Economía
La deuda pública dominicana amenaza el crecimiento futuro
El Banco Central de la República Dominicana informa que hasta el mes de junio del 2020, la deuda pública consolidada de República Dominicana asciende al 57.57% del PIB, de la cual el 32.2% corresponde a deuda externa y el 25.3% a la interna.
Sobre el verdadero monto de la deuda pública dominicana siempre existen dudas, por falta de rigor en la implementación de una transparente y unificada metodología en su cálculo cuyas razones pueden ser atribuidas a las inconsistencias a la que lleva el realismo político.
Pero sobre lo que no caben las dudas es que el verdadero monto de la deuda pública deberá ser pagada por un solo actor de la sociedad dominicana: los contribuyentes, ciudadanos que pagan los impuestos y que deben ser sujetos de las políticas y proyectos públicos, como son la seguridad, la educación, la salud o las infraestructuras.
En el caso del Gobierno Central, la deuda pública ha venido creciendo como resultado de las decisiones de administraciones anteriores de recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir los déficits fiscales que año tras año se han ido acumulando. Esto, sin políticas de racionalización del gasto público y creando nuevas deudas para cubrir gastos ejecutados que no estaban programados en los presupuestos públicos, pero que al finalizar cada año eran formalizadas por el Congreso con la aprobación a posteriori de los denominados presupuestos complementarios.
En el caso de la deuda del Banco Central, esta se origina por las emisiones de certificados, denominados como valores en circulación, originados por los salvamentos bancarios del pasado.
En marzo del presente año se introdujo al Congreso un proyecto de ley para la creación de un fideicomiso para la recapitalización del Banco Central, que emitiría instrumentos de ofertas públicas durante un periodo de 20 años y hasta un monto de RD$648.64 mil millones, hasta que esas obligaciones puedan ser absorbidas directamente por el Ministerio de Hacienda.
El presente, sin embargo, está marcado desde marzo, cuando el país fue impactado por la pandemia del Covid-19, lo que llevó al cierre de importantes sectores económicos como el turismo y las zonas francas, además de la parálisis de la producción interna. Asimismo, las suspensiones de trabajadores y despidos masivos y acumulaciones de déficits fiscales que se convierten en nuevas deudas.
En su informe sobre la economía correspondiente al segundo trimestre de 2020, el Banco Central informó de una caída de 8.5% en el PIB, que antes de eso mantenía una racha, año tras año, de crecimiento de más de 5%.
En el sector de hoteles, bares y restaurantes, la caída fue de 42.5%. La manufacturera local y el comercio cayeron 11.8% y 3.1%, respectivamente. El transporte y la construcción se redujeron en 10.8% y 19.5%, respectivamente.
Pero un sector fue altamente beneficiado. Se trata de la intermediación financiera (los bancos), que creció un 14.6%, casi tres veces lo que registró durante el primer semestre del 2019, cuando ese crecimiento se estimó un 5.5%. Se trata del sector que se ha beneficiado con las emisiones de certificados del Banco Central, desde sus inicios.
Esa parálisis de la actividad económica y de los sectores externos generadores de divisas, provocó la caída de las recaudaciones de impuestos en el momento en que se necesitaba incrementar el gasto público para combatir, desde el ámbito de la salud, los efectos de la pandemia del Covid-19 y de sus efectos de parálisis de la actividad económica.
Esto llevó a que entre enero y agosto el déficit fiscal acumulado alcanzara el monto de RD$176,137.2 millones, como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el incremento del gasto, según las estimaciones del economista Nelson Suarez, experto en temas presupuestarios.
“La magnitud de déficit señalado, equivalente a un 3.6% del PIB tomado como base para la formulación del Presupuesto General del Estado 2020 (PGE-2020) y a un 3.9% del PIB revisado al 31 de agosto por el Ministerio de Economía”, explica.
Y agrega que esa cifra “representa hasta el momento el más elevado que registra la historia presupuestaria del país para un periodo de ocho meses”.
La aparente buena noticia es que, según el Banco Central, en agosto la caída de la economía solo fue de 7.2%, lo que refleja una ralentización de 1.2 puntos porcentuales en la velocidad de la caída, con relación a la registrada durante el primer semestre, de 8.5%.
“Hay que decir que efectivamente la economía ha comenzado lentamente a marchar, y ese es un indicador de que obviamente hay algún paso hacia esa recuperación”, opina el economista Apolinar Veloz, ex gerente del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional.
Pero destaca que “todavía quedan una serie de problemas muy importantes que puede restar dinamismo a la economía y que es preciso tener en consideración”.
Y en ese sentido destaca: “Tenemos el problema de la deuda, que se ha incrementado de manera importante, durante este periodo”. Y aclara: “No porque haya sido una política deliberada del Gobierno (en referencia a la actual administración del Estado, desde el 16 de agosto pasado). Ha sido una imposición de las circunstancias”.
Pero pronostica “que el repago de esa deuda significará restar recursos que podrían eventualmente utilizarse para dinamizar la economía”. Además de que el pago del servicio de la deuda será bastante alto durante los próximos cuatro años.”
Estas circunstancias, acompañadas de los efectos de la pandemia del Covid-19, son el resultado directo de una política persistente de endeudamiento para cubrir una política igual de persistente de déficits fiscales desde el 2012.
Frente a la parálisis de la economía y la consecuente caída de los ingresos fiscales, la nueva administración del Estado optó por emitir bonos soberanos que logró colocar en los mercados internacionales de capitales por 3,800 millones de dólares, el monto más alto emitido en una sola operación en la historia del país.
La operación, realizada el 17 de septiembre, se hizo en tres tramos, dos de ellos en moneda extranjera y uno indexado al peso dominicano, informó el Ministerio de Hacienda. El primer bono, por un monto de 1,800 millones de dólares, fue emitido a un plazo de 12 años, con un rendimiento de 4.875% anual.
Mientras que el segundo, por un monto de 1,700 millones de dólares, tiene como un vencimiento el año 2060, y un rendimiento de 6.25% anual. Y la tercera emisión, en pesos dominicanos, pero equivalente a 300 millones de dólares (RD$ 17,500 millones), vence en el año 2026, y tiene un rendimiento de 10 %.
El volumen de la operación y las tasas a las que se colocaron incrementarán la presión en las finanzas públicas, creando un mayor déficit fiscal, en un país que los acumula año tras año desde el 2012. Esto, a menos de que el Gobierno logre incrementar los impuestos y profundice en la racionalización del gasto público.
Pues en una sola operación la deuda del sector público no financiero pasó de un 49.8% del PIB, a un 54.6% del PIB. Si esa nueva deuda se le suma al monto consolidado que para junio divulgó el Banco Central, el monto de lo que oficialmente debe el país asciende a US$50,485.1 millones o más.
Normalmente, para medir la deuda se divide por el PIB. Pero viéndolo de otra manera: durante 2019 al país ingresaron divisas por un monto de US$30,664 millones, lo que reflejó un crecimiento de 4.9% con relación a lo ingresado en 2018.
Comparado con ese monto de divisas, en el presente la deuda representa el 164.6% del ingreso de la moneda extranjera en la economía dominicana durante ese año. Pero comparado con el presente año, como resultado de la caída del sector externo por causa de la pandemia, esta ratio será mayor.
En mayo pasado, la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings revisó desde estable a negativa la perspectiva de la República Dominicana, al identificarle, como emisor riesgos de incumplimiento en divisas a largo plazo, al bajarla a “BB-”.
Para eso, consideró el impacto de la pandemia del coronavirus en República Dominicana, lo que condujo a una fuerte caída de la actividad económica, y que ejerció presiones sobre su capacidad de pago, “dada su dependencia del turismo y las remesas”.
Economía
Denuncian pérdida de decenas de contenedores lanzados al mar durante traslado de mercancías hacia República Dominicana
El incidente habría afectado a empresas consolidadoras de carga y a cientos de familias dominicanas. FECODECA anunció reclamaciones formales contra la naviera y gestiones ante las aseguradoras.
Puerto Plata, República Dominicana.– Decenas de contenedores pertenecientes a empresas consolidadoras de carga dominicanas habrían sido lanzados al mar durante una travesía desde Brooklyn, Nueva York, hacia el puerto de Río Haina, en República Dominicana, provocando pérdidas millonarias y afectando a cientos de familias que esperaban recibir mercancías enviadas desde Estados Unidos.
La situación ha generado preocupación entre empresas del sector, varias de ellas establecidas en Puerto Plata, así como reclamos de personas que remitieron electrodomésticos, ropa, alimentos y otros artículos para sus familiares residentes en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Federación de Consolidadores de Carga (FECODECA), el incidente ocurrió durante el transporte de mercancías a bordo del buque M.V. Seaboard Explorer v77SB, perteneciente a la empresa Seaboard Marine.
La organización indicó que, según una comunicación remitida por la naviera, la embarcación habría enfrentado condiciones marítimas adversas durante las primeras horas del 26 de septiembre, situación relacionada con la pérdida de los contenedores.
FECODECA aclara responsabilidades
La Federación de Consolidadores de Carga precisó que la documentación recibida hasta el momento no atribuye la pérdida de las mercancías a los pequeños negocios consolidadores ni demuestra que estos se hayan apropiado de los artículos enviados por sus clientes.
La entidad explicó que estas empresas recibieron las mercancías y gestionaron su transporte hacia República Dominicana, pero no tenían control sobre la navegación, la estiba ni las operaciones del buque durante la travesía.
Asimismo, advirtió que también se han recibido informaciones sobre contenedores que sí fueron descargados en el puerto de Río Haina, por lo que consideró necesario examinar cada caso de manera individual.
En ese sentido, recomendó verificar las facturas, los recibos, los conocimientos de embarque, los números de contenedores y los inventarios correspondientes para determinar el destino de cada envío y establecer las responsabilidades pertinentes.
Anuncian reclamaciones formales
Ante las pérdidas reportadas, FECODECA informó que está encaminando reclamaciones formales ante la naviera, notificando a las compañías aseguradoras y recopilando la documentación necesaria para determinar las responsabilidades legales derivadas del incidente.
Hasta el momento, no se ha establecido el monto exacto de los daños económicos. Sin embargo, por la cantidad de contenedores presuntamente afectados y el volumen de mercancías transportadas, las pérdidas podrían ascender a millones de pesos.
Entre los artículos enviados habitualmente por esta vía figuran televisores, neveras, estufas, lavadoras, ropa, alimentos y otros enseres domésticos adquiridos por dominicanos residentes en Estados Unidos para sus familiares en el país.
Los envíos proceden principalmente de comunidades dominicanas establecidas en Nueva York y Nueva Jersey, donde numerosas familias utilizan los servicios de consolidación de carga para hacer llegar bienes a sus hogares.
Afectados esperan respuestas
La situación ha generado inquietud entre los propietarios de las empresas consolidadoras y las familias que aún desconocen el paradero de sus mercancías o cómo serán compensadas por las pérdidas.
Según la información difundida, hasta el momento no se había ofrecido una respuesta oficial de la Dirección General de Aduanas ni de la Autoridad Portuaria Dominicana sobre los reclamos de los afectados.
Mientras avanzan las gestiones ante la naviera y las aseguradoras, los perjudicados esperan que se esclarezcan las circunstancias del incidente, se identifiquen los embarques afectados y se determinen los mecanismos para responder por las mercancías perdidas.
Economía
Ministro de Agricultura niega que Danilo Medina solicitara dispensa para extender protección arancelaria al arroz hasta 2035
Oliverio Espaillat Bencosme afirma que los productores arroceros desconocían la supuesta gestión realizada en 2019 y defiende las medidas gubernamentales para proteger la producción nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, negó que el expresidente Danilo Medina haya solicitado formalmente una dispensa a Estados Unidos para extender hasta 2035 la protección arancelaria del arroz dominicano, como parte de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
El funcionario sostuvo que los principales representantes del sector arrocero nacional desconocían la supuesta gestión atribuida al exmandatario, por lo que consideró poco creíble que una iniciativa de esa magnitud se realizara sin informar a los productores, las federaciones, los industriales y los demás actores de la cadena productiva.
Espaillat Bencosme explicó que, durante su gestión como dirigente del sector arrocero y asesor honorífico del entonces ministro de Agricultura, Osmar Benítez, solicitó en varias ocasiones reunirse con el presidente Medina para abordar los riesgos que representaba el calendario de desgravación arancelaria del DR-Cafta. Sin embargo, aseguró que ese encuentro nunca llegó a concretarse.
El ministro también recordó que en 2019 un alto funcionario estadounidense visitó el país para analizar la situación del arroz, pero afirmó que los representantes del sector productivo tampoco fueron informados sobre una eventual solicitud de dispensa en los términos planteados actualmente por Medina.
Gobierno defiende medidas de protección
El titular de Agricultura defendió las acciones del Gobierno del presidente Luis Abinader para preservar la producción arrocera nacional y rechazó las críticas que califican de populista el decreto 693-24, mediante el cual se establecieron medidas para proteger el cereal frente a las importaciones.
Explicó que la disposición se fundamentó en una interpretación del artículo 21.2 del DR-Cafta, relativo a la seguridad esencial, que contempla la facultad de los países de adoptar medidas para proteger sus intereses esenciales de seguridad.
En ese sentido, afirmó que República Dominicana considera la seguridad alimentaria un componente estratégico de la seguridad nacional, debido a la importancia del arroz en la dieta de la población, la economía rural y la estabilidad social.
“Estamos hablando de miles de productores, empleos rurales, factorías, financiamientos, comunidades completas y una cadena productiva que durante décadas ha garantizado alimento y estabilidad al pueblo dominicano”, sostuvo el ministro al defender la necesidad de proteger el sector.
Asimismo, aseguró que el Gobierno no abandonará a los productores arroceros y que continuará trabajando para garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.
Medina cuestiona actuación del Gobierno
Por su parte, el expresidente Danilo Medina afirmó que el Gobierno conocía que el 1 de enero de 2025 vencía la protección arancelaria del arroz contemplada en el DR-Cafta, pero que no adoptó oportunamente las medidas necesarias para proteger a los productores locales frente a las importaciones, principalmente procedentes de Estados Unidos.
Medina calificó de populista el decreto 693-24, al considerar que establecía una cuota de importación y un arancel de hasta un 99 % para las importaciones fuera de cuota, lo que, a su juicio, contravenía las disposiciones del acuerdo comercial.
El exmandatario también señaló que durante su Gobierno se realizaron gestiones en 2019 para abordar el problema y recordó que posteriormente la pandemia de COVID-19 y las elecciones presidenciales incidieron en el proceso, cuyo seguimiento, según afirmó, no recibió la debida continuidad de la administración entrante.
El arroz ante la apertura comercial
La eliminación progresiva de los aranceles al arroz forma parte de los compromisos asumidos por República Dominicana en el DR-Cafta, acuerdo firmado en 2004, ratificado en 2005 y puesto en vigor en 2006. El calendario de desgravación establecía la entrada plena del arroz estadounidense libre de aranceles a partir de 2025.
Ante este escenario, el Gobierno emitió el decreto 693-24 como mecanismo de protección para el sector arrocero, aunque posteriormente lo derogó.
Actualmente, las autoridades mantienen negociaciones y evalúan alternativas para proteger la producción nacional frente a la apertura comercial, mientras aseguran que continuarán ofreciendo acompañamiento técnico, mecanización, financiamiento y mejores condiciones para preservar la competitividad del sector.
La controversia entre Medina y el actual ministro de Agricultura pone nuevamente en el centro del debate la gestión de las medidas de protección comercial, el cumplimiento de los compromisos del DR-Cafta y el futuro de uno de los principales productos de la canasta básica dominicana.
Agencia EFE
El Banco Mundial proyecta una expansión de 4.7 % para el país, por encima de El Salvador y Panamá, y mantiene una perspectiva favorable hasta 2028
Ciudad de Panamá.— República Dominicana encabeza las previsiones de crecimiento económico para 2026 entre los países vinculados al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de acuerdo con las más recientes estimaciones del Banco Mundial.
El organismo internacional proyecta para la economía dominicana una expansión de 4.7 % del producto interno bruto (PIB) durante este año, seguida por El Salvador, con 4.5 %, y Panamá, con 4.2 %.
Las cifras forman parte del informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, en el que el Banco Mundial analiza el comportamiento y las perspectivas de las economías de la región.
Otros países mantienen crecimiento moderado
Después de República Dominicana, El Salvador y Panamá, las proyecciones para 2026 sitúan a Guatemala en 3.7 %, Nicaragua en 3.6 %, Honduras en 3.4 %, Costa Rica en 3.3 % y Belice en 2.4 %.
El desempeño proyectado para República Dominicana la coloca no solo entre las economías con mayor dinamismo de este grupo, sino también como una de las que presenta mejores perspectivas en los próximos años.
RD seguiría liderando en 2027
Para 2027, el Banco Mundial estima que República Dominicana continuará a la cabeza, con un crecimiento de 4.4 %.
Le seguirían Panamá, con 4.1 %; El Salvador, con 3.9 %; Guatemala, con 3.8 %; Honduras, con 3.7 %; Costa Rica, con 3.5 %; Nicaragua, con 3.2 %, y Belice, con 2.2 %.
Las proyecciones para 2028 también mantienen una tendencia favorable para la economía dominicana.
En ese año, el organismo multilateral calcula una expansión de 4.8 % para República Dominicana, mientras Panamá crecería 4.1 %, Guatemala y Honduras 3.8 %, El Salvador y Costa Rica 3.5 %, Nicaragua 3.1 % y Belice 2 %.
Banco Mundial resalta fundamentos macroeconómicos
En su análisis, el Banco Mundial señala que el crecimiento sostenido de algunas economías de la región se encuentra vinculado a decisiones de política económica dirigidas a fortalecer los fundamentos macroeconómicos.
El organismo menciona de manera particular los casos de Panamá y República Dominicana como ejemplos de países que han mantenido un crecimiento sólido apoyado en políticas económicas de mayor continuidad.
También destaca el desempeño de El Salvador, cuya economía ha mostrado una evolución superior al promedio regional.
Entre los factores señalados se encuentran la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y el impulso de la inversión privada.
América Latina crecería 2.2 %
A pesar de las mejores perspectivas para algunas economías, el panorama general de América Latina y el Caribe continúa siendo moderado.
El Banco Mundial proyecta un crecimiento regional de 2.2 %, al tiempo que advierte sobre la necesidad de encontrar nuevos motores capaces de aumentar la productividad.
El organismo considera que uno de los principales desafíos de América Latina y el Caribe será precisamente fortalecer la productividad para generar un crecimiento económico más sostenible y mejorar las condiciones de desarrollo de sus países.