Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.Nacionales
No es más que una cárcel el pueblo de La Victoria, expresan sus residentes.
Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.La mayoría de los vecinos, paradójicamente, están opuestos al traslado del recinto escenario de tantas historias negativas a lo largo de sus 67 años de existencia, especialmente por el hacinamiento que genera la sobrepoblación de reclusos en el penal.
La opinión generalizada es que el traslado del presidio agravará los problemas en la comunidad debido a la falta de fuentes de trabajo y a la desatención de las autoridades.
“La gente piensa que en La Victoria solo hay presos”, expresa con marcada desilusión Fausto Moreno, con 64 años residiendo en la comunidad, quien alude de esa manera al destino que ata a esta localidad y el recinto penitenciario inaugurado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 16 de agosto de 1952.
Precisó que las autoridades han perdido de vista que en la cárcel hay una población tan numerosa como en la comunidad y, por tanto, hay un hacinamiento duplicado por la falta de atención dentro y fuera del penal.
“Es duro decir que una cárcel es la principal fuente de ingreso de un pueblo, pero es así. Eso contribuye a que incluso se confunda la cárcel con la comunidad”, reflexionó Moreno.
Mientras, Enrique Castillo, cuya vivienda está ubicada a poca distancia de un enorme basurero que generan los propios habitantes y la actividad económica frente a la vieja estructura penitenciaria, especialmente miércoles y domingo, los días habilitados para visitas en la cárcel, dice que cuando queman esos desperdicios que el ayuntamiento local tarda en recoger, el temor a contraer enfermedades respiratorias se incrementa entre los vecinos del entorno.
La insalubridad predomina a cada paso por la basura acumulada, las deficiencias en el drenaje y por el polvo en las calles sin asfalto.
Castillo, chofer de carro público, deploró que en un área cerca del basurero se cobre 30 pesos para el estacionamiento de vehículos a personas que visitan la cárcel, pero aun así no le dan al entorno el mantenimiento que amerita.
Richard Cid, quien opera el colmado-comedor “Eva”, ubicado justo frente a la vieja estructura levantada con pabellones para celdas en forma octagonal, estima que el traslado de la cárcel La Victoria afectará significativamente a todos los habitantes, debido a que es la principal fuente de trabajo en la localidad.
Una parte considerable de su clientela está integrada por las personas que visitan y hacen vida en los alrededores de la cárcel. Detrás del mostrador de su negocio, ha sido testigo de los momentos difíciles que enfrentan familiares y otras personas vinculados a los reos, pues apunta que todo el que llega aquí “viene quebrantado”.
“No es fácil tener un familiar ahí dentro, la incertidumbre que genera tener una persona presa en ese penal”, precisa Cid, quien admite que el traslado del penal afectaría las ventas en su negocio.
La cárcel de La Victoria se diseñó para albergar a 1,200 personas, pero actualmente, entre preventivos y condenados, la población de privados de libertad se estima en 9,000.
La Procuraduría General de la República construye actualmente “La Nueva Victoria”, en la comunidad Las Parras de Guerra, en Santo Domingo Este. Será un centro con capacidad para unos 9,000 reclusos y centrado en la humanización del sistema penitenciario.
Domingo García de la Rosa, de 70 años, tiene un negocio al aire libre de venta de comida cerca de la entrada principal al penal, donde ha logrado el sustento de su familia por más de 20 años.
“El pueblo de La Victoria no tiene fuentes de trabajo, lo sabe el Presidente y todo el mundo, si quitan esa cárcel de qué vamos a vivir”, agregó el comerciante, quien sugirió instalar allí una zona franca luego del traslado de la cárcel para que “los moradores no pasen más trabajo del que están pasando”.
De los momentos más dramáticos que le ha tocado presenciar allí, cita el paso de los ciclones, especialmente el huracán George. “Los presos una parte los subieron en la azotea y en el play se podía nadar como en un río”, precisó García de la Rosa, quien recuerda que se usaron hasta helicópteros para evitar una fuga masiva de reos.
Los alrededores del penal es un hervidero de personas cada día y ahora mucho más con la instalación de furgones para agilizar el conocimiento de los expedientes a recluidos por diversos crímenes y delitos.
La principal preocupación con la cárcel son los frecuentes tiroteos. Ana Guzmán, quien residió buen tiempo en La Victoria en una casa de madera y techo de zinc, luego alquiló el inmueble y regresó hace un mes, dice que con frecuencia tiene que refugiarse debajo de la cama.
“Mira cómo está esa fuente de contaminación”, expresa señalando hacia el vertedero improvisado frente a su casa. “Y cuando queman la basura es lo fuerte”, añadió Guzmán, quien se siente arrepentida de su regreso a “La Victoria”.
“Eso es lo único que hay aquí, llevándose eso, se llevan medio mundo en La Victoria”, considera Rosa Ángela Mercedes, quien labora en una banca de loterías donde hasta los presos “juegan sus numeritos”.
Las ventas en el negocio se triplican los días de visitas en la cárcel.
Melinda Florentino, dueña de un colmado que lleva su nombre, no se opone al traslado de la cárcel, pero sugiere a las autoridades buscar otra fuente de empleo para los moradores tan pronto eso ocurra. “Quitar la cárcel es como dejar sin madre a La Victoria”, agregó.
Las autoridades proyectan inaugurar “La Nueva Victoria” en abril del presente año. La vieja cárcel será evaluada para determinar cuáles áreas se pueden utilizar.
Nativo del sector, tiene 64 años
Considera duro decir que una cárcel sea la principal fuente de ingresos de una comundad y plantea que, además de presos, aquí hay moradores tan abandonados como los reclusos.
El comerciante puntualiza que en la cárcel de La Victoria son insignificantes los motines y conflictos, si se toma en cuenta que allí está lo más difícil de miles de familias.
“Aquí vivimos en una Victoria perdida”, exclama Cleto Vinicio Fortunato, de 43 años, quien se gana la vida en el sector como vendedor de mondongo y patas de vaca.
Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.