Editorial
La Gran Tragedia Nacional: La Degradación Moral.
El principal drama que vive la sociedad dominicana tiene que ver con la degradación moral, cuya principal arma en el ámbito judicial de cualquier imputado es la simulación, no importa las pruebas que puedan haber en su contra, apoyándose siempre en su presunta inocencia.
Esta alegada inocencia se fundamenta en un principio universal del derecho, el cual dice que todo acusado se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio.
La presunción de inocencia es una arma con la que siempre cuenta cualquier persona imputada de la comisión de un crimen, cuyo proceso de enjuiciamiento implica tres grados como son primera instancia, apelación y casación.
Sin embargo, cuando el acusado proviene de una buena familia no hay forma de que se pueda recuperar totalmente de un proceso judicial, no importa que sea culpable o inocente, sobre todo en un país como la República Dominicana donde se producen dos enjuiciamientos, uno social y otro legal.
Los hombres considerados por la sociedad como serios nunca llegan a retornar a una vida normal después de ser acusado de la comisión de un hecho grave, porque generalmente se producen heridas psicológicas que no permiten que el referido imputado vuelva a sentir o disfrutar de una total tranquilidad.
En la República Dominicana ya nada es nada, para utilizar una expresión popular, porque la deficiencia del Estado hace que cualquier culpable sea proyectado como inocente y lo contrario, pero lo peor de todo es que ya son pocos los que tienen vergüenza por sus pecados.
El mejor ejemplo fue lo ocurrido con los encartados del caso Odebrecht, quienes proyectaban sentirse alegres y felices, como cuando una persona llega a una meta difícil y complicada, por lo menos eso aparentaba una buena parte de los acusados.
Un caso que llamó mucho a la atención fue la sonrisa de Temístocles Montás, quien en todo momento se comportó como si el hecho de estar incluido entre un grupo de presuntos corruptos, lo hacia incluso más feliz que cuando intentó ser candidato presidencial peledeísta.
Hay otros que se comportaron de la misma manera, pero el colmo de estos casos lo constituye el de Blas Peralta, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet.
De acuerdo a como habla este despreciable ser humano, la cárcel parece que era una parte de su meta, porque se comporta como cuando a alguien se le entrega un reconocimiento por un buen servicio a la comunidad.
Lo que pasa que en la República Dominicana se es culpable o inocente dependiendo del cristal con que se mire, porque cada uno defiende a los suyos como si fueran personas infalibles, que no son capaces de romper una tasa.
Todo esto no tiene otra explicación que la crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana, donde se quiere vender la idea de que nadie es capaz de cometer un delito, porque la culpabilidad o inocencia está determinada por los vínculos personales que se tenga con el que emite su opinión por los medios de comunicación social o de la amistad que vincule al criminal con sus vecinos o compueblanos.
En pocas palabras, en la República Dominicana ya existe lo que muy bien podría llamarse la relatividad de la culpabilidad o de la inocencia.
Es ampliamente conocido que las campañas electorales se desarrollan sin ningún control en el país y que esa realidad hace que muchos con sólo ser candidatos presidenciales de los partidos más grandes tienen garantizada la entrada de grandes fortunas.
La economía subterránea que hay en el país permite que cualquier persona con real vocación de poder sea beneficiada con grandes donaciones económicas provenientes de diferentes sectores que buscan cobijarse con la sombrilla del Estado.
Grupos económicos y delincuentes de todas las procedencias se acercan al que ven como posible triunfador en las elecciones para buscar protección y otras veces para aumentar sus fortunas con favores oficiales.
Por esta razón, hay tantas fortunas económicas que nadie puede justificar, sobre todo porque en el país pesa más la apariencia que la realidad.
Sin embargo, cuando las cosas ocurren como ahora que un imputado en un escándalo de corrupción dice haber donado 400 millones de pesos al entonces candidato y ahora presidente de la República, debe producirse alguna aclaración al respecto.
Sobre todo, porque quien hizo la supuesta donación es un hombre que no es un empresario de grandes éxitos, sino un sujeto que ha estado involucrado en una serie de actos de corrupción y que sencillamente se trata de un abogado que sabe de muchas maniobras para defraudar al Estado, pero no tiene las condiciones para hacer buenos negocios.
Su revelación, de que donó ese dinero a Abinader quiere decir que una asociación de malhechores le roba al Estado más de 19 mil millones de pesos y que pudo haber calculado el seguro triunfo del actual presidente y que en esa virtud le hace una donación de esa alta suma de dinero, parece buscó salirse con la suya.
Sería de un gran valor para la sociedad dominicana que estas cosas se aclaren, porque resulta irresistible que haya un presidente que promueva un supuesto adecentamiento nacional y al propio tiempo esté involucrado en el recibimiento de una donación de campaña de una persona que todo el mundo sabe que no posee una gran fortuna económica, por lo menos bien habida.
Estas son de las cosas que le quitan credibilidad a los procesos que se llevan a cabo en contra de un lastre tan pesado y dañino para el patrimonio nacional como la corrupción administrativa.
El presidente Luis Abinader está compelido a dar una explicación al respecto e incluso el propio Ministerio Público debe comprobar si ciertamente esa donación existió, porque de no hacerlo entonces sí que podría estarse ante la promoción de una falsa percepción de que el órgano persecutor del crimen y el delito actúa con total independencia.
Nadie puede quitar legitimidad a los procesos iniciados en contra de la corrupción por el Ministerio Público, sobre todo el que involucra a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramon Peralta, entre otros.
Desde hace varios años que la gente clamaba porque se investigara a estos personajes que fueron fichas muy claves en el gobierno de Danilo Medina.
Fue un robo sin control el que se produjo durante los gobiernos peledeístas, incluido el que encabezó el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández.
Sin embargo, ello no quita fuerza al reclamo de sus compañeros de partido de que se respete el debido proceso, el cual no debe ser una excusa para dejar por su fuero el lastre de la corrupción administrativa.
Pero es importante que el Ministerio Público para que preserve su credibilidad que la persecución de la corrupción administrativa extienda sus acciones hacia todos los sectores que se entiende que recurren a esta mala maña para la acumulación originaria o para aumentar fortunas que no hay forma como justificarlas.
Esas gestiones del Ministerio Público deben llegar hasta las diferentes instancias del presente Gobierno, el cual, en algunos casos, se ha hecho de la vista gorda.
Tanto es así, que a propósito de la reelección presidencial, el PRM recoge todo lo que encuentra en su camino y la última crápula adquirida es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, quien tiene mucho que ver con el caso de los Supertucanos.
Pero no sólo él es responsable de ese robo en contra del Estado, sino también su primo hermano que administra en la actualidad el Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyas pruebas en contra de ambos están muy bien avaladas.
De manera, que si seriamente se quiere combatir el grave mal de la corrupción, hay que incluir a personajes muy bien colocados en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
De otra manera, los resultados pudieran parecer buenos, pero al final cualquier tolerancia con el referido lastre hará fracasar los planes para erradicar del escenario nacional el fenómeno de la corrupción administrativa, la cual ya ha afectado otras áreas de la vida nacional al convertirse en una cultura.
Se ha convertido en un gran dolor de cabeza la cantidad, sobre todo de funcionarios electos, que pasan a un partido diferente al que permitió su escogencia, sin que exista una razón evidente o convincente que lo justifique.
El fenómeno, visto desde la perspectiva de la conducta de la partidocracia, la cual es la principal causa del descredito y la desvergüenza que afecta al sistema político dominicano, toma cuerpo en la sociedad dominicana.
El mismo hecho de que los partidos tradicionales tengan las puertas abiertas para que personajes seriamente comprometidos con la corrupción entren a su seno, nos dice que el país no camina por un sendero que permita el adecentamiento de la vida nacional.
Ahora el transfuguismo ha estado más presente en aquellos ciudadanos que fueron escogidos para dirigir los municipios, muchos de los cuales se pasan de un partido a otro, principalmente para el que tiene el control del Estado, cuya conducta deja una estela de dudas que daña la democracia nacional.
El último en anunciar su pase del PLD al PRM es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, primo hermano del actual administrador general del Banco de Reservas.
Cualquiera se resiste a pensar que ese paso obedezca a cuestiones de principios o porque este exsenador quiera adecentar la administración pública y el comportamiento de los partidos políticos del país, sino que en su caso se ajusta mucho la expresión de que por la plata vale el mono.
Evidentemente que la razón de ese cambio depende de algún interés especial y personal y se podría asegurar que su primo tiene algo que ver con el asunto, ya que ambos formaron parte del escandaloso caso de los Super Tucanos.
Luis René Canaán Rojas es un peledeísta que se ha visto envuelto en una serie de escándalos y que en esa virtud no parece que sea mucho lo que le sume al PRM.
Pero, esas tachas de este hombre, no implica nada para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), cuyos dirigentes y su ¨¨pragmatismo¨¨ son comunes a las organizaciones que sólo han dejado un gran rastro de dolor y sufrimiento al pueblo dominicano.