Opinión
La iglesia y la economía (I de IV)
Por Miguel Guerrero
La más reciente encíclica de Benedicto XVI, “Caritas un Veritate”, revive un debate surgido en la Iglesia Católica desde los tiempos de León XIII: el papel que ella le reconoce u otorga al Estado en la economía. Juan XXIII dijo que la historia y la experiencia demuestran que “en los regímenes políticos que no reconocen a los particulares la propiedad, incluida la de los bienes de producción, se viola o suprime totalmente el ejercicio de la libertad humana en las cosas fundamentales”.
Sin embargo, este respaldo a la propiedad, fundamentado ya en Rerum Novarum (1891), no admite por la Iglesia el derecho a una acumulación ilimitada de riqueza. De hecho la ética moral de la doctrina social de la Iglesia trata de situar a éste en un punto intermedio entre el individualismo extremo, manifestado en la teoría de mercado libre, y los enfoques estatistas o colectivistas, expresados en los modelos de sociedad comunista.
El rechazo a esto último ha sido objeto de numerosas interpretaciones a partir del señalamiento de Juan Pablo II en el sentido de que “tampoco conviene excluir la socialización”, en las condiciones oportunas, de ciertos medios de producción, tal y como lo citaron años antes los obispos norteamericanos en su famosa Carta Pastoral de 1985-86. Además, en Rerum Novarum se habían dictado las normas de intervención del Gobierno, al exponer el Pontífice claramente que “si, por tanto, se ha producido amenaza o algún daño al bien común, a los intereses de cada una de las clases que no pueda subsanarse de otro modo, necesariamente deberá afrontarlo el poder público”.
Pero es Juan XXIII quien, muchas décadas después, sintetiza más profundamente la posición de la Iglesia frente a esta cuestión tan largamente debatida en todo el mundo, al señalar que el Estado no puede permanecer al margen de las actividades económicas cuando está en juego el bien común.
Por Isaías Ramos
En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En la práctica dominicana, sin embargo, se ha convertido en un simulacro donde el pueblo elige, pero no decide; vota, pero no gobierna. Donde las élites deciden, pero no rinden cuentas.
Según la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023, el 67.3% de los dominicanos considera que el país está gobernado por unos pocos grupos poderosos para su propio beneficio.
¿Y aún nos preguntamos por qué reina la desconfianza?
La respuesta está en un rechazo profundo y creciente que socava la esencia misma del régimen democrático. No se trata solo de que la gente desconfíe de los partidos: es que no se siente representada por ellos. Las élites políticas, atrincheradas en sus privilegios, han convertido la política en un mecanismo para blindar sus intereses, bloquear la movilidad social, perpetuar la pobreza y sofocar cualquier intento de transformación institucional real.
Como explican Acemoglu y Robinson, cuando las instituciones son capturadas por élites extractivas, las democracias dejan de servir al bien común y se transforman en estructuras de control, diseñadas para proteger y beneficiar a unos pocos, mientras mantienen a todo un pueblo excluido y oprimido.
El reciente proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo sobre “la libertad de expresión y los medios audiovisuales” es una señal alarmante de hasta dónde esta partidocracia está dispuesta a llegar para silenciar, someter y desmovilizar a la ciudadanía.
Y es ahí donde entra el papel histórico de las candidaturas independientes.
En un contexto como el nuestro, las candidaturas independientes no son una opción decorativa: son una necesidad democrática y constitucional. Son el único instrumento legítimo para rescatar el espíritu de la Carta Magna, que consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, y cuya promesa de justicia social, igualdad de oportunidades y soberanía popular ha sido traicionada por los partidos tradicionales.
Los partidos políticos dominicanos han dejado claro que no están interesados en desmontar el sistema de privilegios que los sostiene. Han ignorado el mandato constitucional de gobernar para todos; han convertido el Congreso en un mercado de favores y el Poder Ejecutivo en un comité privado al servicio de intereses particulares.
Han secuestrado la democracia, sustituyendo la voluntad del pueblo por acuerdos de cúpula, clientelismo, manipulación mediática y marketing emocional.
Por eso, desde el Frente Cívico y Social (FCS), hacemos un llamado urgente a cada ciudadano y ciudadana a despertar, organizarse y recuperar lo que por derecho le pertenece: su voz, su voto y su país.
Este no es el momento de resignarse, sino de resistir.
No es tiempo de silencio, sino de conciencia.
No es momento de confiar en los mismos, sino de confiar en nosotros.
En el FCS estamos convencidos de que construir un nuevo contrato social no es un sueño imposible: es un deber histórico. Una candidatura verdaderamente independiente, libre de ataduras partidistas, comprometida con el bien común y con la Constitución en la mano, es hoy la única vía para romper el círculo de exclusión, desigualdad y mentira que oprime a la nación.
La representación verdadera no puede seguir siendo una ilusión. Si el sistema no responde al pueblo, el pueblo tiene el deber de reformarlo desde sus cimientos. La democracia no se defiende obedeciendo a quienes la traicionan, sino rebelándose —pacífica, legal y moralmente— contra todo lo que la convierte en una farsa.
Es tiempo de levantar la voz, de defender la dignidad y de organizar la esperanza.
Porque la historia no la cambian las élites: la cambia un pueblo cuando deja de esperar… y se levanta a conquistar su destino.
¡Despierta, RD!
jpm-am
Por Rommel Santos Díaz
La solicitud de detención y entrega de una persona a la Corte Penal Internacional deberá formularse por escrito. En caso de urgencia, se podrá hacer por cualquier otro medio que permita dejar constancia escrita, a condición de que la solicitud sea confirmada en la forma indicada en el artículo 87 del Estatuto de Roma.
La solicitud de detención y entrega de una persona respecto de la cual la Sala de Cuestiones Preliminares haya dictado una orden de detención de conformidad con el artículo 58 del Estatuto de Roma deberá contener los elementos siguientes o ir acompañada de :
- a)Información suficiente para la identificación de la persona buscada y datos sobre su probable paradero;
- b)Una copia de la orden de detención; y
- c)Los documentos, las declaraciones o la información que sean necesarios para cumplir los requisitos de procedimiento del Estado requerido relativos a la entrega; sin embargo, esos requisitos no podrán ser más onerosos que los aplicables a las solicitudes de extradición conforme a tratados o acuerdos celebrados por el Estado requerido y otros Estados y, de ser posible, serán menos onerosos, habida cuenta del carácter específico de la CPI.
Cabe destacar que la solicitud de detención y entrega del condenado deberá contener los siguientes elementos o ir acompañada de:
- a)Copia de la orden de detención dictada en su contra;
- b)Copia de la sentencia condenatoria;
- c)Datos que demuestran que la persona buscada es aquella a la que se refiere la sentencia condenatoria; y
- d)Si la persona que se busca ha sido condenada a una pena, copia de la sentencia y, en el caso de una pena de reclusión, una indicación de la parte de la pena que se ha cumplido y de la que queda por cumplir.
Finalmente, a solicitud de la Corte Penal Internacional, un Estado Parte consultará con ésta, en general o con respecto a un asunto concreto, sobre las disposiciones de su derecho interno que puedan ser aplicables de acuerdo con el artículo 91 del Estatuto de Roma. En esas consultas, el Estado Parte comunicará a la Corte los requisitos específicos de su derecho interno.
Por Narciso Isa Conde
Me refiero a la “cumbre” integrada por el presidente actual y tres expresidentes, los cuatro magníficos gobernadores de colonia, garantes de impunidades mayores y responsables de la bestialidad policial-militar contra migrantes.
Un problema económico-social de dimensión mundial, como lo es la migración, lo tratan a base de la fuerza militar.
Los cuatro protagonistas de esa enlodada cumbre hace tiempo permitieron un despliegue ascendente de odio contra los negros pobres, ya inmigrantes o descendientes, ya nativos; dado que, en su manera de pensar colonialmente, los negros ricos no son negros, ni lo son los dominicanos negros enriquecidos.
¡ A los negros pobres le hacen la guerra!
Los cuatro exculparon a Trujillo, a Balaguer y a sus cortesanos de todos sus delitos, incluidos delitos migratorios: asesinatos, corrupción, tráfico de personas, semi-esclavitud, sobre-explotación y quemas de viviendas.
Los cuatro le dieron continuidad al robo de la memoria histórica y de la verdad sobre las relaciones dominico-haitianas, para engañar a las nuevas generaciones, crear un falso nacionalismo anti-haitiano y exculpar a EEUU de sus crímenes contra la autodeterminación de ambas naciones y la dignidad de sus pueblos.
La agenda de su fangosa cumbre, destinada a consagrar en el Ministerio de Defensa la impunidad de los cuatro y el espíritu de guerra contra Haití, es la llamada “crisis haitiana”; pero resulta que esa crisis no es propiamente haitiana: es una crisis creada en territorio haitiano por EEUU, Francia y Canadá y por mafias oligárquicas y políticas a su servicio.
Ninguno de los cuatro tiene valor y dignidad para reconocerlo así y enfrentarla como tal.
Saben que EEUU y su “comunidad internacional” han intervenido a Haití 11 veces en lo últimos 30 años; y lejos de mejorar la situación, la han empeorado.
Saben que las bandas terroristas la formaron y la armaron la CIA, el MOSSAD y los paramilitares colombianos.
Saben todo eso y callan.
Saben que los/as trabajadores/as aportan a RD mucho más de lo que reciben de ella.
Conocen bien que no es lo mismo migrar que “invadir”, pero repiten permanentemente esa mentira.
Que ni son una “carga”, ni se trata de “un pueblo inferior”, como pregonan sus partidos, funcionarios y la cáfila neofascista que ellos alientan y protegen junto a sus grupos paramilitares, ex generales asesinos y mega-ricos inescrupulosos.
Durante 30 años los cuatros han favorecido que la frontera sea un gran negocio de jefes militares, empresarios inescrupulosos y políticos canallas.
La anunciada “coincidencia en la política oficial hacia Haití” es porque los cuatro comparten todo eso y cosas peores; y porque compiten a quien es más neofascista, más hostil contra el pueblo haitiano y más dócil ante los Biden y los Trump.
Están descalificados para tratar humanamente y con medidas socialmente justas la cuestión migratoria a la que le han puesto el traje de “crisis haitiana”, pese a ser creada criminalmente por EEUU. ¡Cobardes!
Los cuatro, con las gafas y sin las gafas de calieses, tienen un enorme parecido.