Nacionales
La FAO apuesta a la digitalización para mitigar impactos del COVID-19 en sistemas alimentarios
La pobreza extrema ha aumentado entre 3.6 y el 4.8 % en América Latina y el Caribe
La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre.
Fotografía de archivo de QU Dongyu, director general de la FAO. (FUENTE EXTERNA)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apuesta a la digitalización en América Latina y el Caribe para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en los sistemas alimentarios.
En tal sentido, el organismo internacional informó que trabaja en la implementación de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, con el objetivo de asesorar a los gobiernos y otros actores relevantes, de impulsar el intercambio de ideas y experiencias, y ayudar a todos a aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización.
El director general de la FAO, QU Dongyu, hizo un llamado a los gobiernos y actores privados para que la alimentación y la agricultura sean sinónimos de innovación, progreso, inclusión social, sostenibilidad y resiliencia.
La pandemia de COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe con especial intensidad. Millones de personas han perdido su vida o sus medios de subsistencia y la pobreza extrema ha aumentado entre 3,6 y el 4,8 %. Pero, incluso antes de la propagación del nuevo coronavirus la región ya se encontraba en una encrucijada.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 2014 el hambre creció en esta región en 13 millones de personas, con más de 62 millones viviendo en la actualidad en condiciones de inseguridad alimentaria severa, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a 262 millones (casi el 40% de la población).
Los gobiernos y los actores privados, especialmente los agricultores, han realizado esfuerzos heroicos para garantizar que el suministro de alimentos no se detenga en medio de la pandemia. Hay millones de personas cuyo acceso a los alimentos ha disminuido, pero esto se debe principalmente a la falta de ingresos y no a la falta de alimentos en los mercados.
Muchas familias han reducido la calidad de sus dietas, dejando de comprar alimentos más saludables que, paradójicamente, tienden a ser más caros. Debemos asegurarnos de que las personas que viven en pobreza reciban el apoyo de los sistemas de protección social para que puedan comer una dieta saludable.
Para apoyar a los países, la FAO ha lanzado un nuevo Programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19, que tiene como objetivo mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios y los medios de vida a largo plazo.
Sus áreas prioritarias buscan mejorar los datos para la toma de decisiones, garantizar la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza, fortalecer los estándares comerciales y de seguridad alimentaria, impulsar la resiliencia de los pequeños agricultores, prevenir pandemias zoonóticas e impulsar la transformación de los sistemas alimentarios para hacer hacerlos más resilientes, sostenibles y equitativos.
Un elemento es clave en este proceso es la innovación. Debemos adoptar enfoques innovadores y aplicar la ciencia y la tecnología modernas al enfrentar nuevas situaciones y desafíos. Esto requiere innovación a nivel de nuestra mentalidad, innovación de los modelos de negocio y cooperación y, en particular, la innovación por digitalización.
La región de América Latina y el Caribe puede dar un gran salto hacia la digitalización de su comercio agrícola y alimentario, mejorando la conectividad de las zonas rurales y las capacidades de los pequeños y medianos productores para aprovechar la revolución tecnológica en curso. Las tecnologías de la digitalización y la comunicación tienen el potencial de reducir costos, abrir el acceso a los mercados, mejorar los servicios, crear nuevas oportunidades laborales y ayudar a ahorrar recursos.
Se necesita aprovechar al máximo la era digital a través de asociaciones innovadoras con gobiernos nacionales, agricultores, el sector privado, el mundo científico, las ONG y muchos otros actores.
Los sistemas agroalimentarios pueden volverse más resistentes mediante el uso de sensores en el campo, inteligencia artificial y aplicaciones de big data, el uso de drones, biotecnología y mapeo por satélite, o con mejoras disponibles para todos, como el comercio electrónico y las aplicaciones telefónicas para acercar a productores y consumidores, o rastrear, por ejemplo, brotes de plagas transfronterizas, como la aplicación eLocust3.
Otro factor clave es no dejar a nadie atrás y poner un énfasis prioritario en los países y áreas más afectados en términos de hambre y pobreza: en esto se centra la Iniciativa Mano de la mano. Su objetivo es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible basado en datos e información. La Iniciativa cuenta con tecnologías de punta, como la Plataforma Geoespacial Mano de la mano, que entrega información clave para la toma de decisiones, y el Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, que combina fuentes de datos no convencionales, big data, inteligencia artificial y ciencia de datos para la toma de decisiones y la evaluación de impacto.
Pero todas estas innovaciones, cambios y transformaciones requieren voluntad política, acuerdos y colaboración entre países. La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre, es una ocasión histórica y oportuna para impulsar todos estos esfuerzos regionales.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.