Economía
Ajustes por parte de la DGII de montos exentos del IPI y el tope de viviendas de bajo costo.
Santo Domingo, R.D.-La actualización de los montos exentos aplicables al impuesto al patrimonio inmobiliario dispuso la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo cual reflejará el ajuste por inflación correspondiente al 2025,
Según un comunicado oficial, el precio máximo de venta de las viviendas desarrolladas por fideicomisos de bajo costo, incluyendo aquellas del proyecto Ciudad Juan Bosch adquiridas mediante préstamos hipotecarios, será de 5,193,655.47 pesos. Este valor permitirá a los adquirientes optar por el bono vivienda y quedar exentos del impuesto a la transferencia.
En cuanto al IPI, las propiedades destinadas a viviendas y los solares urbanos no edificados pertenecientes a personas físicas estarán exentos del impuesto si su valor no supera los 10,190,833 pesos, indica la entidad recaudadora.
De acuerdo con la primera resolución impositiva del año DDG-AR1-2025-00001, emitida por la DGII el 14 de enero de este 2025, los nuevos valores para el 2025 quedan establecidos de la siguiente manera:
- Exención del IPI: propiedades con un valor igual o inferior a 10,190,833 pesos
- Viviendas de bajo costo: tope de 5,193,655.47 pesos
Este ajuste, explica la DGII, tiene como propósito mantener el equilibrio en la política fiscal, asegurando que los montos exentos reflejen las variaciones inflacionarias del mercado inmobiliario. Esto beneficia a los propietarios al actualizar los límites para las exenciones fiscales.
En 2024, el tope para las viviendas de bajo costo o económicas era de 5,025,380.75 pesos. El nuevo límite (5,193,655.47 pesos) supone un incremento de 168,274.72 pesos, equivalente a un 3.34 %.
Desde 2011, cuando el precio máximo para este tipo de viviendas era de 2 millones de pesos, el valor ha aumentado un 159.68 % en 14 años, alcanzando una diferencia absoluta de 3,193,655.47 pesos.
La Ley 338-21, que modificó varios artículos de la Ley 189-11, establece que los adquirientes de su primera vivienda, a través de fideicomisos de bajo costo acreditados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), podrán recibir un bono equivalente al valor del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis) pagado por los materiales y servicios utilizados en la construcción del inmueble.
Resolución en vigenciaCon la resolución ya en vigor, los contribuyentes deberán considerar estos valores al calcular sus impuestos para 2025. Además, estos ajustes serán determinantes en los procesos de solicitudes de préstamos hipotecarios para adquirir viviendas de bajo costo.
Este valor será determinado por el INVI, en coordinación con la DGII. Para beneficiarse, el adquiriente deberá solicitar este bono a través de la fiduciaria que administre el fideicomiso de vivienda de bajo costo correspondiente. Dicho monto servirá como completivo de su inicial para la compra de la vivienda.
La DGII financiará la compensación por concepto del Itbis, pagado en el proceso de construcción de la vivienda, del Fondo Especial de Reembolsos Tributarios constituido. A tal fin, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto, incluirá en las asignaciones presupuestarias otorgadas para dicho fondo, el monto anual estimado, indica la ley.
Santo Domingo. — La tasa del dólar estadounidense ha experimentado una reducción sustancial, y continúa con una tendencia a la baja frente al peso dominicano, de acuerdo con la tasa de cambio de referencia publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para este miércoles 27 de mayo de 2026.
Según informó el organismo monetario, la tasa de compra del dólar se fijó en RD$58.0844 y la de venta en RD$58.8939, ambas por debajo de los RD$60 por unidad.
De acuerdo a economistas este comportamiento evidencia la estabilidad del mercado cambiario nacional y la efectividad de las políticas monetarias y macroeconómicas aplicadas en el país.
Economía dominicana registra crecimiento promedio de 4.0 % en cuatro meses
El desempeño de la moneda estadounidense ocurre en un contexto de dinamismo económico sostenido, impulsado por el crecimiento del turismo, el flujo constante de remesas, el incremento de la inversión extranjera y el fortalecimiento de las exportaciones. Estos factores han contribuido a una mayor disponibilidad de divisas y a la estabilidad del sistema financiero.
Asimismo, las reservas internacionales del Banco Central superan actualmente los US$15,000 millones.
De acuerdo con estándares internacionales, los países deben mantener reservas suficientes para cubrir al menos tres meses de importaciones. En el caso de la República Dominicana, las reservas internacionales cubren más de seis meses de importaciones y equivalen a más del 12 % del producto interno bruto (PIB), indicadores que respaldan la solidez macroeconómica del país y la confianza de los agentes económicos nacionales e internacionales.
El Banco Popular Dominicano (BPD) participó en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), un encuentro de alcance regional que reúne a especialistas del sector público y privado de América Latina.
En la actividad se abordaron los desafíos actuales en la prevención y detección de fraudes y crímenes financieros.
El SIIDF, organizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, centró su agenda en estrategias para fortalecer la investigación financiera frente a la complejidad de los ecosistemas digitales y la creciente sofisticación de los delitos.
Asimismo, destacó la importancia de la colaboración entre sectores y el rol de la capacitación especializada y la educación en la prevención temprana, elementos que están presentes en la visión de la gestión de riesgos cibernéticos del Banco Popular.
El presidente ejecutivo del BPD, Christopher Paniagua, en un reciente artículo planteó que el banco está convencido de que “la IA es una herramienta para servir mejor a nuestros clientes, mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer la seguridad de nuestra infraestructura tecnológica y de nuestros clientes, con lo que consolidamos nuestro liderazgo regional”.
En este contexto, el Banco Popular cuenta con una probada experiencia en el análisis de grandes volúmenes de información para la detección de fraudes.
Con ese objetivo, mantiene una operación de monitoreo continuo a través de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de vanguardia, el cual posee certificaciones internacionales que respaldan sus estándares en seguridad y protegen la integridad de sus sistemas y la protección de la información de los clientes en un entorno digital cada vez más sofisticado.
“Gracias a esta infraestructura y una labor de monitoreo permanente, en 2025 el banco pudo monitorear en promedio 38,000 eventos por segundo, con picos de hasta 40,000, lo que representó más de 3,283 millones de eventos diarios, evidenciando su enfoque preventivo y su alta capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas”, expresa en un comunicado de prensa.
Colaboración interinstitucional ante las ciberamenazas
Cita que, como parte de su liderazgo en la transformación digital de los servicios financieros, la entidad bancaria continúa incorporando soluciones basadas en IA que apoyan el desarrollo de aplicaciones, la automatización de procesos internos y la mejora de la eficiencia operativa, contribuyendo a una mejor experiencia para colaboradores y clientes.
Además, con respecto a la colaboración con otras instancias, es relevante destacar que en 2024 el Popular se convirtió en el primer banco dominicano en formar parte del Foro de Equipos de Respuesta a Incidentes y Seguridad (FIRST).
“Sus profesionales de ciberseguridad participan en esta red global que facilita el intercambio de conocimientos y fortalece la respuesta ante amenazas cibernéticas, agrupando a más de 700 equipos de respuesta ante emergencias informáticas en todo el mundo”, indica la declaración de prensa.
Concienciación y educación en ciberseguridad
En el ámbito de la concienciación y capacitación en ciberseguridad, la entidad pone a disposición del público la plataforma “Pistas de Seguridad”, orientada a promover buenas prácticas digitales a través de formatos como artículos, videos y pódcast, entre otros.
El Banco Popular refirió también que cada año celebra en octubre el Mes de la Concientización de la Ciberseguridad, desarrollando diversas acciones dirigidas a clientes, pymes, proveedores, colaboradores y otros grupos de interés.
Resiliencia operativa y confianza digital
Este enfoque preventivo y proactivo para fortalecer la ciberseguridad forma parte de la visión de la organización financiera por garantizar la resiliencia operativa y la confianza digital, un activo esencial para el progreso y la estabilidad del sistema financiero.
Con su participación en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros (SIIDF 2026), el Popular subraya su enfoque continuo de fortalecimiento de capacidades en la prevención de delitos financieros y la protección de la información, en línea con las mejores prácticas internacionales y en colaboración con los actores clave del ecosistema financiero regional.
Santo Domingo, R.D.-El sector empresarial advirtió este miércoles que varios puntos contenidos en la propuesta de reforma al Código de Trabajo podrían incrementar los costos laborales, generar incertidumbre jurídica y dificultar la creación de empleos formales, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
La posición fue fijada mediante un documento conjunto encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y respaldado por más de 80 organizaciones empresariales y entidades representativas de distintos sectores productivos del país.
En el comunicado, las entidades hicieron un llamado a los legisladores a actuar con “prudencia, visión de país y sentido de responsabilidad histórica” durante el proceso de discusión del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso Nacional.
Sostuvieron que una legislación laboral moderna debe preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, pero al mismo tiempo contribuir a enfrentar desafíos estructurales como la informalidad, el aumento de la productividad, la generación de empleos y el fortalecimiento de la competitividad nacional.
“Estos elementos deben analizarse cuidadosamente para asegurar un equilibrio adecuado entre protección laboral, productividad y sostenibilidad”, expresaron las organizaciones en el documento fechado el 20 de mayo de 2026.
El sector privado insistió en la necesidad de continuar el diálogo para lograr una reforma que responda a las nuevas dinámicas del empleo y a las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.
Entre las entidades firmantes figuran además la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), así como asociaciones vinculadas a las zonas francas, comercio, turismo, construcción, industria y pequeñas empresas.