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aprobación en Cámara de Diputados Código Penal provoca reacciones.
SANTO DOMINGO. Continúan las opiniones en contra y a favor de la aprobación en primera lectura del Código Penal en la Cámara de Diputados sin las tres causales.
Para Patricia Santana Nina, abogada constitucionalista y activista del movimiento a favor de las tres causales, la eximente aprobada ayer en la Cámara de Diputados, en una primera lectura en el proyecto de Ley del Código Penal, tiene como fin confundir a la ciudadanía, pues no es una causal y deja en manos del criterio médico en qué momento y circunstancias se podría interrumpir el embarazo.
La profesional del derecho aclaró que lo aprobado es un estado de necesidad y no una de las tres causales que están demandando para permitir que sea la mujer quien decida si puede interrumpir o no su embarazo ante un riesgo grave a su propia vida.
“Hay una gran diferencia entre lo que se aprobó ayer en primera lectura y lo que propone el movimiento. El estado de necesidad es un instrumento utilizado como medio de defensa por la teoría del delito en derecho penal. Eso no es una nueva causal”, expresa.
Agregó que considera: “Eso no soluciona la problemática, esa es la valoración que puedo dar. Eso no soluciona el problema de las muertes maternas por falta de acceso a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas, frente a estas tres circunstancias excepcionales y tan terribles que pueden enfrentar”.
Se refiere a cuando su vida está en riesgo, a cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida, a cuando es producto de una violación o de un incesto.
Recordó que ya la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) interpretó el concepto del derecho a la vida desde la concepción y planteó que los estados miembros deben crear mecanismos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las féminas. También, esa corte ha manifestado que “no es razonable ni proporcional proteger la vida de un embrión sobre la de la mujer, hasta ese punto fue resuelto por la Corte”.
Santana Nina también aseguró que aprobar esas tres causales que se exigen no sería inconstitucional porque “el derecho a la vida también es un derecho del que están revestidas las mujeres y las niñas”.
La abogada constitucionalista Patricia Santana Nina considera que existe un miedo entre los congresistas de que su voto a favor de las causales tenga un costo político para un sector religioso.
También, lamentó que muchos legisladores voten anteponiendo sus creencias personales sobre su obligación de legislar, cumpliendo con la Constitución, lo que a su entender es un error.
Al ser cuestionado al respecto, el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats afirmó que lo aprobado ayer “es puro y duro inútil derecho penal simbólico” porque nadie nunca ha sido perseguido ni condenado hasta la fecha por realizar abortos.
Para él con esa eximente aprobada en el Código Penal se sacaría a “duras penas” a la República Dominicana de la “cortísima lista negra” de países que tienen prohibido totalmente el aborto.
El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aclaró que lo aprobado el miércoles en la cámara baja, en el proyecto de ley que reformaría el Código Penal está contenido en la Constitución en el artículo 42, numeral 3ero.
Aseguró que en el Senado no existirá ningún problema para que esa pieza legislativa sea aprobada.
Tras la aprobación en primera lectura del proyecto de ley que modificaría el Código Penal, en la Cámara de Diputados, los manifestantes a favor y los otros en contra de la despenalización del aborto abandonaron la vigilia que mantuvieron desde el inicio de la lectura de la pieza legislativa. Tampoco está el campamento que habían instalado los activistas a favor de las tres causas que permitirían la interrupción del embarazo. Asimismo, los representantes de las coaliciones que se autodenominan provida y que rechazan que se apruebe una iniciativa legislativa para permitir las tres eximentes para que el aborto no sea punible, no acudieron este jueves a protestar frente al Congreso Nacional.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.