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La extradición de expresidentes y otros funcionarios vinculados al crimen organizado sólo es válida para algunos países.
Por Elba García
Se desmonta totalmente la teoría de que los Estados Unidos a través de sus embajadas ponía y quitaba gobiernos de los países latinoamericanos, cuyo último episodio en esta materia son las elecciones generales celebradas en Paraguay y donde salió triunfante frente a una coalición de oposición liderada por el abogado Efraín Alegre el que la gente percibe como un secretario o subalterno del pasado presidente Horacio Cartes, acusado por la potencia del norte de promover el lavado de activos y el terrorismo internacional
En las elecciones generales de este domingo 30 de abril en El Paraguay ha sido escogido como presidente de la República, el economista Santiago Peña, quien es contrario al actual presidente de la República Mario Addo Benítez, cuya corriente es muy cuestionada a lo interno del Partido Colorado y de toda la sociedad, fundado por el Alfredo Stroessner, dictador que gobernó ese país por varias décadas.
Expresidente, Horacio Cartes.
El escenario paraguayo sirve muy bien para medir hasta dónde la imposición de gobiernos por parte de los Estados Unidos es un asunto del pasado, porque a pesar de que el triunfador de las elecciones en el país suramericano responde a una corriente ultra conservadora, de una derecha, podría decirse, radical, el mismo tiene como su principal desafío responder ante el Departamento de Justicia de Washington los cuestionamientos a su padrino político como lo es el expresidente Horacio Cartes.
Pero el Paraguay tal vez no es el mejor ejemplo de la pérdida de ese poder aplicado por los Estados Unidos en una zona donde tiene tanta influencia como es Latinoamérica, lo cual es medible con lo ocurrido en otras naciones del hemisferio como Chile, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, Argentina, Venezuela y el propio Perú, donde han ganado elecciones candidatos con posiciones opuestas a las de la potencia del norte.
Santiago Peña, presidente electo de Paraguay
Sin embargo, lo que nadie puede poner en duda es que la potencia del norte cuenta con una herramienta que le permite hacer o por lo menos aplicar justicia en los casos de presidentes y expresidentes supuestamente involucrados en negocios del bajo mundo y de la corrupción administrativa, cuyo último caso en esta materia fue la extradición desde El Salvador hacia su país del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien permanece en prisión en una cárcel de los Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
En los actuales momentos el Paraguay debe verse en ese espejo y este parece ser el principal reto del electo presidente de esa nación, ya que el padrino político del elegido Santiago Peña es acusado de forma frontal por la embajada y directamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por supuestamente estar involucrado en lavado de activos y terrorismo internacional.
Danilo Medina y Leonel Fernández, Ex-presidentes de República Dominicana
Lo que no se entiende por qué este mecanismo de persecución de la corrupción por parte de los Estados Unidos no ha sido utilizado en el caso de un país como la República Dominicana, donde se cree que los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández han estado vinculados, aunque no se ha determinado a qué nivel, con lavado de activos y con recibir contribuciones económicas del bajo mundo.
En el caso de Horacio Cartes son pocos los que ponen en tela de juicio la posibilidad de que el Gobierno de los Estados Unidos solicite su extradición, así como del actual vicepresidente, Hugo Velázquez, ya que el gobierno de la nación más poderosa del mundo no pudo influir como lo hacía antes para que la gente rechazara la propuesta electoral patrocinada por alguien que está bajo la lupa de las autoridades norteamericanas por sus andanzas en el entorno de la ilegalidad nacional e internacional.
Actual presidente del Paraguay, Mario Addo Benítez,
Pero se debe reiterar la pregunta de cuál es la razón para que los Estados Unidos sea mucho más duro con algunos y lo que podría explicar que expresidentes dominicanos no hayan corrido la misma suerte que otros mandatarios latinoamericanos que guardan prisión en cárceles de los Estados Unidos.
Han sido muchos los exfuncionarios, por ejemplo, despojados de sus visados por sus acciones al margen de la ley, pero todavía no existe el precedente de solicitar en extradición a un expresidente dominicano de los que amplios sectores de la vida nacional señalan tener vínculos con el narcotráfico y con el bajo mundo transnacional.
Hugo Velázquez, Vicepresidente de Paraguay
El caso paraguayo representa un capitulo interesante en lo referente a expresidentes que se han prestado a todo tipo de maniobras ilegales para acumular fortunas o promover esas acciones al margen de la ley en favor de personajes de su entorno o anillo político.
La República Dominicana ha sacado a la superficie los más escandalosos y grandes actos de corrupción, sino de todo el mundo, por lo menos del hemisferio, pero las consecuencias no son tan severas como las que se han producido en otras naciones.
Para solo citar un caso, el país no ha podido condenar un solo funcionario por los actos de corrupción en contra del Estado dominicano de la multinacional de la construcción Odebrecht, pese a que son numerosos los exlegisladores y candidatos con intenciones hasta de dirigir la nación que tienen responsabilidad en esos hechos.
El caso de los Super Tucanos representa otro ejemplo de la benignidad de las autoridades de los Estados Unidos con la República Dominicana, porque a pesar de que este proceso lleva años y cuyas pruebas donde primero fueron presentadas fue en los Estados Unidos, no hay nadie condenado y mucho menos ha habido alguna investigación en contra de un expresidente y ahora nueva vez aspirante presidencial y que todavía juega un papel importante en el escenario político nacional.
Ese acto corrupción fue detectado en los Estados Unidos, pero no ha habido la posibilidad de que varios de los responsables hayan sido extraditados desde la República Dominicana, porque pruebas han existido de más.
Los casos de corrupción abundan, como lo revelado en el escándalo denominado Calamar, en el que se habla de la sustracción mediante la falsificación de documentos, coalición de funcionarios y la asociación de malhechores de alrededor de 19 mil millones de pesos, pero el mismo se torna más complejo y delicado con la denuncia hecha por el abogado Angel Lockuard de que donó a la campaña del presidente Luis Abinader la suma de cuatrocientos millones de pesos y el mandatario todavía no ha dicho esta boca mía sobre el tema, ya sea para afirmar o negar la versión del imputado.
En la República Dominicana todo parece indicar que los expresidentes, los pasados y actuales funcionarios y los políticos en general se han librado de ser perseguidos para ser juzgados por tribunales de los Estados Unidos, lo cual los coloca en una posición privilegiada frente a los de otros países en los que la potencia del norte trata sin ningún tipo de consideración.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.
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El “talón de Aquiles” del TC es la revisión de acciones de amparo, vía para reponer derechos fundamentales.
Por Elba García
El Tribunal Constitucional decide con celeridad algunos casos que, si bien envían el mensaje de una cierta fortaleza del Estado de Derecho, hay otros que son manejados mediante lo que se conoce como denegación de justicia.
Es evidente que todos aquellos procesos que tienen una mayor importancia política, el TC los falla en un tiempo relativamente corto, mientras que los recursos de revisión de las acciones de amparo de extrema urgencia duermen el sueño eterno sin que se determine claramente la razón de ello.
Resulta inconcebible que un recurso de revisión de una acción de amparo sea fallado por el Tribunal Constitucional hasta dos años después de haber sido sometido en violación de su propia legalidad, cuya Ley 137-11 habla de 30 días para que se produzca una decisión, pero, además, es como que, si se tratara de la violación del principio de igualdad, el cual ha sido el más trabajado por la referida alta corte.
El criterio con que el TC maneja estos casos deja la impresión de que sus decisiones son retrasadas cuando se trata de examinar jurídicamente la conducta de los partidos políticos, cuyas sentencias no surten el efecto esperado.
No se sabe con claridad cuál es el criterio que la Presidencia del Tribunal Constitucional aplica en los casos que son depositados en su secretaria, pero se entiende que el lugar de mayor preponderancia debía tenerla la revisión de los recursos de amparo porque son asuntos que se refieren a los derechos fundamentales, los cuales son sumarios y se caracterizan por la celeridad.
El tema parece ser una de las principales razones para que mucha gente entienda que el TC tiene la tendencia a no priorizar aquellos casos que tienen que ver con los derechos fundamentales, sobre todo cuando están involucrados los partidos políticos.
La explicación que muchos ciudadanos ven es que los obstáculos para conocer los recursos de revisión de las acciones de amparo electorales provienen de que los partidos políticos juegan un papel fundamental para que se tome una decisión al respecto porque son los que controlan el Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que tiene la responsabilidad de escoger a los jueces, incluidos a los del Tribunal Constitucional.
Y ciertamente no parece haber otra razón para que el TC viole en estos casos el articulo 102 de su propia ley orgánica, la 137-11, que manda que los recursos de revisión de amparo sean fallados en un plazo de 30 días.
El Tribunal Constitucional con la facultad que le otorga la Constitución de la Republica y su ley orgánica, la 137-11, debía cuidar su imagen para que no se contamine como ocurre con todo el sistema de justicia, el Congreso Nacional y el propio Poder Ejecutivo.
El desbalance temporal que se observa en el conocimiento de casos que no tienen la misma prioridad que la violación de un derecho fundamental, que generalmente es planteado a través de una acción de amparo, causa preocupación de que el TC caiga en la misma deficiencia que se observa en prácticamente todo el sistema de justicia dominicano.
En los últimos días se ha observado que el Tribunal Constitucional le da prioridad a la acción directa de inconstitucionalidad frente a los recursos de amparo, pese que éste último trata cuestiones que tienen mayor urgencia.
En los actuales momentos hay recursos de revisión de acciones de amparo que tienen depositados en el TC hasta dos años y que no han sido fallados, lo cual pone en tela de juicio en el principal tribunal del país el principio que dice que sentencias tardías es denegación de justicia.
El problema con relación a los recursos de revisión de las acciones de amparo puede ser una causa para el sometimiento de los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual puede derivar en comprometer civil y penalmente al Estado dominicano.
Pese a que juristas y otros doctrinarios del país no conciben lo ocurrido con el TC en lo que respecta a los recursos de revisión de las acciones de amparo falladas por jurisdicciones especializadas, como el Tribunal Superior Electoral, lo cierto es que parece que todavía pesa mucho la escogencia de los primeros jueces de la alta corte a través del llamado pacto de las corbatas azules.
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Basura y dinero tratados con el mismo criterio en alcaldía de Santiago, cuya carta de presentación es el dispendio.
Son preocupantes las sumas que supuestamente ha invertido la alcaldía de Santiago en recogida de basura, cuyo monto alcanza los tres mil cincuenta y dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con dos centavos (3,052,144,930.72) para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, según lo ha denunciado un regidor de la oposición.
Sólo en el mes de septiembre del corriente año hubo una licitación con la autorización y firmada por la directora financiera del cabildo, Rosa Morel, por la astronómica suma de dos mil millones cuatrocientos cuarenta y un millones quinientos quince mil doscientos sesenta y cinco pesos (2,441,515,00, lo cual revela las peligrosas andanzas del alcalde Ulises Rodríguez.
El dinero destinado sólo en el mes de octubre del 2024 para los fines indicados, según lo establece la ejecución de ingresos y fuentes de financiamiento correspondientes al referido periodo, llega a los doscientos noventa y siete millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y ocho pesos con sesenta y dos pesos (297,688,538.72.
Pero los gastos excesivos no se paran ahí, sino que en el mes de noviembre se dispuso de la suma de trescientos doce millones novecientos diecisiete pesos (312,941,117 pesos, lo cual advierte que, con la política de compromisos asumidos por el ayuntamiento de Santiago para el pesaje, control y de mantenimiento de las instalaciones y gestión interna de la disposición final de los residuos sólidos en el ecoparque de Rafey Santiago, lleva a una quiebra segura a la ciudad.
El periódico Listín Diario en una investigación realizada al respecto pudo comprobar que los montos establecidos en documentos consultados alcanzan un total de DOP$3,052,144,930.72 (Tres mil cincuenta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos con setenta y dos centavos), destinados por los trabajos concernientes a la recolección y disposición de los desechos sólidos del municipio en los últimos tres meses del año.
Las alertas al respecto han sido dadas, mientras el municipio de Santiago camina hacia una situación financiera insostenible, todo como resultado de la improvisación y la incapacidad que caracteriza a los funcionarios de la actual administración, encabezada por Ulises Rodríguez.
Además, está sobre la mesa que la mayoría de los contratos de las compañías recolectoras de basura están vencidos, pero que se les paga normalmente. La pregunta que está en el aire y que se espera que alguien pueda responder es por qué los acuerdos de recogida de basura han subido a casi mil millones de pesos, sin que haya una reacción de los regidores del cabildo de Santiago.
Históricamente el ayuntamiento ha sido una fuente de empleos parasitarios utilizados por el partido político en el poder para satisfacer las aspiraciones que se crean a través del llamado clientelismo político, pero además de promover un nivel de corrupción que se expresa a través del principal problema de la ciudad como es la recogida de basura.
Sin embargo, lo que ocurre en la actualidad con la recogida de basura parece ser el nivel más alto de corrupción por parte del actual incumbente, Ulises Rodríguez, lo cual se veía venir por tratarse de un funcionario con una conducta que deja mucho que desear.