Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.Nacionales
Cómo sobrevivió emboscada «César el Abusador» en Barranquilla
Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.El último hecho de sangre se produjo el pasado 21 de octubre pasado en una plaza comercial de la ciudad caribeña de Barranquilla, en el que murió uno de los capos anteriormente mencionados.
Miguel Ángel Pana Andrioly, alias “Toyo Curiche”, un peligroso operador de la zona de La Guajira, fue uno de los principales asociados de César Emilio Peralta, junto con el venezolano Eduardo Luis Martínez, de 47 años de edad, quien, aunque murió en circunstancias que nada tienen que ver con la actividad a la que se le vincula, Listín Diario fue enterado por organismos ligados a la investigación que éste fue, alegadamente, la cabeza del segundo eje del Clan del Golfo.
El venezolano murió la madrugada del 1 de noviembre del año pasado en un restaurante de comida rápida en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la calle Porfirio Herrera, a manos de un dominicano que le propinó un balazo en la parte izquierda de la cara, tras una discusión en un hecho que dejó heridas a otras tres personas.
En tanto, el alias “Toyo Curiche”, un colombiano de La Guajira, se presentó al centro “Karen Quintero, Estética y Salud”, en una plaza comercial, para someterse a una sesión de masajes y tratamiento de adelgazamiento, pero no se imaginó que dos individuos le estaban localizando para marcar su ubicación.
Poco antes del mediodía del 21 de octubre pasado, Miguel Ángel Pana Andrioly, alias Toyo Curiche, asistió a la plaza comercial 93, ubicada en la calle 39 entre Carreras 47 y 49 C, al norte de Barranquilla, en una camioneta Hilux, blindada, acompañado de un seguridad.
Vestido de pantalón jean con impecable camisa blanca, el guajiro vinculado por la Policía colombiana en actos criminales en Magdalena, La Guajira y El Atlántico, bajó del vehículo blanco placa FYT-206 para someterse al procedimiento habitual.
Lo que menos estaba pensando en ese instante Toyo Curiche era que, tal como refieren en su lenguaje habitual los colombianos de a pies, es que “estaba dando papaya”.
Cuando se dispuso a bajar de la camioneta, dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y la emprendieron a tiros, sin que le dieran oportunidad de defenderse. Cayó herido mortalmente y su camisa blanca se tiñó de rojo. Este, como su escolta, Hernán Urbano Guerra Vásquez, no tuvieron tiempo para reaccionar. Toyo Curiche yacía en el suelo mientras quien estaba destinado a preservar su integridad física saltó al otro lado de la acera, se fajó a tiros con los asesinos, pero también murió en el intento. Este último fue llevado de urgencia al centro de salud San Vicente, donde expiró.
En esa refriega es que se especula habría participado César Emilio Peralta (El Abusador) en la ciudad colombiana de Barranquilla, bañada por el Caribe, adonde el dominicano viajaba con frecuencia desde el mes de agosto cuando salió huyendo de República Dominicana.
En el atentado también resultó herido el trabajador de la construcción, de nacionalidad venezolana, José Gregorio Donantes Morelos, quien se encontraba en un lugar próximo a la balacera y recibió un disparo en el abdomen, sin tener nada que ver con el incidente.
La Policía de Colombia estableció en la investigación que “Toyo Curiche” habría sido víctima de ajuste de cuenta a manos de bandas rivales, pues tenía tres días de haber llegado a Barranquilla.
Aunque los organismos de persecución del crimen organizado en el país, la DNCD y la Procuraduría General de la República, insisten en que César Emilio Peralta se encontraba en alguna zona del territorio nacional, era un secreto a voces de que el capo salió en una lancha rápida hacia la frontera de Venezuela y Colombia, específicamente para La Guaira, luego de ser advertido de su búsqueda.
Peralta utilizaba una cédula colombiana para moverse en ambos territorios suramericanos, donde operaba junto a sus socios en el contrabando de sustancias prohibidas.
Siguiendo las informaciones de que dispone este diario, Toyo Curiche era el principal aliado de César Emilio Peralta. El primero pertenecía a la ganga criminal “Los Curicheros, dirigida por Marquito Figueroa, quien era su cuñado. Al colombiano asesinado se le vincula a varios crímenes, incluido el de una pareja de esposos que fue sacada por él de un restaurante y luego encontrados muertos en bolsas negras.
La hermana de “Toyo Curiche”, María Concepción Pana Andrioly, participó el pasado 27 de octubre, seis días después de la muerte de su hermano, como candidata a la alcaldía de Maicao. Ella negó, cuando ocurrió el crimen, que su hermano estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero admitió que dejó La Guajira porque había sido extorsionado.
Según el periódico El Heraldo, “Los Curicheros” es una estructura armada y permanente, pero poco visible, de contrabandistas. Su nombre se deriva de la ranchería Curiche, en jurisdicción de Manaure, La Guajira.
El Heraldo cita el portal web de la Fundación Paz y Conciliación que registra que “Marquitos” revitalizó al estructural criminal de “Los Curicheros, una banda caracterizada por su servicio al narcotráfico, aunque ha estado bajo el mando de varios jefes, como se espera ocurra ahora aquí con la sacada de operación de los tres principales jefes del Clan del Golfo. Con la caída de El Abusador en manos de EE.UU. se espera aporte informaciones acerca de sus colaboradores y personajes del país beneficiados de sus negocios ilícitos, como ocurrió con David Figueroa Agosto, el último de los capos.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.