Editorial
La Exageración y la Politiquería Dominicanas
La República Dominicana podría pasar a formar parte del Consejo No Permanente de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2018-2019, ya que ha recibido el apoyo de los países latinoamericanos y caribeños.
Pero desde ya los más comprometidos con la causa perredeísta en el seno del Gobierno atribuyen la casi segura incorporación de la República Dominicana a un órgano que tiene como misión garantizar y promover la paz en el mundo, el cual está constituido por unos quince miembros, diez no permanentes y cinco permanentes, donde están representadas las diferentes regiones y continentes que conforman el mundo, a las gestiones del actual canciller Miguel Vargas Maldonado.
Los miembros permanentes son China, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, mientras que los no permanentes son Bolivia, Egipto, Etiopia, Italia, Japón, Senegal, Suecia, Ucrania, Uruguay y Kazajistan.
De todas las naciones que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo tres países no han ocupado un puesto como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales son Haití, República Dominicana y El Salvador.
Nótese que la composición de ese importante Consejo de Seguridad, cuyas decisiones son vinculantes para todos los demás miembros de la ONU, está concebido hasta para que haya una representación equitativa de las diferentes regiones del mundo, incluidas las naciones más pobres y subderrolladas.
De manera, que el sólo hecho de que la República Dominicana nunca haya sido escogida para formar parte del Consejo de Seguridad, nos dice que es de justicia que uno de los tres que no ha tenido representación en tan importante Consejo tenga ahora la oportunidad mediante un tratamiento igualitario para todos los países.
Es decir que podría colegirse que el apoyo de las naciones latinoamericanas y caribeñas obedece más que nada a un problema de justicia y de un proceso de elección más democrático y equitativo, pero no a los buenos oficios de personas que ocupan posiciones de embajadores en la ONU o a la diligencia del canciller Miguel Vargas Maldonado, aunque haya habido algún cabildeo, como ya lo proyectan algunos periodistas al servicio del Gobierno y del PRD.
Porque en el caso concreto de Frank Corterreal, a quien se le atribuye alguna gestión en ese sentido, lo único que puede exhibir ese señor es que dirige la seccional de Nueva York del Partido de la Liberación Dominicana y su militancia en la tendencia del presidente Danilo Medina, porque es muy poco lo que sabe de diplomacia y mucho menos se puede alegar que sea un intelectual con algún mérito.
Corterreal pasó de profesor de escuela pública en Nueva York a embajador plenipotenciario ante la ONU, posición que consiguen muchos hombres y mujeres que no tienen nisiquiera una buena formación, por lo que querer darle mérito a un peledeísta que es «diplomático» sólo por la politiquería que prevalece en el servicio exterior dominicano, llena de nombramientos de personas que sólo retiran sus cheques cada mes, pero que no tienen la más mínima capacidad para desempeñar una función como tales o como consejeros o secretarios de cualquiera embajada, es un verdadero descaro.
El problema está en que los dominicanos somos expertos en sacarle provecho a cualquier situación que esté en nuestro entorno, sin importar que los demás la vean como una exageración o un descarado oportunismo.
La misión diplomática dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas siempre ha constituido, pero peor aún durante los gobiernos peledeístas, un nido de vagos y un centro de la politiquería que tiene al país al garete, cualquierizada e irrespetada por lo que entienden que la diplomacia es una carrera que no sólo se hace con los años en en un puesto diplomático, sino con estudios en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras.
Es decir que ahora querer atribuir un apoyo al trabajo de gente que no sabe donde tiene su cabeza, cuando la realidad es que se trata de un asunto de distribución equitativa y de democracia en el seno del Consejo de Seguridad No Permanente, es una desfachatada forma de recurrir a la poliquería barata y darle mérito al que no lo tiene, sobre todo porque se trata de una representación por afinidad política más que por méritos propios.
Dejemos tantas desvergüenzas.
Basta ya!!
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.