La primera vocación que debe tener cualquier comerciante para tener éxito en un país como la República Dominicana es hacer lo que sea para ganar dinero, sobre todo cuando hay mucha tolerancia del Estado con lo mal hecho.
El país siempre ha sufrido las consecuencias de fenómenos como la especulación, el agiotismo y el acaparamiento, pero a ello habría que agregársele la corrupción de los que tienen como misión fiscalizar a los que se dedican al comercio.
En realidad hay que reiterar que en un país como la República Dominicana el principal activo para entrar al mundo de los negocios es la vocación mafiosa y peor aun en tiempo de crisis como la provocada ahora por el coronavirus.
Por ejemplo cuando alguien busca algún capital para instalar un negocio del tipo que sea, lo primero que hace es contactar a quien lo pueda liberar del pago de cualquier servicio público, como la energía eléctrica o el servicio de agua potable.
Sin embargo, hay que decir que esa vocación delincuencial es alimentada por los que ha llegado a dirigir las instituciones del sector público que manejan esos servicios, ya que lo primero es que esas empresas estatales son administradas como si se tratara de empresas propias.
Tanto es así que ahora los presidentes de la República colocan a sus seguidores en las instituciones públicas por tiempo indefinido, lo cual es comprobable con la mayoría de los ministros de la actualidad que llevan alrededor de veinte años en el puesto y cuando menos los ocho que va a cumplir Danilo Medina en la jefatura de la nación.
Dos ejemplos que también muestran esta forma equivocada de manejar las empresas públicas, es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la cual opera como una empresa patrimonial de su director, Silvio Durán, quien incluso ha establecido una política de cortes del servicio en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe descontinuar el mismo por falta de pago, ya que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución de la República.
El otro caso es la empresa Edenorte Dominicana, cuyo administrador, el señor Julio César Corrrea Mena, ordena cortes arbitrarios y produce aumentos en las facturas madalaganarias que constituyen un gran fraude en contra del cliente.
Ambas, Coraasan y Edenorte, se manejan como si fueran dos empresas que no son tocadas por las disposiciones del Estado, cuyas ilegalidades llegan a un nivel que la mayoría de la gente lo sabe y en consecuencia el que inicia un negocio se presta a cualquier irregularidad porque hay una famosa expresión que dice que no se sabe quién le roba a quién.
El problema es tan grave que en el marco de esta irregularidad el cliente generalmente no tiene la posibilidad de recurrir mediante cualquier recurso legal ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional, porque los mismos implican el pago de abogados y entonces se aplica la expresión de que es más la sal que el chivo.
Todo el proceder del funcionario o del que tiene una función pública y de los clientes se enmarca en la generalización de una ilegalidad que no se sabe quién está peor, aunque ambos se inscriben en el marco de lo irregular o ilegal.
Por la situación descrita se hace muy difícil que haya una acción efectiva en contra de estos supermercados que se dedican a la especulación, el agiotismo y el acaparamiento porque realmente el Estado no existe y además porque hay un entramado de corrupción que involucra al propietario de los negocios y a los que tienen la función fiscalizadora por parte del Gobierno.