Editorial
La falta de Credibilidad de la Autoridad Pública Mete en el Mismo Saco a Buenos y Malos.
Lo que ha pasado con la fiscal de Villa Vásquez permite que se arroje dudas sobre las acciones de la autoridad y mete en el mismo saco a buenos y malos.
En la ola de repudio a un Ministerio Público profundamente corrompido y lo mismo que de una Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que abre el camino para que se juzgue por igual a mansos y cimarrones.
Ahora no sólo serán favorecidos los que ciertamente han sido víctimas de los actos delincuenciales de la fiscal y de la Policía, sino también de aquellos que ciertamente tienen vocación para lo mal hecho.
La situación es tal que aún los que ciertamente son apresados con drogas se aprovechan de la mala fama de la autoridad competente para perseguir el crimen y el delito.
Los efectos de esas acciones ilegales, que vale decir, como lo expresamos ayer, que el fenómeno no es exclusivo de Villa Vásquez, sino de todos y cada uno de los pueblos que conforman la geografia nacional.
Los malos se benefician de los que van al Estado a delinquir como la fiscal y la Policía que actuaron en el caso que nos ocupa y que parece que estuvo dirigido en contra de personas inocentes.
Son muchos los que a partir de ahora lanzarán dudas cuando sean apresados por estar ciertamente vinculados a la venta de drogas.
La realidad es que de por sí hay mucha tolerancia contra aquellos que se dedican a actividades ilegales, observándose hasta una cierta complicidad de la autoridad con la delincuencia.
No hay dudas de que son miles los casos en que el comportamiento del Ministerio Público y la Policía es de total inobservancia de lo que manda la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El problema es tan complejo que a nivel jurisdiccional también se observa mucha indulgencia con el que comete un delito o un crimen.
La no existencia de un régimen de consecuencia para el delincuente no puede dar pie a que se persiga al inocente, lo que provoca la ruptura definitiva del estado de derecho.
Por esta razón la falta de credibilidad de la de los mecanismos creados por Estado para evitar que la sociedad viva en medio de un total caos, nos traslada, sin dudas, a la época de la edad de piedra.
Es una amenaza o una realidad que nos coloca como país al margen de la civilización y nos ubica, más bien, en la época del salvajismo, donde prevalecía la expresión de ojo por ojo y diente por diente.
El daño de la fiscal de Villa Vásquez hay que verlo más allá de las fronteras de su jurisdicción, para entonces analizarlo desde una perspectiva más general que involucra a buenos y malos.
Ahora existe la suspicacia de la prevaricación aún con aquellos delincuentes que guardan en su entorno, ya sea en su casa o cualquier espacio que esté bajo su control, sustancias ilegales y que se apoyan en la falta de credibilidad de la autoridad competente para alegar que han sido víctimas de la deshonestidad y mala imagen que hoy afecta al Ministerio Público y a su auxiliar la Policía Nacional.
El caso de Villa Vásquez ha reburujado a mansos y cimarrones y ha puesto sobre el tapete la expresión de “sálvese quien pueda”
Se trata de la salida a la superficie de una pequeña porción de pus de un cuerpo que ya está totalmente podrido.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.