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Duda razonable en caso Odebrecht derrota lucha contra corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Por Elba García
En el seno de la sociedad nunca existió la convicción de que se haría justicia en el mayor escándalo de corrupción que ha afectado a la República Dominicana como ha sido el caso Odebrecht y el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional terminó dándole la razón a la gente que pensaba que así sería.
Las sentencias favorecieron a la mayoría de los imputados, cuya principal herramienta de las tres magistradas que conocieron la audiencia de fondo del caso Odebrecht, fue recurrir a lo que en derecho se conoce como la duda razonable y la íntima convicción, las cuales son el resultado de la poca fundamentación con pruebas fehacientes de las acusaciones por parte del Ministerio Público.
La actual procuradora general de la República, Mirian Germán Brito, cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia, advirtió que el caso Odebrecht se caería porque no estaba bien avalado desde el punto de vista del derecho.
Sin embargo, Wilson Caamacho y Yeni Berenice Reynoso, procuradores adjuntos y que son los que han llevado la parte más pesada de las persecuciones, reiteraron en varias ocasiones que el caso Odebrecht terminaría con una condena de los imputados porque el mismo contaba con todas las pruebas para que así ocurriera, pero las cosas no han sido de esa manera.
Las tres magistradas del referido tribunal colegiado de primera instancia en la lectura de las motivaciones o dispositivos de sus sentencias en todo momento se apoyaron en la duda razonable, la cual lleva a cualquier tribunal a emitir sentencias absolutorias en favor de los imputados.
El caso Odebrecht, que ha tenido una fuerte repercusión en la mayoría de los países latinoamericanos y que ha llevado a la cárcel a varios jefes de Estados, principalmente en el Perú, ha constituido en la República Dominicana un verdadero fiasco y la decisión del tribunal que ventiló la audiencia de fondo sobre el escándalo podría tener un impacto determinante en las persecuciones por otros casos que lleva el Ministerio Público en contra de funcionarios del pasado gobierno.
El fallo de este jueves sólo logró condenar a uno de los imputados por alegadamente pagar para lograr la aprobación de obras con las que se estafaba al Estado, el cual establece que hay sobornador, pero no sobornados con los 96 millones de dólares supuestamente usados para esos fines, ya que en el dispositivo de las sentencias las magistradas no encontraron pruebas suficientes para condenar a la mayoría de los acusados, lo cual hubiese completado el cuadro presentado originalmente de que hubo quien ofreció, pero también quien recibió dinero para dar su voto en favor de los ilegales planes de Odebrecht.
Víctor Diaz Rúa fue condenado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero las razones para llegar a esa conclusión por parte del tribunal también fueron interpretativas, pero no porque existan pruebas contundentes que lo involucran en esos delitos.
Lo propio sucedió con Ángel Rondón Rijo, ya que las pruebas en su contra parecen ser logradas sólo mediante deducciones lógicas, pero no porque se hayan documentado con piezas probatorias fehacientes que lleven a la condena por lavado de activos y soborno, lo cual indica que el trabajo desarrollado por el Ministerio Público constituyó un rotundo fracaso.
Con las sentencias de este jueves prevaleció en el tribunal más la íntima convicción del juez y el in dubio pro reo que el apoyo en razones lo suficientemente claras sobre la culpabilidad o la inocencia de los imputados, pero además se observó que se buscó emitir un veredicto que fuera hasta cierto punto equilibrado y mandara a la cárcel a los dos que todo mundo veía como responsables de ilícitos penales.
Ahora se produce una especie de retroceso en la justicia dominicana, ya que históricamente los tecnicismos legales y las interpretaciones de los tribunales a través de la íntima convicción ha sido una vía para promover impunidad y otorgar la libertad a personas responsables de la comisión de grandes delitos en contra del patrimonio público y de otros ilícitos, pero la falta de pruebas generalmente derivan en que el juez se apoye en las figuras jurídicas que dieron pie a las sentencias emitidas en un caso tan importante para la sociedad dominicana.
El Ministerio Público ya anunció que apelará el fallo, pero la realidad es que esta es su primera derrota en una lucha que será larga y agotadora, sin que exista la certeza de que el que cometió un crimen o delito en realidad pague por el mismo.
Desde cualquier ángulo que se miren las sentencias del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su mayor apoyo fue la figura jurídica del in dubio pro reo o la duda razonable, lo cual les permitió a las tres magistradas recurrir a la famosa y ampliamente conocida íntima convicción del juez, que le da un margen de poder para fallar en función de lo que se ajusta a sus intereses y a las razones políticas predominantes en el sistema de justicia.
Para la sociedad, sin embargo, tiene un valor importante el decomiso de los recursos de los condenados que ascienden a miles de millones de pesos, lo cual todavía no es definitivo, porque ellos también tienen el derecho de recurrir en apelación las sentencias al respecto, las cuales en esa instancia serán examinadas de acuerdo al nuevo derecho procesal que busca determinar hasta donde no ha habido violación de principios como el de legalidad, el de igualdad y cualquier otro que haya puesto en peligro la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.