Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.Nacionales
Cómo sobrevivió emboscada «César el Abusador» en Barranquilla
Santo Domingo, RD.-El clan de Golfo ha quedado prácticamente inhabilitado con la detención en Cartagena de Indias, Colombia, de César Emilio Peralta, (El Abusador), por agentes policiales colombianos que actuaron a instancia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y por la muerte de dos de sus principales socios en la nacion sudamericana.El último hecho de sangre se produjo el pasado 21 de octubre pasado en una plaza comercial de la ciudad caribeña de Barranquilla, en el que murió uno de los capos anteriormente mencionados.
Miguel Ángel Pana Andrioly, alias “Toyo Curiche”, un peligroso operador de la zona de La Guajira, fue uno de los principales asociados de César Emilio Peralta, junto con el venezolano Eduardo Luis Martínez, de 47 años de edad, quien, aunque murió en circunstancias que nada tienen que ver con la actividad a la que se le vincula, Listín Diario fue enterado por organismos ligados a la investigación que éste fue, alegadamente, la cabeza del segundo eje del Clan del Golfo.
El venezolano murió la madrugada del 1 de noviembre del año pasado en un restaurante de comida rápida en la intersección de la avenida Abraham Lincoln y la calle Porfirio Herrera, a manos de un dominicano que le propinó un balazo en la parte izquierda de la cara, tras una discusión en un hecho que dejó heridas a otras tres personas.
En tanto, el alias “Toyo Curiche”, un colombiano de La Guajira, se presentó al centro “Karen Quintero, Estética y Salud”, en una plaza comercial, para someterse a una sesión de masajes y tratamiento de adelgazamiento, pero no se imaginó que dos individuos le estaban localizando para marcar su ubicación.
Poco antes del mediodía del 21 de octubre pasado, Miguel Ángel Pana Andrioly, alias Toyo Curiche, asistió a la plaza comercial 93, ubicada en la calle 39 entre Carreras 47 y 49 C, al norte de Barranquilla, en una camioneta Hilux, blindada, acompañado de un seguridad.
Vestido de pantalón jean con impecable camisa blanca, el guajiro vinculado por la Policía colombiana en actos criminales en Magdalena, La Guajira y El Atlántico, bajó del vehículo blanco placa FYT-206 para someterse al procedimiento habitual.
Lo que menos estaba pensando en ese instante Toyo Curiche era que, tal como refieren en su lenguaje habitual los colombianos de a pies, es que “estaba dando papaya”.
Cuando se dispuso a bajar de la camioneta, dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta se le acercaron y la emprendieron a tiros, sin que le dieran oportunidad de defenderse. Cayó herido mortalmente y su camisa blanca se tiñó de rojo. Este, como su escolta, Hernán Urbano Guerra Vásquez, no tuvieron tiempo para reaccionar. Toyo Curiche yacía en el suelo mientras quien estaba destinado a preservar su integridad física saltó al otro lado de la acera, se fajó a tiros con los asesinos, pero también murió en el intento. Este último fue llevado de urgencia al centro de salud San Vicente, donde expiró.
En esa refriega es que se especula habría participado César Emilio Peralta (El Abusador) en la ciudad colombiana de Barranquilla, bañada por el Caribe, adonde el dominicano viajaba con frecuencia desde el mes de agosto cuando salió huyendo de República Dominicana.
En el atentado también resultó herido el trabajador de la construcción, de nacionalidad venezolana, José Gregorio Donantes Morelos, quien se encontraba en un lugar próximo a la balacera y recibió un disparo en el abdomen, sin tener nada que ver con el incidente.
La Policía de Colombia estableció en la investigación que “Toyo Curiche” habría sido víctima de ajuste de cuenta a manos de bandas rivales, pues tenía tres días de haber llegado a Barranquilla.
Aunque los organismos de persecución del crimen organizado en el país, la DNCD y la Procuraduría General de la República, insisten en que César Emilio Peralta se encontraba en alguna zona del territorio nacional, era un secreto a voces de que el capo salió en una lancha rápida hacia la frontera de Venezuela y Colombia, específicamente para La Guaira, luego de ser advertido de su búsqueda.
Peralta utilizaba una cédula colombiana para moverse en ambos territorios suramericanos, donde operaba junto a sus socios en el contrabando de sustancias prohibidas.
Siguiendo las informaciones de que dispone este diario, Toyo Curiche era el principal aliado de César Emilio Peralta. El primero pertenecía a la ganga criminal “Los Curicheros, dirigida por Marquito Figueroa, quien era su cuñado. Al colombiano asesinado se le vincula a varios crímenes, incluido el de una pareja de esposos que fue sacada por él de un restaurante y luego encontrados muertos en bolsas negras.
La hermana de “Toyo Curiche”, María Concepción Pana Andrioly, participó el pasado 27 de octubre, seis días después de la muerte de su hermano, como candidata a la alcaldía de Maicao. Ella negó, cuando ocurrió el crimen, que su hermano estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero admitió que dejó La Guajira porque había sido extorsionado.
Según el periódico El Heraldo, “Los Curicheros” es una estructura armada y permanente, pero poco visible, de contrabandistas. Su nombre se deriva de la ranchería Curiche, en jurisdicción de Manaure, La Guajira.
El Heraldo cita el portal web de la Fundación Paz y Conciliación que registra que “Marquitos” revitalizó al estructural criminal de “Los Curicheros, una banda caracterizada por su servicio al narcotráfico, aunque ha estado bajo el mando de varios jefes, como se espera ocurra ahora aquí con la sacada de operación de los tres principales jefes del Clan del Golfo. Con la caída de El Abusador en manos de EE.UU. se espera aporte informaciones acerca de sus colaboradores y personajes del país beneficiados de sus negocios ilícitos, como ocurrió con David Figueroa Agosto, el último de los capos.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.