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La extradición de expresidentes y otros funcionarios vinculados al crimen organizado sólo es válida para algunos países.
Por Elba García
Se desmonta totalmente la teoría de que los Estados Unidos a través de sus embajadas ponía y quitaba gobiernos de los países latinoamericanos, cuyo último episodio en esta materia son las elecciones generales celebradas en Paraguay y donde salió triunfante frente a una coalición de oposición liderada por el abogado Efraín Alegre el que la gente percibe como un secretario o subalterno del pasado presidente Horacio Cartes, acusado por la potencia del norte de promover el lavado de activos y el terrorismo internacional
En las elecciones generales de este domingo 30 de abril en El Paraguay ha sido escogido como presidente de la República, el economista Santiago Peña, quien es contrario al actual presidente de la República Mario Addo Benítez, cuya corriente es muy cuestionada a lo interno del Partido Colorado y de toda la sociedad, fundado por el Alfredo Stroessner, dictador que gobernó ese país por varias décadas.
Expresidente, Horacio Cartes.
El escenario paraguayo sirve muy bien para medir hasta dónde la imposición de gobiernos por parte de los Estados Unidos es un asunto del pasado, porque a pesar de que el triunfador de las elecciones en el país suramericano responde a una corriente ultra conservadora, de una derecha, podría decirse, radical, el mismo tiene como su principal desafío responder ante el Departamento de Justicia de Washington los cuestionamientos a su padrino político como lo es el expresidente Horacio Cartes.
Pero el Paraguay tal vez no es el mejor ejemplo de la pérdida de ese poder aplicado por los Estados Unidos en una zona donde tiene tanta influencia como es Latinoamérica, lo cual es medible con lo ocurrido en otras naciones del hemisferio como Chile, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Argentina, Venezuela y el propio Perú, donde han ganado elecciones candidatos con posiciones opuestas a las de la potencia del norte.
Santiago Peña, presidente electo de Paraguay
Sin embargo, lo que nadie puede poner en duda es que la potencia del norte cuenta con una herramienta que le permite hacer o por lo menos aplicar justicia en los casos de presidentes y expresidentes supuestamente involucrados en negocios del bajo mundo y de la corrupción administrativa, cuyo último caso en esta materia fue la extradición desde El Salvador hacia su país del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien permanece en prisión en una cárcel de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
En los actuales momentos el Paraguay debe verse en ese espejo y este parece ser el principal reto del electo presidente de esa nación, ya que el padrino político del elegido Santiago Peña es acusado de forma frontal por la embajada y directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuestamente estar involucrado en lavado de activos y terrorismo internacional.
Danilo Medina y Leonel Fernández, Ex-presidentes de República Dominicana
Lo que no se entiende por qué este mecanismo de persecución de la corrupción por parte de los Estados Unidos no ha sido utilizado en el caso de un país como la República Dominicana, donde se cree que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández han estado vinculados, aunque no se ha determinado a qué nivel, con lavado de activos y con recibir contribuciones económicas del bajo mundo.
En el caso de Horacio Cartes son pocos los que ponen en tela de juicio la posibilidad de que el Gobierno de los Estados Unidos solicite su extradición, así como del actual vicepresidente, Hugo Velázquez, ya que el gobierno de la nación más poderosa del mundo no pudo influir como lo hacía antes para que la gente rechazara la propuesta electoral patrocinada por alguien que está bajo la lupa de las autoridades norteamericanas por sus andanzas en el entorno de la ilegalidad nacional e internacional.
Actual presidente del Paraguay, Mario Addo Benítez,
Pero se debe reiterar la pregunta de cuál es la razón para que los Estados Unidos sea mucho más duro con algunos y lo que podría explicar que expresidentes dominicanos no hayan corrido la misma suerte que otros mandatarios latinoamericanos que guardan prisión en cárceles de los Estados Unidos.
Han sido muchos los exfuncionarios, por ejemplo, despojados de sus visados por sus acciones al margen de la ley, pero todavía no existe el precedente de solicitar en extradición a un expresidente dominicano de los que amplios sectores de la vida nacional señalan tener vínculos con el narcotráfico y con el bajo mundo transnacional.
Hugo Velázquez, Vicepresidente de Paraguay
El caso paraguayo representa un capitulo interesante en lo referente a expresidentes que se han prestado a todo tipo de maniobras ilegales para acumular fortunas o promover esas acciones al margen de la ley en favor de personajes de su entorno o anillo político.
La República Dominicana ha sacado a la superficie los más escandalosos y grandes actos de corrupción, sino de todo el mundo, por lo menos del hemisferio, pero las consecuencias no son tan severas como las que se han producido en otras naciones.
Para solo citar un caso, el país no ha podido condenar un solo funcionario por los actos de corrupción en contra del Estado dominicano de la multinacional de la construcción Odebrecht, pese a que son numerosos los exlegisladores y candidatos con intenciones hasta de dirigir la nación que tienen responsabilidad en esos hechos.
El caso de los Super Tucanos representa otro ejemplo de la benignidad de las autoridades de los Estados Unidos con la República Dominicana, porque a pesar de que este proceso lleva años y cuyas pruebas donde primero fueron presentadas fue en los Estados Unidos, no hay nadie condenado y mucho menos ha habido alguna investigación en contra de un expresidente y ahora nueva vez aspirante presidencial y que todavía juega un papel importante en el escenario político nacional.
Ese acto corrupción fue detectado en los Estados Unidos, pero no ha habido la posibilidad de que varios de los responsables hayan sido extraditados desde la República Dominicana, porque pruebas han existido de más.
Los casos de corrupción abundan, como lo revelado en el escándalo denominado Calamar, en el que se habla de la sustracción mediante la falsificación de documentos, coalición de funcionarios y la asociación de malhechores de alrededor de 19 mil millones de pesos, pero el mismo se torna más complejo y delicado con la denuncia hecha por el abogado Angel Lockuard de que donó a la campaña del presidente Luis Abinader la suma de cuatrocientos millones de pesos y el mandatario todavía no ha dicho esta boca mía sobre el tema, ya sea para afirmar o negar la versión del imputado.
En la República Dominicana todo parece indicar que los expresidentes, los pasados y actuales funcionarios y los políticos en general se han librado de ser perseguidos para ser juzgados por tribunales de los Estados Unidos, lo cual los coloca en una posición privilegiada frente a los de otros países en los que la potencia del norte trata sin ningún tipo de consideración.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.