Latinoamericanas
La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú
En el país no existen antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado constitucionalmente a un presidente en funciones
Lima.– El artículo 117 de la Constitución política del Perú señala que el presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. Sin embargo, el martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al Jefe de Estado, Pedro Castillo, por delitos de corrupción (organización criminal, tráfico de influencias y colusión) que no se enmarcan en la ley fundamental.
Se trata de un caso inédito en la política peruana. Por estas horas, llueven las interpretaciones de los juristas en los medios de comunicación y las redes sociales. Para un sector, el suceso ha puesto en jaque al actual Gobierno y simboliza el inicio de su fin mientras que para otro bando la acusación no se ajusta a los principios constitucionales del país.
Según el abogado Omar Cairo, el único mecanismo válido para destronar al presidente es el juicio político por infracciones constitucionales. No obstante, la fiscal de la Nación ha elevado su denuncia bajo una figura contrapuesta denominada antejuicio que tiene como fin habilitar al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente Castillo, pero por delitos que no están incluidos en el artículo 117. ”Se tendría que reformar la constitución para que proceda. Tal y como está, no se puede. Por cualquier otro delito no se puede procesar penalmente al presidente durante su mandato. Hay que esperar hasta el 28 de julio de 2026″, explica el jurista.
La fiscal Patricia Benavides ampara su imputación en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que la inmunidad presidencial no limite la investigación, enjuiciamiento y sanción. Benavides alega que dicha convención tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. ”Eso no es cierto. Porque dicha Convención sostiene que los Estados parte deben adoptar medidas para evitar la impunidad de los funcionarios sí, pero conforme a sus ordenamientos jurídicos. Y dentro de ese marco está el artículo 117. Es decir, la Convención de la ONU remite al artículo 117″, anota Omar Cairo.
Un escenario legal que sí podría aplicarse a la figura presidencial es la incapacidad moral. Recurso constitucional que destituyó al expresidente Martín Vizcarra a inicios de noviembre de 2020 por presuntos cobros ilícitos durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones.
En ese sentido, las causales que podrían vacar al presidente son muerte, renuncia, salida del país sin regreso, condena por algún delito del artículo 117, incapacidad física y a su vez incapacidad moral, una zona gris pues carece de interpretación única. “El problema es que la moralidad es un concepto subjetivo, porque no hay ninguna moral obligatoria en el país. Hay libertad de creencias. Dejaría otra vez a la subjetividad del Congreso la estabilidad de los presidentes”, remarca Omar Cairo, experto en derecho constitucional.
El curso de la acusación
La denuncia contra Pedro Castillo ya se encuentra en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Lady Camones, presidenta de dicha comisión parlamentaria, ha informado que su grupo de trabajo analizará el caso en una sesión ordinaria este viernes 14 de octubre. Luego de ello tendrán diez días hábiles para dar un fallo.
Como parte de la evaluación pasará a la Comisión Permanente del Congreso. A la par se recabarán testimonios y pruebas que sustenten la denuncia de la Fiscal de la Nación. En caso se proceder se elevará al Pleno del Congreso, donde se someterá a votación. El proceso podría tardar dos meses. En tanto, jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostiene que la fiscal Patricia Benavides estaría infringiendo la constitución por no respetar los escenarios del artículo 117. “No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opinión al respecto”, anotó.
Latinoamericanas
Pedro Alliana asume presidencia de Paraguay y promete compensar a afectados por crisis bancaria
EFE Globales
El nuevo mandatario asumió el poder tras la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político y anunció medidas para proteger los ahorros de millones de clientes afectados por el cierre de Ueno Bank.
ASUNCIÓN, Paraguay. – Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre de 2026 como nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo financiero provocado por la crisis de Ueno Bank.
En su primer discurso como jefe de Estado, Alliana prometió garantizar compensaciones a los ciudadanos afectados por el cierre de la entidad bancaria y adoptar medidas urgentes para proteger los recursos públicos y privados comprometidos.
El nuevo gobernante aseguró que su administración dará prioridad a los ahorristas de menores recursos, quienes enfrentan dificultades económicas como consecuencia de la situación financiera.
Crisis bancaria provoca cambio de Gobierno
La llegada de Alliana a la Presidencia se produjo después de que el Senado paraguayo declarara culpable a Santiago Peña de mal desempeño de funciones durante un juicio político celebrado en ausencia del mandatario.
La decisión estuvo relacionada con los cuestionamientos sobre los vínculos del ahora expresidente con Ueno Bank, entidad financiera cuya crisis provocó preocupación entre los depositantes y las instituciones públicas que mantenían recursos en ese banco.
Peña había sido accionista del grupo propietario de la institución hasta 2025, mientras que durante su administración distintas entidades estatales depositaron importantes recursos en el sistema financiero vinculado al banco.
La situación desencadenó una crisis política que culminó con la destitución presidencial y la llegada al poder de quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia de la República.
Cerca de tres millones de clientes afectados
De acuerdo con las informaciones difundidas, Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.94 millones de clientes, entre personas particulares e instituciones que administran fondos de pensiones.
Entre las entidades afectadas figura el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal cuyos recursos quedaron comprometidos por las restricciones impuestas a la institución financiera.
La intervención del banco por parte del Banco Central del Paraguay generó incertidumbre entre los depositantes, especialmente aquellos que dependen de sus ahorros para cubrir necesidades básicas.
Ante esta situación, Alliana anunció que su Gobierno trabajará para acelerar los mecanismos de devolución de depósitos y garantizar la protección de los sectores más vulnerables.
Nuevo presidente promete medidas inmediatas
Durante la ceremonia de juramentación, celebrada ante el Congreso Nacional, Alliana recibió la banda y el bastón presidencial de manos del presidente del Poder Legislativo, Basilio Núñez.
El mandatario aseguró que no abandonará a las personas afectadas por la crisis y prometió impulsar medidas orientadas a restablecer la confianza en el sistema financiero.
Asimismo, instruyó a las autoridades correspondientes a adoptar acciones inmediatas para compensar a los ahorristas, otorgando especial atención a quienes enfrentan mayores dificultades económicas.
No obstante, todavía queda por determinar el alcance de las compensaciones, los mecanismos de ejecución y los plazos en que los afectados podrían recuperar la totalidad de sus recursos.
Alliana completará período presidencial hasta 2028
Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado con el compromiso de completar el mandato constitucional iniciado en agosto de 2023, cuyo término está previsto para agosto de 2028.
El nuevo presidente, perteneciente al Partido Colorado, había acompañado a Santiago Peña como candidato vicepresidencial durante las elecciones generales de 2023.
Su llegada al poder ocurre en un escenario de incertidumbre económica y política, marcado por la necesidad de estabilizar el sistema financiero y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Paraguay enfrenta el desafío de recuperar la confianza
La crisis de Ueno Bank y sus consecuencias políticas representan un desafío para el nuevo Gobierno, que deberá atender simultáneamente las demandas de los ahorristas, la estabilidad bancaria y los cuestionamientos sobre la administración de los recursos estatales.
La destitución de Santiago Peña también abre una nueva etapa institucional en Paraguay, donde las autoridades deberán esclarecer las responsabilidades derivadas del colapso financiero mediante las investigaciones y los procedimientos legales correspondientes.
Mientras tanto, el presidente Pedro Alliana ha colocado la compensación de los afectados entre las prioridades de su administración, en un intento por contener las repercusiones económicas y sociales de una crisis que provocó un cambio inesperado en la conducción política del país.
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Detienen a Santiago Peña, expresidente de Paraguay, tras ser destituido del cargo en medio de crisis bancaria
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
Asunción, Paraguay.-La Policía Nacional de Paraguay informó este viernes que el expresidente Santiago Peña, destituido horas antes por el Senado en un juicio político, «ya se encuentra detenido”.
El Senado de Paraguay había destituido a Peña tras declararlo culpable de «mal desempeño de funciones» en un juicio político celebrado en su ausencia, en medio de la crisis que desató el cierre de Ueno bank y los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con esa entidad financiera.
El ahora exmandatario -que perdió el apoyo del gobernante Partido Colorado- no acudió al Legislativo, pese a haber sido convocado personalmente, y delegó su representación en los letrados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes presentaron la defensa «técnica» y «jurídica» de Peña.
Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenó un procedimiento de resolución del Ueno, una institución con 2,94 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes, que recibió durante el mandato del ahora exgobernante millonarios recursos de entidades públicas.
Este viernes, los diputados que actuaron como acusadores en el juicio político denunciaron la pérdida de unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» tras el cierre de Ueno bank, y pidieron declarar culpable al mandatario, al que calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.
Durante el juicio, el senador opositor Rafael Filizzola calificó el vaciamiento del banco como «el escándalo de corrupción más grande» de la era democrática en Paraguay, y rebatió los pronunciamientos de los defensores de Peña, que alertaron de la supuesta nulidad del procedimiento.
Peña permanecía en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves.
El artículo 189 de la Constitución de Paraguay establece que los expresidentes elegidos democráticamente serán senadores vitalicios, «salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables».
Poco antes de la votación, Peña afirmó en su cuenta de X que había presentado su renuncia para evitar más daño al país y contribuir a recuperar la tranquilidad.
«No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal», señaló en un mensaje en el que también llamó a los paraguayos a unirse para reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza.
Latinoamericanas
Policía haitiana intensifica ofensiva contra bandas armadas y reporta unos 20 muertos en Arcahaie
Entre los fallecidos figura un presunto cabecilla identificado como «Galaxy». Los enfrentamientos se producen en medio de un amplio despliegue de militares salvadoreños para localizar a cuatro integrantes de una fuerza internacional desaparecidos tras una emboscada.
PUERTO PRÍNCIPE, Haití. – La Policía Nacional de Haití (PNH) informó este domingo 1 de noviembre de 2026 que aproximadamente 20 presuntos integrantes de organizaciones criminales murieron durante una operación desarrollada en la comuna de Arcahaie, al noroeste de la capital, en medio de una nueva escalada de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las bandas armadas que operan en el territorio haitiano.
Según el comunicado policial, la intervención tuvo lugar el jueves 29 de octubre y dejó también varios presuntos pandilleros gravemente heridos. Entre los fallecidos se encuentra un hombre conocido como «Galaxy», señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de los grupos criminales que mantienen presencia en la zona.
Bandas responden con nuevos ataques
La situación de seguridad volvió a agravarse durante la madrugada del sábado 31 de octubre, cuando individuos armados atacaron la localidad de Bercy, perteneciente a Arcahaie, aparentemente en represalia por la operación policial.
Ante la nueva incursión, unidades especializadas de la Policía haitiana respondieron para contener el ataque y evitar que los grupos armados ampliaran su control territorial.
Entre los organismos participantes figuraron la Brigada Departamental de Operaciones e Intervención (BOID) y el Cuerpo de Intervención y Mantenimiento del Orden (CIMO).
Las autoridades aseguraron que mantienen sus posiciones en Arcahaie y que continuarán las operaciones dirigidas a enfrentar la presencia de las organizaciones criminales.
La cifra de fallecidos corresponde al balance comunicado por la institución policial y no ha sido corroborada de manera independiente.
Residentes colaboran con las autoridades
Medios haitianos informaron que habitantes de Arcahaie participaron en acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad durante los enfrentamientos.
También circularon en plataformas digitales imágenes en las que se observa a motociclistas arrastrando por las calles los cuerpos de algunos presuntos integrantes de las bandas que habrían muerto durante las operaciones.
Estos episodios reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad y el clima de violencia que afecta a distintas comunidades haitianas.
Sin embargo, la participación de civiles en situaciones de confrontación armada plantea preocupaciones sobre su protección, así como sobre el respeto a la dignidad de las personas fallecidas y la preservación de posibles evidencias para las investigaciones.
Más de 2,000 militares salvadoreños desplegados en Haití
Las operaciones de la Policía Nacional haitiana se desarrollan en un contexto de mayor presencia militar internacional, tras la llegada de un contingente de más de 2,000 efectivos salvadoreños.
El despliegue tiene entre sus objetivos localizar a cuatro integrantes salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.
De acuerdo con los reportes disponibles, los militares fueron emboscados por integrantes de organizaciones criminales mientras se desplazaban en un vehículo de la misión internacional por el sector Santo, en Croix-des-Bouquets, próximo a Puerto Príncipe.
Desde entonces, su paradero permanece sin confirmación pública.
La desaparición provocó el incremento de las acciones de búsqueda y patrullaje en distintas localidades cercanas a la capital haitiana.
Bukele y fuerza multinacional rechazan denuncias de bombardeos
Paralelamente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y representantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas rechazaron las acusaciones sobre supuestos bombardeos contra zonas habitadas por civiles durante las operaciones militares.
Las denuncias fueron formuladas por UNA-Haití, una organización con sede en Nueva York vinculada a sectores de la diáspora haitiana.
Frente a estos señalamientos, la GSF sostuvo que sus operaciones no incluyen el empleo de artefactos explosivos y aseguró que las aeronaves utilizadas por sus unidades no transportan ese tipo de armamento.
La fuerza internacional también afirmó que sus actuaciones se desarrollan bajo normas operacionales orientadas a proteger a la población civil.
Por su parte, Bukele negó las acusaciones y cuestionó las versiones difundidas sobre supuestos ataques aéreos indiscriminados.
Las denuncias y los desmentidos reflejan la controversia sobre los métodos empleados en las operaciones de seguridad. La información disponible no permite establecer de manera independiente la veracidad de las acusaciones.
Haití enfrenta una prolongada crisis de seguridad
La intensificación de los enfrentamientos evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades haitianas para recuperar el control de territorios donde las organizaciones criminales mantienen una fuerte presencia.
La expansión de las bandas ha provocado graves consecuencias humanitarias, incluyendo desplazamientos de familias, interrupciones de actividades económicas y dificultades para acceder a servicios esenciales.
La inseguridad también representa un desafío para el funcionamiento de las instituciones públicas y para los esfuerzos internacionales encaminados a contribuir con la estabilización del país.
En este escenario, las intervenciones policiales y militares constituyen una parte de la respuesta frente a la violencia, pero la recuperación sostenible de la seguridad también requiere fortalecer las instituciones judiciales, combatir las redes de financiamiento criminal y garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Una ofensiva cuyo resultado sigue siendo incierto
Aunque la Policía haitiana reporta importantes bajas entre los grupos armados que operan en Arcahaie, todavía no está claro si estas acciones permitirán recuperar de manera permanente el control de las zonas afectadas.
Las autoridades mantienen sus unidades desplegadas ante la posibilidad de nuevas incursiones, mientras continúan las operaciones de búsqueda de los militares salvadoreños desaparecidos.
La evolución de los acontecimientos será determinante para evaluar el alcance de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sus consecuencias para la población.
La crisis haitiana continúa poniendo de manifiesto que la recuperación del orden público no depende únicamente de la capacidad de enfrentar militarmente a las bandas, sino también de reconstruir instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y estabilidad a largo plazo.