Análisis Noticiosos
La gran inequidad electoral justifica el acuerdo de candidaturas al Senado
Por Juan Bolívar Díaz
El acuerdo de 12 partidos opositores para llevar candidaturas senatoriales comunes en 24 provincias, a pesar de sus diferencias programáticas persigue garantizar un Senado plural que no quede en manos del partido gobernante, independientemente de quien gane la Presidencia de la República en las elecciones del próximo año.
La decisión ha sido más difícil para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el principal de la oposición, cuyo candidato presidencial aparece encabezando preferencias en encuestas, porque arriesga perder simpatías en sectores sociales que rechazan tanto la gestión del presidente Danilo Medina como la de Leonel Fernández, involucrado en el acuerdo.
Acuerdo de 12 partidos
El pacto para llevar candidaturas comunes en 24 de las 32 senadurías, anunciado el jueves por 12 partidos, se venía gestando desde hace meses, y tomó fuerza tras la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la constitución de un nuevo partido por el expresidente Leonel Fernández. Involucra a éste y a otros cinco partidos que apoyan su candidatura presidencial, el Reformista Social Cristiano y cuatro de los que hace más de un año habían constituido la coalición Juntos Podemos, el Quisqueyano Demócrata Cristiano, Bloque Institucional Socialdemócrata, Fuerza Nacional Progresista, y Partido de la Unidad Nacional. También incluye a los cinco que suscriben un pacto nacional con el PRM, el Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, el Revolucionario Social Demócrata, Dominicanos por el Cambio y la Alianza por la Democracia.
El documento constitutivo indica como propósito esencial garantizar una profunda renovación en la composición y representatividad del Senado “y consecuentemente el final del monopolio irritante que mantiene el gobierno y la cúpula del PLD sobre este importante poder del Estado”. Se fundamenta en la creciente preocupación de diversos sectores por el “profundo resquebrajamiento que ha experimentado nuestro sistema institucional”.
Los mismos suscribientes reconocen que entre ellos “han existido y persisten importantes diferencias sobre el discurrir político nacional”, pero que no es menos cierto que en estos momentos los intereses generales de la sociedad deben ser colocados por encima de los particulares. De las 24 candidaturas senatoriales pactadas, 12 corresponden al PRM y otra a su aliado Dominicanos por el Cambio (Eduardo Estrella en Santiago), 7 al nuevo partido de Leonel, 3 al PRSC y la otra al BIS.
Ventajas de los senadores
23 de los actuales senadores buscan la reelección, 19 del PLD, más dos aliados, Amable Aristy y Félix Vásquez, de La Altagracia y Sánchez Ramírez, y los dos del PRM, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla, de Puerto Plata y El Seibo. Estos dos sólo llevan un período como legisladores, pero los del gobierno hasta tres y cuatro períodos, con las ventajas de haber recibido financiamiento para “asistencia social”, los llamados barrilitos, que en las seis mayores provincias y DN, aportan hasta 1 millón 200 mil pesos mensuales. 14.4 millones por año y 57.6 millones por cuatrienio, y proporciones menores en las demás. Esta asignación auto conferida, no está amparada en ninguna ley, y la Constitución no les atribuye funciones de asistencia social.
Otra ventaja que tienen es que el Senado les paga una oficina provincial, con hasta 10 asesores o asistentes, y otros tantos en la sede central, con vehículos, combustibles, choferes, y escoltas. Los que buscan reelegirse cuentan con apoyo adicional de los partidos mayoritarios que se quedan con el 80% del financiamiento político estatal. Y los del gobierno ganan apoyo mayor por tráfico de influencia, y del reparto de alimentos, electrodomésticos, materiales de construcción, y les nombran cientos de empleados activistas como empleados temporeros en los organismos estatales, especialmente durante las campañas electorales.
El ventajismo de los senadores, que los prolonga en el Congreso, determina que pocos militantes opositores quieran las candidaturas a senadores, y las rechazan también dirigentes sociales y personalidades acreditadas, que no cuentan con medios económicos para competir. Y los nuevos candidatos del partido gobernante, cuentan con que a ellos se les dará mayor apoyo. En ese contexto es que se produce el pacto en el nivel senatorial, convencidos de que sólo la sumatoria de los votos de toda la oposición puede modificar la composición del Senado.
El PRM corre riesgo
Los dirigentes del PRM están conscientes de que corren riesgo de perder simpatías en los sectores sociales que muestran mayor rechazo al PLD, lo que implica también al expresidente Fernández, quien agotó tres de los cinco períodos de gobierno de ese partido, y a quien se considera corresponsable del secuestro de las instituciones democráticas, de la corrupción y del monopolio del poder que ha conllevado, y sin cuyas desmesuras políticas y financieras Danilo Medina no habría alcanzado la presidencia en el 2012, por 51 a 47% frente a Hipólito Mejía.
El expresidente Mejía nunca ha perdonado a Leonel los abusos del poder en su contra, por lo que no simpatiza con el acuerdo, pero no lo ha hecho público como su hija, la secretaria general Carolina Mejía, aunque esta dejó constancia de que acata la decisión del partido. Alianza País, el partido que encabeza Guillermo Moreno, rehusó formar parte del acuerdo que incluyó al leonelismo. Aunque todavía este fin de semana, cuando el plazo para alianzas cae el lunes, seguían gestiones para apoyo mutuo sólo con el PRM y sus cinco aliados nacionales.
Los perremeístas calcularon los riesgos y ya el 6 de noviembre publicaron un comunicado en varios diarios planteando que aunque habían conformado una coalición político-social por el cambio, con otros cinco partidos, buscaban acuerdos locales con diversas fuerzas políticas para asegurar “un congreso plural e independiente que cumpla sus funciones como primer poder del Estado”. Recordaron pactos de sectores antagónicos en 1962, 1965 y 1978.
Entienden que los abusos del poder gubernamental, permitirían al PLD mantener el control del Senado, aun perdiendo la presidencia de la nación, concentrando recursos públicos en dos tercios de las provincias de menor población. En tal caso un gobierno del PRM vería limitadas sus posibilidades de grandes transformaciones institucionales, políticas y sociales. Por lo menos buscan garantizar diversidad y mayor equilibrio de poderes.
Sobran los precedentes
Frente Patriótico del PLD con Balaguer
Tanto en el país como en el mundo sobran los precedentes de acuerdos políticos entre sectores antagónicos, de diversidad ideológica, y hasta confrontaciones. Sólo hay que verlos ahora mismo en España, y antes los de Nelson Mandela en Sudáfrica, o en la concertación chilena para dejar atrás la dictadura de Pinochet, cuando los herederos de Salvador Allende pactaron con demócratas cristianos y otros responsables de la caída del gobierno socialista.
En el país, Juan Bosch buscó el voto de los trujillistas para ganar las elecciones de 1962, y su PRD concertó con los balagueristas para la insurrección constitucionalista de 1965. Rafael Chaljub recordó en reciente artículo la alianza multisectorial planteada por el Movimiento Popular Dominicano (MPD) en 1968 para enfrentar la cuasi dictadura de Balaguer. Juan Bosch también unió a “mansos y cimarrones” desde 1972 con su proyecto de “Pacto por la Dignidad Nacional”, que reunió a partidos de izquierda y derecha, y José Francisco Peña Gómez se la jugó a finales del 1973 con el Acuerdo de Santiago que juntó al PRD con el MPD, el PRSC, todavía social cristiano, y con PQD de Elías Wessin, 8 años antes el “genocida de San Isidro», cuando sus aviones bombardearon a los constitucionalistas.
La táctica peñagomista de amplia alianza terminó haciendo posible sacar del poder a Balaguer, pese al empleo de todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía, y al intento de desconocer los resultados electorales de 1978. Y los peledeístas justificaron su “Frente Patriótico” de 1996 con Balaguer y otros sectores con los que se habían enfrentado, como un escalón para alcanzar el poder y completar los sueños de los Trinitarios fundadores de la República. Aunque luego se declararon balagueristas y superaron a estos en corrupción. Ahora estigmatizan el acuerdo del PRM limitado al Senado, porque incluye a los leonelistas.
La coalición por el cambio
El PRM buscará limitar los efectos colaterales del acuerdo para las candidaturas senatoriales, al proclamar el próximo sábado 23 la Coalición Democrática por el Cambio, ya acordada con cinco partidos y numerosos grupos sociales, que incorpora candidaturas de activistas sociales y busca responder las insatisfacciones de amplios sectores, como las manifiestas en el movimiento Marcha Verde.
Ese pacto contiene unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, que serán firmados en un acto a realizarse en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a las 10 de la mañana. Ese sería su pacto fundamental y de carácter estratégico, que persigue un gobierno encabezado por el economista Luis Abinader, mientras el acuerdo senatorial quedaría como táctico.
Habrá que esperar que, como en 1996 la táctica no se coma la estrategia. Aunque hay una diferencia fundamental, del “Frente Patriótico” PLD-PRSC dependió la llegada de los peledeístas al gobierno, y el acuerdo de los perremeístas está limitado a la pluralidad del Senado y por tanto del Congreso Nacional.-
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.