Latinoamericanas
La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú
En el país no existen antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado constitucionalmente a un presidente en funciones
Lima.– El artículo 117 de la Constitución política del Perú señala que el presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. Sin embargo, el martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al Jefe de Estado, Pedro Castillo, por delitos de corrupción (organización criminal, tráfico de influencias y colusión) que no se enmarcan en la ley fundamental.
Se trata de un caso inédito en la política peruana. Por estas horas, llueven las interpretaciones de los juristas en los medios de comunicación y las redes sociales. Para un sector, el suceso ha puesto en jaque al actual Gobierno y simboliza el inicio de su fin mientras que para otro bando la acusación no se ajusta a los principios constitucionales del país.
Según el abogado Omar Cairo, el único mecanismo válido para destronar al presidente es el juicio político por infracciones constitucionales. No obstante, la fiscal de la Nación ha elevado su denuncia bajo una figura contrapuesta denominada antejuicio que tiene como fin habilitar al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente Castillo, pero por delitos que no están incluidos en el artículo 117. ”Se tendría que reformar la constitución para que proceda. Tal y como está, no se puede. Por cualquier otro delito no se puede procesar penalmente al presidente durante su mandato. Hay que esperar hasta el 28 de julio de 2026″, explica el jurista.
La fiscal Patricia Benavides ampara su imputación en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que la inmunidad presidencial no limite la investigación, enjuiciamiento y sanción. Benavides alega que dicha convención tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. ”Eso no es cierto. Porque dicha Convención sostiene que los Estados parte deben adoptar medidas para evitar la impunidad de los funcionarios sí, pero conforme a sus ordenamientos jurídicos. Y dentro de ese marco está el artículo 117. Es decir, la Convención de la ONU remite al artículo 117″, anota Omar Cairo.
Un escenario legal que sí podría aplicarse a la figura presidencial es la incapacidad moral. Recurso constitucional que destituyó al expresidente Martín Vizcarra a inicios de noviembre de 2020 por presuntos cobros ilícitos durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones.
En ese sentido, las causales que podrían vacar al presidente son muerte, renuncia, salida del país sin regreso, condena por algún delito del artículo 117, incapacidad física y a su vez incapacidad moral, una zona gris pues carece de interpretación única. “El problema es que la moralidad es un concepto subjetivo, porque no hay ninguna moral obligatoria en el país. Hay libertad de creencias. Dejaría otra vez a la subjetividad del Congreso la estabilidad de los presidentes”, remarca Omar Cairo, experto en derecho constitucional.
El curso de la acusación
La denuncia contra Pedro Castillo ya se encuentra en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Lady Camones, presidenta de dicha comisión parlamentaria, ha informado que su grupo de trabajo analizará el caso en una sesión ordinaria este viernes 14 de octubre. Luego de ello tendrán diez días hábiles para dar un fallo.
Como parte de la evaluación pasará a la Comisión Permanente del Congreso. A la par se recabarán testimonios y pruebas que sustenten la denuncia de la Fiscal de la Nación. En caso se proceder se elevará al Pleno del Congreso, donde se someterá a votación. El proceso podría tardar dos meses. En tanto, jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostiene que la fiscal Patricia Benavides estaría infringiendo la constitución por no respetar los escenarios del artículo 117. “No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opinión al respecto”, anotó.
- Por EUROPA PRESS
LIMA.- Al menos cinco personas han fallecido y otras dos han resultado heridas durante una intervención de las fuerzas de seguridad peruanas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), una extensa área del centro y sur del país marcada por la presencia de redes del narcotráfico y remanentes insurgentes, según han indicado fuentes militares.
El Comando Especial Vraem ha señalado en un comunicado que el despliegue se llevó a cabo en respaldo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y con conocimiento del Ministerio Público, «el marco de las acciones de control territorial y lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID) y remanentes terroristas».
De acuerdo con la versión oficial, los hechos tuvieron lugar en una zona rural del distrito de Colcabamba, en la región de Huancavelica, donde una patrulla castrense «fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas».
FUERZAS ARMADAS ADVIERTEN DE PELIGRO INMINENTE
Las Fuerzas Armadas han afirmado que respondieron a un «peligro inminente» y «en legítima defensa». No obstante, han reconocido que, como consecuencia del enfrentamiento, murieron «cinco personas presuntamente vinculadas a organizaciones terroristas», cuya identidad aún no ha sido confirmada. Asimismo, dos heridos fueron trasladados a un centro sanitario.
El comunicado añade que una persona fue arrestada y puesta a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, mientras que no se registraron bajas entre los efectivos militares.
El mando militar ha reivindicado además que sus intervenciones «se ejecutan en estricto respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al marco legal vigente».
No obstante, medios locales han apuntado que el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre lo ocurrido, ante versiones que señalan que la Policía no habría hallado ni drogas ni armamento en el vehículo en el que se desplazaban los fallecidos.
En este contexto, el Comando Especial ha destacado que en la zona se mantiene «un trabajo permanente, riguroso y de muy alto riesgo para garantizar el orden interno, enfrentar a las economías ilegales y proteger a la ciudadanía».
El Vraem, una región de selva montañosa que abarca territorios de cinco departamentos, concentra amplias plantaciones ilegales de hoja de coca -materia prima de la cocaína- y es considerado el principal enclave de los remanentes de Sendero Luminoso, que operan en alianza con organizaciones del narcotráfico, según han sugerido las autoridades.
of-am
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Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.