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La FAO apuesta a la digitalización para mitigar impactos del COVID-19 en sistemas alimentarios
La pobreza extrema ha aumentado entre 3.6 y el 4.8 % en América Latina y el Caribe
La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre.
Fotografía de archivo de QU Dongyu, director general de la FAO. (FUENTE EXTERNA)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apuesta a la digitalización en América Latina y el Caribe para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en los sistemas alimentarios.
En tal sentido, el organismo internacional informó que trabaja en la implementación de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, con el objetivo de asesorar a los gobiernos y otros actores relevantes, de impulsar el intercambio de ideas y experiencias, y ayudar a todos a aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización.
El director general de la FAO, QU Dongyu, hizo un llamado a los gobiernos y actores privados para que la alimentación y la agricultura sean sinónimos de innovación, progreso, inclusión social, sostenibilidad y resiliencia.
La pandemia de COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe con especial intensidad. Millones de personas han perdido su vida o sus medios de subsistencia y la pobreza extrema ha aumentado entre 3,6 y el 4,8 %. Pero, incluso antes de la propagación del nuevo coronavirus la región ya se encontraba en una encrucijada.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 2014 el hambre creció en esta región en 13 millones de personas, con más de 62 millones viviendo en la actualidad en condiciones de inseguridad alimentaria severa, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a 262 millones (casi el 40% de la población).
Los gobiernos y los actores privados, especialmente los agricultores, han realizado esfuerzos heroicos para garantizar que el suministro de alimentos no se detenga en medio de la pandemia. Hay millones de personas cuyo acceso a los alimentos ha disminuido, pero esto se debe principalmente a la falta de ingresos y no a la falta de alimentos en los mercados.
Muchas familias han reducido la calidad de sus dietas, dejando de comprar alimentos más saludables que, paradójicamente, tienden a ser más caros. Debemos asegurarnos de que las personas que viven en pobreza reciban el apoyo de los sistemas de protección social para que puedan comer una dieta saludable.
Para apoyar a los países, la FAO ha lanzado un nuevo Programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19, que tiene como objetivo mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios y los medios de vida a largo plazo.
Sus áreas prioritarias buscan mejorar los datos para la toma de decisiones, garantizar la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza, fortalecer los estándares comerciales y de seguridad alimentaria, impulsar la resiliencia de los pequeños agricultores, prevenir pandemias zoonóticas e impulsar la transformación de los sistemas alimentarios para hacer hacerlos más resilientes, sostenibles y equitativos.
Un elemento es clave en este proceso es la innovación. Debemos adoptar enfoques innovadores y aplicar la ciencia y la tecnología modernas al enfrentar nuevas situaciones y desafíos. Esto requiere innovación a nivel de nuestra mentalidad, innovación de los modelos de negocio y cooperación y, en particular, la innovación por digitalización.
La región de América Latina y el Caribe puede dar un gran salto hacia la digitalización de su comercio agrícola y alimentario, mejorando la conectividad de las zonas rurales y las capacidades de los pequeños y medianos productores para aprovechar la revolución tecnológica en curso. Las tecnologías de la digitalización y la comunicación tienen el potencial de reducir costos, abrir el acceso a los mercados, mejorar los servicios, crear nuevas oportunidades laborales y ayudar a ahorrar recursos.
Se necesita aprovechar al máximo la era digital a través de asociaciones innovadoras con gobiernos nacionales, agricultores, el sector privado, el mundo científico, las ONG y muchos otros actores.
Los sistemas agroalimentarios pueden volverse más resistentes mediante el uso de sensores en el campo, inteligencia artificial y aplicaciones de big data, el uso de drones, biotecnología y mapeo por satélite, o con mejoras disponibles para todos, como el comercio electrónico y las aplicaciones telefónicas para acercar a productores y consumidores, o rastrear, por ejemplo, brotes de plagas transfronterizas, como la aplicación eLocust3.
Otro factor clave es no dejar a nadie atrás y poner un énfasis prioritario en los países y áreas más afectados en términos de hambre y pobreza: en esto se centra la Iniciativa Mano de la mano. Su objetivo es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible basado en datos e información. La Iniciativa cuenta con tecnologías de punta, como la Plataforma Geoespacial Mano de la mano, que entrega información clave para la toma de decisiones, y el Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, que combina fuentes de datos no convencionales, big data, inteligencia artificial y ciencia de datos para la toma de decisiones y la evaluación de impacto.
Pero todas estas innovaciones, cambios y transformaciones requieren voluntad política, acuerdos y colaboración entre países. La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre, es una ocasión histórica y oportuna para impulsar todos estos esfuerzos regionales.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.