promueve un apoyo masivo, abierto y sin reservas a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional, porque esa sentencia abre un camino importante hacia la democratización, la participación, el adecentamiento y el mejoramiento de los niveles de institucionalidad del Estado dominicano.
El reto está echado. Manos a la obra.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.