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No es más que una cárcel el pueblo de La Victoria, expresan sus residentes.

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Santo Domingo, RD.-Una cárcel es la principal fuente de vida del municipio de La Victoria, perteneciente a la provincia Santo Domingo Norte, lo cual serviría para definir a esta demarcación como una gran derrotada, porque una de sus causas de lucha es  evitar el traslado de un centro de reclusión de delincuentes y anti-sociales.

La mayoría de los vecinos, paradójicamente, están opuestos al traslado del recinto escenario de tantas historias negativas a lo largo de sus 67 años de existencia, especialmente por el hacinamiento que genera la sobrepoblación de reclusos en el penal.

La opinión generalizada es que el traslado del presidio agravará los problemas en la comunidad debido a la falta de fuentes de trabajo y a la desatención de las autoridades.

“La gente piensa que en La Victoria solo hay presos”, expresa con marcada desilusión Fausto Moreno, con 64 años residiendo en la comunidad, quien alude de esa manera al destino que ata a esta localidad y el recinto penitenciario inaugurado durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 16 de agosto de 1952.

Precisó que las autoridades han perdido de vista que en la cárcel hay una población tan numerosa como en la comunidad y, por tanto, hay un hacinamiento duplicado por la falta de atención dentro y fuera del penal.

“Es duro decir que una cárcel es la principal fuente de ingreso de un pueblo, pero es así. Eso contribuye a que incluso se confunda la cárcel con la comunidad”, reflexionó Moreno.

Mientras, Enrique Castillo, cuya vivienda está ubicada a poca distancia de un enorme basurero que generan los propios habitantes y la actividad económica frente a la vieja estructura penitenciaria, especialmente miércoles y domingo, los días habilitados para visitas en la cárcel, dice que cuando queman esos desperdicios que el ayuntamiento local tarda en recoger, el temor a contraer enfermedades respiratorias se incrementa entre los vecinos del entorno.

La insalubridad predomina a cada paso por la basura acumulada, las deficiencias en el drenaje y por el polvo en las calles sin asfalto.

Castillo, chofer de carro público, deploró que en un área cerca del basurero se cobre 30 pesos para el estacionamiento de vehículos a personas que visitan la cárcel, pero aun así no le dan al entorno el mantenimiento que amerita.

Richard Cid, quien opera el colmado-comedor “Eva”, ubicado justo frente a la vieja estructura levantada con pabellones para celdas en forma octagonal, estima que el traslado de la cárcel La Victoria afectará significativamente a todos los habitantes, debido a que es la principal fuente de trabajo en la localidad.

Una parte considerable de su clientela está integrada por las personas que visitan y hacen vida en los alrededores de la cárcel. Detrás del mostrador de su negocio, ha sido testigo de los momentos difíciles que enfrentan familiares y otras personas vinculados a los reos, pues apunta que todo el que llega aquí “viene quebrantado”.

“No es fácil tener un familiar ahí dentro, la incertidumbre que genera tener una persona presa en ese penal”, precisa Cid, quien admite que el traslado del penal afectaría las ventas en su negocio.

La cárcel de La Victoria se diseñó para albergar a 1,200 personas, pero actualmente, entre preventivos y condenados, la población de privados de libertad se estima en 9,000.

La Procuraduría General de la República construye actualmente “La Nueva Victoria”, en la comunidad Las Parras de Guerra, en Santo Domingo Este. Será un centro con capacidad para unos 9,000 reclusos y centrado en la humanización del sistema penitenciario.

Domingo García de la Rosa, de 70 años, tiene un negocio al aire libre de venta de comida cerca de la entrada principal al penal, donde ha logrado el sustento de su familia por más de 20 años.

“El pueblo de La Victoria no tiene fuentes de trabajo, lo sabe el Presidente y todo el mundo, si quitan esa cárcel de qué vamos a vivir”, agregó el comerciante, quien sugirió instalar allí una zona franca luego del traslado de la cárcel para que “los moradores no pasen más trabajo del que están pasando”.

De los momentos más dramáticos que le ha tocado presenciar allí, cita el paso de los ciclones, especialmente el huracán George. “Los presos una parte los subieron en la azotea y en el play se podía nadar como en un río”, precisó García de la Rosa, quien recuerda que se usaron hasta helicópteros para evitar una fuga masiva de reos.

Los alrededores del penal es un hervidero de personas cada día y ahora mucho más con la instalación de furgones para agilizar el conocimiento de los expedientes a recluidos por diversos crímenes y delitos.

La principal preocupación con la cárcel son los frecuentes tiroteos. Ana Guzmán, quien residió buen tiempo en La Victoria en una casa de madera y techo de zinc, luego alquiló el inmueble y regresó hace un mes, dice que con frecuencia tiene que refugiarse debajo de la cama.

“Mira cómo está esa fuente de contaminación”, expresa señalando hacia el vertedero improvisado frente a su casa. “Y cuando queman la basura es lo fuerte”, añadió Guzmán, quien se siente arrepentida de su regreso a “La Victoria”.

“Eso es lo único que hay aquí, llevándose eso, se llevan medio mundo en La Victoria”, considera Rosa Ángela Mercedes, quien labora en una banca de loterías donde hasta los presos “juegan sus numeritos”.

Las ventas en el negocio se triplican los días de visitas en la cárcel.

Melinda Florentino, dueña de un colmado que lleva su nombre, no se opone al traslado de la cárcel, pero sugiere a las autoridades buscar otra fuente de empleo para los moradores tan pronto eso ocurra. “Quitar la cárcel es como dejar sin madre a La Victoria”, agregó.

Las autoridades proyectan inaugurar “La Nueva Victoria” en abril del presente año. La vieja cárcel será evaluada para determinar cuáles áreas se pueden utilizar.  

Nativo del sector, tiene 64 años

Considera duro decir que una cárcel sea la principal fuente de ingresos de una comundad y plantea que, además de presos, aquí hay moradores tan abandonados como los reclusos.  

El comerciante puntualiza que en la cárcel de La Victoria son insignificantes los motines y conflictos, si se toma en cuenta que allí está lo más difícil de miles de familias.

“Aquí vivimos en una Victoria perdida”, exclama Cleto Vinicio Fortunato, de 43 años, quien se gana la vida en el sector como vendedor de mondongo y patas de vaca.  

 

 

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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.

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Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que  permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.

Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.

Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.

El ministro de Obras Públicas y ComunicacionesEduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.

A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.

La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.

El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.

Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.

Entre las obras prioritarias mencionó:

  • La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
  • La expansión de la carretera Santiago-Licey.
  • Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.

En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.

Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.

Por otro lado, el presidente de la ACISMarcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.

Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.

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Sigue endeudamiento de economía con préstamos de más RD$27 mil millones

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del  Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.

El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.

En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.

Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.

El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.

Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.

El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.

Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).

La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.

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RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.

La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.

La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».

En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.

Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.

El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.

Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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