Opinión
La difícil competitividad nacional
Por Juan Bolívar Díaz
Ahora que el presidente Danilo Medina reunió por primera vez y juramentó el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, integrado por una gran representación del alto empresariado, debe esperarse que se implementarán en breve plazo, las políticas imprescindibles para que el país pueda colocare en el exigente escenario de competitividad global, donde sólo competimos con ventajas comerciales frente a Haití.
En esa dirección de inmediato se dieron a conocer dos decretos presidenciales, uno creando un Comité Nacional de Facilitación del Comercio, y otro que reglamenta el funcionamiento del Consejo, éste último con años de retraso, como tantos otros reglamentos pendientes de múltiples leyes de los últimos años como, por ejemplo, el de la Comisión Nacional para Defensa de la Libre Competencia, de la ley de salarios del sector público o la ley de la Policía Nacional.
Hay que celebrar que el presidente Danilo Medina dijera que se trabaja con el sector privado “para que haya empresas productivas, servicios públicos más eficientes y puestos de trabajo bien remunerados para todos”, aunque queden dudas por el hecho de que algunos no son demasiado amigos de la libre competencia. También es positiva la promesa de enviar al Congreso un proyecto de ley para simplificar los procesos para la formación de empresas, aunque luce exagerado, y hasta podría ser conflictivo, que se le pretenda con capital cero, como se anunció.
Instituido en el 2006 como un órgano con participación del sector privado, el Consejo de Competitividad ha sido relegado, a pesar de las urgencias y reclamos nacionales, tanto como la Comisión para Defensa de la Libre Competencia, creada por otra ley dos años después.
En hora buena, pues, aunque se necesita muchísimo más que lo realizado, y que numerosos organismos de cogestión pública-privada no han pasado del papel o de las fotografías para publicitar una supuesta apertura, en gobernantes que se han caracterizado por tendencias autoritarias y por sólo disponer políticas oportunistas perseguidoras de popularidad o de votos. Aparecer rodeado del alto empresariado pudo ser una pose repuesta del presidente Medina a la contundente crítica expresada recientemente por el encargo de negocios de la embajada de Estados Unidos, especialmente sobre la pobre competitividad nacional, la inseguridad y el hartazgo de la corrupción.
Por cierto que el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano de la Universidad Católica Madre y Maestra ha entregado muy oportunamente un “Informe Especial: Instituciones y Competitividad”, que podría ser muy útil tanto para el gobierno como para su comité Consultor empresarial. Se trata de un análisis de 17 páginas que pondera la evolución del país en los últimos 11 informes del Indice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial, comprendidos en el período 2007-17. Aunque casi todos incluyen más de 130 países, 137 el del 2017-18, esta evaluación incluye sólo a los 114 que han estado en todo el período, entre ellos RD.
El resumen es que RD ha perdido 5 escalones, “debido a males como la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, las tasas impositivas, una fuerza de trabajo inadecuada y la inseguridad provocada por crímenes y robos”, y que 87 de los 114 tuvieron mejor desempeño. En entorno institucional el país registra un descenso progresivo en los últimos 4 IGC, cuando 92 países han mejorado.
Merece particular atención la ponderación del pilar Etica y Corrupción, donde el país ha desmejorado también en los últimos 4 índices para ocupar el escalón 112 de esos 114 permanentes. Pero no se crea que ese alarmante nivel es sólo patrimonio del sector público, ya que en ética corporatiova o empresarial, quedamos con una pequeña diferencia de dos escalones, en el 110 de 114, el quinto peor.
Ojalá que tanto los funcionarios del Consejo como los consultores empresariales se animen a ponderar el coincidente aporte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.