Economía
La deuda pública dominicana amenaza el crecimiento futuro
El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a deuda externa y el 25.3% a la interna.
Sobre el verdadero monto de la deuda pública dominicana siempre existen dudas, por falta de rigor en la implementación de una transparente y unificada metodología en su cálculo cuyas razones pueden ser atribuidas a las inconsistencias a la que lleva el realismo político.
Pero sobre lo que no caben las dudas es que el verdadero monto de la deuda pública deberá ser pagada por un solo actor de la sociedad dominicana: los contribuyentes, ciudadanos que pagan los impuestos y que deben ser sujetos de las políticas y proyectos públicos, como son la seguridad, la educación, la salud o las infraestructuras.
En el caso del Gobierno Central, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las decisiones de administraciones anteriores de recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir los déficits fiscales que año tras año se han ido acumulando. Esto, sin políticas de racionalización del gasto público y creando nuevas deudas para cubrir gastos ejecutados que no estaban programados en los presupuestos públicos, pero que al finalizar cada año eran formalizadas por el Congreso con la aprobación a posteriori de los denominados presupuestos complementarios.
En el caso de la deuda del Banco Central, esta se origina por las emisiones de certificados, denominados como valores en circulación, originados por los salvamentos bancarios del pasado.
En marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones, hasta que esas obligaciones puedan ser absorbidas directamente por el Ministerio de Hacienda.
El presente, sin embargo, está marcado desde marzo, cuando el país fue impactado por la pandemia del Covid-19, lo que llevó al cierre de importantes sectores económicos como el turismo y las zonas francas, además de la parálisis de la producción interna. Asimismo, las suspensiones de trabajadores y despidos masivos y acumulaciones de déficits fiscales que se convierten en nuevas deudas.
En su informe sobre la economía correspondiente al segundo trimestre de 2020, el Banco Central informó de una caída de 8.5% en el PIB, que antes de eso mantenía una racha, año tras año, de crecimiento de más de 5%.
En el sector de hoteles, bares y restaurantes, la caída fue de 42.5%. La manufacturera local y el comercio cayeron 11.8% y 3.1%, respectivamente. El transporte y la construcción se redujeron en 10.8% y 19.5%, respectivamente.
Pero un sector fue altamente beneficiado. Se trata de la intermediación financiera (los bancos), que creció un 14.6%, casi tres veces lo que registró durante el primer semestre del 2019, cuando ese crecimiento se estimó un 5.5%. Se trata del sector que se ha beneficiado con las emisiones de certificados del Banco Central, desde sus inicios.
Esa parálisis de la actividad económica y de los sectores externos generadores de divisas, provocó la caída de las recaudaciones de impuestos en el momento en que se necesitaba incrementar el gasto público para combatir, desde el ámbito de la salud, los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos de parálisis de la actividad económica.
Esto llevó a que entre enero y agosto el déficit fiscal acumulado alcanzara el monto de RD$176,137.2 millones, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el incremento del gasto, según las estimaciones del economista Nelson Suarez, experto en temas presupuestarios.
“La magnitud de déficit señalado, equivalente a un 3.6% del PIB tomado como base para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020 (PGE-2020) y a un 3.9% del PIB revisado al 31 de agosto por el Ministerio de Economía”, explica.
Y agrega que esa cifra “representa hasta el momento el más elevado que registra la historia presupuestaria del país para un periodo de ocho meses”.
La aparente buena noticia es que, según el Banco Central, en agosto la caída de la economía solo fue de 7.2%, lo que refleja una ralentización de 1.2 puntos porcentuales en la velocidad de la caída, con relación a la registrada durante el primer semestre, de 8.5%.
“Hay que decir que efectivamente la economía ha comenzado lentamente a marchar, y ese es un indicador de que obviamente hay algún paso hacia esa recuperación”, opina el economista Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional.
Pero destaca que “todavía quedan una serie de problemas muy importantes que puede restar dinamismo a la economía y que es preciso tener en consideración”.
Y en ese sentido destaca: “Tenemos el problema de la deuda, que se ha incrementado de manera importante, durante este periodo”. Y aclara: “No porque haya sido una política deliberada del Gobierno (en referencia a la actual administración del Estado, desde el 16 de agosto pasado). Ha sido una imposición de las circunstancias”.
Pero pronostica “que el repago de esa deuda significará restar recursos que podrían eventualmente utilizarse para dinamizar la economía”. Además de que el pago del servicio de la deuda será bastante alto durante los próximos cuatro años.”
Estas circunstancias, acompañadas de los efectos de la pandemia del Covid-19, son el resultado directo de una política persistente de endeudamiento para cubrir una política igual de persistente de déficits fiscales desde el 2012.
Frente a la parálisis de la economía y la consecuente caída de los ingresos fiscales, la nueva administración del Estado optó por emitir bonos soberanos que logró colocar en los mercados internacionales de capitales por 3,800 millones de dólares, el monto más alto emitido en una sola operación en la historia del país.
La operación, realizada el 17 de septiembre, se hizo en tres tramos, dos de ellos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, informó el Ministerio de Hacienda. El primer bono, por un monto de 1,800 millones de dólares, fue emitido a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875% anual.
Mientras que el segundo, por un monto de 1,700 millones de dólares, tiene como un vencimiento el año 2060, y un rendimiento de 6.25% anual. Y la tercera emisión, en pesos dominicanos, pero equivalente a 300 millones de dólares (RD$ 17,500 millones), vence en el año 2026, y tiene un rendimiento de 10 %.
El volumen de la operación y las tasas a las que se colocaron incrementarán la presión en las finanzas públicas, creando un mayor déficit fiscal, en un país que los acumula año tras año desde el 2012. Esto, a menos de que el Gobierno logre incrementar los impuestos y profundice en la racionalización del gasto público.
Pues en una sola operación la deuda del sector público no financiero pasó de un 49.8% del PIB, a un 54.6% del PIB. Si esa nueva deuda se le suma al monto consolidado que para junio divulgó el Banco Central, el monto de lo que oficialmente debe el país asciende a US$50,485.1 millones o más.
Normalmente, para medir la deuda se divide por el PIB. Pero viéndolo de otra manera: durante 2019 al país ingresaron divisas por un monto de US$30,664 millones, lo que reflejó un crecimiento de 4.9% con relación a lo ingresado en 2018.
Comparado con ese monto de divisas, en el presente la deuda representa el 164.6% del ingreso de la moneda extranjera en la economía dominicana durante ese año. Pero comparado con el presente año, como resultado de la caída del sector externo por causa de la pandemia, esta ratio será mayor.
En mayo pasado, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings revisó desde estable a negativa la perspectiva de la República Dominicana, al identificarle, como emisor riesgos de incumplimiento en divisas a largo plazo, al bajarla a “BB-”.
Para eso, consideró el impacto de la pandemia del coronavirus en República Dominicana, lo que condujo a una fuerte caída de la actividad económica, y que ejerció presiones sobre su capacidad de pago, “dada su dependencia del turismo y las remesas”.
Santo Domingo, R.D.-En 55.5 puntos se ubicó en julio el Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM), una reducción de 1.9 puntos con respecto al mes de junio en que se ubicó en 57.4 puntos., pero cuyo indicador se mantiene sobre el umbral de 50 correspondiendo a una mayor actividad en relación con el mes anterior.
El IMAM estuvo potencializado por el comportamiento del volumen de ventas que se ubicó en 56.8 puntos; volumen de producción ubicado 59.0; empleo, ubicado en 51.0; inventario de materias primas, ubicado en 51.0; y plazo entregas suplidores ubicado en 54.9.
El siguiente cuadro muestra el comportamiento del IMAM ajustado por factor estacional de julio 2025 a julio 2026.
El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.
Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad en comparación con el mes anterior, en cambio, resultados menores a 50 indican una menor actividad.
Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Juan Bosch (FJB) y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) presentaron el estudio “La rentabilización de la insuficiencia salarial: endeudamiento y acumulación financiera mediante tarjetas de crédito en República Dominicana”, una investigación que analiza cómo el creciente uso de las tarjetas de crédito se ha convertido en un mecanismo utilizado por miles de hogares para compensar la brecha existente entre los salarios, los ingresos laborales y el costo de la vida.
De acuerdo con el informe, este fenómeno ha dado lugar a un proceso de “rentabilización de la insuficiencia salarial”, mediante el cual las limitaciones de ingresos de una parte importante de la población terminan siendo una fuente de ganancias para el sistema financiero.
El estudio identifica una expansión acelerada del crédito mediante tarjetas en los últimos años, especialmente después de la pandemia.
Asimismo, el informe señala que cerca de la mitad de los tarjetahabientes de menores ingresos financia sus consumos mediante pagos mínimos, mientras más de la mitad presenta niveles importantes de vulnerabilidad financiera al combinar financiamiento recurrente y morosidad.
La investigación concluye que las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento ocasional de financiamiento para convertirse en una extensión artificial y costosa del poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto donde gran parte de los salarios se sitúa por debajo del costo de la canasta familiar.
La investigación identifica importantes asimetrías de información y una política crediticia que favorece formas de endeudamiento poco productivas, concentradas en segmentos de bajos ingresos, con niveles de interés que cuadruplican los observados en otras modalidades de crédito bancario.
Entre las principales recomendaciones, el estudio plantea la necesidad de impulsar políticas orientadas a mejorar salarios y pensiones, proteger el poder adquisitivo de la población frente al aumento del costo de la vida, fortalecer los servicios públicos de salud y educación para reducir la necesidad de endeudamiento privado y promover una regulación más efectiva de las tasas de interés y del mecanismo de pago mínimo de las tarjetas de crédito.
Además, propone reorientar la política crediticia hacia instrumentos que contribuyan a la acumulación de activos productivos, como vivienda, ahorro y emprendimiento, e incorporar mecanismos de alerta temprana para prevenir situaciones de sobreendeudamiento y deterioro financiero de los hogares.
La Fundación Juan Bosch y el INISE destacaron que esta publicación forma parte de la cooperación técnica y académica sostenida entre ambas instituciones para promover investigación aplicada y espacios de debate sobre políticas públicas para el desarrollo y la justicia socioeconómica.
El informe constituye el undécimo estudio elaborado y publicado conjuntamente en el marco de este convenio de colaboración y fue realizado por los investigadores Francisco A. Tavárez Vásquez, Matías Bosch Carcuro y Stanly Abreu de la Cruz.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano ascendió 17 posiciones en la clasificación Top 1,000 World Banks 2026, elaborada por la revista financiera The Banker, del grupo Financial Times, al ocupar el puesto 688 entre las mil principales entidades bancarias del mundo.
El avance estuvo impulsado por el crecimiento de su capital primario (Tier 1), principal indicador utilizado por The Banker para evaluar la fortaleza financiera de las instituciones bancarias.
Entre las entidades bancarias dominicanas de capital privado incluidas en la clasificación, el Banco Popular obtuvo la posición más alta, con una ventaja de 247 puestos sobre la siguiente institución de capital privado del país presente en el listado.
El ascenso del Popular en el ranking se sustentó además en el crecimiento de sus activos, una mayor generación de resultados y robustos niveles de rentabilidad y solvencia, factores que respaldan su posición entre las entidades financieras privadas más relevantes de la región.
Al respecto, el presidente ejecutivo del Popular, Christopher Paniagua, valoró el avance alcanzado en la clasificación y destacó que este reconocimiento refleja la confianza de los clientes y el compromiso de los colaboradores.
“Se trata de un logro que demuestra cómo seguimos innovando y construyendo un banco más cercano, ágil y eficiente cada día. Continuaremos impulsando este modelo de banca innovadora y responsable, enfocada en contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental de la República Dominicana”, expresó el ejecutivo.
Una trayectoria de crecimiento sostenido
Una trayectoria de crecimiento sostenidoEl listado Top 1,000 World Banks, publicado anualmente desde 1970, es uno de los principales referentes internacionales para evaluar la fortaleza de la industria bancaria.
La evolución del Banco Popular en el Top 1,000 World Banks evidencia una trayectoria de crecimiento sostenido en una de las clasificaciones más reconocidas del sistema financiero internacional.
En 2014, la entidad ocupaba el puesto 906 del ranking mundial. Doce años después, se ubica en la posición 688, tras escalar 218 lugares en ese período.
Este avance ha estado acompañado por una estrategia centrada en la innovación, la transformación digital, la disciplina financiera y la adopción de las mejores prácticas internacionales. Como resultado, el Popular ha fortalecido su competitividad y su posición entre las instituciones financieras privadas de mayor robustez de América Latina y el Caribe.