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Editorial

 La Gran Tragedia Nacional: La Degradación Moral.

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El principal drama que vive la sociedad dominicana tiene que ver con la degradación moral, cuya principal arma en el ámbito judicial de cualquier imputado es la simulación, no importa las pruebas que puedan haber en su contra, apoyándose siempre en su presunta inocencia.

Esta alegada inocencia se fundamenta en un principio universal del derecho, el cual dice que todo acusado se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario en un juicio público, oral y contradictorio.

La presunción de inocencia es una arma con la que siempre cuenta cualquier persona imputada de la comisión de un crimen, cuyo proceso de enjuiciamiento implica tres grados como son primera instancia, apelación y casación.

Sin embargo, cuando el acusado proviene de una buena familia no hay forma de que se pueda recuperar totalmente de un proceso judicial, no importa que sea culpable o inocente, sobre todo en un país como la República Dominicana donde se producen dos enjuiciamientos, uno social y otro legal.

Los hombres considerados por la sociedad como serios nunca llegan a retornar a una vida normal después de ser acusado de la comisión de un hecho grave, porque generalmente se producen heridas psicológicas que no permiten que el referido imputado vuelva a sentir o disfrutar de una total tranquilidad.

En la República Dominicana ya nada es nada, para utilizar una expresión popular, porque la deficiencia del Estado hace que cualquier culpable sea proyectado como inocente y lo contrario, pero lo peor de todo es que ya son pocos los que tienen vergüenza por sus pecados.

El mejor ejemplo fue lo ocurrido con los encartados del caso Odebrecht, quienes proyectaban  sentirse alegres y felices, como cuando una persona llega a una meta difícil y complicada, por lo menos eso aparentaba una buena parte de los acusados.

Un caso que llamó mucho a la atención fue la sonrisa de Temístocles Montás, quien en todo momento se comportó como si el hecho de estar incluido entre un grupo de presuntos corruptos, lo hacia incluso más feliz que cuando intentó ser candidato presidencial peledeísta.

Hay otros que se comportaron de la misma manera, pero el colmo de estos casos lo constituye el de Blas Peralta, condenado a 30 años de prisión por el asesinato del ex-rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, MateAquino Febrillet.

De acuerdo a como habla este despreciable ser humano, la cárcel parece que era una parte de su meta, porque se comporta como cuando a alguien se le entrega un reconocimiento por un buen servicio a la comunidad.

Lo que pasa que en la República Dominicana se es culpable o inocente dependiendo del cristal con que se mire, porque cada uno defiende a los suyos como si fueran personas infalibles, que no son capaces de romper una tasa.

Todo esto no tiene otra explicación que la crisis de valores que afecta a la sociedad dominicana, donde se quiere vender la idea de que nadie es capaz de cometer un delito, porque la culpabilidad o inocencia está determinada por los vínculos personales que se tenga con el que emite su opinión por los medios de comunicación social o de la amistad que vincule al criminal con sus vecinos o compueblanos.

En pocas palabras, en la República Dominicana ya existe lo que muy bien podría llamarse la relatividad de la culpabilidad o de la inocencia.

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Editorial

Un debate que se queda en las buenas intenciones de sus organizadores.

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El debate presidencial entre los tres principales candidatos en las elecciones del próximo 19 de mayo del 2024 representa un escenario que por sí solo no constituye ni genera ningún tipo de esperanza en una democracia con niveles muy alto de descredito.

No importa que hermosos sean los discursos de figura como Leonel Fernández, Abel Martínez y del presidente Luis Abinader, porque hay una expresión que dice por sus hechos los conoceréis.

Habrá alguien que se atreva a decir que aparte de lo que ellos puedan prometer estos tres personajes tienen algo tangible en favor de la democracia dominicana, máxime en el tema más delicado de la vida nacional que es el que tiene que ver con un comportamiento ético.

Este periódico entiende que ello sería vender una mentira que tarde o temprano se confirma una vez más, ya que son tantas sus falencias que no hay forma de que lo dicho por ellos pueda servir para mejorar los niveles de credibilidad de la democracia.

En realidad, es como si se tratara de un circo, donde sus protagonistas no es verdad que motivan una reacción saludable para que puedan vender muchas boletas y aumentar la asistencia a ese entretenimiento.

Y el problema no radica en la edad, para específicamente hablar de Leonel Fernández, sino con lo que ha sido su conducta, ya que es muy poco lo que se puede creer de lo que dice, aunque lo propio se puede decir de los jóvenes que están en el mismo entorno como Abel Martínez o Luis Abinader, lo cual lo hace viejos de pensamientos y en consecuencia representantes de la misma cosa.

Es decir, que la juventud de Abel Martínez significa lo mismo, dado que su comportamiento en el escenario político nacional y su vida pública son más contundentes que cualquier otra cosa.

El presidente Abinader tampoco tiene la credibilidad suficiente para mejorar  la democracia nacional, entonces siendo así el debate es una herramienta que en este caso sirve de poco.

Y no es que el mismo no sea idóneo siempre y cuando cambien los referentes de los personales que intervienen en él, sino que su efecto sólo será posible si quienes exponen sus ideas avalan éstas con una conducta que haga creíble lo que dicen.

De otro modo, es como nadar en el mar, dado que el color de la pluma del pájaro no descanse en pintarlo del color que más puede gustar en el escenario donde vuela, sino de aquella que es la natural y que sin importar lo fea que sea no lesiona el mensaje fundamentado en la verdad, la originalidad y formalidad que reclama la circunstancia.

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Editorial

Policías y militares dominicanos no difieren mucho de los haitianos.

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Si una cosa debe preocupar a la sociedad dominicana tiene que ser el comportamiento de sus policías y militares, porque la gran mayoría no exhibe una buena conducta.

Si se revisa la participación policial y militar en los atracos y robos a mano armada que ocurren en el territorio nacional,  siempre se encontrará la sombre de miembros de los cuerpos armados.

Y si se analizara el problema a partir de lo que ocurre en la frontera, las cosas se complican, porque aparte de que son los militares destacados allí los que permiten la entrada de los haitianos, también fácilmente va a quedar al descubierto que por ahí entra mas que seres humanos, sino  droga,  trata de blanca y miles de actividades ilegales.

Lo complicado del asunto es que el lenguaje que se habla en esa parte del pais es el del dinero dinero, cuyo involucramiento de los militares destacados allí  proviene de los partidos políticos, en los que todo tiene un precio y sólo las cosas caminan cuando cada uno recibe los suyos.

Es decir, que pedir un comportamiento ético y mística en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una quimera que no parece tan fácil de lograr.

El país está inmerso en la fiesta de los cuartos y el que no tiene la audacia para buscarlo y repartir se queda fuera de la misma, porque nadie lo quiera a su lado y precisamente así están los cuerpos armados de la nación.

Ahí está la explicación del comportamiento de los miembros de la Dirección Nacional de Migración, quienes están más atentos de las propiedades de los haitianos que de su documentación y si son o no ilegales.

Lo grave del problema es que, aunque muchos superiores hablan todo lo que les viene a la boca cuando se produce un escándalo, lo cierto es que nadie está fuera del botín, cuyos beneficiarios no les importa otra cosa que acumular dinero sin importar las consecuencias e incluso aunque tengan que poner en peligro los intereses de la patria.

Si este comportamiento no es detenido al precio que sea, la República Dominicana va a sufrir un deterioro en su imagen que llegará un momento que el mal va ser muy difícil revertir.

El problema toma cuerpo, porque se profundiza la crisis de valores, pero no parece que el mal pueda ser detenido porque es la mayoría de la gente que anda en la misma onda.

Solo queda observar.

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Editorial

Un hecho que hiere la conciencia nacional.

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La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.

Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.

Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.

Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.

No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.

Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.

Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.

No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.

El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.

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