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Editorial

La herencia mágico-religiosa está asociada al espejismo y a la utopía.

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La herencia afroantillana, la cual consiste en una multiplicidad de creencias mágico-religiosas, es una trampa cultural de la que muy difícilmente pueda deshacerse la gente pobre y que su formación no alcanza para entender algunas situaciones y fenómenos sociales.

Hace décadas atrás y podría decirse que todavía perdura la importancia que la gente le da al llamado mago o astrólogo, aunque hace muchos años  que este tipo de personaje tenía un mayor protagonismo en la sociedad dominicana.

Hubo un momento que cuando el astrólogo se ubicaba en un parque público la gente se amontonaba a su alrededor para escuchar sus falsas predicciones y no eran pocos los que caían en sus garras y perdían sumas importantes de dinero.

Llegó un momento que los astrólogos producían largos programas radiales para supuestamente adivinar el pasado, presente y el futuro de la gente, cuya focalización de estos estafadores era en lo referente a lo económico y lo amoroso.

Porque ciertamente son los dos temas que más atraían la atención de la gente, ya que están muy asociados  al asunto de las utopías y los sueños irrealizables.

Tanto fue así que hubo muchos de estos “vivos” que instalaron centros de llamadas para dar orientación a gente con problemas y por cuya labor cobraban altas sumas de dinero, porque en esa cadena también había personas con algún poder adquisitivo.

Pero lo propio hay  que decir de mujeres que supuestamente recibían «seres» para adivinar el pasado, el presente y el futuro de la gente, las cuales iban a las viviendas de los interesados y lo primero que pedían era una botella de ron, la cual ingerían en un dos por tres sin sufrir ninguna intoxicación.

Todas estas leyendas están siempre asociadas a un difunto, quien les habla después de la vida a sus seres más queridos, lo cual  establece una relación con las personas que se dedican a estos menesteres, porque de alguna manera dice conectarlos con padres, hermanos y otros familiares fallecidos.

De manera, que lo ocurrido con la familia Rosario se fundamenta en la misma herencia mágico-religiosa del pueblo dominicano, ya que la utopía parte de un difunto que deja una multimillonaria herencia sin que haya ninguna base de sustentación de la misma.

El abogado Jhonny Portorreal ha utilizado la misma técnica de los que se dedican a la politiquería a través del clientelismo, la cual consiste en crear falsas ilusiones con cuestiones que no existen ni pueden ser posibles que se concreten y al final sólo hay una o un grupo de personas que recibe los beneficios del invento, como ha ocurrido con el profesional del derecho envuelto en la gran estafa.

Este problema tiene profundas raíces culturales y no hay que ser un mago y mucho menos un astrólogo para advertir de que este tipo de historia se repetirá más temprano que tarde, dado que forma parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano.

Fuera una gran cosa si la gente entendiera que esas falsas ilusiones son inventos para estafarla y que ante tal realidad debían encaminar sus esfuerzos para que se hagan grandes concentraciones, así como se hicieron para reclamar una fortuna inexistente,  a fin de  exigir un Estado más responsable, eficiente e institucional y así acabar con la mayoría de los flagelos que alimentan que la gente crea en este tipo de espejismo.

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Editorial

Un Panorama que Proyecta que el País Camina Disparejo en la Buscada de la Institucionalidad.

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En la República Dominicana son muy pocos los que se avocan a interpretar la problemática nacional desde una perspectiva integral.

Los análisis al margen del fenómeno de la falta de institucionalidad, que impacta toda la vida social, económica y cultural  del país, es una de la causa de que en la nación no haya la certeza de cómo enfrentar el problema de las grandes deficiencias que nos afectan.

Si recurriéramos a un problema ancestral que se observa a leguas, como lo es el caos y desorden jerarquizados en el transito vehicular, observaremos que si el mismo se analiza desde una óptica individual, difícilmente se encuentre respuesta a un fenómeno que tiene implicaciones profundamente culturales y que constituye  una explicación de lo que es una nación con bajos niveles de institucionalidad como resultado de valores histórico-culturales.

La solución a esta problema sólo puede ser posible mediante la modificación de prácticamente todas las leyes sobre la materia, pero que al propio tiempo se creen mecanismos para que la ejecución de las sentencias que se deriven de las mismas no tengan ningún tipo de debilidad que generan su violación.

Un buen ejemplo de lo que decimos a este respecto fue la experiencia que tuvo el país cuando se creó la Policía Metropolitana de Transporte (AMET), la cual jugó un papel muy importante en el proceso de mejoramiento del tránsito, pero el hecho de que lamentablemente se trató de una solución no integral, la misma fue impactada negativamente por los demás órganos y entes del Estado que iban en una dirección diferente.

De manera, que lo mismo se debe decir en lo referente al Tribunal Constitucional y todas sus sentencias que buscan enderezar la vida nacional, ya que son muchas las decisiones de esta alta corte que plantean o disponen soluciones a problemas muy graves de la sociedad, pero que ellas no son ejecutadas y entonces es como si nada se produjera en este sentido.

En consecuencia, si en el país no hay una sintonía entre la obra que desarrolla el Tribunal Constitucional y las instituciones del poder público que deben ejecutar sus sentencias, entonces es muy poco lo que se puede lograr en materia institucional y de derechos humanos.

Se requiere que las demás instituciones, sobre todo públicas, vayan por el mismo sendero del Tribunal Constitucional para que el país pueda arribar a un estado de progresos y bienestar general como resultado de la seguridad jurídica que imperaría en la nación.

Por esta razón, si bien se debe reconocer y estimular la extraordinaria labor del Tribunal Constitucional, también se debe advertir que el camino será mucho más largo y tormentoso si no se implementan los instrumentos que obliguen a la ejecución de las sentencias que emite esta alta corte y para que al  pasar los años cuando se haga una evaluación, el país tendría todas las leyes que necesita y las decisiones que podrían en enderezar la nación, pero que las mismas serían letras muertas que no surten ningún efecto en los propósitos buscados.

Ahora lo que se impone es crear mecanismos de sancion eficiente en contra de los desacatos que se producen en las instituciones del pais, incluidos los tribunales que no acatan los mandatos del Tribunal Constitucional mediante los precedentes vinculantes y entonces podra hablarse de resultados diferentes.

Ahí no debe haber vueltas flojas

 

 

 

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Editorial

En sus Instancias Inferiores el Ministerio Público se Constituye en una Vergüenza Nacional.

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El Ministerio Público a nivel de sus más bajas instancias ha pasado a ser una vergüenza nacional, ya que con su deficiencia no sólo afecta a las víctimas, sino que se coloca en una posición de total irrespeto ciudadano.

No hay una sola denuncia o querella que camine en las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del país.

Es como si se tratara de un plan para que ese órgano colapse definitivamente y que se elimine la posibilidad de castigar como manda la norma a los que incurren en acciones antijuridicas.

No hay queja que valga ante una realidad que da miedo, ya que en el Ministerio Público hay mujeres y hombres que no están empeñados en hacer su trabajo para que la sociedad dominicana dé un giro positivo y saludable.

La pregunta del millón es cuál será el escollo para que la Inspectoría del Ministerio Público no tome medidas ante la incapacidad que exhiben los miembros de este órgano de persecución del crimen y el delito.

Es como si su misión fuera estimular a las victimas para que desistan de sus querellas o como si su única función sea defender y proteger al victimario o imputado.

Es urgente que se haga algo, ya que las cosas han llegado a niveles que la gente se resiste a ir y presentar una querella para que el victimario pague por el delito o crimen cometido.

La realidad es que el Ministerio Público es el espejo de que el país cada vez se acerca más a un Estado no viable, colapsado, donde se impone la ley del más fuerte.

Que podría ocurrir con la República Dominicana con la debilidad y falta de eficiencia de un órgano tan vital para detener un fenómeno como la delincuencia que cada día toma fuerza en el país.

Parece que el destino de la República Dominicana es convertirse en tierra de nadie, donde imperaría la ley de la selva, cuyo principal promotor de esa peligrosa situación es precisamente el Ministerio Público.

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Editorial

Estamos corrompidos hasta los tuétanos.

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En el curso del proceso que se sigue a una serie de funcionarios del gobierno de Danilo Medina, ha salido a relucir cómo se mueve en la fiesta de la corrupción el famoso empresario Juan Ramon Gómez Díaz, lo cual no es nuevo ni exclusivo de él.

Sin embargo, es muy poco lo que se dice al respecto, no sólo por sus propios medios, cuyos periodistas pretenden criticar las cosas malas que ocurren en el país, pero que no se atreven a hablar de cómo su jefe participa de la fiesta de la corrupción que se traga la nación.

Gómez Díaz en poco tiempo logró contratas del Gobierno por más de 21 mil millones de pesos, lo cual explica que regale millones de pesos y carros a sus empleados en tiempos navideños.

Lo peor de todo esto es que en la República Dominicana un tribunal Constitucional, tan vital para la salud moral de la sociedad, transmita su programa a través de Telemicro, propiedad de un empresario cuyas andanzas son definitivamente pecaminosas.

Pero nadie habla del asunto y todo sigue su agitado curso, mientras el sector privado y los funcionarios públicos se hartan del dinero del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencia.

Ante denuncias tan graves como la hecha por el ingeniero Pagán, lo menos que pudiera ocurrir es que todos los medios expresen su preocupación al respecto.

Además, el Tribunal Constitucional debía paralizar inmediatamente la transmisión de su programa de televisión a través de Telemicro hasta tanto ese asunto quede lo suficientemente aclarado, porque cualquiera está en el derecho de preguntarse cuál sería la actitud de esta alta corte ante un caso que llegue a sus manos y que involucre al grupo Telemicro o a su propietario Juan Ramón Gómez Diaz. Naturalmente, que la respuesta no resulta tan sencilla

Se trata de una imputación muy grave para que todo siga como si nada hubiera ocurrido, sobre todo porque no es la primera vez que este empresario se ve envuelto en semejante desvergüenza.

Se es responsable de la corrupción por comisión o por omisión y la actitud de los medios frente a tan grave denuncia es más que preocupante, ya que los involucra de forma vergonzosa con una práctica que no proyecta muy bien a la República Dominicana.

La tolerancia con Gómez Diaz le quita legitimidad a cualquier crítica en contra de ese cáncer que corroe todo el tejido social dominicano.

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