Editorial
La Democratización de la Impunidad.
En un país pobre como la República Dominicana la impunidad era hace algunas décadas un privilegio de todo el que cometía un delito o crimen, pero que tenia dinero para pagar una alta fianza o que sobornaba a fiscales, jueces y cualquier otro funcionario de la judicatura.
En pocas palabras la impunidad estaba reservada para los que tenían dinero, pero esa realidad cambió en la medida en que el Estado ha perdido capacidad represora y reguladora en contra de los que tienen vocación criminal.
Sin embargo, ahora la impunidad se ha generalizado y ya cualquier ratero goza de la misma, porque se beneficia de los tres fenómenos que ha planteado este periódico, ineptitud, negligencia y complicidad
La ineptitud, la negligencia y la complicidad tienen su razón de ser en el hecho de que no hay más ciego que el ignorante, mientras que la segunda condición tiene que ver con la crisis que padece la sociedad dominicana, donde prácticamente desapareció la cultura del trabajo.
Nadie quiere cumplir con su obligación y con su deber, porque ya lo hemos dicho, que la sociedad dominicana luce resignada, cansada y enferma, cuyas debilidades hace que todo quede como en un limbo.
El régimen de consecuencia es tan pobre en la República Dominicana que hasta el ratero que comete un crimen o delito, no bien es despojado de lo robado, y sin que sea así, es dejado en libertad, cuya aprensión se convierte en un gran dolor de cabeza para la víctima, aunque existan las pruebas en contra del antisocial.
La impotencia del dominicano descansa precisamente en el deterioro que se observa en el sistema de justicia, en el que resolver cualquier caso por sencillo que sea, si es que se resuelve, dura meses y hasta años.
Es más la mayoría de los casos se quedan impune, lo cual estimula al que actúa al margen de la ley a continuar su carrera delincuencial porque sabe que no hay un régimen de consecuencia.
Todo parece indicar que todavía es muy poco lo que ocurre en términos de robos a mano armada y de atracos callejeros, porque como lo hemos planteado la sociedad luce bandalizada, donde la propia autoridad pública no asume la responsabilidad que le confiere la ley.
Es un asunto que cada día toma una dimensión más preocupante, porque el ladrón ya no solo despoja de cualquier propiedad a su víctima, sino que no tiene ninguna compasión para quitarle la vida.
La pregunta que se impone frente al cuadro de peligro que asalta a la sociedad es ¿y acaso los fiscales, jueces y alguaciles no son parte de los conglomerados sociales impactados por la delincuencia?.
Si la respuesta es sí, entonces habría que concluir que estos funcionarios amuelan cuchillos para su propia garganta, es decir, que en cualquier momento ellos podrían pasar de cómplices a víctimas.
La impunidad se ha democratizado o generalizado, por lo que se podría decir que tanto logra con facilidad su libertad el que cometen una infracción a ley con el robo de un objeto de poco valor económico que el delincuente de cuello blanco.
Así anda la cualquerización de la sociedad dominicana que sólo manda decir que a Dios que nos coja confesaos, porque tiene mucha lógica que el delincuente de cuello blanco pague mucho dinero para no caer preso, ya que este fenómeno entra en el contexto de cualquier sociedad donde pueden ocurrir estas cosas, pero no así para una persona que no tiene en que casarse muerta, aunque lo natural fuera, como lo dice el enunciado jurídico, de que la ley es igual para todos.
Lo cierto es que los delincuentes de cuello blanco y los ladrones de bajo monta ya son iguales frente a la autoridad, porque definitivamente el dominicano tiene una sociedad cansada, enferma y donde cae como anillo al dedo la expresión que dice “nada es nada”.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.