Opinión
La Encrucijada del Futuro:
Por Isaías Ramos
“Entre la Miseria Heredada o la Dignidad Reconquistada»
En la vida de nuestra nación, hubo un momento bisagra entre 1996 y 1997, una encrucijada en nuestro camino hacia el progreso. Surgieron dos iniciativas totalmente opuestas: el Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME) y la inspiradora Ley 66-97 de Educación. Esta última, con los principios y fines de la educación firmemente enraizados en sus artículos 4, 5 y 6, prometía cultivar ciudadanos imbuidos con los valores que nos definen como nación. Hoy, 26 años después, seguimos esperando que este noble mandato florezca en la realidad de nuestras aulas y colegios. La semilla plantada entonces parece haber quedado en estado latente, aún no ha brotado y nosotros, como sociedad, pagamos el precio de ese retraso.
Por otra parte, el PEME, bautizado por su propio creador como el programa de «pagar para no matar», comenzó a tejer una red de corrupción y perversión que aún sentimos a nuestro alrededor. Este sombrío legado ha persistido, exacerbado por políticas subsiguientes que no solo no lo combatieron, sino que parecen haberlo abonado y fortalecido.
Las consecuencias de estos desaciertos no son abstracciones políticas, son realidades tangibles y dolorosas. Miremos alrededor: el desempleo merodea nuestras calles, como una sombra constante. La delincuencia y la inseguridad acechan a nuestros hijos e hijas. Los problemas crónicos en los suministros de agua y electricidad, los salarios y pensiones insuficientes, son un golpe que se repite una y otra vez. La pobreza extrema ha dejado cicatrices indeseables en nuestras familias y nuestros barrios, y sistemas deficientes de salud y educación alimentan un círculo vicioso de desesperación y frustración.
Pero, a pesar de este panorama desolador, creemos en el potencial de nuestra tierra y su gente. En el Frente Cívico y Social (FCS), vislumbramos un amanecer de esperanza, una oportunidad para cambiar el curso de nuestra historia. Creemos que es posible reactivar nuestro sentido de identidad nacional y nuestro amor por la patria, elementos que son vitales para forjar una sociedad más unida, más civilizada.
La tarea puede parecer monumental, pero en nuestro espíritu reside un poder colosal. Necesitamos encender una campaña de concientización vigorosa, una que nos impulse a recordar quiénes somos, que reavive el orgullo por nuestra nación y nos inste a luchar por la dignidad que todos merecemos.
Imaginemos por un momento un país diferente. Imaginemos a nuestros niños jugando en calles seguras, sin temor a la violencia o el hambre. Imaginemos a nuestros ancianos descansando tranquilamente, con la seguridad de una atención digna. Imaginemos a nuestras familias prosperando en una economía justa, donde el trabajo duro es recompensado y el bienestar de todos es el objetivo.
Este es el país que nosotros, en el FCS, soñamos y, con su apoyo, es el país que estamos decididos a construir. No se trata simplemente de la reforma de un sistema político; se trata de la transformación de toda una sociedad, de un despertar cultural y moral que repudia la corrupción y la desigualdad y, en su lugar, abraza la equidad, la solidaridad y el respeto mutuo.
Nuestro camino hacia adelante no está exento de obstáculos, pero estamos listos para enfrentarlos con valentía y determinación. Creemos firmemente que nuestro país, rico en recursos naturales y en la vitalidad de su gente, tiene el potencial para ser un lugar donde la dignidad humana no es solo un ideal, sino una realidad cotidiana.
Es hora de abrir los ojos y levantar la voz. Es hora de actuar, no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que aún no nacen, por aquellos que heredarán el fruto de nuestras acciones hoy. No podemos permitir que nuestra herencia para las generaciones futuras sea una historia de indiferencia y pasividad. No podemos permitir que nuestra nación se convierta en una sombra de lo que podría ser, de lo que debería ser.
La Encrucijada del Futuro nos invita a elegir entre la miseria heredada y la dignidad reconquistada. Invitamos a todos a unirse a nosotros en esta cruzada por la recuperación de nuestra dignidad, por la construcción de un país donde la honestidad, el trabajo duro y el respeto mutuo sean el pan nuestro de cada día. Un país donde la prosperidad no sea un sueño lejano, sino un logro colectivo, alcanzado a través de la solidaridad y la dedicación.
Creemos que somos más fuertes que cualquier sistema político que busque mantenernos en la ignorancia y la miseria. Somos, como siempre debimos ser, una nación de gente fuerte, digna y libre. Y hoy, más que nunca, es el momento de demostrarlo.
El desafío es grande, pero nuestra resiliencia y nuestras esperanzas son aún mayores. Unámonos en este camino hacia el futuro, trabajemos juntos para construir la nación que soñamos, la nación que merecemos. El viaje hacia la dignidad comienza hoy. Y depende de todos nosotros hacer de este sueño una realidad.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.