Editorial
La Gran Tragedia Nacional: La Degradación Moral.
El principal drama que vive la sociedad dominicana tiene que ver con la degradación moral, cuya principal arma en el ámbito judicial de cualquier imputado es la simulación, no importa las pruebas que puedan haber en su contra, apoyándose siempre en su presunta inocencia.
Esta alegada inocencia se fundamenta en un principio universal del derecho, el cual dice que todo acusado se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio.
La presunción de inocencia es una arma con la que siempre cuenta cualquier persona imputada de la comisión de un crimen, cuyo proceso de enjuiciamiento implica tres grados como son primera instancia, apelación y casación.
Sin embargo, cuando el acusado proviene de una buena familia no hay forma de que se pueda recuperar totalmente de un proceso judicial, no importa que sea culpable o inocente, sobre todo en un país como la República Dominicana donde se producen dos enjuiciamientos, uno social y otro legal.
Los hombres considerados por la sociedad como serios nunca llegan a retornar a una vida normal después de ser acusado de la comisión de un hecho grave, porque generalmente se producen heridas psicológicas que no permiten que el referido imputado vuelva a sentir o disfrutar de una total tranquilidad.
En la República Dominicana ya nada es nada, para utilizar una expresión popular, porque la deficiencia del Estado hace que cualquier culpable sea proyectado como inocente y lo contrario, pero lo peor de todo es que ya son pocos los que tienen vergüenza por sus pecados.
El mejor ejemplo fue lo ocurrido con los encartados del caso Odebrecht, quienes proyectaban sentirse alegres y felices, como cuando una persona llega a una meta difícil y complicada, por lo menos eso aparentaba una buena parte de los acusados.
Un caso que llamó mucho a la atención fue la sonrisa de Temístocles Montás, quien en todo momento se comportó como si el hecho de estar incluido entre un grupo de presuntos corruptos, lo hacia incluso más feliz que cuando intentó ser candidato presidencial peledeísta.
Hay otros que se comportaron de la misma manera, pero el colmo de estos casos lo constituye el de Blas Peralta, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet.
De acuerdo a como habla este despreciable ser humano, la cárcel parece que era una parte de su meta, porque se comporta como cuando a alguien se le entrega un reconocimiento por un buen servicio a la comunidad.
Lo que pasa que en la República Dominicana se es culpable o inocente dependiendo del cristal con que se mire, porque cada uno defiende a los suyos como si fueran personas infalibles, que no son capaces de romper una tasa.
Todo esto no tiene otra explicación que la crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana, donde se quiere vender la idea de que nadie es capaz de cometer un delito, porque la culpabilidad o inocencia está determinada por los vínculos personales que se tenga con el que emite su opinión por los medios de comunicación social o de la amistad que vincule al criminal con sus vecinos o compueblanos.
En pocas palabras, en la República Dominicana ya existe lo que muy bien podría llamarse la relatividad de la culpabilidad o de la inocencia.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.