Editorial
La Doble Moral: Común Denominador En R.D.
Se ha hablado bastante sobre la grave crisis que padece la sociedad dominicana en los órdenes económicos, sociales, políticos, pero, sobre todo, en lo ético-moral.
El asunto es tan delicado que las primeras de esas crisis pueden ser evaluadas fácilmente con las conductas de muchos de los políticos, los periodistas, los abogados, los médicos y los demás actores de la vida nacional.
Sin embargo, lo moral y lo ético muy difícilmente puedan ser evaluados mediáticamente, en virtud de que para poder entender la magnitud del problema hay que estar dentro de los zapatos de los protagonistas de esta descomposición.
La sociedad está dividida hoy día entre los que son definidos como ortodoxos y como pragmáticos, los primeros apegados a principios, sobre todo, éticos, mientras que los segundos son aquellos que apelan a lo que sea para conseguir las cosas, no importa a quién haya que quitar del medio, lo importante es sólo un buen vehículo, dinero en el banco, una buena casa, entre otras comodidades.
Los pragmáticos casi siempre viven bajo la sombra del Estado, a través del tráfico de influencia, el contrabando, el lavado de activos y otros fenómenos que hacen mucho daño a la sociedad dominicana.
Los pragmáticos generalmente se apoyan en las arcas nacionales para desarrollar sus bellaquerías, para imponer una doble moral que hacen creer lo contrario de lo que exactamente son.
Los pragmáticos se mueven a una velocidad impresionante, no tienen fronteras ni limitantes, pero a la hora de impartir cátedras de moral son los más destacados, los que están en primera fila.
En cambio los ortodoxos son los “hazme reír” de la sociedad, porque tienen un proceder que para los pragmáticos pertenece a la década del 70, cuando todo era romántico, transparente y en el contexto de la ética y la moral.
Esta es la causa por la que hay periodistas que cuando hablan en un programa de radio o de televisión o a través de un artículo en el periódico dicen muchas veces lo contrario de lo que sienten.
A muchos muy poco les importa la democracia y la justicia social, pero son adornos que les sirven para justificarse en una profesión que demanda un cierto nivel de sensibilidad social y esgrimir un discurso que esté en el contexto del sacerdocio que se le atribuye al periodismo.
Lo mismo pasa con el político que mientras se embolsilla los dineros del patrimonio público, proyecta una imagen y asume un discurso moralista y ético, cuya doble moral, igual que la de muchos periodistas, sólo se conoce cuando se tiene la oportunidad de familiarizarse con estos personajes de la vida nacional.
Lo mismo pasa con el médico que ya sólo le importa el dinero que genera a través de su profesión sin que se tenga como marco de referencia la ética o el juramente hipocrático o el abogado que tiene que asumir como cierta la mentira y las manipulaciones de su cliente, aunque se trate de un violador, ladrón o un gran degenerado social y moral, porque la misión del profesional del derecho es proyectar al victimario como víctima.
Toda esta descomposición es la que explica las pensiones en la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, la Superintendencia de Seguros, el Barrilito y el Cofrecito en el Senado y en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde todo se vale cuando se trata de acumular fortunas.
Muchos de los beneficiarios de estos privilegios anti-constitucionales pronuncian discursos y hasta someten proyectos para combatir la corrupción, lo que constituye parte de la desvergüenza nacional.
Ahí está la explicación de que Leonel Fernández coja en su boca a Juan Pablo Duarte hasta para criticar a otros que son igual a él.
La verdad es que la doble moral se ha apropiado de la sociedad dominicana, cuya principal expresión es el propio presidente de la República, quien habla de adecentamiento, pero con la nómina estatal llena de sinvergüenzas y personas que deben estar en el banquillo de los acusados.
Es un problema de todo el cuerpo social, de arriba hasta abajo, de la cabeza hasta lo pie.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
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