Análisis Noticiosos
La excesiva desigualdad social emponzoña la pobreza
La distribución local de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social y acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina
Los arrabales se multiplican, aparecen en llanos y montañas, alojando poblaciones expuestas a derrumbes y a la contaminación ambiental. Archivo
No somos ya un país descalzo. Y aunque por la extrema desigualdad unos lleven zapatos de marcas exclusivas y otros de medio uso, comprados en regueras, lo cierto es que salvo algún muchachito de esos que desandan las calles en su diario entrenamiento en la escuela del delito, no vemos pies al aire. ¡Todos estamos calzados! Pero mientras caminamos miramos con recelo a uno y otro lado, atemorizados, espantándonos hasta de nuestra sombra. ¿Qué ha ocurrido?.
Al caminar asoman signos de ostentosa riqueza, de provocadora opulencia, vemos el dinero correr sobre ruedas en yipetas de lujo, tomar alturas en torres y elevados, extenderse por plazas comerciales con seductoras ofertas que pretenden saciar la voracidad de un consumismo enloquecedor que nos hace perder valores, vivir estresados, ansiosos, frustrados.
Exclusión y violencia. La distribución de la renta sigue generando una pobreza que lleva aparejada la exclusión social, acentúa los contrastes entre ricos y pobres, como en toda América Latina, la región más desigual pero también la más violenta, aunque despierta esperanzas Brasil, adonde Lula arremetió contra la pobreza. Y conforta la sencillez de Mujica, presidente de Uruguay, que en estos tiempos de ostentación prosigue su vida con modestos bienes.
Al repartir las riquezas, en República Dominicana persisten las asimetrías de tiempos pretéritos, con la diferencia de que antes la población no tenía las expectativas sociales que hoy perviven en todos los estratos de la sociedad, induciendo a acciones ilícitas que engendran violencia.
La corrupción, el robo impune al Estado cobra ribetes insospechados, desbordan la delincuencia y la prostitución, el tráfico y consumo de drogas. El narcotráfico, con un alto grado de conexión con la economía formal a través del lavado de activos, se cuela por los resquicios de las ansias de poder, de tener y de placer que compulsivamente lleva a delinquir a personas de clase alta, media y baja. Encuentra un caldo de cultivo en la pobreza, penetrando en un marco de desigualdades sociales, de desintegración familiar.
¿Qué ha sucedido? Más de una vez nos lo advirtieron, pero rehusamos oír, negativa que también es parte del hechizo. Hemos cambiado, deslumbrados por modelos de éxito que fundamentan la felicidad en el tener y el placer.
Vivimos seducidos por el estilo de vida de los ricos, arrobados ante el lujo y el confort, los vehículos y apartamentos de lujo, viajes, fiestas, espectáculos, resort. Y si no accedemos a esos bienes y servicios, nos sentimos frustrados, ansiosos, violentos.
¿Qué ha sucedido?, nos preguntamos unos a otros cuando a diario estalla la violencia dentro y fuera del hogar. Homicidos, feminicidios, asaltos y robos que no respetan templos, tarjas, puentes ni hidrantes.
Personas de diferentes estratos se insertan a redes mafiosas, caen en ajustes de cuentas, los barrios quedan ensangrentados con la gran cantidad de jóvenes, de presuntos o reales delincuentes acribillados día tras día por la brutal represión policial.
Impacto en los pobres. Todos estamos calzados, ni siquiera vamos zapatos en manos como los abuelos campesinos para no estropearlos, o quizás para dar un respiro a sus pies negados a andar enjaulados. Calzados hay, comprados en el mercado de pulgas, que prospera en un país con tanta gente que calza y viste de medio uso pese al relumbrón del crecimiento económico. Al caminar vemos por doquier los símbolos de la desigualdad. Los pobres se deslumbran con la opulencia. Conscientes de la falta de oportunidades, de movilidad social por el estudio y el trabajo, muchos se resignan, impotentes en su pobreza de caminos cerrados.
Y siguen en su mísero hábitat soportando la violencia de una cotidianidad infernal a orillas de ríos o al borde de precipicios, entre aguas negras y basureros que arropan el caserío de callejones laberínticos y cañadas pestilentes como la riqueza mal habida.
Familias numerosas, el padre triciclero, la mujer en servicios domésticos, los hijos en la calle o solos en la casa, víctimas de accidentes o de violación, niños y niñas prostituidos, utilizados en la venta de drogas. Los abuelos mendigando o “buscándosela” por los mercados, ancianos indefensos sin protección social. Familias en una sola habitación, con letrinas colectivas, iluminando apagones con velas que carbonizan infantes.
Otros se rebelan. Ante la ostentación otros, principalmente jóvenes, se sienten excluidos, iracundos al no poder satisfacer sus ansias de consumo. Y deciden tener dinero, ¡no importa cómo! Y lo consiguen. No tienen que romper la vitrina como en la poblada de abril de 1984.
Delinquir es el camino, la vía ilegal que vieron tomar a funcionarios ilícita e impunemente enriquecidos con la creciente corrupción, a poderosos narcotraficantes y los potentados que los apoyan. Se agrupan en bandas delictivas o se ponen al servicio de los narcos, y los barrios quedan minados de puntos de drogas. Dinero tienen y les basta, pero con él no se compra un antídoto contra la rabia que sienten por la exclusión.
¿Hacia dónde nos conduce este segundo decenio del siglo XXI sin respuestas idóneas contra la pobreza y la desigualdad?
El Gobierno gasta millones de pesos en planes sociales ineficaces, Tarjetas de Solidaridad poco solidarias porque reproducen la pobreza. Mientras, la avaricia mantiene la acumulación excesiva de los ricos, el individualismo atrapa a una sociedad indiferente, ciega a las penurias de los desposeídos, de quienes recelan, en quienes ven potenciales asaltantes, porque el perfil del delincuente tiene ropaje de pobre.
¿Acaso no acaba de ahorcarse un joven, humillado al ser acusado de robarse unas chancletas?
Privaciones de los pobres resaltan con extravagante consumo de ricos
La elite económica y social incluye un 6% de la población, alrededor de 142,500 hogares integrados por unas 570,000 personas. Poseen capacidad financiera para costearse un consumo conspicuo, una vida principesca sustentada en una economía en dólares, con activos y cuentas bancarias suficientes para proteger económicamente a la generación por venir.
No les basta el dinero, buscan poder, influencia, los mueve la competencia en los negocios, en empresas fortalecidas con alianzas y franquicias, incursionando en nuevos renglones de la economía.
Viven en alucinante fasto, unos más moderados, otros bajo la borrachera del consumo suntuario, sin prurito ante una pobreza que la ambición sin límites provoca. Entre las riquezas surgidas del esfuerzo de vida están las fácilmente ganadas y joyas, escandalosamente derrochadas, joyas, vehículos del año, obras de arte compradas en galerías de París y de Londres. Durante sus periplos por el mundo se hospedan en los mejores hoteles o en sus residencias en Europa y Estados Unidos, frecuentan costosos restaurantes, espectáculos artísticos en Nueva York, Berlín o París.
En el pico de la pirámide se insertan altos funcionarios del Gobierno, políticos corruptos que dilapidan los dineros del Estado. Sus familias exhiben un consumo dispendioso, invierten en torres, edificios completos, mansiones y villas veraniegas cotizadas en cifras fabulosas.
El Estado ha sido incapaz de responder, el gasto social se convierte en dádivas cargadas de paternalismo y de proselitismo político.
Las políticas sociales deberán aplicar fórmulas tendentes a reducir la pobreza y la exclusión, que garanticen un régimen de derecho, la igualdad de oportunidades a la salud, a la educación y otros servicios. Superar los esquemas clientelistas y asistenciales, propiciando fuentes de empleo productivo.
Durante decenios, los gobiernos se han quitado presión social, siendo permisivos con la emigración, más aún desde que las remesas se convirtieron en soporte de la economía. No importaba la ilegalidad y el peligro de los viajes en yola, los naufragios y muertes, la desintegración familiar y sus nefastas consecuencias. Ese recurso se agota, hace años regresan grupos deportados de EU, y otros retornan expulsados por la crisis económica en Europa.
Las claves
1. Sin soporte social
Por vía del mercado y de la competencia la sociedad incentiva el consumo, a todos llega la promoción y el deseo de disfrutar del estilo de vida ofertado por los medios de comunicación. Pero no hay soporte social para acceder a tan elevados niveles de consumo. Las mayorías no tienen posibilidad de sufragarlos, el estudio ni el trabajo pueden enriquecerlos con la rapidez que su ansiedad demanda. Surge la frustración ante esas ansias de consumo insatisfechas, impulsando la búsqueda de vías ilícitas para saciarlas.
2. No es la pobreza en sí
La pobreza no es en sí la generadora de violencia, un fenómeno multicausal en el que intervienen factores psicosociales, condicionantes económicos, culturales. Sin embargo, la pobreza lleva consigo la exclusión, la frustración de una vida sin oportunidades, lo que facilita reacciones agresivas. Esa frustración, fruto de la desigualdad en una sociedad obsesionada por el consumo, genera violencia.
3. Seguridad
La clase alta y media alta ya no disfrutan su riqueza con la tranquilidad de antes, temen un secuestro, robos, asaltos. Quieren preservar su riqueza, no totalmente blindada. Hay fisuras pese a los sistemas de seguridad con tecnología de punta, discretos dispositivos, cercas virtuales y sensores de alerta.
http://www.hoy.com.do/
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.