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La candidata vicepresidencial de Abinader conecta al PRM con el alto empresariado y el mundo académico.
Por Elba García
La decisión de Luis Abinader de escoger como compañera de boleta a una mujer que conecta directa e indirectamente su proyecto político con el alto empresariado, cuyo partido necesariamente no está relacionado con este sector de la vida nacional, lo que facilita un lenguaje que encaja en el marco de la macroeconomía, los negocios a todos los niveles y de la docencia.
Raquel Peña, vinculada a unos sectores económicos y sociales que la colocan como el puente de conexión con una parte de la población dominicana que no hace vida activa en el partidismo, a pesar de que siempre ha tenido una gran influencia en el diseño de políticas publicas en la sociedad dominicana, le suma mucho al candidato principal de la oposición.
Raquel, quien se ha desempeñado como académica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde ocupa la posición de vicerrectora de esa alta casa de estudios, tiene vínculos por ese conducto con el alto empresariado nacional, ya que no está demás recordar que la PCMM fue una creación de la Asociación para el Desarrollo de Santiago (APEDI) y el Episcopado Dominicano.
Esta fundación, es decir, la APEDI, fue la creadora de una serie de instituciones de un gran poder social y económico, como la Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos, Banco Fondesa, el Banco Popular Dominicano, el Instituto Superior de Agricultura (ISA), entre otras organizaciones sin fines de lucro de la ciudad de Santiago.
Esos detalles dicen con toda claridad que a través de la PCMM Raquel Peña tiene una comunicación directa con el gran empresariado y con fichas importantes de la oligarquía nacional, sobre todo los que pertenecen o fueron partes del llamado grupo de Santiago, que hace algunas décadas hasta decidَía quien iba a ocupar la silla presidencial.
Esta candidata a la vicepresidencia de la República tiene también unos vínculos familiares que le permiten conectarse con unos grupos económicos que podrían ser clave en el interés que ellos tienen de que el país se desarrollo en el marco de la seguridad jurídica y la estabilidad política y económica que reclama cualquier gran o pequeño inversionista.
Raquel Peña está vinculada a familias que tradicionalmente han jugado un papel clave en el mundo empresarial, en el que ella se ha desempeñado por muchos años, pero se agrega el factor de que esta señora se haya matrimoniado con el ingeniero Marco José Antuña Cabral y que una de sus hijas sea la esposa de uno de los miembros de la familia Brugal de Puerto Plata.
Antuña Cabral, fallecido el año pasado, tenía vínculos familiares con personajes muy importantes del sistema financiero nacional, como Patricia Cabral Vega, esposa de José León Asencio, propietario del Banco BHD-Leon, los propietarios del Banco Popular Dominicano a través del doctor Alejandro Espaillat Grullon, quien contrajo matrimonio con Josefina Cabral Bermudez, hija de Jose Maria Cabral y Baez y hermana de Amelia Cabral Bermudez, tronco materno de la familia Vicini, principal inversionista del Banco del Progreso y con intereses en todas las áreas de producción de la economía dominicana
El hecho de que Antuña Cabral tenga vínculos familiares con familias tradicionales del país a través de Marco Cabral Bermúdez, explica que esta candidata vicepresidencial tiene lazos con las dos familias que se dedican a la fabricación de ron en la República Dominicana y con prácticamente todas las que están en este contexto social.
Estas conexiones familiares, sociales, académicas y empresariales de Raquel Peña crean un ambiente de mucha seguridad en los poderes fácticos de la República Dominicana, principalmente del empresarial, ya que por esta vía se entrelaza con todos los sectores de poder, máxime de aquel que está situado en el contexto de la macroeconomía.
Raquel Peña es definitivamente un aporte muy importante para que la candidatura de Luis Abinader pueda concitar, aunque no se niega que tenga alguna, un mayor apoyo de los grupos económicos que en el marco de la sociedad dominicana son decisivos para la implementación de las políticas económicas que le generen la mayor confianza posible.
El otro elemento que trae consigo esta candidatura vicepresidencial es que inserta en el proyecto presidencial de Luis Abinader un sector que probablemente no se haya considerado tan integrado en un partido como el Revolucionario Moderno, que es fundamentalmente policlasista, pero que su control descansa en una clase media que generalmente no piensa en otra cosa que la solución de sus problemas personales sin tomar en cuenta la seguridad que necesitan los inversionistas nacionales y extranjeros.
La selección de Raquel Peña como candidata vicepresidencial no sólo ayuda en función de la política de género que establece la ley y que toma fuerza en el país, sino que tiene un valor agregado desde el punto de vista social y económico a una propuesta presidencial en la que su control está en una pequeña burguesía que muchas veces no genera confianza en el alto empresariado nacional y ella podría ser un puente muy importante para conciliar una serie de intereses entre los de abajo y los de arriba que permita que el Estado pague muchas de sus deudas sociales y que al propio tiempo los agentes financieros puedan invertir con la mayor confianza posible.
Los demás partidos también escogieron sus candidatos vicepresidenciales, pero a diferencia de la señora Raquel Peña éstos representan más que otra cosa a grupos e intereses partidarios, por lo que prácticamente no les suman nada a los candidatos presidenciales.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lleva como candidata vicepresidencial a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien ha vendido la imagen de poner por encima sus apetencias personales que la fidelidad que debe guardar a su compañero sentimental, el doctor Leonel Fernández, lo cual parece haberle creado mucha desconfianza entre los votantes.
Asimismo, la Fuerza del Pueblo eligió para acompañar a Leonel a la dirigente reformista y que en el pasado había tenido serios enfrentamientos con el exmandatario a Sergia Elena Mejía de Séliman, una alta dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual también lleva como su candidato presidencial al exjefe de Estado, quien no parece sumarle ningún valor agregado a las aspiraciones de Fernández Reyna.
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Inédito Debate presidencial no disminuye ni solucione la falta de credibilidad de la democracia dominicana.
Por Elba García
Los tres protagonistas del debate presidencial que se produjo este miércoles por una cadena de radio y televisión, el cual representa un instrumento para repetir el mismo discurso de los partidos que ya están agotados en el escenario político nacional, aportan muy poco al cumplimiento que debe provenir de los que buscan dirigir el Estado.
Tanto Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez repitieron las mismas frases y promesas que se quedan en ese marco que ha caracterizado por décadas la actividad política nacional, sobre todo en épocas electorales, lo cual indica que no son tantos los dominicanos que comprarán sus manoseados discursos de que enfrentarán problemas como el de la educación, la salud, la economía, el medioambiente y el haitiano, entre otros.
Estos discursos o intervenciones ensayados y repetidos para proyectar la idea de lo que nunca van a ocurrir es parte de una demagogia y engaño al votante que no evitan la erosión de la democracia nacional, ya que esas realidades se combaten con acciones y no con palabras, lo cual no han hecho los personajes en cuestión.
No hay que estar muy cerca del entorno de los tres candidatos que compitieron en el debate para entender que se trata de palabras que no representan una verdadera intención de buscarles salida a los problemas nacionales.
El asunto estriba en el hecho de que las promesas y posibles soluciones a los temas más preocupantes para la sociedad dominicana están sobre la mesa desde hace décadas y todavía los titulares de los periódicos de los años 70 parecen ser sobre cuestiones que todavía hoy tienen toda la vigencia imaginable como si el tiempo no hubiera pasado, todo como resultado del engaño y la demagogia de los actores políticos.
Los mismos apagones, el alto costo de la vida, la falta de una cultura de exportación, la vulnerable seguridad pública y ciudadana y el agobiante fenómeno de la corrupción administrativa y de la independencia de la justicia, entre otros, son la razón por lo que lo dicho en el debate no tiene ningún impacto, porque los tres participantes han demostrado que han prometido mucho y es muy poco lo que han solucionado.
Los tres aspirantes presidenciales han logrado, sin ninguna duda, resolver sus problemas personales y particulares porque sin excepción han acumulado fortunas que antes de entrar a la política no tenían y desde esa posición es cómodo plantear la solución de problemas de los que ellos han logrado salir y ahora poseer bienes materiales que hubiera sido prácticamente imposible adquirir al margen de la politiquería.
De manera, que hablar de solucionar cuestiones tan delicadas como la corrupción administrativa desde una narrativa que sólo abarca a los otros, pero no a ellos, crea una total falta de credibilidad de la gente o del votante de unos discursos de muchas palabras sin realizaciones para corregir los problemas.
El debate presidencial es como un escenario para presentar discursos desgastados y poco creíbles, no importa que coherentes se escuchen, porque todo el mundo sabe que se trata de más de lo mismo, ya que incluso son hasta elaborados por otros que cobran por ese trabajo.
La democracia, principalmente en los países latinoamericanos, como la República Dominicana, requiere del cambio de sus actores que actúan a través de unos partidos políticos sin ninguna credibilidad porque el escenario se ha convertido en un instrumento de resolver problemas muy personales en detrimento del interés nacional.
Tal vez lo más interesante fuera que el ciudadano diera un ejemplo a estos actores de la vida política nacional con una precaria asistencia a las urnas para que quede profundamente cuestionada la democracia y pierda su legitimidad y de ese modo provenga una renovación que tenga la suficiente fiscalización que culmine con el castigo del que va a la política sólo con el interés de utilizar su protagonismo para llevarse entre sus garras una parte del patrimonio nacional.
El debate más que generar el fortalecimiento de la democracia lo que hace vender al votante unos aspirantes que tienen mucho que explicarle a la sociedad dominicana, donde a través de ellos también están presentes otros bandidos de la tan desacreditada política partidista nacional.
Si la gente no se propone reinventarse como país y echar en el zafacón los políticos que cimentan su carrera sobre la base de la mentira y la demagogia, muy difícilmente la República Dominicana podrá superar los problemas que la agobian, sobre todo en lo referente a la corrupción administrativa, que ya acumula cantidades impresionantes robadas a las arcas nacionales sin la menor de la dolencia y sin régimen de consecuencia.
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Desaparición de la mística y la ética en cuerpos armados permite medir el deterioro que sufre la sociedad y el Estado.
Por Elba García
Aunque todo se atribuye al cambio de los tiempos y a la modernidad, pero los mismos han experimentado una metamorfosis en la conducta de los policías y militares dominicanos, cuya transformación merece un estudio de la mentalidad de estos importantes actores de la vida nacional.
Cualquier fenómeno social siempre se va expresar de forma diferente en cualquier sociedad históricamente determinada, pero el asunto hay que tomarlo con mucha seriedad y preocupación cuando el problema se convierte de aislado y particular en general.
Ello así porque en todas las sociedades del mundo, aun en las más civilizadas y desarrolladas, hay conductas que riñen con la ética y con un comportamiento sano, pero la cuestión toma otro perfil cuando la mayoría de los ciudadanos tiene un caminar que daña a los demás o a prácticamente todo el tejido social.
A pesar de que el fenómeno del policía y el militar dominicano no se puede analizar de manera aislada, sino como parte de un todo, de la sociedad completa, por el hecho de que la distorsión de lo que se conoce como ética militar acompañada de la falta de mística hace que cualquier sociedad no cuente con una muralla espiritual que resulte muy difícil de derribar.
Sin embargo, hace décadas que, aunque un policía y un militar eran contaminados con la politiquería, pero la presión social era tan fuerte que ayudaba a deputar y mejorar la conducta de estos actores de la vida nacional.
Ahora el asunto ha variado tanto que en los cuarteles policiales y militares un cabo, muchas veces, manda más que un general, cuya circunstancia va a depender de varios factores, como son cual tenga más dinero y más vínculos con el sector enquistado en el poder.
La verdad es que la condición y el rango de general abre muchas más puertas para que este obtenga mayor poder que el cabo o el sargento, pero luego de la profundización de la crisis de valores no es difícil encontrarse con el fenómeno, ya que el bajo mundo es mucho más expedito para el oficial de bajo rango que para el que tiene altas responsabilidades, aunque naturalmente esa en el país no es la regla del juego.
De lo que sí se puede estar seguro es que la ética y más que ésta la mística ya es algo del pasado y los cuarteles hoy son azotados por un comportamiento que ponen en peligro la seguridad de todos los ciudadanos, aun de los extranjeros que tal vez no son blanco permanente de policías y militares.
En los últimos días han salido a la superficie una serie de acciones de policías y militares que mantienen en permanente preocupación a todo dominicano que todavía conserva un poquito de sensibilidad humana y de amor patrio.
Esta situación es el resultado de una realidad que nadie puede negar y es que el impacto negativo y muy peligroso de la llegada de ilegales, la penetración del bajo mundo en los órganos y entes del Estado y la participación innegable de policías y militares en estos negocios constituye una bomba de tiempo en contra de la estabilidad institucional y de toda la vida nacional.
El problema ya no sólo se observa en la frontera entre las dos naciones que ocupan la isla, sino que los haitianos pagan para entrar al país y luego son perseguidos en el territorio nacional y en ese proceso son despojados de sus pertenencias y también deben pagar sumas muy altas para ser dejados en libertad.
En esa virtud, la República Dominicana se desgarra casi igual que la sociedad haitiana, tal vez con la única diferencia de que las bandas haitianas actúan con violencia y en el país los policías y militares dominicanos lo hacen de manera pacífica, pero con los mismos resultados.
Las bandas haitianas roban, violan, matan y secuestran a sus conciudadanos y extranjeros para exigir dinero, pero lo propio ocurre en el país cuando se trata de reprimir a los ilegales de la vecina nación, muchas de cuyas niñas y mujeres son violadas bajo el amparo de la legalidad con que operan órganos como la Dirección General de Migración.
Las denuncias sobre el mal proceder de los policías y militares dominicanos llueven, no sólo en lo referente a que les roban las pertenencias a los haitianos, sino que también cobran peajes en los centros de venta y distribución de drogas y el problema no parece que pueda tener solución, ya que el mismo es sólo un reflejo de una anormalidad con perfiles generales.
Esa realidad hace aventurarse a cualquier a afirmar que ambas naciones atraviesan por crisis que implica una desaparición de los referentes éticos, pero además por el hecho de que la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ejército Nacional ya no están adornados con una mística que permitiría como antes de que actores tan importantes para la seguridad pública y ciudadana sean un dique de contención en contra de las distorsiones en esta materia y que podrían derrumbar el Estado, exactamente como ha ocurrido en Haití.
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Un episodio que sirve de espejo para medir la profundad de la crisis ético-moral de la sociedad dominicana.
Por Elba García
La República Dominicana y Haití, atrapadas en la isla la Hispaniola, donde predominan las ilegalidades y una corrupción administrativa que somete a sus pueblos a la peor de las miserias, la violencia y la violación sexual de niñas y mujeres, aunque de forma y circunstancias que difieren unas de otras, hoy proyectadas a nivel internacional como naciones con un precario estado de derecho.
Un ejemplo que saca a la superficie esta triste realidad ha sido la violación sexual de una adolescente en un pueblo del este del país durante un operativo para apresar y deportar indocumentados, principalmente haitianos, el cual fue aprovechado por miembros de la Dirección General de Migración para cometer algunas de sus fechorías, que sólo tienen ligeras diferencias con la actuación de las bandas haitianas que se apoyan en las mismas prácticas y en la muerte en la vecina nación.
La denuncia al respecto ha dejado estupefacta a mucha gente ante el hecho de que agentes de la Dirección de Migración violaron y luego amenazaron de muerte a una adolescente de catorce años en el sector Bulevar de Verón, provincia La Altagracia, para que no hablara de lo ocurrido, quien vive con su familia en una casita construida de madera y zinc, pero que en el momento de la agresión se encontraba sola.
Situaciones como esta resultan bochornosa para una sociedad que en la actualidad mantiene una disputa con Haití por la migración ilegal y por asuntos de agua, la cual tiene una trascendencia internacional, sobre todo porque en la información se dice que estos agentes cobran entre 15 y 17 mil pesos a los nativos de la hermana nación para dejarlos en libertad.
Sólo el que no conoce el país puede poner en duda la información sobre estos hechos, porque este periódico mantiene la tesis que las diferencias entre el Estado dominicano y el haitiano no son tantas, a pesar de tener culturas desiguales en cada territorio, ya que, aunque el primero existe de hecho y de derecho y el segundo sólo en el papel, por lo que la violencia y los atropellos se expresan no de igual forma, pero sí de manera muy parecida.
Qué diferencia se verifica entre la forma de actuar de las bandas de delincuentes haitianas y la de los miembros de la Dirección General de Migración, bueno en que una lo hace al margen de los instrumentos que crea la ley y la otra que se apoya en las herramientas jurídicas para cometer la misma fechoría e incurrir en el demonio de la violación sexual de niñas y mujeres adultas, entre otras ilegalidades.
Es importante dejar claro que el segundo elemento citado en los ilícitos en que incurren los miembros de la Dirección de Migración está el hecho de que dejan en libertad a los apresados por su condición de indocumentado luego de un pago económico, lo cual también es vandálico.
Esta es una práctica del día a día en la zona fronteriza y en los lugares donde son recluidos los haitianos y otros extranjeros apresados por carecer de documentos, lo cual deja claro que se trata de un negocio que trasciende el límite de lo legal, lo moral y de lo ético.
Lo grave de lo ocurrido es de que no se trata de una simple denuncia, sino de un hecho comprobado por el médico logística que ha examinado a la adolescente.
Esta violación supera los límites de lo tolerable en cualquier nación civilizada y en consecuencia las autoridades de cualquier país no pueden manejar con paños tibios semejante aberración.
Lo peligroso del asunto es que se observa un manejo muy tímido del acto delincuencial y bochornoso cometido en contra de la adolescente haitiana por parte de los medios de comunicación del país, cuyos periodistas han sido más impactados por un ultranacionalismo enfermizo y destructivo que el daño causado a quien literalmente se puede definir como una niña, lo cual representa una violación de una serie de convenciones internacionales de derecho público y sobre derechos humanos de las que la República Dominicana es signataria.
Este caso tiene otro agravante y el mismo tiene que ver con que los violadores de la adolescente, quienes la ponen en libertad tras haberla recluido en un recinto para indocumentados con la condición de que no hablara de lo ocurrido, cuya conducta deja claro que se trata de una banda que se refugia en la legalidad que otorga la Ley 285-04 y bajo la cual opera la Dirección General de Migración, actúan con acechanza y con complicidad entre unos y otros.
Este hecho debe tener las consecuencias que manda la ley penal porque de lo contrario se constituiría en un grave revés para la República Dominicana, donde se vive más de la percepción que de la realidad, máxime si se toma en cuenta que el país tiene el turismo como renglón principal de su economía.