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aprobación en Cámara de Diputados Código Penal provoca reacciones.
SANTO DOMINGO. Continúan las opiniones en contra y a favor de la aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados sin las tres causales.
Para Patricia Santana Nina, abogada constitucionalista y activista del movimiento a favor de las tres causales, la eximente aprobada ayer en la Cámara de Diputados, en una primera lectura en el proyecto de Ley del Código Penal, tiene como fin confundir a la ciudadanía, pues no es una causal y deja en manos del criterio médico en qué momento y circunstancias se podría interrumpir el embarazo.
La profesional del derecho aclaró que lo aprobado es un estado de necesidad y no una de las tres causales que están demandando para permitir que sea la mujer quien decida si puede interrumpir o no su embarazo ante un riesgo grave a su propia vida.
“Hay una gran diferencia entre lo que se aprobó ayer en primera lectura y lo que propone el movimiento. El estado de necesidad es un instrumento utilizado como medio de defensa por la teoría del delito en derecho penal. Eso no es una nueva causal”, expresa.
Agregó que considera: “Eso no soluciona la problemática, esa es la valoración que puedo dar. Eso no soluciona el problema de las muertes maternas por falta de acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, frente a estas tres circunstancias excepcionales y tan terribles que pueden enfrentar”.
Se refiere a cuando su vida está en riesgo, a cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida, a cuando es producto de una violación o de un incesto.
Recordó que ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) interpretó el concepto del derecho a la vida desde la concepción y planteó que los estados miembros deben crear mecanismos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las féminas. También, esa corte ha manifestado que “no es razonable ni proporcional proteger la vida de un embrión sobre la de la mujer, hasta ese punto fue resuelto por la Corte”.
Santana Nina también aseguró que aprobar esas tres causales que se exigen no sería inconstitucional porque “el derecho a la vida también es un derecho del que están revestidas las mujeres y las niñas”.
La abogada constitucionalista Patricia Santana Nina considera que existe un miedo entre los congresistas de que su voto a favor de las causales tenga un costo político para un sector religioso.
También, lamentó que muchos legisladores voten anteponiendo sus creencias personales sobre su obligación de legislar, cumpliendo con la Constitución, lo que a su entender es un error.
Al ser cuestionado al respecto, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats afirmó que lo aprobado ayer “es puro y duro inútil derecho penal simbólico” porque nadie nunca ha sido perseguido ni condenado hasta la fecha por realizar abortos.
Para él con esa eximente aprobada en el Código Penal se sacaría a “duras penas” a la República Dominicana de la “cortísima lista negra” de países que tienen prohibido totalmente el aborto.
El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aclaró que lo aprobado el miércoles en la cámara baja, en el proyecto de ley que reformaría el Código Penal está contenido en la Constitución en el artículo 42, numeral 3ero.
Aseguró que en el Senado no existirá ningún problema para que esa pieza legislativa sea aprobada.
Tras la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que modificaría el Código Penal, en la Cámara de Diputados, los manifestantes a favor y los otros en contra de la despenalización del aborto abandonaron la vigilia que mantuvieron desde el inicio de la lectura de la pieza legislativa. Tampoco está el campamento que habían instalado los activistas a favor de las tres causas que permitirían la interrupción del embarazo. Asimismo, los representantes de las coaliciones que se autodenominan provida y que rechazan que se apruebe una iniciativa legislativa para permitir las tres eximentes para que el aborto no sea punible, no acudieron este jueves a protestar frente al Congreso Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.