Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.Nacionales
No es más que una cárcel el pueblo de La Victoria, expresan sus residentes.
Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.La mayoría de los vecinos, paradójicamente, están opuestos al traslado del recinto escenario de tantas historias negativas a lo largo de sus 67 años de existencia, especialmente por el hacinamiento que genera la sobrepoblación de reclusos en el penal.
La opinión generalizada es que el traslado del presidio agravará los problemas en la comunidad debido a la falta de fuentes de trabajo y a la desatención de las autoridades.
“La gente piensa que en La Victoria solo hay presos”, expresa con marcada desilusión Fausto Moreno, con 64 años residiendo en la comunidad, quien alude de esa manera al destino que ata a esta localidad y el recinto penitenciario inaugurado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 16 de agosto de 1952.
Precisó que las autoridades han perdido de vista que en la cárcel hay una población tan numerosa como en la comunidad y, por tanto, hay un hacinamiento duplicado por la falta de atención dentro y fuera del penal.
“Es duro decir que una cárcel es la principal fuente de ingreso de un pueblo, pero es así. Eso contribuye a que incluso se confunda la cárcel con la comunidad”, reflexionó Moreno.
Mientras, Enrique Castillo, cuya vivienda está ubicada a poca distancia de un enorme basurero que generan los propios habitantes y la actividad económica frente a la vieja estructura penitenciaria, especialmente miércoles y domingo, los días habilitados para visitas en la cárcel, dice que cuando queman esos desperdicios que el ayuntamiento local tarda en recoger, el temor a contraer enfermedades respiratorias se incrementa entre los vecinos del entorno.
La insalubridad predomina a cada paso por la basura acumulada, las deficiencias en el drenaje y por el polvo en las calles sin asfalto.
Castillo, chofer de carro público, deploró que en un área cerca del basurero se cobre 30 pesos para el estacionamiento de vehículos a personas que visitan la cárcel, pero aun así no le dan al entorno el mantenimiento que amerita.
Richard Cid, quien opera el colmado-comedor “Eva”, ubicado justo frente a la vieja estructura levantada con pabellones para celdas en forma octagonal, estima que el traslado de la cárcel La Victoria afectará significativamente a todos los habitantes, debido a que es la principal fuente de trabajo en la localidad.
Una parte considerable de su clientela está integrada por las personas que visitan y hacen vida en los alrededores de la cárcel. Detrás del mostrador de su negocio, ha sido testigo de los momentos difíciles que enfrentan familiares y otras personas vinculados a los reos, pues apunta que todo el que llega aquí “viene quebrantado”.
“No es fácil tener un familiar ahí dentro, la incertidumbre que genera tener una persona presa en ese penal”, precisa Cid, quien admite que el traslado del penal afectaría las ventas en su negocio.
La cárcel de La Victoria se diseñó para albergar a 1,200 personas, pero actualmente, entre preventivos y condenados, la población de privados de libertad se estima en 9,000.
La Procuraduría General de la República construye actualmente “La Nueva Victoria”, en la comunidad Las Parras de Guerra, en Santo Domingo Este. Será un centro con capacidad para unos 9,000 reclusos y centrado en la humanización del sistema penitenciario.
Domingo García de la Rosa, de 70 años, tiene un negocio al aire libre de venta de comida cerca de la entrada principal al penal, donde ha logrado el sustento de su familia por más de 20 años.
“El pueblo de La Victoria no tiene fuentes de trabajo, lo sabe el Presidente y todo el mundo, si quitan esa cárcel de qué vamos a vivir”, agregó el comerciante, quien sugirió instalar allí una zona franca luego del traslado de la cárcel para que “los moradores no pasen más trabajo del que están pasando”.
De los momentos más dramáticos que le ha tocado presenciar allí, cita el paso de los ciclones, especialmente el huracán George. “Los presos una parte los subieron en la azotea y en el play se podía nadar como en un río”, precisó García de la Rosa, quien recuerda que se usaron hasta helicópteros para evitar una fuga masiva de reos.
Los alrededores del penal es un hervidero de personas cada día y ahora mucho más con la instalación de furgones para agilizar el conocimiento de los expedientes a recluidos por diversos crímenes y delitos.
La principal preocupación con la cárcel son los frecuentes tiroteos. Ana Guzmán, quien residió buen tiempo en La Victoria en una casa de madera y techo de zinc, luego alquiló el inmueble y regresó hace un mes, dice que con frecuencia tiene que refugiarse debajo de la cama.
“Mira cómo está esa fuente de contaminación”, expresa señalando hacia el vertedero improvisado frente a su casa. “Y cuando queman la basura es lo fuerte”, añadió Guzmán, quien se siente arrepentida de su regreso a “La Victoria”.
“Eso es lo único que hay aquí, llevándose eso, se llevan medio mundo en La Victoria”, considera Rosa Ángela Mercedes, quien labora en una banca de loterías donde hasta los presos “juegan sus numeritos”.
Las ventas en el negocio se triplican los días de visitas en la cárcel.
Melinda Florentino, dueña de un colmado que lleva su nombre, no se opone al traslado de la cárcel, pero sugiere a las autoridades buscar otra fuente de empleo para los moradores tan pronto eso ocurra. “Quitar la cárcel es como dejar sin madre a La Victoria”, agregó.
Las autoridades proyectan inaugurar “La Nueva Victoria” en abril del presente año. La vieja cárcel será evaluada para determinar cuáles áreas se pueden utilizar.
Nativo del sector, tiene 64 años
Considera duro decir que una cárcel sea la principal fuente de ingresos de una comundad y plantea que, además de presos, aquí hay moradores tan abandonados como los reclusos.
El comerciante puntualiza que en la cárcel de La Victoria son insignificantes los motines y conflictos, si se toma en cuenta que allí está lo más difícil de miles de familias.
“Aquí vivimos en una Victoria perdida”, exclama Cleto Vinicio Fortunato, de 43 años, quien se gana la vida en el sector como vendedor de mondongo y patas de vaca.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.