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La densidad poblacional en la isla la Española constituye uno de los más grandes retos para el Estado dominicano.
Por Elba García
Un estudio hecho sobre la perspectiva de crecimiento poblacional en la isla la Española constituye una verdadera amenaza para la República Dominicana, en virtud de los retos institucionales, migratorios, sociales y económicos que implican para un país con grandes déficits en esta materia.
De acuerdo con la investigación, en la próxima década 2021-2030 las dos naciones que ocupan la isla tendrán una población que alcanzaría la suma de 2.1 millones de habitantes.
Este crecimiento poblacional constituye una amenaza para la República Dominicana, ya que de ambas, Haití es la que presenta una seria crisis humanitaria, pese a que el país adolece de una gama de debilidades que la hacen muy vulnerable frente a una posible huida en masas de sus vecinos por carecer de los instrumentos elementales para sobrevivir.
Los dos países, es decir Haití y la República Dominicana, tienen un territorio de 76,172 kilómetros cuadrados, cuya parte correspondiente a la hermana nación están en condiciones de improductividad y con el agravante de tener un Estado colapsado.
El fenómeno del aumento poblacional representa una peligrosa amenaza para un país como la República Dominicana, donde en realidad tampoco existe un Estado fuerte que pueda soportar la llegada de cientos de miles de haitianos, que como es normal, vienen acompañado de hambre, desempleo, falta de educación y de una gran variedad de enfermedades infecto-contagiosas y a sabiendas de que el sistema de salud nacional no está en capacidad de soportar semejante carga.
Se prevé que la República Dominicana para el año 2030 tendrá unos 804,785 habitantes más, amén de los 10,4 millones que se calculan actualmente y la proyección para el 2030 llega a unos 11.2 millones.
Por su parte, se prevé que Haití pueda tener un aumento en su población de 11.4 millones a 12.7, un aumento de 1.3 millones de habitantes.
Ambos países tendrán para el año 2030 alrededor de 24 millones de habitantes, lo cual constituye una grave amenaza para la estabilidad social e incluso política para ambas naciones a partir de su incapacidad para afrontar la demanda de servicios públicos, agua potable, medicamentos y viviendas.
En el caso específico del agua, los dominicanos sufren hoy la amenaza de una gran escasez de este preciado líquido como resultado de los altos niveles de contaminación de los recursos acuíferos, pero ni que decir de los servicios de salud que acumulan grandes deficiencias en el sistema público, así como en lo que respecta al sector vivienda.
A partir de la no satisfacción de estas necesidades, la República Dominicana con el impacto de la inmigración haitiana tendría grandes estallidos sociales y en consecuencia inestabilidad política, sobre todo si se toma en cuenta los grandes déficit que tiene el Estado con la sociedad.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (COLADE), una dependencia de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), plantea la implementación de políticas publicas bilaterales para afrontar la amenaza que se cierne sobre ambas naciones.
Sin embargo, Haití es muy poco lo que puede hacer en razón de que carece de un Estado que pueda hacer algún tipo de planificación, a menos de que se trate de un proyecto que involucre la comunidad internacional, principalmente a Estados Unidos y Europa que son los principales responsables de la tragedia que vive la hermana nación.
A pesar de que ambas naciones tienen marcadas diferencias en lo que respecta a su Producto Interno Bruto (PIB), lo cierto que hay mucha similitud entre la crisis haitiana y la dominicana si se analiza a partir de los bajos niveles de regulación, fiscalización e institucionalidad de los Estados de las dos naciones.
En términos de los problemas medioambientales, Haití está en medio de un territorio totalmente deforestado y lo mismo podría ocurrir con la República Dominicana, lo cual también reclama el concurso internacional para superar la crisis que afecta a toda la isla, pero tal vez habría que afrontar el asunto de manera separada.
La propia falta de institucionalidad del Estado dominicano hace prácticamente imposible implementar políticas migratorias que impida que el haitiano entre ilegalmente al territorio dominicano y aumente los cinturones de miseria y en consecuencia haga colapsar más el sistema de salud.
No es que no se puedan diseñar políticas bilaterales en algunos aspectos, pero cargar la crisis haitiana a la República Dominicana es complicar la situación de una nación que tampoco anda bien y que requiere de medidas muy severas y profundas para resolver sus problemas.
La inversión en la frontera podría ser un paso importante para ambas naciones, sobre todo mediante la construcción de empresas que reduzcan el desempleo, pero resulta prácticamente imposible que un país con serios problemas de pobreza y de institucionalidad pueda asumir también los de su vecino.
La República Dominicana es una nación con grandes amenazas en su contra, dado que tiene altos niveles de endeudamientos, la insatisfacción de profundas necesidades sociales e impactada por una crisis integral, que va de lo ético-moral hasta lo social, económico y político, cuya carga haitiana crearía una situación insoportable.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.