Economía
La FAO dice la pandemia fue “una bomba atómica en materia de hambre»
EFE
Los efectos de la pandemia de la covid-19 en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una “bomba atómica”, pues borraron todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, con el encarecimiento de los insumos agrícolas y el cambio climático al acecho, alertó la FAO, que instó a los Gobiernos a coordinar para salir juntos de estas crisis.
En una entrevista con Efe en La Paz, el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Julio Berdegué, sostuvo que “la pandemia fue una verdadera bomba atómica en materia de hambre e inseguridad alimentaria».
“Fue devastadora”, remarcó. Un año de pandemia bastó para perder “veinte años de esfuerzo, de inversión, de políticas públicas, de energía de los Gobiernos, de la sociedad civil” en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria, explicó.
“Tenemos 60 millones de personas en América Latina y el Caribe que viven en condición de hambre y tenemos un retroceso brutal en el acceso de las mujeres al empleo”, alertó.
No hubo país que se haya librado de esto, según Berdegué, quien llamó la atención sobre el caso particular de Haití, donde “la mitad de la población” vive en una situación de “inseguridad alimentaria grave». Otro caso preocupante es el del llamado Corredor Seco en Centroamérica, donde el cambio climático ha hecho que se pierda la capacidad productora de cultivos, lo que obliga a mucha gente a migrar, en algunos casos en las caravanas que van hacia el norte del continente.
OTRAS AMENAZAS
Según Berdegué, a los efectos de la pandemia se suman otras amenazas, una de ellas es el fuerte encarecimiento de los costos de los insumos agrícolas que termina repercutiendo en una “inflación significativa” que “pega muy duro por el lado de los alimentos».
“Eso tiene que ver con factores mundiales, con el precio de la energía, del transporte, los problemas que hay en la logística internacional, son cosas que escapan al control de un Gobierno. Y eso es una amenaza que requiere que los Gobiernos de la región se coordinen entre sí porque ningún Gobierno solo puede enfrentar esto”, expresó.
Por ello, este tema será uno de los centrales en la 37 sesión de la Conferencia Regional de la FAO que se celebrará el mes próximo en Quito, explicó. Luego está el cambio climático, ante el cual no se puede esperar más para empezar a transformar los sistemas agroalimentarios, es decir, todo lo relacionado con la alimentación “desde las fincas hasta las mesas de los consumidores”, urgió el representante de la FAO.
Así, los agricultores deben adaptar sus sistemas de producción a una realidad con menos agua, o con temperaturas diferentes a las que se tenía antes, pero para esto se requiere invertir en innovación y tecnología, precisó.
MANTENER LAS AYUDAS
“La primera gran tarea que todos tenemos es enfrentar las consecuencias de esta crisis y tratar de acelerar lo más posible la salida de esta situación”, según Berdegué. A su juicio, fue importante que muchos Gobiernos regionales decidieran dar transferencias monetarias o asistencias alimentarias directas a las familias, de lo contrario se estaría viendo “una situación mucho más grave».
También destacó que algunos países se dieron modos para mantener sus programas de alimentación escolar pese al cierre de los centros educativos, pues en la región 84 millones de niños reciben alimentos en sus escuelas y para 10 millones de ellos esa “es la comida del día».
El representante consideró “indispensable” mantener estos programas de protección social mientras las familias que perdieron sus ingresos no se hayan recuperado plenamente y ahí pidió a los Gobiernos tratar de proteger esa ayuda pese a las limitaciones presupuestarias y el endeudamiento que también son consecuencia de la pandemia.
“En América Latina, comida hay, lo que falta es dinero para comprarla. Entonces en la medida en que se recuperen la economía y el empleo, eso va a ayudar muchísimo a disminuir las tasas de hambre”, agregó.
LOS RETOS
Según Berdegué, América Latina puede tener un rol central en el reto que supondrá el alimentar a los 10.000 millones de habitantes que se calcula que tendrá el mundo en 30 años. La región es “un formidable productor de alimentos” y es un “pilar de la seguridad alimentaria mundial”, por lo que el desafío será hacerlo sin afectar al medioambiente “y con mucha más inclusión social, porque no podemos ser una gran potencia exportadora de comida y tener 60 millones de habitantes con hambre o 48 % de la población en pobreza”, añadió.
Latinoamérica también posee “una enorme capacidad de innovación”, pero es necesario que las políticas públicas den “más oxígeno» financiero a estas iniciativas que nacen desde las áreas rurales y a la ciencia y tecnología, que se necesitan “mutuamente». Las naciones deben aprender a ponerse de acuerdo para trabajar juntas porque estos no son desafíos “que un país pueda resolver solo”, insistió.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.