Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.Nacionales
Cómo sobrevivió emboscada «César el Abusador» en Barranquilla
Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.El último hecho de sangre se produjo el pasado 21 de octubre pasado en una plaza comercial de la ciudad caribeña de Barranquilla, en el que murió uno de los capos anteriormente mencionados.
Miguel Ángel Pana Andrioly, alias “Toyo Curiche”, un peligroso operador de la zona de La Guajira, fue uno de los principales asociados de César Emilio Peralta, junto con el venezolano Eduardo Luis Martínez, de 47 años de edad, quien, aunque murió en circunstancias que nada tienen que ver con la actividad a la que se le vincula, Listín Diario fue enterado por organismos ligados a la investigación que éste fue, alegadamente, la cabeza del segundo eje del Clan del Golfo.
El venezolano murió la madrugada del 1 de noviembre del año pasado en un restaurante de comida rápida en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la calle Porfirio Herrera, a manos de un dominicano que le propinó un balazo en la parte izquierda de la cara, tras una discusión en un hecho que dejó heridas a otras tres personas.
En tanto, el alias “Toyo Curiche”, un colombiano de La Guajira, se presentó al centro “Karen Quintero, Estética y Salud”, en una plaza comercial, para someterse a una sesión de masajes y tratamiento de adelgazamiento, pero no se imaginó que dos individuos le estaban localizando para marcar su ubicación.
Poco antes del mediodía del 21 de octubre pasado, Miguel Ángel Pana Andrioly, alias Toyo Curiche, asistió a la plaza comercial 93, ubicada en la calle 39 entre Carreras 47 y 49 C, al norte de Barranquilla, en una camioneta Hilux, blindada, acompañado de un seguridad.
Vestido de pantalón jean con impecable camisa blanca, el guajiro vinculado por la Policía colombiana en actos criminales en Magdalena, La Guajira y El Atlántico, bajó del vehículo blanco placa FYT-206 para someterse al procedimiento habitual.
Lo que menos estaba pensando en ese instante Toyo Curiche era que, tal como refieren en su lenguaje habitual los colombianos de a pies, es que “estaba dando papaya”.
Cuando se dispuso a bajar de la camioneta, dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y la emprendieron a tiros, sin que le dieran oportunidad de defenderse. Cayó herido mortalmente y su camisa blanca se tiñó de rojo. Este, como su escolta, Hernán Urbano Guerra Vásquez, no tuvieron tiempo para reaccionar. Toyo Curiche yacía en el suelo mientras quien estaba destinado a preservar su integridad física saltó al otro lado de la acera, se fajó a tiros con los asesinos, pero también murió en el intento. Este último fue llevado de urgencia al centro de salud San Vicente, donde expiró.
En esa refriega es que se especula habría participado César Emilio Peralta (El Abusador) en la ciudad colombiana de Barranquilla, bañada por el Caribe, adonde el dominicano viajaba con frecuencia desde el mes de agosto cuando salió huyendo de República Dominicana.
En el atentado también resultó herido el trabajador de la construcción, de nacionalidad venezolana, José Gregorio Donantes Morelos, quien se encontraba en un lugar próximo a la balacera y recibió un disparo en el abdomen, sin tener nada que ver con el incidente.
La Policía de Colombia estableció en la investigación que “Toyo Curiche” habría sido víctima de ajuste de cuenta a manos de bandas rivales, pues tenía tres días de haber llegado a Barranquilla.
Aunque los organismos de persecución del crimen organizado en el país, la DNCD y la Procuraduría General de la República, insisten en que César Emilio Peralta se encontraba en alguna zona del territorio nacional, era un secreto a voces de que el capo salió en una lancha rápida hacia la frontera de Venezuela y Colombia, específicamente para La Guaira, luego de ser advertido de su búsqueda.
Peralta utilizaba una cédula colombiana para moverse en ambos territorios suramericanos, donde operaba junto a sus socios en el contrabando de sustancias prohibidas.
Siguiendo las informaciones de que dispone este diario, Toyo Curiche era el principal aliado de César Emilio Peralta. El primero pertenecía a la ganga criminal “Los Curicheros, dirigida por Marquito Figueroa, quien era su cuñado. Al colombiano asesinado se le vincula a varios crímenes, incluido el de una pareja de esposos que fue sacada por él de un restaurante y luego encontrados muertos en bolsas negras.
La hermana de “Toyo Curiche”, María Concepción Pana Andrioly, participó el pasado 27 de octubre, seis días después de la muerte de su hermano, como candidata a la alcaldía de Maicao. Ella negó, cuando ocurrió el crimen, que su hermano estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero admitió que dejó La Guajira porque había sido extorsionado.
Según el periódico El Heraldo, “Los Curicheros” es una estructura armada y permanente, pero poco visible, de contrabandistas. Su nombre se deriva de la ranchería Curiche, en jurisdicción de Manaure, La Guajira.
El Heraldo cita el portal web de la Fundación Paz y Conciliación que registra que “Marquitos” revitalizó al estructural criminal de “Los Curicheros, una banda caracterizada por su servicio al narcotráfico, aunque ha estado bajo el mando de varios jefes, como se espera ocurra ahora aquí con la sacada de operación de los tres principales jefes del Clan del Golfo. Con la caída de El Abusador en manos de EE.UU. se espera aporte informaciones acerca de sus colaboradores y personajes del país beneficiados de sus negocios ilícitos, como ocurrió con David Figueroa Agosto, el último de los capos.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.