Economía
La deuda pública dominicana amenaza el crecimiento futuro
El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a deuda externa y el 25.3% a la interna.
Sobre el verdadero monto de la deuda pública dominicana siempre existen dudas, por falta de rigor en la implementación de una transparente y unificada metodología en su cálculo cuyas razones pueden ser atribuidas a las inconsistencias a la que lleva el realismo político.
Pero sobre lo que no caben las dudas es que el verdadero monto de la deuda pública deberá ser pagada por un solo actor de la sociedad dominicana: los contribuyentes, ciudadanos que pagan los impuestos y que deben ser sujetos de las políticas y proyectos públicos, como son la seguridad, la educación, la salud o las infraestructuras.
En el caso del Gobierno Central, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las decisiones de administraciones anteriores de recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir los déficits fiscales que año tras año se han ido acumulando. Esto, sin políticas de racionalización del gasto público y creando nuevas deudas para cubrir gastos ejecutados que no estaban programados en los presupuestos públicos, pero que al finalizar cada año eran formalizadas por el Congreso con la aprobación a posteriori de los denominados presupuestos complementarios.
En el caso de la deuda del Banco Central, esta se origina por las emisiones de certificados, denominados como valores en circulación, originados por los salvamentos bancarios del pasado.
En marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones, hasta que esas obligaciones puedan ser absorbidas directamente por el Ministerio de Hacienda.
El presente, sin embargo, está marcado desde marzo, cuando el país fue impactado por la pandemia del Covid-19, lo que llevó al cierre de importantes sectores económicos como el turismo y las zonas francas, además de la parálisis de la producción interna. Asimismo, las suspensiones de trabajadores y despidos masivos y acumulaciones de déficits fiscales que se convierten en nuevas deudas.
En su informe sobre la economía correspondiente al segundo trimestre de 2020, el Banco Central informó de una caída de 8.5% en el PIB, que antes de eso mantenía una racha, año tras año, de crecimiento de más de 5%.
En el sector de hoteles, bares y restaurantes, la caída fue de 42.5%. La manufacturera local y el comercio cayeron 11.8% y 3.1%, respectivamente. El transporte y la construcción se redujeron en 10.8% y 19.5%, respectivamente.
Pero un sector fue altamente beneficiado. Se trata de la intermediación financiera (los bancos), que creció un 14.6%, casi tres veces lo que registró durante el primer semestre del 2019, cuando ese crecimiento se estimó un 5.5%. Se trata del sector que se ha beneficiado con las emisiones de certificados del Banco Central, desde sus inicios.
Esa parálisis de la actividad económica y de los sectores externos generadores de divisas, provocó la caída de las recaudaciones de impuestos en el momento en que se necesitaba incrementar el gasto público para combatir, desde el ámbito de la salud, los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos de parálisis de la actividad económica.
Esto llevó a que entre enero y agosto el déficit fiscal acumulado alcanzara el monto de RD$176,137.2 millones, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el incremento del gasto, según las estimaciones del economista Nelson Suarez, experto en temas presupuestarios.
“La magnitud de déficit señalado, equivalente a un 3.6% del PIB tomado como base para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020 (PGE-2020) y a un 3.9% del PIB revisado al 31 de agosto por el Ministerio de Economía”, explica.
Y agrega que esa cifra “representa hasta el momento el más elevado que registra la historia presupuestaria del país para un periodo de ocho meses”.
La aparente buena noticia es que, según el Banco Central, en agosto la caída de la economía solo fue de 7.2%, lo que refleja una ralentización de 1.2 puntos porcentuales en la velocidad de la caída, con relación a la registrada durante el primer semestre, de 8.5%.
“Hay que decir que efectivamente la economía ha comenzado lentamente a marchar, y ese es un indicador de que obviamente hay algún paso hacia esa recuperación”, opina el economista Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional.
Pero destaca que “todavía quedan una serie de problemas muy importantes que puede restar dinamismo a la economía y que es preciso tener en consideración”.
Y en ese sentido destaca: “Tenemos el problema de la deuda, que se ha incrementado de manera importante, durante este periodo”. Y aclara: “No porque haya sido una política deliberada del Gobierno (en referencia a la actual administración del Estado, desde el 16 de agosto pasado). Ha sido una imposición de las circunstancias”.
Pero pronostica “que el repago de esa deuda significará restar recursos que podrían eventualmente utilizarse para dinamizar la economía”. Además de que el pago del servicio de la deuda será bastante alto durante los próximos cuatro años.”
Estas circunstancias, acompañadas de los efectos de la pandemia del Covid-19, son el resultado directo de una política persistente de endeudamiento para cubrir una política igual de persistente de déficits fiscales desde el 2012.
Frente a la parálisis de la economía y la consecuente caída de los ingresos fiscales, la nueva administración del Estado optó por emitir bonos soberanos que logró colocar en los mercados internacionales de capitales por 3,800 millones de dólares, el monto más alto emitido en una sola operación en la historia del país.
La operación, realizada el 17 de septiembre, se hizo en tres tramos, dos de ellos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, informó el Ministerio de Hacienda. El primer bono, por un monto de 1,800 millones de dólares, fue emitido a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875% anual.
Mientras que el segundo, por un monto de 1,700 millones de dólares, tiene como un vencimiento el año 2060, y un rendimiento de 6.25% anual. Y la tercera emisión, en pesos dominicanos, pero equivalente a 300 millones de dólares (RD$ 17,500 millones), vence en el año 2026, y tiene un rendimiento de 10 %.
El volumen de la operación y las tasas a las que se colocaron incrementarán la presión en las finanzas públicas, creando un mayor déficit fiscal, en un país que los acumula año tras año desde el 2012. Esto, a menos de que el Gobierno logre incrementar los impuestos y profundice en la racionalización del gasto público.
Pues en una sola operación la deuda del sector público no financiero pasó de un 49.8% del PIB, a un 54.6% del PIB. Si esa nueva deuda se le suma al monto consolidado que para junio divulgó el Banco Central, el monto de lo que oficialmente debe el país asciende a US$50,485.1 millones o más.
Normalmente, para medir la deuda se divide por el PIB. Pero viéndolo de otra manera: durante 2019 al país ingresaron divisas por un monto de US$30,664 millones, lo que reflejó un crecimiento de 4.9% con relación a lo ingresado en 2018.
Comparado con ese monto de divisas, en el presente la deuda representa el 164.6% del ingreso de la moneda extranjera en la economía dominicana durante ese año. Pero comparado con el presente año, como resultado de la caída del sector externo por causa de la pandemia, esta ratio será mayor.
En mayo pasado, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings revisó desde estable a negativa la perspectiva de la República Dominicana, al identificarle, como emisor riesgos de incumplimiento en divisas a largo plazo, al bajarla a “BB-”.
Para eso, consideró el impacto de la pandemia del coronavirus en República Dominicana, lo que condujo a una fuerte caída de la actividad económica, y que ejerció presiones sobre su capacidad de pago, “dada su dependencia del turismo y las remesas”.
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe NG Cortiñas calificó este martes como una medida “tardía y poco prometedora” la decisión de la Junta Monetaria de autorizar al Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a liberar RD$81 mil millones del encaje legal, con el objetivo de estimular el crédito hacia sectores productivos como la construcción, agropecuaria, manufactura, exportación y Mipymes, a una tasa de interés de hasta un 9 % anual y plazos de hasta dos años.
La medida fue tomada el pasado 13 de junio por la Junta monetaria, en respuesta a un contexto internacional marcado por alta incertidumbre y tensiones geopolíticas, así como por la moderación del crédito y el alza de las tasas de interés a nivel local.
Según el Banco Central, el programa busca aumentar la liquidez del sistema financiero y apoyar la recuperación del crecimiento económico, en un entorno donde las proyecciones de inflación se mantienen dentro del rango meta de 4 % ± 1 %.
En tanto, para Cortiñas, la acción llega con retraso, al señalar que la economía dominicana empezó a mostrar signos de contracción desde el cierre del primer cuatrimestre del año donde el crecimiento del PIB se ubicó en apenas 2.5 %, muy por debajo del 4.0 % registrado en 2024.
El economista también destacó que el nivel de liquidez ha sido uno de los más bajos del año.
“Al 11 de junio, el medio circulante apenas superaba los RD$805 mil millones, cuando debió rondar los RD$860 mil millones si se hubiese cumplido con la proyección del programa monetario de crecimiento del 8 %. Lo registrado fue de apenas un 5.4 %”, explicó, señalando que esto ha afectado directamente el dinamismo de la economía.
Cortiñas advirtió que, aunque el Banco Central busca reactivar el crédito, la coyuntura internacional actual —especialmente el conflicto entre Israel e Irán y el alza del petróleo por encima de los US$74 el barril— podría traducirse en presiones inflacionarias externas.
“Flexibilizar la política monetaria en este momento, sin una demanda interna sólida, puede provocar presiones inflacionarias internas también”, alertó.
El economista destacó que, de no medirse correctamente los efectos de esta liberación de recursos, podrían generarse nuevas tensiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio.
Santo Domingo, R.D.-Economistas y empresarios valoran la liberación de los fondos del encaje legal liberados por el Banco Central para dinamizar la economía, y enfatizan en la necesidad de reformas estructurales y de verificar que vayan a sectores que generen empleos y crecimiento sostenible.
Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), opina que ante la estabilidad del tipo de cambio, las autoridades vuelven a recurrir a los estímulos para impulsar el consumo y la inversión por medio del crédito interno, agregó.
No obstante, cree que se ha perdido tiempo al no adoptar elementos reales que propicien aumentos de productividad y verdadero crecimiento, como son las reformas estructurales pendientes.
Dijo que una economía no debe estar dependiendo de si las autoridades van a incrementar el gasto de capital o, en este caso, si se propiciarán una expansión del crédito por medio de la política monetaria.
Aduce que las medidas anunciadas el lunes 16 son una continuación de otras anteriores, como por ejemplo en 2023, cuando la liberalización de encaje legal y las facilidades de liquidez rápida alcanzaron el 2.9% del PIB, y cuyo estímulo permitió que la economía creciera 2.4%.
Recuerda que en 2024, luego de revertir la expansión del 2023, y en contraste, en febrero pasado se adoptó una política de contracción ante la depreciación del tipo de cambio, producto de la incertidumbre internacional, los efectos de las políticas de contracción sobre las tasas de interés y el crédito, y la ausencia de medidas locales que incrementen la productividad, por lo que ahora se trata de cambiar el ciclo, explicó.
Richard Medina, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, cree es positiva para el crecimiento, en la medida que los RD$50,000 millones de préstamos nuevos vayan a los sectores productivos de menor crecimiento como construcción, industria local y zonas francas. Respecto a la magnitud del efecto en el crecimiento, dice que hay que esperar los próximos meses.
“Creo que el Banco Central se mantendrá vigilante para evitar que estos préstamos puedan generar presiones pequeñas y transitorias en el precio del dólar”, señala.
Ellen Pérez Ducy, también economista, asegura que en términos de impacto sobre las tasas de interés, las anteriores liberalizaciones de encaje legal no han tenido gran efecto en ni en la tasa pasiva, ni la tasa activa, pero en cambio sí se ha visto afectado el crecimiento del crédito, “que ha venido presentando una desaceleración continua desde 2023, a pesar de que la Tasa de Política Monetaria (TPM) viene mostrado una tendencia sostenida a la baja”.
“Y no parece que la disponibilidad de fondos sea el problema, hay mucha liquidez ociosa”, indica.
Antonio Ciriaco Cruz, decano de economía de la UASD, opina que la medida tendrá un efecto positivo considerando que esos estímulos se colocan en un contexto de ralentización durante el primer cuatrimestre del año, del 2.5% en promedio.
Señala que el entorno internacional caracterizado por la política arancelaria del presidente Donald Trump, los condicionamientos de la política monetaria de EE.UU., la baja inversión pública y más reciente, el conflicto bélico entre Irán e Israel ha provocado un panorama lleno de incertidumbre, que afecta y condiciona la dinámica de la economía dominicana.
Cree que se creará un efecto positivo en la dinámica y en los canales de las tasas de interés del mercado, induciendo a tasas de interés más bajas. Además, de que no tendrán un efecto inflacionario, ni depreciación del tipo de cambio si se considera que se mantendrán las restricciones en el uso de dólares a los sectores no generadores de divisas.
Para el economista Rolando Reyes la liberación del encaje legal no compromete el objetivo de la meta inflacionaria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el monto de recursos liberados representa el 16.8% de la base monetaria restringida, razón por la cual es necesario asegurar que el choque total sea transmitido por dosis específicas. Si el tipo de cambio actual se encuentra por debajo del equivalente del tipo de cambio de equilibrio, entonces lo de un posible impacto cambiario no debe ser motivo de preocupación, pues este espacio existe en igual o mayor magnitud que el inflacionario.
La discusión y el análisis debe centrarse, en primer lugar, en el planteamiento de si un banco central debe y puede aplicar instrumentos de política de reactivación de la economía, y si la cantidad de recursos liberados del encaje es suficiente para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía.
Los recursos liberados amentarían la cartera de crédito privado. Sin embargo, el beneficio marginal del crecimiento tiene los costos de los efectos negativos del subsidio a la tasa de interés y el direccionamiento del crédito, y este debería ser el segundo punto que debe ocupar el análisis y la discusión, dice.
Empresariado
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, cree que es una medida positiva que inyecta recursos a la economía a tasas favorables, lo que podría incidir positivamente en el desempeño de cara al segundo semestre, “sobre todo si consideramos un escenario internacional volátil y convulso, y con altas tasas de interés”.
“Valoramos las medidas monetarias que de manera oportuna han sido introducidas por el Banco Central en estos años”, indicó Dargam.
Mientras que el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, considera que la medida es positiva, pero insuficiente, si no se acompaña de decisiones estructurales.
Indica que si bien la medida destinada a financiar al sector privado con préstamos a una tasa de hasta un 9% anual implica un valor inmediato como instrumento para inyectar liquidez y oxigenar a los sectores productivos, no representa una decisión fructífera a mediano y largo plazo, en un contexto donde muchas empresas operan con márgenes reducidos, limitado acceso al crédito y crecientes obligaciones tributarias y laborales.
“Saludamos la decisión en la medida en que puede generar alivio, pero si no se gestiona con visión estratégica, transparencia y compromiso con la producción nacional, existe el riesgo de que esta liquidez se disperse sin provocar impacto real, quedando atrapada en sectores de baja productividad o consumo especulativo”, expresó el presidente de la UNE.
Hizo un llamado urgente a los intermediarios financieros y autoridades a supervisar rigurosamente la canalización de estos fondos para asegurar que lleguen efectivamente a las empresas que generan empleo formal, valor agregado y crecimiento económico sostenible.
“No podemos repetir errores del pasado, como liberar fondos sin criterio ni seguimiento que pueden convertirse en una ilusión de impulso que se desvanece sin dejar transformación. Es hora de priorizar al aparato productivo real y no a sectores que absorben liquidez sin generar desarrollo”, enfatizó Castellanos Duarte.
Sepa más
Este lunes, el Banco Central (BCRD) anunció que la Junta Monetaria (JM) le autorizó liberar recursos del encaje legal por RD$50,00 millones, equivalentes a un 2.4 % del pasivo sujeto a encaje legal, que junto a RD$17,000 millones que vencían en seis meses para deudores finales y otros RD$14,000 millones pendientes de facilidades dispuestas en 2024, suman un fondo total de RD$81,000 millones para dinamizar la economía.
La disposición de la Junta Monetaria fue adoptada en su sesión del 13 de este mes, y según un comunicado del Banco Central estos recursos deberán ser otorgados a una tasa de interés no mayor al 9 % anual y plazos de hasta dos años, para sectores económicos de amplio impacto en la actividad productiva, como construcción, manufactura, exportación, agropecuaria, así como para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Santo Domingo, R.D.-La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), a través de su vicepresidenta ejecutiva, Aguie Lendor, afirmó que la selección del Consorcio Cabo Rojo, liderado por el Grupo Punta Cana, como socio minoritario y estratégico del Estado dominicano será de gran aporte para el desarrollo turístico en Pedernales.
Lendor destacó que la sólida trayectoria y visión del Grupo Punta Cana, con más de 50 años de experiencia, garantizan el éxito y la consolidación de este importante proyecto turístico.
“Nosotros entendemos que el hecho de haber elegido al Grupo Puntacana o de ser Grupo Puntacana el que ha ganado esta licitación y que entre como socio minoritario, garantiza el éxito de Pedernales y de Cabo Rojo y de este proyecto. Grupo Puntacana ha demostrado que en 50 años tiene una sólida trayectoria en el sector turístico que ha apostado por lugares donde no se conocían y que los ha desarrollado de una manera interesantísima, desarrollando una marca fuerte. Así que nosotros pensamos que la experiencia y la visión del Grupo va a ser de gran aporte”, aseguró Lendor.
Respecto a esta alianza entre el sector público y privado, sostuvo que el trabajo mancomunado de ambos es la clave del éxito que se ha logrado en cada área del desarrollo nacional y eso se puede apreciar en las zonas francas, la industria y el turismo.
“En Cabo Rojo tenemos la misma expectativa de que esta es una buena alianza y de que la unión entre el sector privado y el sector público, la experiencia del sector privado, la facilitación que te otorga el sector público, va a dar un buen resultado”, puntualizó.
Lendor explicó que el Sur necesitaba un empuje económico importante y valoró que el Gobierno haya escogido al sector turístico para el desarrollo de esta región, lo que a su juicio representa un reconocimiento del potencial y los aportes que hace actualmente este sector como uno de los principales motores de la economía dominicana.
Destacó que el sector turístico genera un encadenamiento productivo y, por tanto, tiene impacto positivo en las comunidades y economías locales.
La líder del sector turístico sostuvo que, en Cabo Rojo, Pedernales, donde ya se están generando empleos directos e indirectos, habrá un gran dinamismo económico que incentivará los tours operadores y guías, la artesanía, la industria de alimentos y bebidas, los textiles, la ganadería y todos los demás sectores productivos.