EL AUTOR es nieto del fallecido presidente dominicano, Rafael L. Trujillo. Reside en Miami, Estados Unidos.

En su reporte económico del pasado mes de Junio, el Ministerio de Hacienda reportó un aumento en la deuda pública de la República Dominicana por un monto de 2,950 millones de dólares. Es inconcebible que éste monto se haya sumado en solo los primeros siete meses de éste año 2013.

 Al momento de la publicación de ésta información y según este organismo – responsable por mantener y asegurar la disciplina y sostenibilidad fiscal del Estado– la suma actual de la deuda del país asciende a 22 mil 185millones de dólares.

Si continuamos con este mismo tren irresponsable de gasto, para finales de éste año la deuda pública podría alcanzar los 24 mil millones de dólares. Hace algunas semanas, fue presentada al Senado una propuesta para la emisión de bonos por un monto de 500 millones de dólares, por lo que es evidente que no existe intención alguna de cesar el alto nivel de dispendio en la administración pública.

Cuando el presupuesto fiscal para el año 2013 fue aprobado, éste proyectaba un déficit presupuestario de unos 1,660 millones de dólares. Con la aprobación de éste último proyecto de ley para la emisión  de bonos soberanos, este monto se habrá duplicado, sin explicación ni justificación por parte de nuestros líderes.

 En los últimos 13 años de gestión pública, la suma de la deuda que ostentábamos en el año 2000 de 3 mil 250 millones de dólares, se ha multiplicado por siete; un incremento inverosímil y alarmante. Este patrón de irresponsabilidad en el manejo de nuestra economía es precisamente lo que hoy nos conduce a una involución de incalculables proporciones.

 Es evidente que seguimos repitiendo –aunque al parecer con más ímpetu- los mismos errores de nuestro pasado,  pues desde los inicios de nuestra república hemos sufrido las secuelas de la insensatez y el desenfreno económico.

El endeudamiento de nuestro país se inició durante la gestión del Presidente Buenaventura Báez en 1869 y a partir de ahí, el irresponsable manejo de nuestra economía, los empréstitos dolosos, las manipulaciones, las comisiones arbitrarias, la corrupción y malversación de fondos del Estado, nos legaron para el 1930 una deuda de 26 millones de dólares (igual a dos veces y medio el monto de nuestro presupuesto fiscal), y una soberanía abatida, subyugada a la intervención a nuestras finanzas y nuestras aduanas por el gobierno norteamericano que, hasta el 1924, también ocupaban nuestro territorio.

ACCION DE TRUJILLO

En 1937, el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo Molina inició una reforma radical de nuestras finanzas y sistema económico y para 1940 – luego de varios años de negociaciones con el gobierno del Presidente Roosevelt – se ejecutó el Tratado Trujillo Hull, que logró recuperar el control de nuestras aduanasluego de 52 años de intervención extranjera. Los términos de éste convenio se cumplieron a cabalidad y los esfuerzos del gobierno superaron todas las expectativas, alcanzando para el 1947,  la liberación absoluta de la deuda pública de la República Dominicana.

Hoy, en tan solo 52 años de ejercicio gubernamental (luego de la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo), hemos acumulado una deuda equivalente en proporción a la que ostentábamos en 1930.

 Durante el periodo del 1961 al 1970, el país amontonó un total de 1,485 millones de dólares en deuda, y del 1970 al 1996, este monto se incrementó a 3,807 millones de dólares. En el cuatrienio que se inició en el año 2000, la deuda se duplicó a 6,585 millones de dólares, y del 2004 al 2013 la deuda se ha multiplicado cuatro veces al monto actual de 22,185 millones de dólares. Este tren de endeudamiento -excesivamente precipitado en tiempos recientes- es absolutamente insostenible e innecesario.

Hay quienes pretenden justificar que nuestros altos niveles de endeudamiento son normales, señalando que para finales del 2012 la deuda pública correspondía al 32.9% del producto interno bruto, una cifra “normal” en comparación con otros países.

PRESTAMOS ABSURDOS

Sin embargo, esta apología es algo absurdo, ya que estos empréstitos no se utilizan para re-invertir en la creación de nuevas fuentes de recursos con miras al futuro, sino simplemente se aplican para saciar los déficits presupuestarios y realizar proyectos de infraestructura altamente sobreevaluados y facilitar el proceder de una administración pública que padece de altos niveles de corrupción. No podemos tan solo perseguir la reducción de los niveles de endeudamiento, sino más bien, debemos dedicar nuestros esfuerzos a la eliminación de la totalidad de nuestra deuda pública.

Para lograr esto, debemos exigir el respeto a las leyes que fueron creadas con este fin, implementar iniciativas adecuadas que logren reorganizar nuestras finanzas, laborar para sanear y desarrollar perentoriamente nuestra economía, y generar los recursos necesarios para iniciar el repago de todos nuestros pasivos.

A pesar de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público número  423-06, que establece que “todos los ingresos, gastos y transacciones, sin excepción, y sin compensación alguna, deben estar contenidos en el presupuesto… todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible”, el presupuesto fiscal aprobado por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo todos los años, es continuamente atropellado.

 A pesar de que esta misma ley de presupuesto exige “la garantía de la comunicación pública periódica y del libre acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre la gestión presupuestaria”, el gasto en la administración pública se excede por un 30 o 40% de lo proyectado sin ningún tipo de explicación ni justificación.

QUE HACER ?

No podemos permitir esta continua, irreverente y flagrante violación a nuestras leyes, ni tampoco seguir gastando recursos que simplemente no tenemos. Debemos perseguir la suficiencia en las recaudaciones para poder cumplir todos nuestros compromisos, sin incurrir en los habituados déficit presupuestarios.

Tenemos que empezar a crear nuevas fuentes de ingresos por medio de una mejor inversión de nuestras rentas, apoyando iniciativas que se ajusten a nuestra realidad productiva; retomando e incentivando la producción agrícola e impulsando de manera contundente la industria dominicana, para así aliviar la carga impositiva sobre nuestra ciudadanía y nuestra economía. Debemos también promover un ambiente de confianza financiera y la erradicación de las condiciones nocivas que aumentan el riesgo político y la percepción negativa de la comunidad internacional.

Es ineludible revisar el alto nivel de dispendio de nuestro gobierno, implementar un auténtico plan de austeridad y erradicar la corrupción que es una llave abierta de recursos desaprovechados; transparentar y aplicar la máxima eficiencia en el manejo y el empleo de los réditos del estado. No podemos continuar haciendo proyecciones presupuestarias que no se ajustan a nuestra realidad, ni tampoco podemos continuar acomodando el presupuesto al capricho de nuestra administración pública y sus funcionarios.

Dejemos el conformismo atrás y exijamos la consolidación de nuestras finanzas, la recomposición de nuestra economía, y vamos a crear mejores circunstancias para nuestra patria y nuestro pueblo que merece nada menos que una nación excepcional.

¡Que viva por siempre la República Dominicana!

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