Editorial
La Guerra de las Encuestas o de las Mentiras.
Cuando un partido o candidato contrata una compañía encuestadora lo hace para buscar resultados que le satisfagan.
Son números que necesariamente no obedecen a la verdad, porque los encuestadores pueden lograr con preguntas dirigidas o manipuladas colocar a su cliente en una posición privilegiada.
Exactamente eso es lo que recibe como nombre guerras de las encuestas, porque nadie puede poner en duda que un aspirante a cualquier posición electiva logre ser buen visto desde que se publica una encuesta que lo ubica popularmente bien.
Sin embargo, todo el mundo sabe que ese posicionamiento puede que no obedezca a la verdad, porque en las guerras de las encuestas se manipulan los resultados o por lo menos se buscan las respuestas deseadas.
Las compañías que se dedican a este tipo de trabajo científico, si carecen de seriedad, pueden crear mucha confusión y manipular al elector para que se incline por una opción que no es necesariamente la que tiene mayor apoyo electoral.
Las guerras de las encuestas es como decir que ha llegado el momento de que estas empresas que se dedican a estas mediciones hagan su cosecha, ya que se ofrecen al mejor postor.
Pero hay que reconocer que hay empresas encuestadoras, sobre todo extranjeras, que cuidan su reputación y su credibilidad, porque esas condiciones son causas más que suficiente para ganar mucho dinero durante toda la vida.
Ahora misma en la República Dominicana la compañía con mayor reputación es la Gallup,
de procedencia norteamericana, cuyas mediciones son esperadas por todo el mundo y sus resultados son considerados como un hecho.
Por eso las encuestas de Gallup`, que se publica en el país contratada por el periódico Hoy, genera mucho dolor y tristeza en los políticos que siempre aspiran a tener una posición importante en términos de aceptación popular o electoral en esas investigaciones.
El asunto es que la Gallup gana mucho más dinero con su trabajo serio y hecho sobre la base de la verdad, que venderse al mejor postor, ya que su imagen le permitiría ganar dinero toda la vida, mientras que cuando trabaja para favorecer a un partido o aspirante sólo tiene beneficios pecuniarios tal una vez o varias veces, pero a partir de ahí ya no es buscada por el que paga en esas guerras de las encuestas, porque probablemente haya perdido su credibilidad.
Vista esta realidad, fuera definitivamente ideal que la Junta Central Electoral regule con sanciones severas a las encuestadoras que se compruebe que alteran los resultados de sus mediciones para complacer a sus clientes que pagan por ellas para dar la impresión de que pueden ganar unas elecciones o cuando menos que les permita competir en los primeros lugares de la contienda electoral.
Sería una buena medida para contrarrestar muchas invenciones con las que juegan las compañías encuestadoras, pero que en realidad esta mentira se convierte en una retranca para el sistema democrático y además refuerza en República Dominicana la cultura de la estafa electoral
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.