El archivo provisional o definitivo es un recurso del Ministerio Público para justificar crímenes y delitos.

Por Elba García

Desde hace algunos días o semanas en la República Dominicana ha estado sobre el tapete la figura jurídica conocida como el archivo provisional o definitivo, la cual ha sido un instrumento ideal para aquellos que tienen la responsabilidad de perseguir el delito y el crimen en nombre del Estado.

Este instrumento legal consignado en el Código Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público ha servido para matar, para decirlo de alguna manera, el interés de las víctimas de ser resarcidas por los que cometen delitos comunes, feminicidios o intento de la comisión del mismo y los actos y acciones de corrupción de cuello blanco.

El proceso seguido a un grupo de exfuncionarios, electos y administrativos, ha servido, no para destapar una caja de pandora, sino para que el tema se ponga de moda en la sociedad dominicana, ya que el pasado procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, recurrió a esa figura jurídica para favorecer ilegalmente a algunos encartados en el caso Odebrebrecht vinculados al Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otros de la oposición en ese momento como una forma de despejar dudas o de no generar sospechas.

Con la llegada de Luis Abinader y su partido, el Revolucionario Moderno al poder, se ha querido cambiar la imagen, sino la conducta del Ministerio Público con la designación de una persona con la reputación de imparcial y cuya responsabilidad consiste en perseguir y cuando causa para ello encarcelar a los que han incurrido en la comisión de corrupción administrativa.

Este proceso ha permitido descubrir lo que ya se sabía hace tiempo y es que de forma ilegal el procurador Rodríguez archivó, primero provisionalmente  y luego definitivamente, los expedientes que involucraban a varios de los encartados, lo cual ha revertido el manejo dado al caso Odebrecht, cuya última palabra queda en poder de una jueza de instrucción.

Aún no se sabe cuál podría ser la decisión al respecto, pero lo que sí queda claro es que lo manipulado por el exprocurador peledeísta ocurre en el país desde hace muchos años, no sólo en lo que concierne a casos tan escandalosos como el de Odebrecht, sino incluso en lo que respecta a procesos  de simple raterismo, cuyos victimarios quedan en libertad por el manejo afectado de negligencia, ineptitud o complicidad de muchos de los fiscales que desarrollan su labor en diferentes lugares del territorio nacional.

Este comportamiento del Ministerio Público ha promovido un nivel de impunidad en la sociedad dominicana que prácticamente se ha llevado de paro el estado de derecho, porque, entre otras cosas, la irresponsabilidad del órgano persecutor  ha matado la voluntad de las victimas de continuar con un proceso atropellante y denegador de justicia.

Hay víctimas que se pasan años entrevistándose con los fiscales que manejan sus casos y cuando molestan mucho el Ministerio Público usa sus manos mortíferas de enviar a un archivo provisional o definitivo  la querella o denuncia en contra de sus victimarios y con su recurrencia a esa figura jurídica, generalmente en violación de la normativa procesal establecida en los artículos 182 y 183 del Código Procesal Penal,  matan la esperanza de hacer justicia.

Lo peor de la situación es que el juez de instrucción emite una sentencia complaciente con el Ministerio Público sin examinar si el fiscal que envió el expediente al archivo definitivo violentó o no el derecho procesal e incluso yéndose muchas veces el juzgador al fondo del asunto que no es algo de su competencia.

De manera, que se trata de algo que ocurre hace décadas en el país y se profundizó  durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos fiscales obedecían a un plan estratégico que consistía en hacer prevalecer un régimen de impunidad para proteger a sus funcionarios, cuya  mayoría tenía un criterio patrimonial de la política.

Ahora falta ver como maneja la jueza de instrucción el apoderamiento por parte de la Procuraduría General de la República del conocimiento de la objeción al archivo definitivo hecho con trampa y engaño por parte de Jean Alan Rodríguez.

Este un asunto que toma un giro que podría ser muy positivo o negativo para el legado que arrastra la sociedad dominicana desde los tiempos de la colonia, el cual forma parte del diario vivir inclusive de la actual gestión gubernamental, porque en vez de investigar y procesar a todos los responsables de los robos cometidos en contra del Estado, algunos son apoyados pública y privadamente por la cima del poder, dígase el presidente Luis Abinader, como por ejemplo la contra- parte de Odebrecht en República Dominicana, Acero Estrella, cuyo principal inversionista y beneficiario de grandes robos en el Estado  ya se ha encargado hasta de compartir en su entorno familiar con el actual mandatario, lo cual hace prácticamente imposible una investigación sin miramientos.

Por el momento sólo queda esperar por el próximo capítulo de una novela de la vida real que llena de miedo y de vergüenza a todo dominicano que se respete.