Editorial
La falta de Credibilidad de la Autoridad Pública Mete en el Mismo Saco a Buenos y Malos.
Lo que ha pasado con la fiscal de Villa Vásquez permite que se arroje dudas sobre las acciones de la autoridad y mete en el mismo saco a buenos y malos.
En la ola de repudio a un Ministerio Público profundamente corrompido y lo mismo que de una Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que abre el camino para que se juzgue por igual a mansos y cimarrones.
Ahora no sólo serán favorecidos los que ciertamente han sido víctimas de los actos delincuenciales de la fiscal y de la Policía, sino también de aquellos que ciertamente tienen vocación para lo mal hecho.
La situación es tal que aún los que ciertamente son apresados con drogas se aprovechan de la mala fama de la autoridad competente para perseguir el crimen y el delito.
Los efectos de esas acciones ilegales, que vale decir, como lo expresamos ayer, que el fenómeno no es exclusivo de Villa Vásquez, sino de todos y cada uno de los pueblos que conforman la geografia nacional.
Los malos se benefician de los que van al Estado a delinquir como la fiscal y la Policía que actuaron en el caso que nos ocupa y que parece que estuvo dirigido en contra de personas inocentes.
Son muchos los que a partir de ahora lanzarán dudas cuando sean apresados por estar ciertamente vinculados a la venta de drogas.
La realidad es que de por sí hay mucha tolerancia contra aquellos que se dedican a actividades ilegales, observándose hasta una cierta complicidad de la autoridad con la delincuencia.
No hay dudas de que son miles los casos en que el comportamiento del Ministerio Público y la Policía es de total inobservancia de lo que manda la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El problema es tan complejo que a nivel jurisdiccional también se observa mucha indulgencia con el que comete un delito o un crimen.
La no existencia de un régimen de consecuencia para el delincuente no puede dar pie a que se persiga al inocente, lo que provoca la ruptura definitiva del estado de derecho.
Por esta razón la falta de credibilidad de la de los mecanismos creados por Estado para evitar que la sociedad viva en medio de un total caos, nos traslada, sin dudas, a la época de la edad de piedra.
Es una amenaza o una realidad que nos coloca como país al margen de la civilización y nos ubica, más bien, en la época del salvajismo, donde prevalecía la expresión de ojo por ojo y diente por diente.
El daño de la fiscal de Villa Vásquez hay que verlo más allá de las fronteras de su jurisdicción, para entonces analizarlo desde una perspectiva más general que involucra a buenos y malos.
Ahora existe la suspicacia de la prevaricación aún con aquellos delincuentes que guardan en su entorno, ya sea en su casa o cualquier espacio que esté bajo su control, sustancias ilegales y que se apoyan en la falta de credibilidad de la autoridad competente para alegar que han sido víctimas de la deshonestidad y mala imagen que hoy afecta al Ministerio Público y a su auxiliar la Policía Nacional.
El caso de Villa Vásquez ha reburujado a mansos y cimarrones y ha puesto sobre el tapete la expresión de “sálvese quien pueda”
Se trata de la salida a la superficie de una pequeña porción de pus de un cuerpo que ya está totalmente podrido.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.