Por José Cabral
En el país se ha impuesto una cultura de que muchos individuos se apropian de las instituciones sin fines de lucro y usan sus recursos, principalmente económicos, en favor suyo, de sus familiares y de sus grupos.
Es un fenómeno generalizado que amenaza la existencia de este tipo de organizaciones, el cual es el resultado del legado dejado por los partidos políticos, que también se manejan con el mismo criterio.
Esta forma de actuar de determinadas personas, que buscan entrar a la dirección de las organizaciones sin fines de lucro para manejarlas en función de intereses contrarios a sus propósitos, lleva a que haya que “matarlas”, metafóricamente hablando, para decirlo de alguna manera, para sacarlas de las posiciones que ocupan dentro de ellas.
Este mal comportamiento, repito, tiene su base en los partidos políticos, los cuales son propiedad de unos pocos, pese a que son también instituciones sin fines de lucro, pero lo propio pasa también con otras organizaciones como las cooperativas de ahorros y préstamos.
Son innumerables las veces que me he referido a este fenómeno, ya que muchos “tígüeres” secuestran los organismos de dirección de las referidas entidades que manejan miles de millones de pesos mediante los ahorros que hacen las comunidades donde operan.
No hay una sola que no esté impactada por este problema que afronta la sociedad dominicana, porque los que se atrincheran en la dirección de una institución sin fines de lucro se crean la idea de que la misma es una herencia que les dejó sus abuelos.
Las instituciones sin fines de lucro acumulan un alto nivel de tensión como resultado del fenómeno explicado, sin que haya un régimen de consecuencia, cuya confirmación del asunto se produce con lo ocurrido en el Instituto Oncológico de Santiago, cuyos pasados directivos se apropiaron de éste y que ahora caen presos porque las travesuras cometidas se salen de su contexto, ya que se configura la asociación de malhechores con personas ajenas a las mismas.
Es una plaga no tan fácil de combatir, porque incluso el propio Ministerio Público no tiene las herramientas ni la formación para investigar y contrarrestar un cáncer que se come a la sociedad, como es la sustracción de fondos en las instituciones sin fines de lucro, como por ejemplo los condominios, cuyos recursos provenientes del mantenimiento y las reparaciones menores y mayores va a mano de un personaje que la Ley 5038 identifica como el administrador.
La razón por la que el Ministerio Público desarrolla la investigación que mete presos a los que se cogieron para ellos el Instituto Oncológico de Santiago, es porque pasados directivos, ahora imputados, están involucrados en el escándalo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), cuyo caso, tiene una connotación profundamente política.
Si no hubiera sido así, muy difícilmente los personajes involucrados en la sustracción de fondos en el Instituto Oncológico de Santiago caen presos, lo cual se puede comprobar en las demás instituciones sin fines de lucro secuestradas por redes de delincuentes que sustraen sus fondos, pero que no son investigadas por las autoridades competentes, cuyas debilidades ponen en peligro los intereses de los que deben ser los beneficiarios naturales del trabajo que están llamadas a desarrollar.
Se comprueba que la justicia sólo se activa cuando los casos están revestidos de un componente político que les da la fuerza para movilizar al Ministerio Público y los órganos del Estado que tienen que ver con el asunto, porque de lo contrario prevalece la total impunidad.