Análisis Noticiosos
La falta de vacunas en África, un retraso de consecuencias devastadoras
El acaparamiento de dosis por los países ricos y la debilidad de sus sistemas de salud provoca que el continente más pobre, donde golpea ahora la tercera ola, apenas haya inmunizado al 0,6% de su población
Un vecino de Pretoria (Sudáfrica) se queja en la emisora Radio Power del ritmo de inmunización en África. “Es una vergüenza. Primero lo que tardaron en vacunar al personal médico, luego la lentitud con los mayores de 60 años y, ahora, con la vuelta presencial a la escuela tras las vacaciones, aún no han empezado con los profesores”, critica. Sudáfrica es el país más rico de África y solo un 0,8% de su población está inmunizada, una muestra de lo que ocurre en todo el continente, que enfrenta la tercera ola de la pandemia.
El director de los Centros de Control de Enfermedades en África, John Nkengansong, aseguraba esta semana a los medios: “Es extremadamente preocupante y en ocasiones frustrante”. Las cifras confirman sus palabras. Con un incremento de un 13% de los casos en el último mes en todo el continente, hay países como la República Democrática del Congo, Uganda o la propia Sudáfrica, donde la pandemia sigue disparada. En al menos 13 países, entre ellos Kenia, o Nigeria, se ha detectado la variante delta (la india) y el temor a un brote explosivo va en aumento. En este contexto, mientras en Europa y Estados Unidos las tasas de vacunación superan con creces el 20%, en África ronda el 0,6%, con menos de 10 millones de personas que han sido inmunizadas.
Célestin Traoré, responsable de vacunación de Unicef para África occidental y central, apunta al acaparamiento de las vacunas por parte de los países ricos como parte del problema. “Hay una escasez en el mundo y los países en desarrollo, como los africanos, no cuentan con la financiación suficiente para adquirirlas”, asegura. Otro desafío es la debilidad de los sistemas de salud que no disponen de suficientes frigoríficos, energía eléctrica, protocolos adaptados o formación para sus campañas. “A ello hay que sumar los graves problemas de inseguridad a los que se enfrentan numerosos países, sobre todo en el Sahel, donde hay 5,4 millones de personas desplazadas por la violencia”, añade el doctor Traoré.
El respetado epidemiólogo sudafricano Salim Abdool Karim pone cifras al desequilibrio. “Somos 7.500 millones de personas en el mundo y hay 1.800 millones de vacunas. Esto significa que una de cada cinco personas tiene acceso a las mismas, mientras que la realidad en África es que tenemos una para cada 50 personas. Es una desigualdad tremenda e injusta”. En Chad comenzaron a vacunar el pasado 4 de junio, seis meses después de que comenzara la inmunización en Europa, y en Tanzania, Eritrea o Burundi no se ha administrado ni una sola dosis.
Para tratar de reducir la brecha de vacunación entre los países ricos y los países en desarrollo surgió Covax, una iniciativa público-privada impulsada desde los comienzos de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Alianza por las Vacunas Gavi, Unicef y otros organismos internacionales, que se ha marcado como objetivo que el 20% de la población de las naciones con menos recursos esté vacunada a finales del presente año. Todos los países africanos se sumaron a este proyecto. Sin embargo, a la escasez mundial de dosis agravada por la compra abusiva de los países desarrollados se ha añadido otro inconveniente: 190 millones de vacunas comprometidas por el Instituto Serum de la India para Covax tuvieron que destinarse a su propia población ante la explosión de casos en este país.
“Aún podemos conseguirlo, pero el escenario es incierto”, asegura Blanca Carazo, responsable de programas internacionales de Unicef-España. Buena parte del futuro de Covax y, por tanto, de una vacunación más justa en el mundo, se juega en la cumbre del G-7 de este fin de semana en Cornualles. “Las promesas de estos países de compartir una parte de sus vacunas es fundamental para responder a este inquietante desequilibrio”, remacha Traoré, “pero es crucial actuar con rapidez y que otros países les sigan”. El presidente estadounidense Joe Biden anunció el pasado jueves que donaría 500 millones de dosis para los países más pobres, mientras que el primer ministro británico, Boris Johnson, adelantó que su Gobierno cedería otros 100 millones con el objetivo de que el total de la donación procedente del G-7 alcanzara los 1.000 millones.
Estas decisiones están “en el lado correcto de la historia”, según Nkengansong, pero para Amnistía Internacional se trata de “una gota en el océano”, aseguró su secretaria general, Agnès Callamard, a través de un comunicado. Según sus cálculos y de mantenerse el ritmo actual, los países pobres no vacunarán a su población hasta 2078.
Por su parte, la OMS estima que solo siete países africanos van a alcanzar el 10% de su población vacunada en septiembre, muy lejos de la inmunidad de grupo deseada, y que hacen falta al menos 225 millones de dosis más a corto plazo. La directora en África de este organismo, Matshidiso Moeti, reveló esta semana en conferencia de prensa que “es una cuestión de vida o muerte. Los países que puedan, deben compartir sus vacunas. A medida que nos acercamos a los cinco millones de casos en África y empieza una tercera ola, muchas de las personas más vulnerables siguen peligrosamente expuestas a la covid-19”.
Jo Barnes, del Departamento de Salud Global de la Facultad de Medicina de la Universidad Stellenbosh en Ciudad del Cabo, explica que a la falta de dosis, se suman los problemas de logística. “Sudáfrica tiene un número elevado de indigentes y muchos viven en zonas rurales e inaccesibles. Incluso en las ciudades y pueblos hay suburbios informales con población variante a la que es difícil alcanzar. También hay personas pobres sin acceso a un móvil para registrarse en la base de datos para vacunarse”, señala.
Pero África es muy grande y en ella conviven diferentes realidades. A la sombra de un árbol en el patio principal del centro de salud Gaspard Cámara de Dakar, la capital de Senegal, medio centenar de personas, casi todos de edad avanzada, aguardan con paciencia su turno para vacunarse. Para la mayoría de ellos es su segunda dosis. “Estoy impaciente”, apunta Ndeye Balde, “se cuentan muchas historias sobre las vacunas, pero yo no estaré tranquila hasta que me la ponga. La gente dice muchas tonterías”, asegura. No hay tramos de edad ni es necesario pedir cita: basta con presentarse y pinchazo al canto. “¿AstraZeneca o la china?”, pregunta la enfermera.
Hasta Senegal han llegado 1,1 millones de dosis y se ha administrado casi la mitad. Pero es Marruecos quien lidera las estadísticas de vacunación, con el 99% de sus 15,4 millones de vacunas ya inyectadas. Casi 7 millones están totalmente inmunizados. Fruto de este intenso trabajo, el primer ministro marroquí, Saadín el Otmani, aseguraba este viernes que la situación epidemiológica “está bajo control” y añadió que se ha evitado lo peor. No se puede decir lo mismo del resto del continente. En África central, por ejemplo, los casos aumentaron un 116% en el último mes.
Las consecuencias del enorme retraso en la vacunación pueden ser devastadoras para África. Según Traoré, “la exacerbación del impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia y que la normalización del funcionamiento de ciertos servicios llegue más tarde. Esto va a afectar a la sanidad, donde la inmunización de rutina se ha visto perturbada o incluso interrumpida, pero también a la educación, donde más de 128 millones de niños solo en África occidental y central se han quedado sin clases o han tenido problemas para continuar con sus estudios. Por no hablar de la pérdida de ingresos y la caída del estado nutricional de los menores”. Y también de sus familias. “Si el virus se sigue propagando, más duro será este impacto a largo plazo”.
Dejar atrás a África no es solo un problema moral, como ha repetido decenas de veces el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sino un riesgo para el mundo. Coincide con él el epidemiólogo Salim Abdool Karim: “Me gusta pensar que hay una conciencia de que si no controlamos la expansión del virus de forma global y se vacuna solo a Europa, nos encontraremos en una situación en la que la expansión desenfrenada del virus en ciertas partes del mundo llevará a nuevas variantes, y estas se convertirán en un desafío para las vacunas. En realidad, aunque sea por propio interés, hay que dar más vacunas a África”.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Cientos de incendios forestales ponen en alerta por mala calidad del aire a Canadá y EE.UU.
Más de 800 incendios forestales que están activos en muchas partes de Canadá han generado alertas por mala calidad del aire en ese país y varios estados de Estados Unidos.
Canadá.-La situación afecta a Nueva York, donde el domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Pero hasta el momento no hay ninguna restricción para el partido.
Según el programa Índice de Calidad del Aire de EE.UU., la situación es «peligrosa» en gran parte de los estados de Michigan y Minnesota, en el norte del país, por lo que se recomienda a la población permanecer en interiores.
Las alertas abarcan la región del Alto Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos y el noreste de EE.UU., según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés) en una actualización publicada este jueves.
En Canadá, un incendio en el norte de Ontario obligó a evacuar a los residentes de los pueblos nativos locales, mientras que la jefa de uno de ellos afirmó que su comunidad quedó «reducida a cenizas».
Actualmente hay 858 incendios activos en Canadá, incluyendo 30 nuevos registrados este jueves, según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales. La gran mayoría están fuera de control.
El gran conjunto de fuegos que afectan a las zonas noroccidentales de Ontario es responsable de que densas columnas de humo y una mala calidad del aire se extiendan por Thunder Bay y Toronto.
Esta última ciudad registró en un momento la peor calidad de aire del mundo este jueves, según el monitoreo de la firma suiza IQAir. Pero en el ránking también están entre las primeras cinco las estadounidenses Chicago, Detroit y Nueva York.
En Ontario, Canadá, se esperan tormentas eléctricas bastante generalizadas durante los próximos días, pero es posible que la lluvia no sea suficiente para marcar una gran diferencia.
Fuente de la imagen,Getty Images
Nueva York afectada previo a la final del Mundial
En tanto, concentraciones más bajas de humo en las capas altas de la atmósfera se desplazan sobre los Grandes Lagos y sobre Nueva York, con cielos brumosos y amaneceres y atardeceres probablemente más rojizos.
En las regiones occidentales del estado de Nueva York, la calidad del aire este jueves se consideraba «muy insalubre», mientras que en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York la calidad del aire es «insalubre».
Nueva York ha ampliado sus planes de emergencia por calor y ha activado sus protocolos de emergencia por la calidad del aire, poniendo a disposición de toda la ciudad cientos de centros de refrigeración y mascarillas KN95.
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para el domingo a las 15:00 hora local, un momento de mucha radiación solar. Pero aún no hay indicaciones de que la situación de este jueves pueda prolongarse hasta el día del partido.
Los vientos del noroeste seguirán arrastrando el humo hacia los estados del norte de Estados Unidos durante el resto de esta semana y hasta el fin de semana, lo que genera preocupación de que el humo llegue a Nueva Jersey, donde está el estadio sede de la final.
Un cambio en la dirección del viento para el lunes significa que el humo tenderá a desplazarse a través de Quebec, con una mejora en la calidad del aire más al sur, en Estados Unidos.
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Los legisladores republicanos del estado de Michigan han escrito una carta abierta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitando una mejor gestión de los incendios forestales del país y expresando su frustración por tercer año consecutivo.
«Ha pasado un año, la temporada ha vuelto y nada ha cambiado, salvo que nuestra paciencia se ha agotado», decía la carta, firmada por cuatro legisladores de la Cámara de Representantes estatal.
Pete Hoekstra, embajador de Estados Unidos en Canadá, adoptó un tono más diplomático en un comunicado emitido el miércoles, en el que elogió los esfuerzos de ambos países para combatir los incendios forestales.
En respuesta a las críticas de los legisladores estadounidenses, Carney declaró el jueves que ambos países tienen la responsabilidad de luchar contra el cambio climático.
Añadió que su gobierno está «en estrecha comunicación» con las provincias y las comunidades locales.
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Incendios cada vez más frecuentes
Los incendios forestales forman parte del ciclo natural de la vasta selva boreal de Canadá, pero se han vuelto más frecuentes desde 2015, afirmó Laura Chasmer, profesora de geografía y medio ambiente en la Universidad de Western Ontario.
«Esto está relacionado con algunos de los casos de calentamiento climático extremo que hemos estado observando y con el secado de la superficie atmosférica», indicó.
Según Chasmer, en el pasado los incendios eran más frecuentes en el oeste de Canadá, pero en los últimos años esa tendencia se ha desplazado hacia el este, con grandes incendios que ahora arden en Ontario, Quebec y las provincias atlánticas, lo que hace que el humo sea más visible en ciudades densamente pobladas como Toronto y Nueva York.
La profesora añadió que esto ha puesto a prueba los esfuerzos de extinción de incendios en Canadá, cuyo principal objetivo es evitar que las llamas se propaguen a las poblaciones cercanas.
Extinguir los incendios por completo es «muy difícil», señaló la experta, debido a su magnitud e intensidad.
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Mientras tanto, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, desestimó las críticas a la gestión de su gobierno ante los incendios, señalando que más de 150 equipos de bomberos se encuentran sobre el terreno combatiendo las llamas.
«Gastaremos lo que haga falta», dijo Ford.
Además del humo peligroso, los incendios forestales en el norte de Ontario han obligado a decenas de personas de las comunidades indígenas locales a evacuar, y algunos videos han mostrado a personas huyendo de la remota zona en embarcaciones.
La jefa de la Primera Nación Namaygoosisagagun, Helen Paavola, declaró al medio de comunicación local CityNews en una entrevista que un sobrevuelo aéreo mostró que su comunidad ha quedado «reducida a cenizas».
«Todas las casas han desaparecido», dijo este jueves. «No queda nada».
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Por José Cabral
Se ha vuelto un cliché en los tribunales de la República Dominicana las decisiones que toman los jueces referentes a las acciones de amparo, cuya figura casi siempre tiene como destino la inadmisibilidad.
Regularmente los jueces se acogen a lo que dispone el artículo 70 de la Ley 137-11 para declarar inadmisible las acciones de amparo.
Pero el destino de esta figura jurídica, que sirve para restablecer la violación de derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos o particulares, es el de renegar de las razones que los originaron.
La tendencia con la acción de amparo ha creado la impresión en el ciudadano de que la misma sirve de poco, porque sea por el argumento que ahora se ha hecho muy general de que el sistema de justicia está saturado de tantas demandas de este tipo o porque es más fácil inclinarse por la inadmisibilidad para los juzgadores.
El artículo 72 de la Constitución de la República habla muy claro de las características del amparo y de igual modo la Ley 137-11, que es por la que se rige la figura jurídica, pero como se puede observar ya el mismo no cumple ni se ajusta espíritu de la figura, dado que más que proteger los derechos fundamentales se ha vuelto una vía para negar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
La inadmisibilidad del amparo crea tanta decepción en el justiciable que apoyarse en esta figura implica perder el tiempo, porque es la opcion más común de los jueces, aunque no haya razon para ello, tanto a nivel de primera instancia o de la jurisdiccion contenciosa administrativa y lo propio debe decirse del Tribunal Superior Electoral.
Lo que ocurre con el amparo también pasa con los recursos de casación, cuyos jueces después de la entrada en vigencia de la Ley 2-23 se inclinan por la vía mas fácil que es declarar inadmisible el mismo, a los fines de eliminar la desgraciada mora judicial.
La acción de amparo recorre el mismo camino de la crisis que se produce en todo el sistema de justicia nacional, en el que los jueces se van regularmente por la vía más fácil, porque de ese modo no tienen que ponderar el fondo de la demanda.
Lo que ocurre con la acción de amparo en la República Dominicana es sólo una muestra de un sistema de justicia en crisis, cuyo derecho constitucional existe sólo en el papel, pero no en la realidad.
La acción de amparo, una figura que crea sueños para el que busca que se restablezcan los derechos fundamentales violados, pero la verdad es que se trata de una quimera que genera descredito y desconfianza en el sistema de justicia nacional.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.