Editorial
La especulación, el agiotismo y el acaparamiento es parte de una cultura nacional.
La primera vocación que debe tener cualquier comerciante para tener éxito en un país como la República Dominicana es hacer lo que sea para ganar dinero, sobre todo cuando hay mucha tolerancia del Estado con lo mal hecho.
El país siempre ha sufrido las consecuencias de fenómenos como la especulación, el agiotismo y el acaparamiento, pero a ello habría que agregársele la corrupción de los que tienen como misión fiscalizar a los que se dedican al comercio.
En realidad hay que reiterar que en un país como la República Dominicana el principal activo para entrar al mundo de los negocios es la vocación mafiosa y peor aun en tiempo de crisis como la provocada ahora por el coronavirus.
Por ejemplo cuando alguien busca algún capital para instalar un negocio del tipo que sea, lo primero que hace es contactar a quien lo pueda liberar del pago de cualquier servicio público, como la energía eléctrica o el servicio de agua potable.
Sin embargo, hay que decir que esa vocación delincuencial es alimentada por los que ha llegado a dirigir las instituciones del sector público que manejan esos servicios, ya que lo primero es que esas empresas estatales son administradas como si se tratara de empresas propias.
Tanto es así que ahora los presidentes de la República colocan a sus seguidores en las instituciones públicas por tiempo indefinido, lo cual es comprobable con la mayoría de los ministros de la actualidad que llevan alrededor de veinte años en el puesto y cuando menos los ocho que va a cumplir Danilo Medina en la jefatura de la nación.
Dos ejemplos que también muestran esta forma equivocada de manejar las empresas públicas, es la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), la cual opera como una empresa patrimonial de su director, Silvio Durán, quien incluso ha establecido una política de cortes del servicio en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe descontinuar el mismo por falta de pago, ya que se trata de un derecho fundamental consignado en la Constitución de la República.
El otro caso es la empresa Edenorte Dominicana, cuyo administrador, el señor Julio César Corrrea Mena, ordena cortes arbitrarios y produce aumentos en las facturas madalaganarias que constituyen un gran fraude en contra del cliente.
Ambas, Coraasan y Edenorte, se manejan como si fueran dos empresas que no son tocadas por las disposiciones del Estado, cuyas ilegalidades llegan a un nivel que la mayoría de la gente lo sabe y en consecuencia el que inicia un negocio se presta a cualquier irregularidad porque hay una famosa expresión que dice que no se sabe quién le roba a quién.
El problema es tan grave que en el marco de esta irregularidad el cliente generalmente no tiene la posibilidad de recurrir mediante cualquier recurso legal ante el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Constitucional, porque los mismos implican el pago de abogados y entonces se aplica la expresión de que es más la sal que el chivo.
Todo el proceder del funcionario o del que tiene una función pública y de los clientes se enmarca en la generalización de una ilegalidad que no se sabe quién está peor, aunque ambos se inscriben en el marco de lo irregular o ilegal.
Por la situación descrita se hace muy difícil que haya una acción efectiva en contra de estos supermercados que se dedican a la especulación, el agiotismo y el acaparamiento porque realmente el Estado no existe y además porque hay un entramado de corrupción que involucra al propietario de los negocios y a los que tienen la función fiscalizadora por parte del Gobierno.
Que nadie crea que con la pretendida reforma fiscal sólo ha quedado desenmascarado Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, sino toda la clase política nacional.
Porque los que ahora simulan que la rechazan han intentado lo mismo en ocasiones anteriores.
En torno a la propuesta fiscal hay que meter en el mismo saco a todos los actores de la política partidista nacional.
En realidad, no hay diferencias entre unos y otros, porque peledeístas, perremeístas y los que conforman la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández no tienen ningún tipo de remordimiento cuando se trata de castigar al pueblo dominicano.
Que nadie se llame a engaños de que la flexibilización de los abusos contra la clase media y los más pobres va a cesar en el país.
El dispendio continuará a través de las llamadas «botellas», las cuales, para decir verdad, son difíciles de erradicar.
Pero lo que sí ha quedado demostrado es que si la gente reacciona puede detener los abusos en su contra.
Ahora falta ver cuál será el camino que escogerá el gobierno, pero ojalá que no sea la continuación del desbocado endeudamiento externo para cubrir el déficit y continuar con un gasto público de muy poca calidad
La carga impositiva, sobre todo la informal, sigue ahí vigente, principalmente con la intensificación de los apagones, lo que conlleva dotarse de inversores y plantas eléctricas.
El Poder Ejecutivo acaba de someter al Congreso Nacional la tan esperada reforma fiscal, la cual parece tener algunas bondades, pero que no queda claro qué se persigue con la misma, porque no alcanza ni para cubrir el déficit fiscal que tiene el país desde hace varias décadas que lo sumerge en un endeudamiento peligroso.
Es como buscarle una solución a media al problema, porque a pesar de que sólo se busca recaudar 122 mil millones de pesos con la misma, nadie sabe cuál es la respuesta ante un déficit fiscal que representa más del doble de esa suma.
El meta-mensaje de la reforma fiscal es que el Gobierno de Luis Abinader parece estar enamorado del endeudamiento externo, porque esa reforma tributaria no conduce a otro camino que a buscar más dinero prestado.
Pero eso no es todo, porque el Gobierno habla de una mayor inversión social con un déficit fiscal que duplica la suma que se busca recaudar.
Lo otro es que no se han eliminado todas las exenciones que atrofia la economía nacional, cuyos principales beneficiarios son sectores que sólo buscan alimentarse personal y empresarialmente de los recursos públicos.
Son preguntas que el presidente Luis Abinader debe responderles a los amplios sectores de la vida nacional que se niegan a someterse a mayores sacrificios con resultados insatisfactorios.
A las actuales autoridades nacionales y también a las pasadas se les enrostra que adolecen de lo que se podría definir como una cultura nacional, que no es otra cosa que la carencia de planificación estratégica.
Todo es al azar, cuya debilidad ha exhibido el actual Gobierno hasta más no poder y la reforma fiscal, aunque tenga sus bondades o consideraciones hacia el ciudadano, adolece de debilidades que tienen que ser explicadas.
Es importante que esta reforma fiscal se rija por los principios tributarios de legalidad, equidad y transparencia, porque de lo contrario los resultados podrían ser muy dolorosos para la sociedad dominicana.
La suerte está echada y sólo se espera que por lo menos en este caso haya un manejo idóneo y sensato para que no ocurra lo que se produjo en otras ocasiones, que la reforma fiscal ha significado un profundo dolor de cabeza para todos y cada uno de los dominicanos.
La incapacidad del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) deja huellas en la administración pública, lo cual ahora queda claro con el hecho de que un hijo de un cuadro de ese partido haya penetrado la seguridad nacional de una forma que debe preocupar a cualquiera.
Ello así, porque el señor Jochy Gómez, con una fama reconocida en estas andanzas, no sólo estafa al Estado a través de su contrato con el Intrant, sino que también firma otro con el Ministerio de Defensa, mediante el cual obtenía información sensible y se la vendía a particulares y al propio presidente de la República.
Esta realidad indica que los dominicanos en términos de seguridad nacional estamos prácticamente en pañales, sin ninguna garantía de nada, porque es probable que ahí esté la explicación de que muchos narcotraficantes nunca pueden ser apresados a la hora de que sus residencias o negocios son allanados.
Evidentemente que grupos como éste del crimen organizado sólo buscan dinero, les vendían información a personas del bajo mundo para que abandonaran la zona donde iban a ser perseguidos y apresados.
Pero, además, si este grupo maneja la información sensible del Ministerio de Defensa, entonces que se podía esperar de otras instancias inferiores que responden a sus mandatos.
De manera, que esta irregularidad indica hasta dónde institucionalmente el país está mal.
Porque la verdad es que cualquier “carajo a la vela”, para usar una expresión popular, que tenga el control de las informaciones que generan los organismos que manejan la seguridad nacional, habla de lo mal que está el país.
En este caso no sólo deben investigarse los que han sido imputados hasta el momento, sino que el asunto debe llegar hasta las altas instancias del Gobierno.
E incluso el propio presidente de la República debe ser llamado para que dé una explicación de semejante irregularidad.
En cualquier país que se respete, el presidente tiene que dar una explicación a la sociedad.
Pero no cualquier explicación.