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La depredación del Estado caracterizó a Gobiernos del PLD, tanto de Danilo como de Leonel.
La revelación de los actos de corrupción ocurridos durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tanto en el de Leonel Fernández como el de Danilo Medina, cuyos hechos deben servir para sacarlos a ambos del escenario político nacional.
Los hechos bochornosos han continuado con la revelación del comportamiento con los mismos procedimientos de la familia presidencial, tanto de los familiares de Danilo Medina como de los hermanos de la primera dama Cándida Montilla.
Los montos son impresionantes, pero al propio tiempo indignantes, sobre todo porque todavía faltan muchas cosas por descubrir, pero en este proceso se hace necesario destacar que la exprimera dama se prestó a una serie de componendas para que su familia se enriqueciera a la sombra del Estado.
En las investigaciones sobre estos actos de corrupción no se ha mencionado el hecho de que un hermano de la exprimera dama, identificado como Miguel Montilla Sierra, quien fue designado por el pasado presidente como cónsul en la ciudad de Nueva York y luego como embajador alterno ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también fue de alguna manera otro de los beneficiados de esa política de arrasar con todo.
La participación de los Montilla Sierra en las edes deja al pueblo dominicano pasmado ante los escándalos que envuelven al expresidente Medina, pero aun así todavía hablan de persecución política, porque eso es parte del descaro en la República Dominicana.
Entre los familiares de Medina y de Montilla el país ha perdido una fortuna que ojalá se pueda recuperar para que ese dinero se invierta en la mejoría de los sistemas de salud, educación y en otros renglones que son vitales para aumentar la calidad de vida, si es que existe alguna, de los dominicanos.
El Ministerio Público tiene un reto muy grande con el desborde de la corrupción administrativa que durante décadas mantiene en una situación muy difícil a la sociedad dominicana, pero que como consecuencia del rol que juegan ahora las redes sociales no hay político inescrupuloso que tenga escapatoria.
En el programa El Informe de Alicia Ortega quedó claro anoche los indolentes que han sido los familiares de la pasada pareja presidencial, pero que todavía hay quienes se atreven a pensar que Danilo Medina no conocía este tipo de abuso con los recursos públicos.
Lo que se espera con un robo que supera por ahora los siete mil millones de pesos dominicanos por parte de los hermanos de la pasada primera dama es que todos los involucrados, como el pasado gerente de Edenorte, Julio César Correa, quien utilizó el poder otorgado por el pasado presidente para acabar con todo, respondan ante la justicia.
El asunto de la corrupción no para con estos casos, sino que el asunto apenas comienza y los escándalos serán mayores con el involucramiento de exfuncionarios que merecen ser llevados a la hoguera como pasaba en la Santa Inquisición para que paguen por sus hechos.
Anteriormente ya se había advertido que los políticos se han robado en la República Dominicana el dinero más que suficiente para construir no menos de tres países de igual tamaño o más grandes que el que existe actualmente.
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Pretensiones imperiales toman tanto impulso en era trumpista que borra del mapa derecho internacional
El mundo atraviesa por grandes tensiones como resultado de las no disimuladas acciones de la administración Trump de retornar el planeta a una selva en la que no se respetan derechos, no sólo de las personas físicas, sino también de los Estados.
Hablar después de lo ocurrido en Venezuela con la incursión militar de EE.UU. para la aparente aprehensión de Maduro, cuyo real trasfondo es apropiarse de sus riquezas naturales, principalmente del petróleo, implica tocar un tema que se pensaba superado sin que existan argumentos válidos para justificar esa conducta al margen de la ley y de la civilización.
En pleno siglo 21 que un Estado ocupe el territorio de otro es una medida al margen del derecho internacional contenido en tratados y convenciones y muy concretamente en la Carta de la ONU, pero lo que ha importado muy poco para la administración Trump.
Y ello crea una situación que pone en peligro los territorios soberanos que conforman el mundo y que justificarla o tolerarla mínimamente conlleva que las diferentes sociedades se rijan por la Edad de Piedra en la que el más grande se traga al más chiquito, cuya opción parece predominar en los Estados Unidos, donde luce que se impone la irracionalidad y la falta de razonabilidad.
La vulneración de las fronteras toma tanta fuerza que ahora la administración Trump habla de que por razones de seguridad debe tomar por la fuerza a Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca y de igual manera amenaza a Colombia y México mediante la excusa de combatir el narcotráfico.
Lo preocupante del fenómeno es que los medios de comunicación y una serie de gobiernos justifiquen el apresamiento de Maduro y en consecuencia den luz verde a la intervención de un Estado en contra de otro que se supone que debe tener sus propios mecanismos de solución de cualquier distorsión del Estado Social Democrático de Derecho.
Las acciones ilegales del imperio del norte toman tanta fuerza que ya el tema se aborda como si se hablara de una acción legal y legítima, lo cual lleva a la normalidad decir que ahora funcionarios estadounidenses tendrán el control de Venezuela.
Este peligro no sólo se observa en los actuales momentos en que Maduro, un presidente seriamente cuestionado por la comunidad internacional, pero cuyo apresamiento es ilegal desde cualquier perspectiva que se vea, esta recluido en una cárcel de Nueva York tras un secuestro de una Estado que no es el suyo, el cual se supone que, es en todo caso, es el que debe enjuiciarle.
De manera, que una o varias acciones ilegales no pueden generar otras de igual naturaleza las cuales no se apoyan en derechos, porque entonces se entra en una violación y contradicción con el derecho internacional.
Hay una famosa expresión muy popular que dice que se amuela cuchillo para su propia garganta, la cual es aplicable en el presente caso, lo que pone en una situación muy difícil a los gobiernos que se prestan a ese juego como la República Dominicana y otras naciones de los hemisferios occidental y oriental, cuyas soberanías están hoy muy mancilladas.
Son tantos los controles imperiales de la era trumpista, que la sola amenaza de violar la soberanía de los territorios de paises que se suponen libres, surten unos efectos que no disminuyen con la presión mediática o a través de organismos de concertación pública de carácter internacional.
Inexplicablemente este comportamiento hegemónico ilegal se empodera, mientras el derecho internacional muere sin que los países víctimas den una respuesta en bloques como una forma de sustentarse en la herramienta que lo salvaría de la barbarie como lo constituye el derecho internacional.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.