Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.Nacionales
No es más que una cárcel el pueblo de La Victoria, expresan sus residentes.
Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.La mayoría de los vecinos, paradójicamente, están opuestos al traslado del recinto escenario de tantas historias negativas a lo largo de sus 67 años de existencia, especialmente por el hacinamiento que genera la sobrepoblación de reclusos en el penal.
La opinión generalizada es que el traslado del presidio agravará los problemas en la comunidad debido a la falta de fuentes de trabajo y a la desatención de las autoridades.
“La gente piensa que en La Victoria solo hay presos”, expresa con marcada desilusión Fausto Moreno, con 64 años residiendo en la comunidad, quien alude de esa manera al destino que ata a esta localidad y el recinto penitenciario inaugurado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 16 de agosto de 1952.
Precisó que las autoridades han perdido de vista que en la cárcel hay una población tan numerosa como en la comunidad y, por tanto, hay un hacinamiento duplicado por la falta de atención dentro y fuera del penal.
“Es duro decir que una cárcel es la principal fuente de ingreso de un pueblo, pero es así. Eso contribuye a que incluso se confunda la cárcel con la comunidad”, reflexionó Moreno.
Mientras, Enrique Castillo, cuya vivienda está ubicada a poca distancia de un enorme basurero que generan los propios habitantes y la actividad económica frente a la vieja estructura penitenciaria, especialmente miércoles y domingo, los días habilitados para visitas en la cárcel, dice que cuando queman esos desperdicios que el ayuntamiento local tarda en recoger, el temor a contraer enfermedades respiratorias se incrementa entre los vecinos del entorno.
La insalubridad predomina a cada paso por la basura acumulada, las deficiencias en el drenaje y por el polvo en las calles sin asfalto.
Castillo, chofer de carro público, deploró que en un área cerca del basurero se cobre 30 pesos para el estacionamiento de vehículos a personas que visitan la cárcel, pero aun así no le dan al entorno el mantenimiento que amerita.
Richard Cid, quien opera el colmado-comedor “Eva”, ubicado justo frente a la vieja estructura levantada con pabellones para celdas en forma octagonal, estima que el traslado de la cárcel La Victoria afectará significativamente a todos los habitantes, debido a que es la principal fuente de trabajo en la localidad.
Una parte considerable de su clientela está integrada por las personas que visitan y hacen vida en los alrededores de la cárcel. Detrás del mostrador de su negocio, ha sido testigo de los momentos difíciles que enfrentan familiares y otras personas vinculados a los reos, pues apunta que todo el que llega aquí “viene quebrantado”.
“No es fácil tener un familiar ahí dentro, la incertidumbre que genera tener una persona presa en ese penal”, precisa Cid, quien admite que el traslado del penal afectaría las ventas en su negocio.
La cárcel de La Victoria se diseñó para albergar a 1,200 personas, pero actualmente, entre preventivos y condenados, la población de privados de libertad se estima en 9,000.
La Procuraduría General de la República construye actualmente “La Nueva Victoria”, en la comunidad Las Parras de Guerra, en Santo Domingo Este. Será un centro con capacidad para unos 9,000 reclusos y centrado en la humanización del sistema penitenciario.
Domingo García de la Rosa, de 70 años, tiene un negocio al aire libre de venta de comida cerca de la entrada principal al penal, donde ha logrado el sustento de su familia por más de 20 años.
“El pueblo de La Victoria no tiene fuentes de trabajo, lo sabe el Presidente y todo el mundo, si quitan esa cárcel de qué vamos a vivir”, agregó el comerciante, quien sugirió instalar allí una zona franca luego del traslado de la cárcel para que “los moradores no pasen más trabajo del que están pasando”.
De los momentos más dramáticos que le ha tocado presenciar allí, cita el paso de los ciclones, especialmente el huracán George. “Los presos una parte los subieron en la azotea y en el play se podía nadar como en un río”, precisó García de la Rosa, quien recuerda que se usaron hasta helicópteros para evitar una fuga masiva de reos.
Los alrededores del penal es un hervidero de personas cada día y ahora mucho más con la instalación de furgones para agilizar el conocimiento de los expedientes a recluidos por diversos crímenes y delitos.
La principal preocupación con la cárcel son los frecuentes tiroteos. Ana Guzmán, quien residió buen tiempo en La Victoria en una casa de madera y techo de zinc, luego alquiló el inmueble y regresó hace un mes, dice que con frecuencia tiene que refugiarse debajo de la cama.
“Mira cómo está esa fuente de contaminación”, expresa señalando hacia el vertedero improvisado frente a su casa. “Y cuando queman la basura es lo fuerte”, añadió Guzmán, quien se siente arrepentida de su regreso a “La Victoria”.
“Eso es lo único que hay aquí, llevándose eso, se llevan medio mundo en La Victoria”, considera Rosa Ángela Mercedes, quien labora en una banca de loterías donde hasta los presos “juegan sus numeritos”.
Las ventas en el negocio se triplican los días de visitas en la cárcel.
Melinda Florentino, dueña de un colmado que lleva su nombre, no se opone al traslado de la cárcel, pero sugiere a las autoridades buscar otra fuente de empleo para los moradores tan pronto eso ocurra. “Quitar la cárcel es como dejar sin madre a La Victoria”, agregó.
Las autoridades proyectan inaugurar “La Nueva Victoria” en abril del presente año. La vieja cárcel será evaluada para determinar cuáles áreas se pueden utilizar.
Nativo del sector, tiene 64 años
Considera duro decir que una cárcel sea la principal fuente de ingresos de una comundad y plantea que, además de presos, aquí hay moradores tan abandonados como los reclusos.
El comerciante puntualiza que en la cárcel de La Victoria son insignificantes los motines y conflictos, si se toma en cuenta que allí está lo más difícil de miles de familias.
“Aquí vivimos en una Victoria perdida”, exclama Cleto Vinicio Fortunato, de 43 años, quien se gana la vida en el sector como vendedor de mondongo y patas de vaca.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.