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La desesperanza en el sistema político hace que la gente pida autoritarismo
SANTO DOMINGO. El dominicano es propenso a pensar en autoritarismo como solución a los principales problemas del país, lo que atribuyen expertos a la falta de confianza en el actual sistema político, y la incertidumbre de la sociedad.
Diariamente, ciudadanos de diferentes estratos sociales reaccionan con respuestas de fuerza ante los casos de inseguridad ciudadana y de corrupción que se viven en el país, pidiendo el regreso de exjefes de la Policía que fueron implacables contra los delincuentes, como Pedro de Jesús Candelier y Guillermo Guzmán Fermín.
También se recuerda a la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que encabezó un régimen sanguinario por 31 años.
Esas expresiones han tenido cabida, además de los lugares públicos y encuestas, en las diversas redes sociales, donde hasta se han creado perfiles pidiendo que se repitan acciones de ese régimen de fuerza.
Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Estudios Sociales (IGlobal), opinó que esta tendencia es provocada porque el país y el mundo se encuentran en una transición a lo desconocido y una incertidumbre de hacia dónde dirigirse.
“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, cosa que no es cierta”, puntualizó.
Villamán planteó que es momento para que los sectores pensantes y los políticos sensatos sean capaces de entender que la sociedad está demandando de ellos una propuesta alternativa a lo que se tiene como búsqueda de mejoría social.
“Si esos actores no responden a esas demandas sociales tendríamos una crisis que se va a prolongar más todavía”, argumentó.
Sostuvo que la realidad que se vive hoy facilita la búsqueda de respuestas totalitarias.
El politólogo Daniel Pou señaló que esto se debe a que hay desesperanza, falta de confianza y una sensación de indefensión en los dominicanos, porque las instituciones públicas que deberían servir de árbitro de la sociedad, no siempre se rigen por los paradigmas del Estado Social y de Derecho.
“Hay desesperanza, la gente ya no cree en nadie, no cree que puede suceder nada bueno y todos pretenden que la única manera de mejorar esta situación es buscando el atajo del autoritarismo y la violencia, pero de eso se han encargado las élites políticas de este país”, enfatizó.
Manifestó que hay una crisis de credibilidad en las instituciones, por lo que todo el mundo cree que la solución “para todo, para el tránsito, para el robo, son las soluciones de fuerza”.
Pou expuso que se ha vendido la idea de que la fuerza bruta es el mejor instrumento para organizar una sociedad, cuando a su entender esa idea es una falacia. “Esos son espejismos que la gente está albergando cuando surgen figuras como el nieto de Trujillo”, expresó.
Recientemente el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez-Trujillo, lanzó sus aspiraciones a la Presidencia de la República, proponiendo “mano dura sin dictadura”.
“No hablemos de historia, hablemos del futuro. Una dictadura que pasó hace sesenta años no me preocupa, me preocupa la dictadura en que vive la República Dominicana ahora. Nosotros lucharemos incansablemente por la nueva restauración y por eso vengo hoy con determinación, humildad y espíritu de reconciliación a anunciar mi intención de conquistar la Presidencia”, dijo.
De inmediato, provocó el rechazo de dirigentes políticos y de la sociedad civil que condenaron sus pretensiones y las consideraron ilegales por violar la Constitución, en su artículo 20, y la Ley 5850 contra las promoción de las prácticas que se desarrollaron en el régimen de Trujillo, entre 1930 y 1961.
La democracia en la República Dominicana perdió 6 puntos porcentuales llegando a 54% en el informe de Latinobarómetro realizado en el 2016, ya que en el año anterior alcanzó el apoyo del 60% de las personas entrevistadas en el estudio. Otro dato que arrojó el estudio es que por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de un punto porcentuales desde 2016, llegando al 53% en 2017. “Ello a pesar de que mejora el crecimiento económico entre 2016 y 2017”. La República Dominicana ocupa el octavo lugar con un 32% de satisfacción con la democracia, de un total de 19 países latinoamericanos reflejados en esa encuesta.
Incertidumbre“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, lo que no es cierto”
Marcos Villamán
Rector de IGlobal
Descreimiento“La gente ya no cree en nadie, y pretenden que la única manera de mejorar esa situación es buscando el atajo del autoritarismo”
Daniel Pou
Politólogo
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.