Nacionales
La FAO apuesta a la digitalización para mitigar impactos del COVID-19 en sistemas alimentarios
La pobreza extrema ha aumentado entre 3.6 y el 4.8 % en América Latina y el Caribe
La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre.
Fotografía de archivo de QU Dongyu, director general de la FAO. (FUENTE EXTERNA)
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apuesta a la digitalización en América Latina y el Caribe para enfrentar las consecuencias del COVID-19 en los sistemas alimentarios.
En tal sentido, el organismo internacional informó que trabaja en la implementación de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura Digitales, con el objetivo de asesorar a los gobiernos y otros actores relevantes, de impulsar el intercambio de ideas y experiencias, y ayudar a todos a aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización.
El director general de la FAO, QU Dongyu, hizo un llamado a los gobiernos y actores privados para que la alimentación y la agricultura sean sinónimos de innovación, progreso, inclusión social, sostenibilidad y resiliencia.
La pandemia de COVID-19 ha golpeado a América Latina y el Caribe con especial intensidad. Millones de personas han perdido su vida o sus medios de subsistencia y la pobreza extrema ha aumentado entre 3,6 y el 4,8 %. Pero, incluso antes de la propagación del nuevo coronavirus la región ya se encontraba en una encrucijada.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a partir de 2014 el hambre creció en esta región en 13 millones de personas, con más de 62 millones viviendo en la actualidad en condiciones de inseguridad alimentaria severa, mientras que el sobrepeso y la obesidad afectan a 262 millones (casi el 40% de la población).
Los gobiernos y los actores privados, especialmente los agricultores, han realizado esfuerzos heroicos para garantizar que el suministro de alimentos no se detenga en medio de la pandemia. Hay millones de personas cuyo acceso a los alimentos ha disminuido, pero esto se debe principalmente a la falta de ingresos y no a la falta de alimentos en los mercados.
Muchas familias han reducido la calidad de sus dietas, dejando de comprar alimentos más saludables que, paradójicamente, tienden a ser más caros. Debemos asegurarnos de que las personas que viven en pobreza reciban el apoyo de los sistemas de protección social para que puedan comer una dieta saludable.
Para apoyar a los países, la FAO ha lanzado un nuevo Programa integral de respuesta y recuperación de COVID-19, que tiene como objetivo mitigar los impactos inmediatos de la pandemia y fortalecer la resiliencia de los sistemas alimentarios y los medios de vida a largo plazo.
Sus áreas prioritarias buscan mejorar los datos para la toma de decisiones, garantizar la inclusión económica y la protección social para reducir la pobreza, fortalecer los estándares comerciales y de seguridad alimentaria, impulsar la resiliencia de los pequeños agricultores, prevenir pandemias zoonóticas e impulsar la transformación de los sistemas alimentarios para hacer hacerlos más resilientes, sostenibles y equitativos.
Un elemento es clave en este proceso es la innovación. Debemos adoptar enfoques innovadores y aplicar la ciencia y la tecnología modernas al enfrentar nuevas situaciones y desafíos. Esto requiere innovación a nivel de nuestra mentalidad, innovación de los modelos de negocio y cooperación y, en particular, la innovación por digitalización.
La región de América Latina y el Caribe puede dar un gran salto hacia la digitalización de su comercio agrícola y alimentario, mejorando la conectividad de las zonas rurales y las capacidades de los pequeños y medianos productores para aprovechar la revolución tecnológica en curso. Las tecnologías de la digitalización y la comunicación tienen el potencial de reducir costos, abrir el acceso a los mercados, mejorar los servicios, crear nuevas oportunidades laborales y ayudar a ahorrar recursos.
Se necesita aprovechar al máximo la era digital a través de asociaciones innovadoras con gobiernos nacionales, agricultores, el sector privado, el mundo científico, las ONG y muchos otros actores.
Los sistemas agroalimentarios pueden volverse más resistentes mediante el uso de sensores en el campo, inteligencia artificial y aplicaciones de big data, el uso de drones, biotecnología y mapeo por satélite, o con mejoras disponibles para todos, como el comercio electrónico y las aplicaciones telefónicas para acercar a productores y consumidores, o rastrear, por ejemplo, brotes de plagas transfronterizas, como la aplicación eLocust3.
Otro factor clave es no dejar a nadie atrás y poner un énfasis prioritario en los países y áreas más afectados en términos de hambre y pobreza: en esto se centra la Iniciativa Mano de la mano. Su objetivo es acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible basado en datos e información. La Iniciativa cuenta con tecnologías de punta, como la Plataforma Geoespacial Mano de la mano, que entrega información clave para la toma de decisiones, y el Laboratorio de Datos para la Innovación Estadística, que combina fuentes de datos no convencionales, big data, inteligencia artificial y ciencia de datos para la toma de decisiones y la evaluación de impacto.
Pero todas estas innovaciones, cambios y transformaciones requieren voluntad política, acuerdos y colaboración entre países. La próxima Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en línea, del 19 al 21 de octubre, es una ocasión histórica y oportuna para impulsar todos estos esfuerzos regionales.
diariolibre.com
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.