Análisis Noticiosos
La excesiva desigualdad social emponzoña la pobreza
La distribución local de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social y acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina
Los arrabales se multiplican, aparecen en llanos y montañas, alojando poblaciones expuestas a derrumbes y a la contaminación ambiental. Archivo
No somos ya un país descalzo. Y aunque por la extrema desigualdad unos lleven zapatos de marcas exclusivas y otros de medio uso, comprados en regueras, lo cierto es que salvo algún muchachito de esos que desandan las calles en su diario entrenamiento en la escuela del delito, no vemos pies al aire. ¡Todos estamos calzados! Pero mientras caminamos miramos con recelo a uno y otro lado, atemorizados, espantándonos hasta de nuestra sombra. ¿Qué ha ocurrido?.
Al caminar asoman signos de ostentosa riqueza, de provocadora opulencia, vemos el dinero correr sobre ruedas en yipetas de lujo, tomar alturas en torres y elevados, extenderse por plazas comerciales con seductoras ofertas que pretenden saciar la voracidad de un consumismo enloquecedor que nos hace perder valores, vivir estresados, ansiosos, frustrados.
Exclusión y violencia. La distribución de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social, acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina, la región más desigual pero también la más violenta, aunque despierta esperanzas Brasil, adonde Lula arremetió contra la pobreza. Y conforta la sencillez de Mujica, presidente de Uruguay, que en estos tiempos de ostentación prosigue su vida con modestos bienes.
Al repartir las riquezas, en República Dominicana persisten las asimetrías de tiempos pretéritos, con la diferencia de que antes la población no tenía las expectativas sociales que hoy perviven en todos los estratos de la sociedad, induciendo a acciones ilícitas que engendran violencia.
La corrupción, el robo impune al Estado cobra ribetes insospechados, desbordan la delincuencia y la prostitución, el tráfico y consumo de drogas. El narcotráfico, con un alto grado de conexión con la economía formal a través del lavado de activos, se cuela por los resquicios de las ansias de poder, de tener y de placer que compulsivamente lleva a delinquir a personas de clase alta, media y baja. Encuentra un caldo de cultivo en la pobreza, penetrando en un marco de desigualdades sociales, de desintegración familiar.
¿Qué ha sucedido? Más de una vez nos lo advirtieron, pero rehusamos oír, negativa que también es parte del hechizo. Hemos cambiado, deslumbrados por modelos de éxito que fundamentan la felicidad en el tener y el placer.
Vivimos seducidos por el estilo de vida de los ricos, arrobados ante el lujo y el confort, los vehículos y apartamentos de lujo, viajes, fiestas, espectáculos, resort. Y si no accedemos a esos bienes y servicios, nos sentimos frustrados, ansiosos, violentos.
¿Qué ha sucedido?, nos preguntamos unos a otros cuando a diario estalla la violencia dentro y fuera del hogar. Homicidos, feminicidios, asaltos y robos que no respetan templos, tarjas, puentes ni hidrantes.
Personas de diferentes estratos se insertan a redes mafiosas, caen en ajustes de cuentas, los barrios quedan ensangrentados con la gran cantidad de jóvenes, de presuntos o reales delincuentes acribillados día tras día por la brutal represión policial.
Impacto en los pobres. Todos estamos calzados, ni siquiera vamos zapatos en manos como los abuelos campesinos para no estropearlos, o quizás para dar un respiro a sus pies negados a andar enjaulados. Calzados hay, comprados en el mercado de pulgas, que prospera en un país con tanta gente que calza y viste de medio uso pese al relumbrón del crecimiento económico. Al caminar vemos por doquier los símbolos de la desigualdad. Los pobres se deslumbran con la opulencia. Conscientes de la falta de oportunidades, de movilidad social por el estudio y el trabajo, muchos se resignan, impotentes en su pobreza de caminos cerrados.
Y siguen en su mísero hábitat soportando la violencia de una cotidianidad infernal a orillas de ríos o al borde de precipicios, entre aguas negras y basureros que arropan el caserío de callejones laberínticos y cañadas pestilentes como la riqueza mal habida.
Familias numerosas, el padre triciclero, la mujer en servicios domésticos, los hijos en la calle o solos en la casa, víctimas de accidentes o de violación, niños y niñas prostituidos, utilizados en la venta de drogas. Los abuelos mendigando o “buscándosela” por los mercados, ancianos indefensos sin protección social. Familias en una sola habitación, con letrinas colectivas, iluminando apagones con velas que carbonizan infantes.
Otros se rebelan. Ante la ostentación otros, principalmente jóvenes, se sienten excluidos, iracundos al no poder satisfacer sus ansias de consumo. Y deciden tener dinero, ¡no importa cómo! Y lo consiguen. No tienen que romper la vitrina como en la poblada de abril de 1984.
Delinquir es el camino, la vía ilegal que vieron tomar a funcionarios ilícita e impunemente enriquecidos con la creciente corrupción, a poderosos narcotraficantes y los potentados que los apoyan. Se agrupan en bandas delictivas o se ponen al servicio de los narcos, y los barrios quedan minados de puntos de drogas. Dinero tienen y les basta, pero con él no se compra un antídoto contra la rabia que sienten por la exclusión.
¿Hacia dónde nos conduce este segundo decenio del siglo XXI sin respuestas idóneas contra la pobreza y la desigualdad?
El Gobierno gasta millones de pesos en planes sociales ineficaces, Tarjetas de Solidaridad poco solidarias porque reproducen la pobreza. Mientras, la avaricia mantiene la acumulación excesiva de los ricos, el individualismo atrapa a una sociedad indiferente, ciega a las penurias de los desposeídos, de quienes recelan, en quienes ven potenciales asaltantes, porque el perfil del delincuente tiene ropaje de pobre.
¿Acaso no acaba de ahorcarse un joven, humillado al ser acusado de robarse unas chancletas?
Privaciones de los pobres resaltan con extravagante consumo de ricos
La elite económica y social incluye un 6% de la población, alrededor de 142,500 hogares integrados por unas 570,000 personas. Poseen capacidad financiera para costearse un consumo conspicuo, una vida principesca sustentada en una economía en dólares, con activos y cuentas bancarias suficientes para proteger económicamente a la generación por venir.
No les basta el dinero, buscan poder, influencia, los mueve la competencia en los negocios, en empresas fortalecidas con alianzas y franquicias, incursionando en nuevos renglones de la economía.
Viven en alucinante fasto, unos más moderados, otros bajo la borrachera del consumo suntuario, sin prurito ante una pobreza que la ambición sin límites provoca. Entre las riquezas surgidas del esfuerzo de vida están las fácilmente ganadas y joyas, escandalosamente derrochadas, joyas, vehículos del año, obras de arte compradas en galerías de París y de Londres. Durante sus periplos por el mundo se hospedan en los mejores hoteles o en sus residencias en Europa y Estados Unidos, frecuentan costosos restaurantes, espectáculos artísticos en Nueva York, Berlín o París.
En el pico de la pirámide se insertan altos funcionarios del Gobierno, políticos corruptos que dilapidan los dineros del Estado. Sus familias exhiben un consumo dispendioso, invierten en torres, edificios completos, mansiones y villas veraniegas cotizadas en cifras fabulosas.
El Estado ha sido incapaz de responder, el gasto social se convierte en dádivas cargadas de paternalismo y de proselitismo político.
Las políticas sociales deberán aplicar fórmulas tendentes a reducir la pobreza y la exclusión, que garanticen un régimen de derecho, la igualdad de oportunidades a la salud, a la educación y otros servicios. Superar los esquemas clientelistas y asistenciales, propiciando fuentes de empleo productivo.
Durante decenios, los gobiernos se han quitado presión social, siendo permisivos con la emigración, más aún desde que las remesas se convirtieron en soporte de la economía. No importaba la ilegalidad y el peligro de los viajes en yola, los naufragios y muertes, la desintegración familiar y sus nefastas consecuencias. Ese recurso se agota, hace años regresan grupos deportados de EU, y otros retornan expulsados por la crisis económica en Europa.
Las claves
1. Sin soporte social
Por vía del mercado y de la competencia la sociedad incentiva el consumo, a todos llega la promoción y el deseo de disfrutar del estilo de vida ofertado por los medios de comunicación. Pero no hay soporte social para acceder a tan elevados niveles de consumo. Las mayorías no tienen posibilidad de sufragarlos, el estudio ni el trabajo pueden enriquecerlos con la rapidez que su ansiedad demanda. Surge la frustración ante esas ansias de consumo insatisfechas, impulsando la búsqueda de vías ilícitas para saciarlas.
2. No es la pobreza en sí
La pobreza no es en sí la generadora de violencia, un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicosociales, condicionantes económicos, culturales. Sin embargo, la pobreza lleva consigo la exclusión, la frustración de una vida sin oportunidades, lo que facilita reacciones agresivas. Esa frustración, fruto de la desigualdad en una sociedad obsesionada por el consumo, genera violencia.
3. Seguridad
La clase alta y media alta ya no disfrutan su riqueza con la tranquilidad de antes, temen un secuestro, robos, asaltos. Quieren preservar su riqueza, no totalmente blindada. Hay fisuras pese a los sistemas de seguridad con tecnología de punta, discretos dispositivos, cercas virtuales y sensores de alerta.
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Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.