Editorial
La especulación, el agiotismo y el acaparamiento es parte de una cultura nacional.
La primera vocación que debe tener cualquier comerciante para tener éxito en un país como la República Dominicana es hacer lo que sea para ganar dinero, sobre todo cuando hay mucha tolerancia del Estado con lo mal hecho.
El país siempre ha sufrido las consecuencias de fenómenos como la especulación, el agiotismo y el acaparamiento, pero a ello habría que agregársele la corrupción de los que tienen como misión fiscalizar a los que se dedican al comercio.
En realidad hay que reiterar que en un país como la República Dominicana el principal activo para entrar al mundo de los negocios es la vocación mafiosa y peor aun en tiempo de crisis como la provocada ahora por el coronavirus.
Por ejemplo cuando alguien busca algún capital para instalar un negocio del tipo que sea, lo primero que hace es contactar a quien lo pueda liberar del pago de cualquier servicio público, como la energía eléctrica o el servicio de agua potable.
Sin embargo, hay que decir que esa vocación delincuencial es alimentada por los que ha llegado a dirigir las instituciones del sector público que manejan esos servicios, ya que lo primero es que esas empresas estatales son administradas como si se tratara de empresas propias.
Tanto es así que ahora los presidentes de la República colocan a sus seguidores en las instituciones públicas por tiempo indefinido, lo cual es comprobable con la mayoría de los ministros de la actualidad que llevan alrededor de veinte años en el puesto y cuando menos los ocho que va a cumplir Danilo Medina en la jefatura de la nación.
Dos ejemplos que también muestran esta forma equivocada de manejar las empresas públicas, es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la cual opera como una empresa patrimonial de su director, Silvio Durán, quien incluso ha establecido una política de cortes del servicio en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe descontinuar el mismo por falta de pago, ya que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución de la República.
El otro caso es la empresa Edenorte Dominicana, cuyo administrador, el señor Julio César Corrrea Mena, ordena cortes arbitrarios y produce aumentos en las facturas madalaganarias que constituyen un gran fraude en contra del cliente.
Ambas, Coraasan y Edenorte, se manejan como si fueran dos empresas que no son tocadas por las disposiciones del Estado, cuyas ilegalidades llegan a un nivel que la mayoría de la gente lo sabe y en consecuencia el que inicia un negocio se presta a cualquier irregularidad porque hay una famosa expresión que dice que no se sabe quién le roba a quién.
El problema es tan grave que en el marco de esta irregularidad el cliente generalmente no tiene la posibilidad de recurrir mediante cualquier recurso legal ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional, porque los mismos implican el pago de abogados y entonces se aplica la expresión de que es más la sal que el chivo.
Todo el proceder del funcionario o del que tiene una función pública y de los clientes se enmarca en la generalización de una ilegalidad que no se sabe quién está peor, aunque ambos se inscriben en el marco de lo irregular o ilegal.
Por la situación descrita se hace muy difícil que haya una acción efectiva en contra de estos supermercados que se dedican a la especulación, el agiotismo y el acaparamiento porque realmente el Estado no existe y además porque hay un entramado de corrupción que involucra al propietario de los negocios y a los que tienen la función fiscalizadora por parte del Gobierno.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana