Nacionales
La desesperanza en el sistema político hace que la gente pida autoritarismo
SANTO DOMINGO. El dominicano es propenso a pensar en autoritarismo como solución a los principales problemas del país, lo que atribuyen expertos a la falta de confianza en el actual sistema político, y la incertidumbre de la sociedad.
Diariamente, ciudadanos de diferentes estratos sociales reaccionan con respuestas de fuerza ante los casos de inseguridad ciudadana y de corrupción que se viven en el país, pidiendo el regreso de exjefes de la Policía que fueron implacables contra los delincuentes, como Pedro de Jesús Candelier y Guillermo Guzmán Fermín.
También se recuerda a la figura del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, que encabezó un régimen sanguinario por 31 años.
Esas expresiones han tenido cabida, además de los lugares públicos y encuestas, en las diversas redes sociales, donde hasta se han creado perfiles pidiendo que se repitan acciones de ese régimen de fuerza.
Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Estudios Sociales (IGlobal), opinó que esta tendencia es provocada porque el país y el mundo se encuentran en una transición a lo desconocido y una incertidumbre de hacia dónde dirigirse.
“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, cosa que no es cierta”, puntualizó.
Villamán planteó que es momento para que los sectores pensantes y los políticos sensatos sean capaces de entender que la sociedad está demandando de ellos una propuesta alternativa a lo que se tiene como búsqueda de mejoría social.
“Si esos actores no responden a esas demandas sociales tendríamos una crisis que se va a prolongar más todavía”, argumentó.
Sostuvo que la realidad que se vive hoy facilita la búsqueda de respuestas totalitarias.
El politólogo Daniel Pou señaló que esto se debe a que hay desesperanza, falta de confianza y una sensación de indefensión en los dominicanos, porque las instituciones públicas que deberían servir de árbitro de la sociedad, no siempre se rigen por los paradigmas del Estado Social y de Derecho.
“Hay desesperanza, la gente ya no cree en nadie, no cree que puede suceder nada bueno y todos pretenden que la única manera de mejorar esta situación es buscando el atajo del autoritarismo y la violencia, pero de eso se han encargado las élites políticas de este país”, enfatizó.
Manifestó que hay una crisis de credibilidad en las instituciones, por lo que todo el mundo cree que la solución “para todo, para el tránsito, para el robo, son las soluciones de fuerza”.
Pou expuso que se ha vendido la idea de que la fuerza bruta es el mejor instrumento para organizar una sociedad, cuando a su entender esa idea es una falacia. “Esos son espejismos que la gente está albergando cuando surgen figuras como el nieto de Trujillo”, expresó.
Recientemente el nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Ramfis Domínguez-Trujillo, lanzó sus aspiraciones a la Presidencia de la República, proponiendo “mano dura sin dictadura”.
“No hablemos de historia, hablemos del futuro. Una dictadura que pasó hace sesenta años no me preocupa, me preocupa la dictadura en que vive la República Dominicana ahora. Nosotros lucharemos incansablemente por la nueva restauración y por eso vengo hoy con determinación, humildad y espíritu de reconciliación a anunciar mi intención de conquistar la Presidencia”, dijo.
De inmediato, provocó el rechazo de dirigentes políticos y de la sociedad civil que condenaron sus pretensiones y las consideraron ilegales por violar la Constitución, en su artículo 20, y la Ley 5850 contra las promoción de las prácticas que se desarrollaron en el régimen de Trujillo, entre 1930 y 1961.
La democracia en la República Dominicana perdió 6 puntos porcentuales llegando a 54% en el informe de Latinobarómetro realizado en el 2016, ya que en el año anterior alcanzó el apoyo del 60% de las personas entrevistadas en el estudio. Otro dato que arrojó el estudio es que por quinto año consecutivo el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de un punto porcentuales desde 2016, llegando al 53% en 2017. “Ello a pesar de que mejora el crecimiento económico entre 2016 y 2017”. La República Dominicana ocupa el octavo lugar con un 32% de satisfacción con la democracia, de un total de 19 países latinoamericanos reflejados en esa encuesta.
Incertidumbre“Ante la incertidumbre es normal que se recurra a las vías autoritarias como supuesta solución a los problemas, lo que no es cierto”
Marcos Villamán
Rector de IGlobal
Descreimiento“La gente ya no cree en nadie, y pretenden que la única manera de mejorar esa situación es buscando el atajo del autoritarismo”
Daniel Pou
Politólogo
diariolibre.com
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.