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La desesperanza en el sistema político hace que la gente pida autoritarismo
SANTO DOMINGO. El dominicano es propenso a pensar en autoritarismo como solución a los principales problemas del país, lo que atribuyen expertos a la falta de confianza en el actual sistema político, y la incertidumbre de la sociedad.
Diariamente, ciudadanos de diferentes estratos sociales reaccionan con respuestas de fuerza ante los casos de inseguridad ciudadana y de corrupción que se viven en el país, pidiendo el regreso de exjefes de la Policía que fueron implacables contra los delincuentes, como Pedro de Jesús Candelier y Guillermo Guzmán Fermín.
También se recuerda a la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que encabezó un régimen sanguinario por 31 años.
Esas expresiones han tenido cabida, además de los lugares públicos y encuestas, en las diversas redes sociales, donde hasta se han creado perfiles pidiendo que se repitan acciones de ese régimen de fuerza.
Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Estudios Sociales (IGlobal), opinó que esta tendencia es provocada porque el país y el mundo se encuentran en una transición a lo desconocido y una incertidumbre de hacia dónde dirigirse.
“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, cosa que no es cierta”, puntualizó.
Villamán planteó que es momento para que los sectores pensantes y los políticos sensatos sean capaces de entender que la sociedad está demandando de ellos una propuesta alternativa a lo que se tiene como búsqueda de mejoría social.
“Si esos actores no responden a esas demandas sociales tendríamos una crisis que se va a prolongar más todavía”, argumentó.
Sostuvo que la realidad que se vive hoy facilita la búsqueda de respuestas totalitarias.
El politólogo Daniel Pou señaló que esto se debe a que hay desesperanza, falta de confianza y una sensación de indefensión en los dominicanos, porque las instituciones públicas que deberían servir de árbitro de la sociedad, no siempre se rigen por los paradigmas del Estado Social y de Derecho.
“Hay desesperanza, la gente ya no cree en nadie, no cree que puede suceder nada bueno y todos pretenden que la única manera de mejorar esta situación es buscando el atajo del autoritarismo y la violencia, pero de eso se han encargado las élites políticas de este país”, enfatizó.
Manifestó que hay una crisis de credibilidad en las instituciones, por lo que todo el mundo cree que la solución “para todo, para el tránsito, para el robo, son las soluciones de fuerza”.
Pou expuso que se ha vendido la idea de que la fuerza bruta es el mejor instrumento para organizar una sociedad, cuando a su entender esa idea es una falacia. “Esos son espejismos que la gente está albergando cuando surgen figuras como el nieto de Trujillo”, expresó.
Recientemente el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez-Trujillo, lanzó sus aspiraciones a la Presidencia de la República, proponiendo “mano dura sin dictadura”.
“No hablemos de historia, hablemos del futuro. Una dictadura que pasó hace sesenta años no me preocupa, me preocupa la dictadura en que vive la República Dominicana ahora. Nosotros lucharemos incansablemente por la nueva restauración y por eso vengo hoy con determinación, humildad y espíritu de reconciliación a anunciar mi intención de conquistar la Presidencia”, dijo.
De inmediato, provocó el rechazo de dirigentes políticos y de la sociedad civil que condenaron sus pretensiones y las consideraron ilegales por violar la Constitución, en su artículo 20, y la Ley 5850 contra las promoción de las prácticas que se desarrollaron en el régimen de Trujillo, entre 1930 y 1961.
La democracia en la República Dominicana perdió 6 puntos porcentuales llegando a 54% en el informe de Latinobarómetro realizado en el 2016, ya que en el año anterior alcanzó el apoyo del 60% de las personas entrevistadas en el estudio. Otro dato que arrojó el estudio es que por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de un punto porcentuales desde 2016, llegando al 53% en 2017. “Ello a pesar de que mejora el crecimiento económico entre 2016 y 2017”. La República Dominicana ocupa el octavo lugar con un 32% de satisfacción con la democracia, de un total de 19 países latinoamericanos reflejados en esa encuesta.
Incertidumbre“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, lo que no es cierto”
Marcos Villamán
Rector de IGlobal
Descreimiento“La gente ya no cree en nadie, y pretenden que la única manera de mejorar esa situación es buscando el atajo del autoritarismo”
Daniel Pou
Politólogo
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.