Análisis Noticiosos
La falta de vacunas en África, un retraso de consecuencias devastadoras
El acaparamiento de dosis por los países ricos y la debilidad de sus sistemas de salud provoca que el continente más pobre, donde golpea ahora la tercera ola, apenas haya inmunizado al 0,6% de su población
Un vecino de Pretoria (Sudáfrica) se queja en la emisora Radio Power del ritmo de inmunización en África. “Es una vergüenza. Primero lo que tardaron en vacunar al personal médico, luego la lentitud con los mayores de 60 años y, ahora, con la vuelta presencial a la escuela tras las vacaciones, aún no han empezado con los profesores”, critica. Sudáfrica es el país más rico de África y solo un 0,8% de su población está inmunizada, una muestra de lo que ocurre en todo el continente, que enfrenta la tercera ola de la pandemia.
El director de los Centros de Control de Enfermedades en África, John Nkengansong, aseguraba esta semana a los medios: “Es extremadamente preocupante y en ocasiones frustrante”. Las cifras confirman sus palabras. Con un incremento de un 13% de los casos en el último mes en todo el continente, hay países como la República Democrática del Congo, Uganda o la propia Sudáfrica, donde la pandemia sigue disparada. En al menos 13 países, entre ellos Kenia, o Nigeria, se ha detectado la variante delta (la india) y el temor a un brote explosivo va en aumento. En este contexto, mientras en Europa y Estados Unidos las tasas de vacunación superan con creces el 20%, en África ronda el 0,6%, con menos de 10 millones de personas que han sido inmunizadas.
Célestin Traoré, responsable de vacunación de Unicef para África occidental y central, apunta al acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos como parte del problema. “Hay una escasez en el mundo y los países en desarrollo, como los africanos, no cuentan con la financiación suficiente para adquirirlas”, asegura. Otro desafío es la debilidad de los sistemas de salud que no disponen de suficientes frigoríficos, energía eléctrica, protocolos adaptados o formación para sus campañas. “A ello hay que sumar los graves problemas de inseguridad a los que se enfrentan numerosos países, sobre todo en el Sahel, donde hay 5,4 millones de personas desplazadas por la violencia”, añade el doctor Traoré.
El respetado epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim pone cifras al desequilibrio. “Somos 7.500 millones de personas en el mundo y hay 1.800 millones de vacunas. Esto significa que una de cada cinco personas tiene acceso a las mismas, mientras que la realidad en África es que tenemos una para cada 50 personas. Es una desigualdad tremenda e injusta”. En Chad comenzaron a vacunar el pasado 4 de junio, seis meses después de que comenzara la inmunización en Europa, y en Tanzania, Eritrea o Burundi no se ha administrado ni una sola dosis.
Para tratar de reducir la brecha de vacunación entre los países ricos y los países en desarrollo surgió Covax, una iniciativa público-privada impulsada desde los comienzos de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las Vacunas Gavi, Unicef y otros organismos internacionales, que se ha marcado como objetivo que el 20% de la población de las naciones con menos recursos esté vacunada a finales del presente año. Todos los países africanos se sumaron a este proyecto. Sin embargo, a la escasez mundial de dosis agravada por la compra abusiva de los países desarrollados se ha añadido otro inconveniente: 190 millones de vacunas comprometidas por el Instituto Serum de la India para Covax tuvieron que destinarse a su propia población ante la explosión de casos en este país.
“Aún podemos conseguirlo, pero el escenario es incierto”, asegura Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de Unicef-España. Buena parte del futuro de Covax y, por tanto, de una vacunación más justa en el mundo, se juega en la cumbre del G-7 de este fin de semana en Cornualles. “Las promesas de estos países de compartir una parte de sus vacunas es fundamental para responder a este inquietante desequilibrio”, remacha Traoré, “pero es crucial actuar con rapidez y que otros países les sigan”. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el pasado jueves que donaría 500 millones de dosis para los países más pobres, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que su Gobierno cedería otros 100 millones con el objetivo de que el total de la donación procedente del G-7 alcanzara los 1.000 millones.
Estas decisiones están “en el lado correcto de la historia”, según Nkengansong, pero para Amnistía Internacional se trata de “una gota en el océano”, aseguró su secretaria general, Agnès Callamard, a través de un comunicado. Según sus cálculos y de mantenerse el ritmo actual, los países pobres no vacunarán a su población hasta 2078.
Por su parte, la OMS estima que solo siete países africanos van a alcanzar el 10% de su población vacunada en septiembre, muy lejos de la inmunidad de grupo deseada, y que hacen falta al menos 225 millones de dosis más a corto plazo. La directora en África de este organismo, Matshidiso Moeti, reveló esta semana en conferencia de prensa que “es una cuestión de vida o muerte. Los países que puedan, deben compartir sus vacunas. A medida que nos acercamos a los cinco millones de casos en África y empieza una tercera ola, muchas de las personas más vulnerables siguen peligrosamente expuestas a la covid-19”.
Jo Barnes, del Departamento de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad Stellenbosh en Ciudad del Cabo, explica que a la falta de dosis, se suman los problemas de logística. “Sudáfrica tiene un número elevado de indigentes y muchos viven en zonas rurales e inaccesibles. Incluso en las ciudades y pueblos hay suburbios informales con población variante a la que es difícil alcanzar. También hay personas pobres sin acceso a un móvil para registrarse en la base de datos para vacunarse”, señala.
Pero África es muy grande y en ella conviven diferentes realidades. A la sombra de un árbol en el patio principal del centro de salud Gaspard Cámara de Dakar, la capital de Senegal, medio centenar de personas, casi todos de edad avanzada, aguardan con paciencia su turno para vacunarse. Para la mayoría de ellos es su segunda dosis. “Estoy impaciente”, apunta Ndeye Balde, “se cuentan muchas historias sobre las vacunas, pero yo no estaré tranquila hasta que me la ponga. La gente dice muchas tonterías”, asegura. No hay tramos de edad ni es necesario pedir cita: basta con presentarse y pinchazo al canto. “¿AstraZeneca o la china?”, pregunta la enfermera.
Hasta Senegal han llegado 1,1 millones de dosis y se ha administrado casi la mitad. Pero es Marruecos quien lidera las estadísticas de vacunación, con el 99% de sus 15,4 millones de vacunas ya inyectadas. Casi 7 millones están totalmente inmunizados. Fruto de este intenso trabajo, el primer ministro marroquí, Saadín el Otmani, aseguraba este viernes que la situación epidemiológica “está bajo control” y añadió que se ha evitado lo peor. No se puede decir lo mismo del resto del continente. En África central, por ejemplo, los casos aumentaron un 116% en el último mes.
Las consecuencias del enorme retraso en la vacunación pueden ser devastadoras para África. Según Traoré, “la exacerbación del impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia y que la normalización del funcionamiento de ciertos servicios llegue más tarde. Esto va a afectar a la sanidad, donde la inmunización de rutina se ha visto perturbada o incluso interrumpida, pero también a la educación, donde más de 128 millones de niños solo en África occidental y central se han quedado sin clases o han tenido problemas para continuar con sus estudios. Por no hablar de la pérdida de ingresos y la caída del estado nutricional de los menores”. Y también de sus familias. “Si el virus se sigue propagando, más duro será este impacto a largo plazo”.
Dejar atrás a África no es solo un problema moral, como ha repetido decenas de veces el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sino un riesgo para el mundo. Coincide con él el epidemiólogo Salim Abdool Karim: “Me gusta pensar que hay una conciencia de que si no controlamos la expansión del virus de forma global y se vacuna solo a Europa, nos encontraremos en una situación en la que la expansión desenfrenada del virus en ciertas partes del mundo llevará a nuevas variantes, y estas se convertirán en un desafío para las vacunas. En realidad, aunque sea por propio interés, hay que dar más vacunas a África”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.
Análisis Noticiosos
Campañas Sucias, Posverdad y Redes Sociales: El Ataque a la Dignidad en la Era Digital.
Por Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
El presente estudio analiza las principales dobleces a la dignidad humana en los procesos políticos y electorales de la República Dominicana durante el período 2006–2026. Se examina el impacto de las campañas de desinformación, la posverdad y el uso de redes sociales como mecanismos de manipulación política, así como la vulneración del derecho al honor, la intimidad y la protección de los datos personales. Asimismo, se aborda la violencia política de género como una manifestación de discriminación que limita la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación política. El trabajo también evalúa el papel desempeñado por la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales mediante la aplicación de la Constitución y la legislación electoral vigente. Se concluye que, aunque el país ha fortalecido su marco jurídico e institucional para garantizar procesos electorales más democráticos, persisten prácticas estructurales como el clientelismo, el uso indebido de recursos públicos, la desinformación digital y la desigualdad de género, las cuales continúan afectando la dignidad humana y la calidad de la democracia dominicana.
La erosión de la integridad moral a través de la desinformación y el uso de robots.
El desplazamiento del debate político dominicano hacia las plataformas digitales durante el periodo 2006–2026 ha transformado radicalmente las estrategias de captación del voto, introduciendo severas amenazas a la dignidad personal de los actores políticos. Como señala Jorge Prats (2013), el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen forma parte del núcleo duro de la dignidad humana protegido por el artículo 44 de la Constitución dominicana. Sin embargo, la proliferación de campañas de posverdad y la difusión sistemática de noticias falsas (fake news) han sido utilizadas de manera recurrente para destruir la reputación de los adversarios.
Esta práctica se ha tecnificado mediante el uso de redes de cuentas automatizadas o robots. El objetivo de estas infraestructuras digitales no es debatir propuestas programáticas, sino saturar el espacio público virtual con discursos de odio y difamaciones personalistas. Al desviar la atención desde la competencia de ideas hacia el linchamiento moral del individuo, se violenta la dignidad del candidato quien es despojado de su derecho al debido proceso reputacional y se agrede la dignidad del electorado, al que se intenta manipular mediante el engaño masivo y la distorsión deliberada de la realidad (Espinal, 2018).
La vulneración de la intimidad y los datos privados con fines de chantaje
El entorno electoral de la última década ha evidenciado una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de la vida privada de los ciudadanos y candidatos. En el contexto de la competencia interna y general de los partidos políticos en la República Dominicana, la filtración ilegal de audios, conversaciones privadas, historiales médicos o datos financieros se ha convertido en un arma de coacción política común.
Este fenómeno vulnera directamente la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad. Según los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2020), la recolección no autorizada de datos personales y su posterior exposición pública con fines de chantaje o desacreditación electoral reducen al ser humano a un estado de vulnerabilidad absoluta frente al poder tecnológico de las maquinarias políticas. La dignidad se quiebra cuando el ciudadano o el aspirante a un cargo público pierde el control sobre su esfera íntima, quedando expuesto al escrutinio y al juicio social sumario bajo lógicas estrictamente utilitaristas y electoreras.
Violencia política de género y descalificación moral en el entorno virtual.
Una de las manifestaciones más lesivas de la descalificación en entornos digitales es la violencia política basada en el género, la cual afecta de manera desproporcionada a las mujeres que aspiran a puestos de elección popular. A pesar de los avances normativos en materia de cuotas establecidos en la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos, la cultura patriarcal subyacente se traslada al entorno digital mediante ataques dirigidos específicamente a descalificar a las candidatas por razones de género.
Mientras que los candidatos masculinos suelen ser evaluados o atacados por su gestión o posturas políticas, los ataques hacia las mujeres tienden a centrarse en su apariencia física, su vida familiar, su moral sexual o supuestas incapacidades emocionales (ONU Mujeres, 2023). Esta asimetría en la agresión no solo constituye una violación directa a la dignidad de la mujer como ser humano, sino que opera como un mecanismo de exclusión fáctica. Al menoscabar su autoridad y credibilidad pública mediante estereotipos denigrantes, se limita su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad, perpetuando una brecha democrática que lesiona la estructura ética del sistema electoral.
El Rol Institucional y Jurisprudencial en la Tutela de la Dignidad Humana.
La Junta Central Electoral (JCE) y las tensiones en el control de las garantías básicas.
Durante el periodo 2006–2026, la Junta Central Electoral (JCE) ha transitado por un complejo proceso de reconfiguración institucional, impulsado por la presión ciudadana y las reformas legislativas de las leyes No. 33-18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos políticos y No. 20-23 de Régimen Electoral en la Republica Dominicana. Como órgano de administración electoral de rango constitucional (artículo 212), la JCE tiene la obligación no solo de organizar la logística de los comicios, sino de salvaguardar el orden ético y la equidad que dignifican el voto.
No obstante, la actuación de la JCE ha estado marcada por tensiones estructurales entre su facultad reglamentaria y la resistencia de las cúpulas partidarias. Como señalan Cury y Zaglul (2019), los intentos de la JCE por establecer medidas cautelares contra la campaña a destiempo, el uso indebido de los símbolos del Estado y el desborde de los topes de gastos han chocado frecuentemente con lagunas normativas y una cultura de desacato político. El desafío para la JCE ha radicado en que, cada vez que el órgano electoral posterga o flexibiliza la fiscalización del gasto y la propaganda, se debilita la protección de los derechos de los electores y electoras frente al poder fáctico del dinero, permitiendo prácticas de propaganda invasiva que lesionan el decoro y la dignidad del espacio público (Junta Central Electoral [JCE], 2024).
El Tribunal Superior Electoral (TSE) y la defensa del debido proceso partidario.
La creación del Tribunal Superior Electoral (TSE) en la reforma constitucional de 2010 marcó un hito fundamental para la protección de la dignidad en el ámbito político-partidario dominicano. Antes de su puesta en funcionamiento en 2012, los militantes de base se encontraban en un estado de indefensión jurídica frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de las direcciones ejecutivas de los partidos políticos, las cuales manejaban las candidaturas y los procesos de disciplina de manera discrecional.
A través de una sólida línea jurisprudencial, el TSE ha operado como un escudo de los derechos fundamentales de la militancia. Fundamentando sus decisiones en el principio de que los partidos políticos son instrumentos públicos obligados a respetar la democracia interna (artículo 216 de la Constitución), el tribunal ha anulado asambleas, expulsiones sumarias y encuestas de selección de candidaturas que violaban el debido proceso (Tribunal Superior Electoral [TSE], 2021). De acuerdo con la doctrina de Jorge Prats (2022), esta tutela judicial efectiva dignifica al militante, al reconocerlo como un sujeto de derechos inalienables dentro de su propia organización y no como un subordinado prescindible a merced de los intereses de las élites partidarias.
La erradicación de las prácticas de exclusión mediante sentencias hito.
El diálogo jurisprudencial entre el TSE y el Tribunal Constitucional (TC) ha permitido desmontar mecanismos formales e informales de exclusión que atentaban contra la dignidad intrínseca de los aspirantes. Un ejemplo crítico ha sido la defensa de los derechos políticos de las mujeres frente a los intentos de los partidos de burlar las cuotas de género mediante asignaciones de candidaturas en demarcaciones tradicionalmente perdidas o a través de alianzas Inter partidarias que diluían su participación.
Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Superior Electoral (TSE) fijaron el criterio vinculante de que la cuota de género establecida entre el 40% y el 60% por la Ley No. 33-18 debe aplicarse por cada demarcación territorial y no a nivel nacional, evitando que las mujeres fueran confinadas a puestos marginales (Tribunal Constitucional TC/0104/20. Estas decisiones judiciales demuestran que la dignidad en los procesos políticos dominicanos no es un concepto pasivo; requiere una intervención jurisdiccional activa para nivelar el terreno de juego, garantizando que el acceso al poder del Estado se fundamente en la justicia distributiva, la equidad de género y la idoneidad moral de las personas.
Conclusiones.
El análisis evidencia que la dignidad humana constituye el eje transversal que debe orientar el funcionamiento del sistema político-electoral dominicano. Si bien las reformas constitucionales, la aprobación de las Leyes núm. 33-18 y 20-23, y la consolidación de la jurisprudencia del Tribunal Superior Electoral y del Tribunal Constitucional han fortalecido la protección de los derechos fundamentales, aún subsisten prácticas que comprometen la integridad del proceso democrático. El clientelismo, la compra de votos, la desinformación digital, la vulneración de la privacidad y la violencia política de género representan desafíos que trascienden el ámbito jurídico y requieren respuestas institucionales, educativas y culturales. En consecuencia, la consolidación de una democracia respetuosa de la dignidad humana demanda el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, la aplicación efectiva de sanciones, la promoción de la ética política y la educación cívica, así como el compromiso de los partidos políticos, las autoridades electorales y la sociedad en la construcción de procesos electorales transparentes, inclusivos y respetuosos de los derechos fundamentales.
El autor es abogado y Docente Universitario