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Latinoamericanas

La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontación política y abre un capítulo inédito en Perú

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En el país no existen antecedentes de que la Fiscalía haya denunciado constitucionalmente a un presidente en funciones

Lima.– El artículo 117 de la Constitución política del Perú señala que el presidente de la República solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traición a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado por la Constitución, no convocar a elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. Sin embargo, el martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunció constitucionalmente al Jefe de Estado, Pedro Castillo, por delitos de corrupción (organización criminal, tráfico de influencias y colusión) que no se enmarcan en la ley fundamental.

Se trata de un caso inédito en la política peruana. Por estas horas, llueven las interpretaciones de los juristas en los medios de comunicación y las redes sociales. Para un sector, el suceso ha puesto en jaque al actual Gobierno y simboliza el inicio de su fin mientras que para otro bando la acusación no se ajusta a los principios constitucionales del país.

Según el abogado Omar Cairo, el único mecanismo válido para destronar al presidente es el juicio político por infracciones constitucionales. No obstante, la fiscal de la Nación ha elevado su denuncia bajo una figura contrapuesta denominada antejuicio que tiene como fin habilitar al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente Castillo, pero por delitos que no están incluidos en el artículo 117. ”Se tendría que reformar la constitución para que proceda. Tal y como está, no se puede. Por cualquier otro delito no se puede procesar penalmente al presidente durante su mandato. Hay que esperar hasta el 28 de julio de 2026″, explica el jurista.

La fiscal Patricia Benavides ampara su imputación en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece que la inmunidad presidencial no limite la investigación, enjuiciamiento y sanción. Benavides alega que dicha convención tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. ”Eso no es cierto. Porque dicha Convención sostiene que los Estados parte deben adoptar medidas para evitar la impunidad de los funcionarios sí, pero conforme a sus ordenamientos jurídicos. Y dentro de ese marco está el artículo 117. Es decir, la Convención de la ONU remite al artículo 117″, anota Omar Cairo.

Un escenario legal que sí podría aplicarse a la figura presidencial es la incapacidad moral. Recurso constitucional que destituyó al expresidente Martín Vizcarra a inicios de noviembre de 2020 por presuntos cobros ilícitos durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones.

En ese sentido, las causales que podrían vacar al presidente son muerte, renuncia, salida del país sin regreso, condena por algún delito del artículo 117, incapacidad física y a su vez incapacidad moral, una zona gris pues carece de interpretación única. “El problema es que la moralidad es un concepto subjetivo, porque no hay ninguna moral obligatoria en el país. Hay libertad de creencias. Dejaría otra vez a la subjetividad del Congreso la estabilidad de los presidentes”, remarca Omar Cairo, experto en derecho constitucional.

El curso de la acusación

La denuncia contra Pedro Castillo ya se encuentra en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Lady Camones, presidenta de dicha comisión parlamentaria, ha informado que su grupo de trabajo analizará el caso en una sesión ordinaria este viernes 14 de octubre. Luego de ello tendrán diez días hábiles para dar un fallo.

Como parte de la evaluación pasará a la Comisión Permanente del Congreso. A la par se recabarán testimonios y pruebas que sustenten la denuncia de la Fiscal de la Nación. En caso se proceder se elevará al Pleno del Congreso, donde se someterá a votación. El proceso podría tardar dos meses. En tanto, jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sostiene que la fiscal Patricia Benavides estaría infringiendo la constitución por no respetar los escenarios del artículo 117. “No se trata de aplicar la Convención, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislación nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opinión al respecto”, anotó.

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Latinoamericanas

Protestas colocan a Bolivia «al límite»

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Agencia AFP

La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.

Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.

«El país necesita orden y esto está llegando al límite (…) El tiempo se acaba. Convocamos al diálogo», dijo el mandatario de centroderecha, en un acto en La Paz en el que instaló un foro de discusión de políticas sociales y económicas.

«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.

Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.

La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.

«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.

– «Peor que el covid» –

La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.

Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.

Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.

«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.

En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.

El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.

«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.

El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.

El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.

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Latinoamericanas

Haití: Más de 80 muertos en 5 días por choques entre pandillas

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PUERTO PRINCIPE.- Más de ochenta personas han perdido la vida y cerca de un centenar han resultado heridas a causa de los enfrentamientos que mantienen desde el pasado domingo bandas armadas en Cité-Soleil, a unos cinco kilómetros al norte de la capital de Haití, denunciaron este jueves organizaciones de derechos humanos citadas por la prensa local.

Muchas viviendas han sido incendiadas y cientos de personas han huido hacia otras zonas menos expuestas, indicó -al medio local Magik9- Fritznel Pierre, responsable de la organización Combite Pour la Paix et le Développement.

CHIEN MÉCHANT, 400 MAWAZO Y LOS TALIBANES

El activista denunció que los ataques son perpetrados por una coalición de bandas armadas, entre ellas Chien Méchant, 400 Mawazo y los Talibanes, que se disputan el control de territorios en los que funcionan empresas que aportan miles de dólares a la economía nacional.

Las hostilidades se reanudaron el pasado domingo entre las bandas Canaan -lideradas por Jeff Gwo Lwa, aliado de Chien Méchant-, en la Plaine du Cul de Sac, y los 400 Mawozo, de Lamò Sanjou, que se enfrentan a un grupo rival formado por pandillas de Cité-Soleil, Village Renaissance y Pierre 6.

MEDICOS SIN FRONTERAS ALERTO DE COMBATES

La oficina en Haití de la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó el pasado martes sobre estos combates y decidió evacuar temporalmente uno de sus hospitales en Cité-Soleil, por el empeoramiento de la situación.

Ese mismo día, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, presidió un consejo de ministros extraordinario para tratar la situación de inseguridad, y dio «instrucciones claras y medidas concretas para reforzar de inmediato la capacidad operativa de las fuerzas del orden y garantizar una respuesta coordinada, enérgica y duradera contra todas las formas de delincuencia».

Las autoridades no han dado una cifra de muertos ni heridos por estos recientes enfrentamientos.

Haití vive una grave crisis de violencia que solo en el primer trimestre de este año dejó al menos 1,642 muertos y 745 heridos, según el más reciente informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país caribeño (BINUH).

an/am

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Latinoamericanas

Abinader y Mulino impulsan comercio e inversión entre naciones aliadas

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Panamá.– El presidente de la República, Luis Abinader, destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, con el propósito de seguir ampliando las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

El mandatario dominicano abordó estos temas durante una reunión bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, en la que también participaron altos funcionarios del Gobierno de Panamá, entre ellos el canciller, el ministro de Comercio e Industrias y la ministra de Turismo, entre otros representantes.

Abinader estuvo acompañado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de acuerdo comercial entre República Dominicana y Panamá, como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.

Asimismo, el presidente Mulino manifestó interés en intercambiar experiencias en el sector turismo, al considerar que la República Dominicana ha logrado un importante desarrollo de esta actividad productiva y se ha consolidado como un referente regional.

Ambos mandatarios también destacaron la significativa conectividad aérea entre República Dominicana y Panamá, reflejada en la importante afluencia de vuelos entre ambos países, lo que contribuye al dinamismo del turismo y los negocios.

Se reúne con presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y ejecutivos de DP World

Como parte de su agenda de trabajo en Panamá, el mandatario sostuvo además encuentros por separado con el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO), Mohammed Al Zarooni, y con ejecutivos de DP World, con el objetivo de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de zonas francas y promover nuevas oportunidades de inversión en sectores importantes para la República Dominicana.

En estos encuentros, el presidente Abinader estuvo acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro; y el embajador de la República Dominicana en Panamá, Roberto Salcedo, entre otros funcionarios.

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