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La auditoría que anunció la JCE será vigilada por la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.
El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández,anunció a propósito de lo dicho por la Junta Central Electoral de que ha contratado una empresa española para hacer la auditoria forense luego del pasado proceso del 6 de octubre, advirtió que vigilara pasa a paso ese proceso y manifestó que ya han pasado más de dos meses y medio y que por lo tanto se ha perdido la cadena de custodia.
“Si lo que se procura es legitimar los resultados del pasado 6 de octubre, que se sepa de antemano que eso no será posible, porque si se convoca a esa empresa española a hacer la auditoría forense, los delegados nuestros ante la JCE y de los demás partidos tienen que participar en cada fase del proceso de todas las medidas que nosotros hemos solicitado para que esa auditoría sea una autopsia al cadáver del proceso electoral de las primarias del pasado 6 de octubre”, manifestó Fernández.
“La JCE lo que tiene que procurar es dedicarse a hacer la auditoría previa y programar la pos de lo que va a ocurrir el 16 de febrero, porque necesitamos tener garantía absoluta que esta vez sí se va a respetar en toda su expresión la voluntad de nuestro pueblo a través de las urnas electorales”, señaló.
Al encabezar un almuerzo navideño con dirigentes del Gran Santo Domingo en el Club Los Prados, Fernández dijo que “la Fuerza del Pueblo estará vigilante a cada uno de estos pasos, porque sabemos que es lo que se procura: legitimar lo que pasó para justificar lo que ha de venir”.
“Y nosotros decimos, si lo que ha de venir no representa al pueblo, que se preparen desde ya, porque el pueblo dominicano entonces, expresará su inconformidad por otras vías”, apuntó el presidente de la FP.
Calificó el año como intenso en términos políticos, lleno de adversidades y de desafíos, pero dijo que han vencido y han sido victoriosos.
Señaló que al producirse la ruptura con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo primero que se quiso hacer fue desconocer el derecho del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), quienes abrieron sus puertas generosas para que pudieran integrarse.
Dijo que incluso se procuró impedir esto, utilizando vías judiciales para hacer que el tiempo no les permitiese participar en los próximos comicios, pero que se demostró en los tribunales que tenían razón y derecho a fusionar estas dos corrientes políticas en lo que es hoy la FP.
“No querían que utilizáramos el verde del PTD, y vencimos”, apuntó Fernández, al señalar que ya teniendo el nombre, el partido y la simbología legalizados, iniciaron en pintar locales en el exterior y para el mes de enero verán en todo el país los locales verde y negro de la FP ya constituida como una expresión política mayoritaria de la República Dominicana
Dijo que esta es una fuerza política que vencerá en los comicios, y que no será un partido solo para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones que fortalecerá la dignidad y la democracia de los dominicanos.
Apuntó que han culminado su proceso interno con una dirección política y una dirección central que a partir de enero se ampliará.
Asimismo, adelantó que se ha creado la estrategia y la estructura organizativa electoral de cara a los procesos de febrero y de mayo.
Fernández dijo que entiende que si son capaces de estar a la altura de las circunstancias actuales, es un sacrificio que todos deben realizar para impedir que el curso natural de la historia dominicana sea desviado y que por consiguiente este país vuelva a caer en un retroceso que ya no creían posible, pero que sí lo es, porque todavía hay mentalidades cavernícolas que así creen.
“Y eso tenemos que vencerlo en febrero y mayo actuando de manera inteligente y responsable en esos próximos comicios electorales”, manifestó.
Anunció que se están creando grupos para la defensa de los votos por cada mesa electoral para evitar que nueva vez se altere la voluntad popular, como el pasado seis de octubre en las primarias del partido de gobierno.
Evitar reforma a la Constitución desató ira en Palacio
Al rememorar la situación política que derivó en la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana, recordó que previo a las primarias del partido oficialista, se había advertido que había la intención de perpetuarse en el poder en las filas palaciegas y que eso implicaba una reforma a la Constitución por segunda vez consecutiva, acto que ni siquiera Trujillo se atrevió a hacer en la historia de la República Dominicana.
“Era una aventura peligrosa que ponía en riesgo la democracia en el país. Por tanto, nos habíamos opuesto en el 2015 a esa reforma para viabilizar la reelección presidencial, y en aquella ocasión dijimos: si bien estoy de acuerdo, pero en aras de mantener la unidad del partido si se hace una consulta popular a modo de referéndum o de plebiscito”, rememoró.
Dijo que no se quiso consultar al pueblo ni se hizo plebiscito, que era la única manera de legitimación popular y que cuando intentó repetirse en 2019, lo consideré un acto de provocación al pueblo dominicano y que por ello, recorrieron todo el territorio bajo la consigna de respeto a la Constitución de la República.
“Y logramos que se respetara la Constitución, por tanto, fue un gran triunfo esa jornada cívica porque al fin y al cabo, era considerar el respeto a la libertad, al estado de derecho y a la justicia que tanto esfuerzo y tanta sangre ha costado a distintas generaciones de la historia dominicana”, señaló.
Apuntó que “el haber logrado frenar los intentos de modificar la Constitución, desataron la ira palaciega, montaron al Palacio en cólera y desde entonces han estado en una actitud de persecución y en un intento de humillación a quienes cerraron fila en esa causa”.
Asimismo, recordó que desconocieron los acuerdos que llevaban a la presidencia de la Cámara de Diputados a Demóstenes Martínez y fueron a las primarias con todas las encuestas indicando su triunfo arrollador.
Dijo que a pesar del fraude montado con el 90 % de los votos computados cuando ya no era posible revertir la tendencia y supuestamente las urnas estaban cerradas porque la votación culminaba a las 4 de la tarde, en ese momento habían ganado, venciendo al Estado, al Poder Ejecutivo, a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a los militares, a las bocinas mediáticas… habíamos vencido todo.
Manifestó que hubo gente que ya estaba celebrando, pero que en Palacio nunca llegaron a pensar que los votos no le iban a dar con todo y fraude y el plan B se dio, imponiendo la manipulación la data y prologando las horas para votar.
“Todo el mundo sabe en este país que lo que ocurrió el pasado 6 de octubre fue el primer fraude electrónico del siglo XXI”, manifestó Fernández, quien agregó que así lo denunciaron y lo explicaron.
Señaló que ese fraude se produjo porque la JCE no había sido firme y rigurosa en tomar medidas fundamentales para preservar la integridad del proceso.
Destacó que el fraude fue evidente al igual que las vulnerabilidades de la JCE y del sistema permitieron que así ocurriese.
“La sociedad civil, específicamente Participación Ciudadana, hizo otros tipos de análisis y llegó a la conclusión de que lo que pasó el 6 de octubre en las primarias del PLD, no representaba la voluntad del pueblo dominicano y por consiguiente estableció que el candidato del oficialismo es ilegítimo en este proceso electoral”, finalizó.
Este lunes 23 de diciembre, Fernández encabezará su tradicional reparto de cajas navideñas en las oficinas políticas de la Benito Monción, en Gascue, a partir de las 8:00 de la mañana.
Santo Domingo.– Los abogados de varios de los encartados en el denominado caso SeNaSa 2.0 cuestionaron este lunes la solicitud del Ministerio Público de imponer hasta 18 meses de prisión preventiva contra parte de los investigados, al considerar que existen otras medidas de coerción suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso.
Los representantes legales sostienen que sus defendidos, entre ellos profesionales de la medicina, poseen domicilio conocido, vínculos familiares y laborales en la República Dominicana, elementos que, según la defensa, disminuyen cualquier posibilidad de que intenten abandonar el país o sustraerse de la acción de la justicia.
Los juristas insistieron en que los imputados se encuentran en disposición de asistir a las audiencias y demás actuaciones judiciales que sean requeridas mientras continúe la investigación.
“Son médicos, tienen arraigo y no se van a ir del país”, manifestaron abogados vinculados al proceso al defender la aplicación de medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Tribunal impuso diferentes medidas de coerción
Como parte del proceso relacionado con la denominada Operación Cobra 2.0-A, el tribunal estableció distintas medidas de coerción de acuerdo con la situación particular de cada imputado.
Entre las disposiciones adoptadas figuran prisión preventiva, arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantías económicas.
Durante la jornada de este lunes, abogados de algunos de los procesados comenzaron además las gestiones correspondientes al retiro de dispositivos de monitoreo impuestos por el tribunal dentro de las medidas adoptadas.
Investigación por presuntas irregularidades
El expediente tiene su origen en una investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a supuestas irregularidades relacionadas con autorizaciones y servicios de salud atribuidos a personas vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Las autoridades investigan la posible existencia de un esquema mediante el cual se habrían realizado operaciones irregulares en perjuicio de la aseguradora estatal.
Los abogados de los imputados han reiterado que sus clientes permanecerán disponibles para responder a las imputaciones y participar en las distintas etapas del proceso.
La defensa sostiene que el arraigo laboral, familiar y domiciliario de los acusados debe ser ponderado por los tribunales al momento de determinar la necesidad y proporcionalidad de las medidas de coerción.
El proceso continúa bajo investigación mientras las partes preparan sus respectivos argumentos frente a las decisiones adoptadas por la jurisdicción competente.
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INTRANT ajustará licencias de mayores de 75 años tras fallo del Tribunal Constitucional
La institución modificará sus sistemas de emisión y renovación luego de que el TC declarara inconstitucional la reducción automática de la vigencia de la licencia por razón de edad
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO.– El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) anunció que adecuará sus procedimientos para cumplir con la sentencia TC/0904/26 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional la disposición que establecía una vigencia de solo dos años para las licencias de conducir de las personas mayores de 75 años. Tribunal Constitucional
La decisión constitucional se produjo a raíz de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Fanny Josefina Melo Abreu y Héctor Manuel Melo Abreu contra el artículo 21 del Decreto núm. 6-19, que contiene el Reglamento de Licencias de Conducir. La sentencia fue publicada por el Tribunal Constitucional el 14 de septiembre de 2026. Tribunal Constitucional
El director ejecutivo del INTRANT, Juan Manuel Méndez García, informó este lunes que la institución acatará la decisión y realizará los ajustes correspondientes en sus procedimientos. La medida elimina el trato diferenciado que reducía la duración de las licencias únicamente por haber alcanzado determinada edad. Diario Libre
INTRANT inicia adecuación de sus sistemas
Como parte del cumplimiento de la sentencia, Méndez García dispuso que las áreas jurídicas, técnicas y de atención al usuario trabajen en las modificaciones necesarias para que los sistemas utilizados en la emisión y renovación de licencias sean adaptados al nuevo escenario jurídico. El Atlantico
La institución procura que las personas adultas mayores puedan realizar estos trámites en condiciones de igualdad y sin una reducción automática del período de vigencia fundamentada exclusivamente en la edad.
La decisión, sin embargo, no elimina los requisitos relacionados con las condiciones necesarias para conducir. La normativa dominicana contempla evaluaciones y requisitos vinculados con las aptitudes y condiciones psicofísicas de los conductores, por lo que el fallo debe distinguirse de las restricciones que puedan justificarse a partir de condiciones individuales acreditadas y no simplemente de la edad de una persona. Intrant
Igualdad y no discriminación en el centro del caso
El alcance del fallo trasciende el procedimiento administrativo de renovación de una licencia. La controversia coloca en primer plano el principio constitucional de igualdad y no discriminación, al cuestionar que la edad, considerada de manera aislada, pueda servir para imponer una carga administrativa diferenciada.
La sentencia TC/0904/26 constituye así una referencia relevante en la discusión sobre los derechos de los adultos mayores y los límites constitucionales de las regulaciones administrativas. Tribunal Constitucional
El INTRANT continuará aplicando la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y las normas relativas a la aptitud para conducir, pero deberá hacerlo conforme al criterio constitucional establecido en la decisión.
La adecuación anunciada representa, además, una consecuencia directa del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional para los poderes públicos y órganos del Estado.
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Nueva ley de juegos de azar entra en fase decisiva tras vencer plazo constitucional del Ejecutivo
La pieza fue remitida al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre; la Constitución establece el procedimiento aplicable cuando vence el plazo para promulgar u observar una ley
Por Ana Rodríguez
SANTO DOMINGO.– La nueva legislación destinada a reorganizar y modernizar la regulación de los juegos de azar en República Dominicana entró en una etapa decisiva luego de transcurrir el plazo constitucional señalado para que el Poder Ejecutivo procediera a su promulgación u observación.
El proyecto fue convertido en ley por el Senado de la República el pasado 16 de septiembre, luego de varios meses de estudio en el Congreso Nacional, y remitido al Poder Ejecutivo el 18 de septiembre, de acuerdo con la información disponible sobre el trámite legislativo.
La iniciativa procura sustituir y reorganizar un marco regulatorio que tiene entre sus antecedentes principales normas sobre juegos de azar que datan de 1964. La necesidad de actualizar la regulación del sector ha sido objeto de distintas iniciativas legislativas durante años; documentos oficiales del Senado registran proyectos anteriores destinados a establecer un régimen más amplio para los juegos y apuestas. Senador D
El plazo constitucional
La situación adquiere especial relevancia jurídica debido a las disposiciones constitucionales que regulan la promulgación y observación de las leyes.
El artículo 101 de la Constitución dominicana vigente —no el artículo 110, como indica la información de origen— regula la promulgación y publicación de las leyes. Por tratarse de una cuestión constitucional y de actualidad, conviene verificar el texto vigente antes de publicación definitiva.
Según el procedimiento constitucional, una vez agotado el plazo correspondiente sin que se produzca la promulgación y publicación, se activa el mecanismo previsto por la propia Constitución para las leyes sancionadas por el Congreso.
Por ello, más allá de determinar si existe o no un anuncio público del Poder Ejecutivo, la cuestión central pasa a ser establecer la fecha exacta de recepción de la pieza, si fue declarada de urgencia, si se produjo alguna observación dentro del plazo y cuál es formalmente su situación jurídica.
Diez años sin nuevos establecimientos
Uno de los aspectos de mayor impacto de la nueva regulación es el establecimiento de una moratoria para la apertura de nuevos negocios de juegos de azar.
De acuerdo con el texto aprobado descrito en la información suministrada, durante un período de 10 años no podrían instalarse nuevos establecimientos de juegos de azar, con las excepciones contempladas por la propia legislación.
La finalidad de esa restricción sería permitir que las autoridades organicen, fiscalicen y regularicen los establecimientos que actualmente funcionan en el territorio nacional.
La medida se produce en un contexto en el que el Gobierno ya había retomado acciones para ordenar el sector. En abril de este año, el Poder Ejecutivo informó la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de lotería, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y otros operadores, mediante el Decreto 197-26. Presidencia de la República Dominicana
Casinos turísticos quedarían exceptuados
La restricción para la instalación de nuevos negocios no alcanzaría de igual manera a todos los establecimientos.
Según el contenido de la pieza descrito en la información suministrada, el artículo 194 contempla una excepción para casinos ubicados en hoteles y lugares turísticos, que podrían establecerse bajo las condiciones previstas por la nueva normativa.
Este tratamiento diferenciado introduce uno de los aspectos que probablemente generará mayor atención durante la aplicación de la legislación, particularmente por sus implicaciones para la actividad turística y la organización territorial del sector.
Una nueva autoridad para fiscalizar los juegos
Otro de los cambios relevantes sería la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), adscrita al Ministerio de Hacienda y Economía, institución que tendría responsabilidades de fiscalización y supervisión del sector.
La creación de una estructura especializada representaría una transformación del modelo institucional de control de una actividad que comprende bancas de lotería y deportivas, casinos, máquinas tragamonedas, apuestas por internet, bingos, agencias hípicas y otras modalidades.
Actualmente, el Gobierno mantiene un esquema de regularización en el que participan varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda y Economía y la Dirección General de Impuestos Internos. Presidencia de la República Dominicana
Límites de distancia para bancas y otros establecimientos
La legislación también introduce restricciones territoriales.
De acuerdo con la pieza aprobada descrita, determinados establecimientos de juegos de azar no podrán funcionar a menos de 500 metros de escuelas, colegios, universidades, instalaciones policiales y militares, estancias infantiles, Centros de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), hospitales, clínicas, iglesias y determinadas sedes de poderes y órganos del Estado.
Para las bancas deportivas se contempla una distancia mínima de 500 metros, mientras que para las bancas de lotería la separación establecida sería de 200 metros.
Casinos, salas de máquinas tragamonedas, bancas deportivas y otros establecimientos señalados por la normativa deberán, además, funcionar en locales cerrados.
Relojes visibles y medidas contra la ludopatía
La nueva legislación no se limita a cuestiones fiscales y administrativas.
Entre las disposiciones descritas figura la obligación de colocar relojes visibles en determinados establecimientos donde se realicen apuestas, una medida destinada a que los jugadores puedan mantener referencia del tiempo transcurrido dentro de esos espacios.
Más significativa desde el punto de vista social es la prevista creación de un Registro Nacional de Autoexclusión, mediante el cual personas afectadas por problemas relacionados con el juego podrían solicitar restricciones para acceder a determinadas actividades de apuestas.
La incorporación de medidas vinculadas al juego responsable introduce una dimensión de salud y protección social en una actividad tradicionalmente abordada principalmente desde la autorización, fiscalización y recaudación.
Una regulación esperada durante años
La transformación del régimen de los juegos de azar no comenzó con esta pieza. El archivo legislativo del Senado conserva iniciativas anteriores dirigidas a establecer una regulación integral del sector, incluyendo propuestas presentadas en legislaturas pasadas. Memoria Histórica
En marzo de 2026, durante una sesión del Senado, incluso se hizo referencia a iniciativas sometidas desde 2021 y a otra propuesta que se encontraba bajo estudio de la Comisión de Hacienda. Senador D
Ahora, tras completar su recorrido por el Congreso, la atención se desplaza hacia la situación formal de la legislación después de su remisión al Poder Ejecutivo.
La definición de ese punto resulta fundamental, porque de ella dependerá el momento en que comiencen a operar las nuevas reglas para un sector de considerable presencia económica y social en República Dominicana.