Editorial
La especulación, el agiotismo y el acaparamiento es parte de una cultura nacional.
La primera vocación que debe tener cualquier comerciante para tener éxito en un país como la República Dominicana es hacer lo que sea para ganar dinero, sobre todo cuando hay mucha tolerancia del Estado con lo mal hecho.
El país siempre ha sufrido las consecuencias de fenómenos como la especulación, el agiotismo y el acaparamiento, pero a ello habría que agregársele la corrupción de los que tienen como misión fiscalizar a los que se dedican al comercio.
En realidad hay que reiterar que en un país como la República Dominicana el principal activo para entrar al mundo de los negocios es la vocación mafiosa y peor aun en tiempo de crisis como la provocada ahora por el coronavirus.
Por ejemplo cuando alguien busca algún capital para instalar un negocio del tipo que sea, lo primero que hace es contactar a quien lo pueda liberar del pago de cualquier servicio público, como la energía eléctrica o el servicio de agua potable.
Sin embargo, hay que decir que esa vocación delincuencial es alimentada por los que ha llegado a dirigir las instituciones del sector público que manejan esos servicios, ya que lo primero es que esas empresas estatales son administradas como si se tratara de empresas propias.
Tanto es así que ahora los presidentes de la República colocan a sus seguidores en las instituciones públicas por tiempo indefinido, lo cual es comprobable con la mayoría de los ministros de la actualidad que llevan alrededor de veinte años en el puesto y cuando menos los ocho que va a cumplir Danilo Medina en la jefatura de la nación.
Dos ejemplos que también muestran esta forma equivocada de manejar las empresas públicas, es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la cual opera como una empresa patrimonial de su director, Silvio Durán, quien incluso ha establecido una política de cortes del servicio en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe descontinuar el mismo por falta de pago, ya que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución de la República.
El otro caso es la empresa Edenorte Dominicana, cuyo administrador, el señor Julio César Corrrea Mena, ordena cortes arbitrarios y produce aumentos en las facturas madalaganarias que constituyen un gran fraude en contra del cliente.
Ambas, Coraasan y Edenorte, se manejan como si fueran dos empresas que no son tocadas por las disposiciones del Estado, cuyas ilegalidades llegan a un nivel que la mayoría de la gente lo sabe y en consecuencia el que inicia un negocio se presta a cualquier irregularidad porque hay una famosa expresión que dice que no se sabe quién le roba a quién.
El problema es tan grave que en el marco de esta irregularidad el cliente generalmente no tiene la posibilidad de recurrir mediante cualquier recurso legal ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional, porque los mismos implican el pago de abogados y entonces se aplica la expresión de que es más la sal que el chivo.
Todo el proceder del funcionario o del que tiene una función pública y de los clientes se enmarca en la generalización de una ilegalidad que no se sabe quién está peor, aunque ambos se inscriben en el marco de lo irregular o ilegal.
Por la situación descrita se hace muy difícil que haya una acción efectiva en contra de estos supermercados que se dedican a la especulación, el agiotismo y el acaparamiento porque realmente el Estado no existe y además porque hay un entramado de corrupción que involucra al propietario de los negocios y a los que tienen la función fiscalizadora por parte del Gobierno.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.