Análisis Noticiosos
La excesiva desigualdad social emponzoña la pobreza
La distribución local de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social y acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina
Los arrabales se multiplican, aparecen en llanos y montañas, alojando poblaciones expuestas a derrumbes y a la contaminación ambiental. Archivo
No somos ya un país descalzo. Y aunque por la extrema desigualdad unos lleven zapatos de marcas exclusivas y otros de medio uso, comprados en regueras, lo cierto es que salvo algún muchachito de esos que desandan las calles en su diario entrenamiento en la escuela del delito, no vemos pies al aire. ¡Todos estamos calzados! Pero mientras caminamos miramos con recelo a uno y otro lado, atemorizados, espantándonos hasta de nuestra sombra. ¿Qué ha ocurrido?.
Al caminar asoman signos de ostentosa riqueza, de provocadora opulencia, vemos el dinero correr sobre ruedas en yipetas de lujo, tomar alturas en torres y elevados, extenderse por plazas comerciales con seductoras ofertas que pretenden saciar la voracidad de un consumismo enloquecedor que nos hace perder valores, vivir estresados, ansiosos, frustrados.
Exclusión y violencia. La distribución de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social, acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina, la región más desigual pero también la más violenta, aunque despierta esperanzas Brasil, adonde Lula arremetió contra la pobreza. Y conforta la sencillez de Mujica, presidente de Uruguay, que en estos tiempos de ostentación prosigue su vida con modestos bienes.
Al repartir las riquezas, en República Dominicana persisten las asimetrías de tiempos pretéritos, con la diferencia de que antes la población no tenía las expectativas sociales que hoy perviven en todos los estratos de la sociedad, induciendo a acciones ilícitas que engendran violencia.
La corrupción, el robo impune al Estado cobra ribetes insospechados, desbordan la delincuencia y la prostitución, el tráfico y consumo de drogas. El narcotráfico, con un alto grado de conexión con la economía formal a través del lavado de activos, se cuela por los resquicios de las ansias de poder, de tener y de placer que compulsivamente lleva a delinquir a personas de clase alta, media y baja. Encuentra un caldo de cultivo en la pobreza, penetrando en un marco de desigualdades sociales, de desintegración familiar.
¿Qué ha sucedido? Más de una vez nos lo advirtieron, pero rehusamos oír, negativa que también es parte del hechizo. Hemos cambiado, deslumbrados por modelos de éxito que fundamentan la felicidad en el tener y el placer.
Vivimos seducidos por el estilo de vida de los ricos, arrobados ante el lujo y el confort, los vehículos y apartamentos de lujo, viajes, fiestas, espectáculos, resort. Y si no accedemos a esos bienes y servicios, nos sentimos frustrados, ansiosos, violentos.
¿Qué ha sucedido?, nos preguntamos unos a otros cuando a diario estalla la violencia dentro y fuera del hogar. Homicidos, feminicidios, asaltos y robos que no respetan templos, tarjas, puentes ni hidrantes.
Personas de diferentes estratos se insertan a redes mafiosas, caen en ajustes de cuentas, los barrios quedan ensangrentados con la gran cantidad de jóvenes, de presuntos o reales delincuentes acribillados día tras día por la brutal represión policial.
Impacto en los pobres. Todos estamos calzados, ni siquiera vamos zapatos en manos como los abuelos campesinos para no estropearlos, o quizás para dar un respiro a sus pies negados a andar enjaulados. Calzados hay, comprados en el mercado de pulgas, que prospera en un país con tanta gente que calza y viste de medio uso pese al relumbrón del crecimiento económico. Al caminar vemos por doquier los símbolos de la desigualdad. Los pobres se deslumbran con la opulencia. Conscientes de la falta de oportunidades, de movilidad social por el estudio y el trabajo, muchos se resignan, impotentes en su pobreza de caminos cerrados.
Y siguen en su mísero hábitat soportando la violencia de una cotidianidad infernal a orillas de ríos o al borde de precipicios, entre aguas negras y basureros que arropan el caserío de callejones laberínticos y cañadas pestilentes como la riqueza mal habida.
Familias numerosas, el padre triciclero, la mujer en servicios domésticos, los hijos en la calle o solos en la casa, víctimas de accidentes o de violación, niños y niñas prostituidos, utilizados en la venta de drogas. Los abuelos mendigando o “buscándosela” por los mercados, ancianos indefensos sin protección social. Familias en una sola habitación, con letrinas colectivas, iluminando apagones con velas que carbonizan infantes.
Otros se rebelan. Ante la ostentación otros, principalmente jóvenes, se sienten excluidos, iracundos al no poder satisfacer sus ansias de consumo. Y deciden tener dinero, ¡no importa cómo! Y lo consiguen. No tienen que romper la vitrina como en la poblada de abril de 1984.
Delinquir es el camino, la vía ilegal que vieron tomar a funcionarios ilícita e impunemente enriquecidos con la creciente corrupción, a poderosos narcotraficantes y los potentados que los apoyan. Se agrupan en bandas delictivas o se ponen al servicio de los narcos, y los barrios quedan minados de puntos de drogas. Dinero tienen y les basta, pero con él no se compra un antídoto contra la rabia que sienten por la exclusión.
¿Hacia dónde nos conduce este segundo decenio del siglo XXI sin respuestas idóneas contra la pobreza y la desigualdad?
El Gobierno gasta millones de pesos en planes sociales ineficaces, Tarjetas de Solidaridad poco solidarias porque reproducen la pobreza. Mientras, la avaricia mantiene la acumulación excesiva de los ricos, el individualismo atrapa a una sociedad indiferente, ciega a las penurias de los desposeídos, de quienes recelan, en quienes ven potenciales asaltantes, porque el perfil del delincuente tiene ropaje de pobre.
¿Acaso no acaba de ahorcarse un joven, humillado al ser acusado de robarse unas chancletas?
Privaciones de los pobres resaltan con extravagante consumo de ricos
La elite económica y social incluye un 6% de la población, alrededor de 142,500 hogares integrados por unas 570,000 personas. Poseen capacidad financiera para costearse un consumo conspicuo, una vida principesca sustentada en una economía en dólares, con activos y cuentas bancarias suficientes para proteger económicamente a la generación por venir.
No les basta el dinero, buscan poder, influencia, los mueve la competencia en los negocios, en empresas fortalecidas con alianzas y franquicias, incursionando en nuevos renglones de la economía.
Viven en alucinante fasto, unos más moderados, otros bajo la borrachera del consumo suntuario, sin prurito ante una pobreza que la ambición sin límites provoca. Entre las riquezas surgidas del esfuerzo de vida están las fácilmente ganadas y joyas, escandalosamente derrochadas, joyas, vehículos del año, obras de arte compradas en galerías de París y de Londres. Durante sus periplos por el mundo se hospedan en los mejores hoteles o en sus residencias en Europa y Estados Unidos, frecuentan costosos restaurantes, espectáculos artísticos en Nueva York, Berlín o París.
En el pico de la pirámide se insertan altos funcionarios del Gobierno, políticos corruptos que dilapidan los dineros del Estado. Sus familias exhiben un consumo dispendioso, invierten en torres, edificios completos, mansiones y villas veraniegas cotizadas en cifras fabulosas.
El Estado ha sido incapaz de responder, el gasto social se convierte en dádivas cargadas de paternalismo y de proselitismo político.
Las políticas sociales deberán aplicar fórmulas tendentes a reducir la pobreza y la exclusión, que garanticen un régimen de derecho, la igualdad de oportunidades a la salud, a la educación y otros servicios. Superar los esquemas clientelistas y asistenciales, propiciando fuentes de empleo productivo.
Durante decenios, los gobiernos se han quitado presión social, siendo permisivos con la emigración, más aún desde que las remesas se convirtieron en soporte de la economía. No importaba la ilegalidad y el peligro de los viajes en yola, los naufragios y muertes, la desintegración familiar y sus nefastas consecuencias. Ese recurso se agota, hace años regresan grupos deportados de EU, y otros retornan expulsados por la crisis económica en Europa.
Las claves
1. Sin soporte social
Por vía del mercado y de la competencia la sociedad incentiva el consumo, a todos llega la promoción y el deseo de disfrutar del estilo de vida ofertado por los medios de comunicación. Pero no hay soporte social para acceder a tan elevados niveles de consumo. Las mayorías no tienen posibilidad de sufragarlos, el estudio ni el trabajo pueden enriquecerlos con la rapidez que su ansiedad demanda. Surge la frustración ante esas ansias de consumo insatisfechas, impulsando la búsqueda de vías ilícitas para saciarlas.
2. No es la pobreza en sí
La pobreza no es en sí la generadora de violencia, un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicosociales, condicionantes económicos, culturales. Sin embargo, la pobreza lleva consigo la exclusión, la frustración de una vida sin oportunidades, lo que facilita reacciones agresivas. Esa frustración, fruto de la desigualdad en una sociedad obsesionada por el consumo, genera violencia.
3. Seguridad
La clase alta y media alta ya no disfrutan su riqueza con la tranquilidad de antes, temen un secuestro, robos, asaltos. Quieren preservar su riqueza, no totalmente blindada. Hay fisuras pese a los sistemas de seguridad con tecnología de punta, discretos dispositivos, cercas virtuales y sensores de alerta.
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Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.