Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.Nacionales
Cómo sobrevivió emboscada «César el Abusador» en Barranquilla
Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.El último hecho de sangre se produjo el pasado 21 de octubre pasado en una plaza comercial de la ciudad caribeña de Barranquilla, en el que murió uno de los capos anteriormente mencionados.
Miguel Ángel Pana Andrioly, alias “Toyo Curiche”, un peligroso operador de la zona de La Guajira, fue uno de los principales asociados de César Emilio Peralta, junto con el venezolano Eduardo Luis Martínez, de 47 años de edad, quien, aunque murió en circunstancias que nada tienen que ver con la actividad a la que se le vincula, Listín Diario fue enterado por organismos ligados a la investigación que éste fue, alegadamente, la cabeza del segundo eje del Clan del Golfo.
El venezolano murió la madrugada del 1 de noviembre del año pasado en un restaurante de comida rápida en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la calle Porfirio Herrera, a manos de un dominicano que le propinó un balazo en la parte izquierda de la cara, tras una discusión en un hecho que dejó heridas a otras tres personas.
En tanto, el alias “Toyo Curiche”, un colombiano de La Guajira, se presentó al centro “Karen Quintero, Estética y Salud”, en una plaza comercial, para someterse a una sesión de masajes y tratamiento de adelgazamiento, pero no se imaginó que dos individuos le estaban localizando para marcar su ubicación.
Poco antes del mediodía del 21 de octubre pasado, Miguel Ángel Pana Andrioly, alias Toyo Curiche, asistió a la plaza comercial 93, ubicada en la calle 39 entre Carreras 47 y 49 C, al norte de Barranquilla, en una camioneta Hilux, blindada, acompañado de un seguridad.
Vestido de pantalón jean con impecable camisa blanca, el guajiro vinculado por la Policía colombiana en actos criminales en Magdalena, La Guajira y El Atlántico, bajó del vehículo blanco placa FYT-206 para someterse al procedimiento habitual.
Lo que menos estaba pensando en ese instante Toyo Curiche era que, tal como refieren en su lenguaje habitual los colombianos de a pies, es que “estaba dando papaya”.
Cuando se dispuso a bajar de la camioneta, dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y la emprendieron a tiros, sin que le dieran oportunidad de defenderse. Cayó herido mortalmente y su camisa blanca se tiñó de rojo. Este, como su escolta, Hernán Urbano Guerra Vásquez, no tuvieron tiempo para reaccionar. Toyo Curiche yacía en el suelo mientras quien estaba destinado a preservar su integridad física saltó al otro lado de la acera, se fajó a tiros con los asesinos, pero también murió en el intento. Este último fue llevado de urgencia al centro de salud San Vicente, donde expiró.
En esa refriega es que se especula habría participado César Emilio Peralta (El Abusador) en la ciudad colombiana de Barranquilla, bañada por el Caribe, adonde el dominicano viajaba con frecuencia desde el mes de agosto cuando salió huyendo de República Dominicana.
En el atentado también resultó herido el trabajador de la construcción, de nacionalidad venezolana, José Gregorio Donantes Morelos, quien se encontraba en un lugar próximo a la balacera y recibió un disparo en el abdomen, sin tener nada que ver con el incidente.
La Policía de Colombia estableció en la investigación que “Toyo Curiche” habría sido víctima de ajuste de cuenta a manos de bandas rivales, pues tenía tres días de haber llegado a Barranquilla.
Aunque los organismos de persecución del crimen organizado en el país, la DNCD y la Procuraduría General de la República, insisten en que César Emilio Peralta se encontraba en alguna zona del territorio nacional, era un secreto a voces de que el capo salió en una lancha rápida hacia la frontera de Venezuela y Colombia, específicamente para La Guaira, luego de ser advertido de su búsqueda.
Peralta utilizaba una cédula colombiana para moverse en ambos territorios suramericanos, donde operaba junto a sus socios en el contrabando de sustancias prohibidas.
Siguiendo las informaciones de que dispone este diario, Toyo Curiche era el principal aliado de César Emilio Peralta. El primero pertenecía a la ganga criminal “Los Curicheros, dirigida por Marquito Figueroa, quien era su cuñado. Al colombiano asesinado se le vincula a varios crímenes, incluido el de una pareja de esposos que fue sacada por él de un restaurante y luego encontrados muertos en bolsas negras.
La hermana de “Toyo Curiche”, María Concepción Pana Andrioly, participó el pasado 27 de octubre, seis días después de la muerte de su hermano, como candidata a la alcaldía de Maicao. Ella negó, cuando ocurrió el crimen, que su hermano estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero admitió que dejó La Guajira porque había sido extorsionado.
Según el periódico El Heraldo, “Los Curicheros” es una estructura armada y permanente, pero poco visible, de contrabandistas. Su nombre se deriva de la ranchería Curiche, en jurisdicción de Manaure, La Guajira.
El Heraldo cita el portal web de la Fundación Paz y Conciliación que registra que “Marquitos” revitalizó al estructural criminal de “Los Curicheros, una banda caracterizada por su servicio al narcotráfico, aunque ha estado bajo el mando de varios jefes, como se espera ocurra ahora aquí con la sacada de operación de los tres principales jefes del Clan del Golfo. Con la caída de El Abusador en manos de EE.UU. se espera aporte informaciones acerca de sus colaboradores y personajes del país beneficiados de sus negocios ilícitos, como ocurrió con David Figueroa Agosto, el último de los capos.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.